Carta de Osores de Ulloa al Rey. Esta carta, indudablemente la primera que escribió este Gobernador al soberano, se conserva en el Archivo de Indias en una copia sin fecha que él mismo remitió poco más tarde con otra comunicación, como solía hacerse, temiendo el extravío de la correspondencia. El tenor de ella, y las noticias que contiene, dejan ver que fue escrita en los primeros meses de 1622, y probablemente en marzo.
En la relación de estos sucesos sigo la carta citada de Osores de Ulloa. El padre Rosales que los ha contado en el capítulo 30 del libro VI, no ha dado una idea clara de ellos.
Acta del cabildo de Santiago de 22 de abril de 1622, a foj. 241-246 del libro 9. Protocolo de los recibimientos de presidentes y oidores de la Real Audiencia, a foj. 9.
El cabildo de Santiago, en acuerdo de 19 de noviembre de 1621, al saber el arribo a Concepción del nuevo Gobernador, había acordado enviar a uno de sus alcaldes ordinarios, el capitán don Diego González Montero, a darle la bienvenida y a hacerle ciertas peticiones entre las cuales figuraba, sin duda, la de derogar la ordenanza que suprimía el servicio personal de los indígenas.
Existe una carta de Osores de Ulloa al Rey referente a algunos asuntos públicos de escasa importancia, que tiene la fecha de Concepción a 20 de abril de 1622. Ha sido publicada íntegra por don Miguel L. Amunátegui en La cuestión de límites, tomo II, pp. 416-419. Esa fecha debió ser escrita con muchos días de anticipación, y calculando la época en que partiría el buque que debía llevar la carta. De los documentos aparece, como decimos en el texto, que el Gobernador salió de Concepción el 1 de abril, y que hizo su entrada solemne en Santiago el 22 del mismo mes.
El carácter de este rompimiento, y más que todo la falta de datos completos para descubrir la verdad con toda evidencia, nos inducen a relegar a esta nota las noticias que acerca de él hemos podido recoger en los documentos del Archivo de Indias.
A poco de haberse sabido el fallecimiento del gobernador don Lope de Ulloa y Lemos, circuló en Santiago el rumor de que había muerto envenenado. El licenciado Andrés de Toro, que hacía de fiscal interino de la Audiencia, pidió a este tribunal que mandara esclarecer este negocio. En ese momento, la Audiencia no tenía más que un oidor, y éste era el doctor don Cristóbal de la Cerda, que acababa de hacerse cargo del gobierno interino del reino, y que despachaba los negocios judiciales más urgentes, en compañía de otros dos abogados de Santiago. El mismo oidor Cerda recibió la comisión de instruir el correspondiente proceso en la ciudad de Concepción, a donde iba en esos días (enero de 1621) llamado por las atenciones del gobierno.
No conocemos los procedimientos que el oidor Cerda empleó en la investigación; pero después de examinar varios testigos, creyó hallar algunos indicios de que el Gobernador había sido envenenado por su propia esposa doña Francisca de la Coba y Lucero, en confabulación con el maestre de campo don Íñigo de Ayala. El fundamento principal de esta sospecha era que este último, al pasar por Lima en viaje para España a principios de 1620, había anunciado que don Lope de Ulloa moriría antes de mucho tiempo, pronóstico que seguramente no tenía nada de malicioso, puesto que según sabemos por otros testimonios (véase la nota número 43 del capítulo anterior), el referido don Lope estaba seriamente enfermo desde tiempo atrás. Sin embargo, el oidor Cerda, fundándose en aquellos indicios, desplegó una gran energía, puso a doña Francisca reclusa en una casa de Concepción y envió presos al castillo de Arauco a algunos individuos a quienes acusaba de complicidad en el crimen. En sus cartas posteriores al Rey, el oidor se muestra profundamente convencido de que don Lope había muerto envenenado, y que sus asesinos eran las mismas personas a quienes había comenzado a procesar.
¿Había realmente un crimen en la muerte del Gobernador? No es posible decirlo porque faltan las pruebas claras y evidentes, y no conocemos otro testimonio que las cartas del oidor Cerda, cartas que carecen de datos para poder juzgar con acierto, y que, por otra parte, dejan ver la excitación de su espíritu, producida por la marcha posterior de este negocio. El celo mismo desplegado por el oidor, y conocido el carácter ambicioso de éste, da lugar a la sospecha de que queriendo a todo trance obtener la propiedad del cargo de Gobernador, agitó este proceso por un motivo bien indigno, para presentar como culpable a don Íñigo de Ayala que a la sazón se hallaba en Madrid, y que seguramente había de pedir al Rey el mismo cargo. Esta sospecha se corrobora en cierta manera recordando el hecho de que don Íñigo había partido de Chile un año antes de la muerte del gobernador Ulloa y Lemos, de tal modo que si se le podía acusar de instigador y consejero del crimen, no podía llamársele ejecutor.
Si todo aquel proceso fue una intriga urdida por el oidor Cerda, ella no podía surtir efecto tratándose de personas de alta calidad. Doña Francisca, dueña de una fortuna de trescientos mil ducados, tenía padres vivos, y éstos gozaban en Lima de muy buena posición. Ambos se trasladaron a Chile a defender y amparar a su hija. El virrey del Perú, príncipe de Esquilache, condenó resueltamente la conducta del oidor Cerda. «Siendo caso de justicia, escribe este último, por negociación y diligencia que hicieron las partes, el Virrey despachó una inhibitoria para que en el estado en que estuviese la causa sobreseyese en ella, empleando palabras tan indignas de mi oficio, calidad y persona, y señalando juez al modo de las partes como Vuestra Merced verá por el tanto (copia) de la provisión inhibitoria que envío». Pocos meses más tarde (en noviembre) llegaba a Concepción don Pedro Osores de Ulloa a hacerse cargo del gobierno de Chile. En su compañía venía del Perú la madre de doña Francisca de la Coba. Sin imponerse de los autos que se hallaban en Santiago en poder del oidor Cerda, el nuevo Gobernador suspendió la reclusión de doña Francisca y mandó poner en libertad a sus llamados cómplices que estaban detenidos en el castillo de Arauco (Carta del oidor Cerda al Rey, 8 de febrero de 1622).
El proceso, según parece, quedó definitivamente paralizado. Un alcalde de corte de la audiencia de Lima, el doctor Juan de la Cerda, que fue encargado de seguir el juicio, no llegó nunca a Chile. El oidor Cerda, después de pasar por estas vejaciones de parte de los jefes de la administración pública, tuvo que sufrir los ultrajes personales que le infirieron dos de los capitanes más prestigiosos del ejército, don Diego González Montero, que más tarde fue gobernador interino de Chile, y don Diego Flores de León, que en aquel proceso había sido acusado de haber dado una falsa declaración. Ambos capitanes se habían constituido en defensores de la honra de doña Francisca de la Coba. Aunque el oidor Cerda pidió que ambos capitanes fuesen castigados por los insultos que aquéllos le habían dirigido en público, el gobernador Osores de Ulloa no sólo no los castigó sino que siguió dispensándoles su confianza y les dio puestos honrosos e importantes (Carta del oidor Cerda al Rey de 4 de abril de 1623).
Doña Francisca de la Coba contrajo en Chile segundo matrimonio, y según refiere el padre Ovalle, vivía por los años de 1640 con una noble descendencia, cuyo apellido paterno no se indica. Histórica relacion, libro VII, capítulo 7.
El memorial del padre Valdivia fue, según dijimos, impreso en Madrid para ser distribuido a los consejeros de Indias y a las personas que tenían intervención en estos negocios. La edición debió ser muy reducida y, por tanto, los ejemplares de este memorial son sumamente raros. He tenido a la vista uno de ellos, y las noticias que contiene me han sido de no poca utilidad al escribir los capítulos anteriores, según habrá podido verse por algunas notas.
Los cronistas de la Compañía refieren que el Rey ofreció con instancias el cargo de consejero de Indias al padre Valdivia, y que éste no quiso aceptarlo. Nos parece que ésta es invención análoga a la del ofrecimiento del obispado de la Imperial que le habría hecho Felipe III en 1610. El padre Pedro Pimentel, que escribió la biografía del padre Valdivia para la compilación biográfica del padre Nieremberg, ha contado estos dos ofrecimientos, pero esa biografía contiene, junto con las vulgares alabanzas que abundan en esa clase de obras, numerosos errores que revelan el descuido con que se escribían, a la vez que el propósito de exagerar todo lo que se creía que redundaría en honor de la Compañía. Así, por ejemplo, refiere que al comenzar el padre Valdivia el desempeño de su misión, el Rey le ofreció el arzobispado de Chile (p. 760), arzobispado que no existía; y más adelante cuenta, sin duda por un error de pluma, que el padre Valdivia falleció el año 1624.
El padre Alonso de Ovalle, que lo visitó en Valladolid a principios de 1642, ha dado algunas noticias acerca de la vida que llevaba en su retiro el padre Valdivia, del interés con que recibía las noticias de Chile y del deseo que tenía de volver a este país. Relacion histórica, libro VIII, capítulo 24.
Ya hemos referido en otra parte (capítulo 21, nota 2, parte III) que el padre Nieremberg incluyó en la obra que hemos citado más arriba, unas treinta biografías de jesuitas escritas por el padre Valdivia y que ellas forman un tejido de milagros y de visiones sobrenaturales con pocos datos de un verdadero valor histórico.
Los legajos de estas comunicaciones, conservados en el Archivo de Indias, constan de un centenar de piezas, casi todas las cuales revelan el estado de pobreza a que se hallaba reducida la real hacienda. Así, por ejemplo, cuando la casa de moneda de Granada tuvo listos algunos fondos para el socorro de Chile, el consejo de hacienda se echó sobre una parte de ellos, y costó un gran trabajo obtener su reintegro.
No pudiendo encontrarse los recursos para costear la expedición y su equipo, se hizo un contrato con un armador de Sevilla llamado Francisco de Mandujano, el cual se comprometió por una escritura de quince artículos a equipar tres naves con víveres para siete meses, a suministrar ciertas piezas de ropa para los soldados y a transportarlos a Chile por el estrecho de Magallanes o el de Le Maire, bajo las condiciones siguientes: Se obligaba a pagar a la tropa cuatro meses de sueldo, pero con descuento de las armas que se le habían dado, a alimentarla y medicinarla durante el viaje, y a tener a bordo carpinteros y calafates para cualesquiera reparaciones que fuese necesario hacer. Por el cumplimiento de este contrato, se le pagarían, en tres plazos y antes de partir de España, sesenta y ocho mil ducados que estaban reunidos para costear la expedición, y se le daría cédula para que el virrey del Perú y los oficiales reales de Lima le pagasen otros veinte mil ducados por cuenta del situado de Chile, cuando Mandujano hubiese desempeñado su comisión. El Rey, además, haría que el Consejo de Portugal escribiese a los gobernadores del Brasil para que socorrieran a los expedicionarios en caso que al pasar por allí necesitaran víveres u otros auxilios. Mandujano se ofrecía a hacer todo empeño para que la expedición saliese de Cádiz a fines de agosto y llegase a los puertos de Chile en marzo de 1623. Por cuenta de la Corona se entregaron a Mandujano veinticinco cañones de hierro, para armar sus buques, comprometiéndose a pagar su valor un año más tarde.
Constan todos estos hechos, con una multitud de incidentes que no tenemos para qué recordar, de la numerosa correspondencia de don Íñigo de Ayala, de Francisco de Mandujano y de la casa de contratación de Sevilla con el Consejo de Indias.
Acuerdo del cabildo de Santiago de 13 de junio de 1622, que inserta los documentos del caso, a fojas 253 vuelta del libro 9.
No hallamos en los documentos una noticia segura de la cantidad a que ascendió el donativo de Chile en aquella ocasión. Don Pedro Osores de Ulloa, en carta dirigida al Rey desde Concepción con fecha de 10 de abril de 1623, le refiere que seguía persuadiendo a los habitantes del reino, así funcionarios públicos como simples vecinos a contribuir a este donativo. y le dice que él ha dado cuatro mil pesos y quinientos cada uno de los oidores. El Rey les dio las gracias por una real cédula expedida en Madrid el 30 de marzo de 1627.
En esos momentos, el Rey no cesaba de hacer presentes las premiosas angustias del tesoro, y de apelar a todo género de expedientes para procurarse recursos. «Las necesidades, y aprietos de hacienda con que me hallo son tan grandes y precisas, decía al gobernador de Chile en cédula de 14 de junio de 1621, que forzosamente obligan a buscar todos los medios posibles para aplicarles algún remedio». Con ese motivo recomendaba que se cobrase inflexiblemente a los extranjeros el derecho mediante el cual podían vivir en sus colonias.