La revolución ambiental pendiente
Ramón Martín Mateo
| (Isaías 14, 7-8) | ||
Las relaciones entre economía y protección del medio, que han tenido anticipadores geniales, sólo recientemente merecieron un tratamiento científico, todavía circunscrito, relacionando las causas inmediatas del deterioro ambiental con la búsqueda de beneficios por parte de los expoliadores de los sistemas naturales.
Desde este enfoque proponemos justificar someramente que, aunque el mercado puede ayudar a resolver los problemas ambientales (que quizás provoquen por cierto el final de la aventura del homo sapiens), no hay otra salida más que una adecuada regulación, impensable si la mayoría de la sociedad no toma conciencia de su necesidad.
La idea de lo inagotable o inconmensurable se reconduce a un concepto abstracto, como es en el otro extremo el de la nada, el cero, valores absolutos que nos son de escasa utilidad a la hora de tomar decisiones sobre magnitudes intermedias.
Es obvio que los recursos del Cosmos se agotan progresivamente y más evidente aún que los de nuestro Planeta van disminuyendo, y que mucho antes de su total exhaustividad, carecerán de utilidad, biológica y económica a la vez.
Esta elemental constatación ha sido escamoteada durante siglos por planteamientos metafísicos que concebían un mundo antropocéntrico. que asignaba al hombre origen divino y un apoderamiento de esta índole para disfrutar de la naturaleza puesta a su disposición.
Dogmas de este tipo, que aparecen expresa e implícitamente en todas las religiones, van a infiltrarse también en ideologías crudamente materialistas, hoy felizmente sin predicamiento alguno. Paradójicamente, los mayores desmanes ambientales conocidos se produjeron en la época de la economía socialista rígidamente planificada.
Ya desde 1798 el maltusianismo se planteó las relaciones entre crecimiento y disponibilidades de recursos, bien que en el caso testigo de los alimentos, estas hipótesis a medio plazo, no resultaron probadas, pero a partir de entonces, la ciencia económica quedaba abierta a esta problemática, recibida por los economistas clásicos que hicieron hincapié rigurosamente en la limitación de los recursos, abriendo paso a la teoría del crecimiento estacionario, que sustenta el moderno enfoque del desarrollo sostenible. Más adelante, aun sin aludirse directamente a la problemática aquí tratada, se previó que la ciencia económica futura se situaría detrás de otros valores jerárquicamente superiores.
La tesis de los límites del crecimiento volvió en 1971 al primer plano de la atención científica económica, con transcendencia a todos los medios intelectuales e incluso al gran público, como consecuencia de los trabajos aportados por el Club de Roma, una organización informal, hoy prácticamente extinguida, que llamó la atención en los años setenta sobre estas circunstancias, y el catastrófico deterioro resultante de los recursos ambientales, lo que suscitó reacciones airadas por parte de algunos economistas convencionales, que coincidieron prácticamente también con los obedientes a credos ultraterrenos, en la asignación de ilimitadas potencialidades a la creatividad humana.
Los precursores, prácticamente contemporáneos de la inquietud ambiental, no se equivocaron en el diagnóstico general, pero sí en las previsiones concretas, extraídas de ingenuos modelos matemáticos alimentados de series de datos y de estimaciones de información, soportados más en la subjetividad que en el rigor.
De hecho el sistema económico mundial no sólo no se ha derrumbado en las fechas previstas, sino que ha crecido desde entonces espectacularmente, proceso que puede durar algunas centurias más o quizás milenios, pero las bases del razonamiento lógico no se han desmontado; si no cambian las reglas de juego económicas el desenlace previsible será catastrófico. La solución sólo puede darse si el cambio se produce en dos dimensiones:
-Organización social
-Innovación científica
Ambas afectan intrínsecamente al funcionamiento de la economía cuyo tratamiento teórico propone, precisamente, de manera prioritaria, la racional asignación de recursos escasos.
No parece que podamos prosperar indefinidamente por la senda del desarrollismo irrestricto. Los diversos subsistemas terráqueos tienen límites cuya fijación precisa es ardua, problemática, pero sobre los que, en grandes magnitudes, podemos coincidir.
Manejando la información facilitada por la última edición, diciembre de 1998 del Informe del Worldwatch Institute, hemos considerado indicativas las siguientes cifras:
Población mundial
Al cruzar el umbral del siglo XXI la Humanidad agrupará unos 6000 millones de individuos, cifra en sí considerable pero que sobre todo refleja un incremento claramente a corto plazo, exponencial, que constata con los 100 millones de los comienzos de la era cristiana, y arroja un crecimiento de cuatro veces el número de habitantes de la Tierra en relación con los que existían a finales del siglo XIX.
Alimentación
Aunque el progreso económico y el control químico de la fecundidad femenina han restringido la explosión demográfica, el Planeta albergará sin duda 10.000 millones de terrícolas en la próxima centuria, lo que no supondría mayor problema si el resto de las circunstancias se mantuviesen constantes, es decir, si la gran mayoría de los terrícolas siguiesen alimentándose de vegetales y no diesen a los animales domésticos estos recursos para ingerir posteriormente sus carnes, lo que gráficamente supondría que los chinos siguiesen con su escudilla de arroz y no lo substituyesen por muslo de pollo y menos aún por hamburguesas de vaca. Por supuesto habrían de continuar indefinidamente utilizando la bicicleta y no el automóvil como medio personal de transporte.
Con la tecnología actualmente disponible no sería físicamente posible este cambio de hábitos, que supondría en términos equivalentes la carga que para el Planeta del equivalente a 400.000 millones de indios amazónicos con su actual régimen de vida.
Las tierras arables, rentablemente, están agotadas, su ampliación a costa de reducir aún más la cubierta vegetal proporcionada por nuestra gran reserva filtrante, la selva tropical, incrementaría fabulosamente los problemas ambientales, desaparecería la madera y las aguas subterráneas se contaminarían más aún por los fertilizantes, lo que transcendería a las superficiales y a los mares después.
La generalización de la dieta norteamericana, lo que no tenemos derecho a prohibir, supondría en el siglo XXI, según el Informe que seguimos, dedicar a ello la cosecha de cuatro planetas. Un alivio solamente podría venir de la eficacia aportada por la biotecnología, pero seguramente el remedio sería peor que la enfermedad, no en términos de salud precisamente, sino de biodiversidad.
Transporte
Pero lo verdaderamente grave sería la generalización de las pautas USA de utilización del automóvil, lo que implicaría una flota mundial de 5.000 millones de vehículos, a razón de uno por cada dos habitantes. Sólo los productores y empresarios del petróleo ponen en duda la existencia actual del efecto invernadero, derivado del incremento del CO² sobre todo por el uso de combustibles fósiles. Los 2.500 científicos que integran el grupo de expertos sobre el clima de las Naciones Unidas no lo dudan. Por cierto que el pasado año 1998 ha podido ser el más catastrófico de los que se tiene memoria humana: recordemos la incidencia incremental del denominado efecto «Corriente del Niño», el desbordamiento en China del río Yangtse, el huracán Mitch en Centro América, los grandes incendios forestales en el Sudeste Asiático y en el área de las Amazonas, y las excepcionalmente altas temperaturas que se han originado en muchas áreas de la Tierra.
Pero probablemente este insensato proceso se parará por otras razones, antes de que se agote el último barril de petróleo, y sin esperar al recambio por el gas natural, que durará algo más, los precios se dispararan y los mercados atenderán con cuenta gotas la demanda.
Es fácil que esta tensa situación propenda a saldarse, como se ha venido haciendo, mediante el uso de la fuerza por parte de las potencias coloniales o sus equivalentes contemporáneos, pero ahora las circunstancias han cambiado. Recordemos que las Naciones que hoy más briosamente pugnan por la modernización y que tienen el mayor número de efectivos humanos, disponen de armamento nuclear y biológico y de medios para su transporte a larga distancia.
La ciencia económica moderna ya ha asumido el principio de la universalidad del marco de las relaciones actuales, aunque está lejos aún de descubrir las condiciones necesarias para su efectividad, ya que no se trata de extrapolar las condiciones que regían para los mercaderes venecianos o para los tenderos de las ciudades barrocas burguesas.
El riesgo nada artificial por cierto del actual cuadro económico, es su defectuosa mundialización, que se resiente, por un lado, del exceso de nacionalismo proteccionista y, por defecto, de la ausencia total de regulación de que se disfruta en los paraísos fiscales, cuyas sedes más significativas, no casualmente, se asientan en las islas que servían de base a los filibusteros del Caribe, también entonces protegidos por la Corona Británica.
Los investigadores de las Ciencias de la Naturaleza, han constatado que efectivamente la Tierra es un cuerpo astral con positivas características para la aparición de la vida, y su posterior evolución, lo que se debe en primer lugar a la favorable posición de nuestro Planeta, en relación con el Sol, su nutricia fuente de energía, lo suficientemente próximo y lejano a su envoltura gaseosa, lo que ha determinado la biosfera, que evidentemente es única, interrelacionada y olímpicamente ajena a jurisdicciones nacionales y celosas soberanías.
La preservación de las condiciones provitales de la biosfera, exige actuar sobre las fuentes locales, que pueden originar su alteración, lo que nos obliga a considerar redes progresivamente complejas de sistemas naturales interrelacionados, como pueden ser los que supone el ciclo del agua global que incluye los cursos subterráneos y superficiales y sus alteraciones, con transcendencia para las aguas marinas costeras y los grandes complejos oceánicos.
La situación de los mares viene a su vez condicionada por actividades humanas que aparentemente nada tienen que ver con ello: la agricultura, la industria de la madera, o la conducción de automóviles. Ahora bien: el calentamiento de las aguas marinas por estas causas influye en la situación de los casquetes polares en el régimen de precipitaciones, si bien los mares pueden suponer el único alivio válido para estas alteraciones antrópicas, diluyendo el carbono y trasladándolo vía cadena trófica a las profundidades marinas.
Todo esto que aún para los cultivadores de ciencias más complejas, como son las sociales, resulta evidente, no lo es para los dirigentes actuales de la sociedad y aun en el supuesto que lo fuera, tampoco influiría en sus designios.
No obstante, recordemos que como consecuencia de los avances espectaculares de los conocimientos en ciencias naturales, sabemos que la dinámica inerte de la biosfera se complementa con la aportada por los sistemas animados, produciéndose interacciones importantísimas que se remontan a la propia creación de las condiciones actuales, lo que fue debido prontamente a la aportación de oxígeno por una nueva expansión de bacterias, que cambiaría las condiciones anaeróbicas precedentes.
El correlato de la globalidad deducida por las ciencias de la naturaleza para el sistema Tierra, es el que se postula desde las ciencias sociales en cuanto a la redistribución de los beneficios y carga que el Planeta depara a sus habitantes, en lo que afecta a sus actuales pobladores y sobre todo para las generaciones venideras.
La implacable lógica de las cifras nos orienta sobre la inviabilidad del mantenimiento de las actuales condiciones, al menos en cuanto a la nivelación de las que afectan a ciudadanos de distintas circunscripciones políticas nacionales.
La consecuencia no puede radicar, en línea con el más puro inhibicionismo, en la confianza de que a la larga, milenios por medio, quizás espontáneamente converjan las actuales diferencias en renta y bienestar. Los más desafortunados ni querrán ni podrán esperar. Dejados a su albur, contingentes no desdeñables de grupos nacionales que hoy han acometido su desarrollo saldrán adelante, pero esto puede que no sea asimilable por los sistemas naturales básicos. Algo habrá que hacer aunque no se sabe bien qué y sobre todo cómo.
La solidaridad es un condicionante derivado no ya sólo de elementales consideraciones morales (los que tienen más deberían repartir con los que tienen menos), sino de exigencias crudamente materialistas: si no conseguimos un desarrollo sostenible para ciertos países menos prósperos en los que hoy se albergan los grandes sumideros de gases invernadero, y las más importantes reservas de biodiversidad, el conjunto natural planetario se resentirá.
Debe reconocerse que todo esto no afectará de momento a los miembros de las actuales generaciones. No hay previsibles guerras del agua y las del petróleo se harán esperar, pero nuestros descendientes se verán en dificultades progresivas para asimilar el legado ambiental y los riesgos sociales que parece les trasmitiremos. Hay un gran reto en cuanto a la respuesta social universal al desorden global introducido en los sistemas naturales.
Así como el mantenimiento del orden público o paz convivencial, desde la Revolución Francesa al menos, se ha reconocido como competencia inexcusable del Estado, la conservación del equilibrio ambiental es también una responsabilidad intransmisible de los poderes públicos.
Se supone que una abrumadora mayoría de los sujetos no agreden en la calle a sus conciudadanos ni tampoco deterioran conscientemente los sistemas naturales, pero ello no afecta al ejercicio obligado por el Estado de las potestades que le son inherentes para el establecimiento de las reglas de juego pacificadoras, que afectan a las relaciones sociales básicas.
La preocupación por el medio deberá situarse en el primer plano de las inquietudes colectivas, lo que efectivamente se producirá no mas allá de dos generaciones una vez lleguen al poder los ciudadanos educados desde jóvenes en la conciencia ambiental. Para entonces, el Derecho Ambiental predominará incluso sobre la perspectiva individualista de los Derechos Humanos.
La causa de nuestras actuales preocupaciones se origina claramente por la disociación de dos enfoques que deberían ser coincidentes: el económico y el ambiental.
Pese a que etimológicamente estas dos expresiones quieren decir lo mismo, de acuerdo con sus raíces griegas, en la práctica se ha tratado de medrar empresarialmente, a costa del ambiente. Nadie salvo un pirómano perturbado o equivalente, daña conscientemente a la naturaleza sin pretender un lucro concreto, o al menos economizar esfuerzos. Siguiendo el ejemplo del fuego forestal, recordemos que la mayoría de los incendios en este medio se ocasionan por excursionistas insensatos que desean calentarse o cocinar su comida, pastores que persiguen mejores pastos, labradores, urbanizadores o comerciantes de madera quemada.
Los mismos propósitos transitan por los medios industriales donde se intenta obtener beneficios adicionales abaratando los procesos productivos a costa de bienes comunes, que se destruyen sin pagar por ello.
Se produce así lo que los economistas denominan interiorización de externalidades, de lo que es una típica manifestación la contaminación de los sistemas naturales: agua, aire, suelo, lo que se trata de corregir por el Derecho Ambiental preventivamente, mediante el establecimiento de limitaciones y de cargas determinadas por la aplicación del principio contaminador-pagador. De no funcionar estos correctivos se deberán introducir mecanismos represores como los inherentes a la sanción administrativa o penal de determinadas conductas, lo que se completa con la recuperación del importe de los daños producidos mediante el funcionamiento del instituto de la responsabilidad objetiva.
Tanto la estrategia represiva como la reparadora circulan por procedimientos netamente jurídicos, en los que se enfrentan con dificultades, derivadas de la falta de convergencia de las disciplinas contempladas en la rúbrica del presente epígrafe. Los aplicadores de las normas, jueces y administradores, necesitan que con una cierta aproximación se evalúe el montante de los daños y perjuicios, pero ni los expertos en ciencias de la naturaleza son capaces de medir exactamente la importancia de una agresión ambiental, ni los economistas están en condiciones de trasladar esta estimación a unidades monetarias.
El proceso valorativo se complica más aún si se tiene en cuenta que las más importantes distorsiones del medio, afectarán sobre todo a las generaciones venideras, que sufrirán seguramente los efectos del efecto invernadero que estamos introduciendo en la biosfera.
La corrección de las conductas económicas de negativa trascendencia para los sistemas naturales básicos, se enfrenta con otros dos graves inconvenientes: la imposibilidad de suprimirse totalmente la generación de residuos potencialmente contaminados y el impulso social para el incremento de los desperdicios.
Desde el primer enfoque las ciencias físicas nos recuerdan que la segunda ley de la termodinámica inexorablemente establece que toda transformación del estado de la materia genera calor, residuos en suma.
Por otra parte, la civilización del libre mercado, en la que, felizmente, estamos inmersos, requiere de un continuo ejercicio de intercambios en virtud de los cuales los demandantes deberán solicitar nuevos bienes para que los oferentes puedan sacar pleno rendimiento de los dispositivos productivos. Una sociedad austera que adquiriese los productos de consumo escuetamente necesarios para satisfacer necesidades básicas y contase con suministros de larga duración, haría colapsar el sistema económico. Hábitos monásticos generalizados reducirían drásticamente la contaminación, pero inducirían una catástrofe sin precedente en Occidente, que impediría además el desarrollo de países de otras áreas del mundo, carentes entonces de disponibilidades de capital y oportunidades de mercado.
Los postulados de la economía y de la ecología no son necesariamente contrapuestos; cabe su integración armoniosa, con base en lo que ha sido calificado como desarrollo sostenible, que reconoce la necesidad de auspiciar el avance económico de los países menos avanzados aprovechando los progresos tecnológicos de las naciones industrializadas, siempre y cuando no se traspasen determinados umbrales de calidad ambiental.
La sostenibilidad es a la vez un presupuesto intrínseco para el desarrollo de los países pobres, ya que es impensable que puedan salir de tal condición si deterioran sus recursos: agua, suelo, bosques. La contaminación es en sí un despilfarro y por tanto a medio y largo plazo resta riqueza. Estas consideraciones son válidas también para las sociedades avanzadas, que podrán crecer más, económica y ecológicamente a la vez, generando combustibles limpios y equipos descontaminadores, e incrementando la productividad sobre la base de tecnologías limpias.
Sus antecedentes se concretan con el denominado Informe Brutdland, llamado así por haber sido formulado precisamente por una Comisión de Juristas presidida por la que luego sería Presidenta de Noruega.
La Comunidad Económica Europea ya había anticipado su preocupación por el logro de esta simbiosis, por lo que se señalan en la Declaración del Consejo de Europa de 1985 las relaciones recíprocamente beneficiosas entre economía y ambiente en lo que se avanza con el Cuarto Programa de Acción 1987-1992 que ya recoge la proposición de la vinculación de la dimensión ambiental con las políticas que se proponen crear las condiciones necesarias para un crecimiento económico sostenido. El Acta Única incluye además en el artículo 130.R.1 como objetivo de la acción de la Comunidad, conservar, proteger y mejorar la calidad del medio ambiente y la garantía de una utilización prudente y racional de los recursos naturales.
El Tratado de la Unión adiciona una significativa novedad al asignar a la Comunidad la misión de promover «un crecimiento sostenible y no inflacionista» que respete el medio ambiente, lo que refleja la opinión de los jefes de Estado y/o de Gobierno que en reuniones precedentes se habían pronunciado en el sentido de que «el crecimiento sostenido debe ser uno de los objetivos de todas las políticas comunitarias».
El denominado V Programa, rubricado precisamente Hacia un desarrollo sostenible, entiende por tal:
«Una política y una estrategia de desarrollo económico y social continuo que no vaya en detrimento del medio ambiente ni de los recursos naturales de cuya calidad depende la continuidad de la actividad y del desarrollo de los seres humanos».
Como precedentes inmediatos debe citarse la Carta Mundial de la Naturaleza adoptada en 1982 por la Asamblea General de las Naciones Unidas precedida por la de Nairobi en mayo del mismo año y de las deliberaciones de la Comisión Mundial de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y Desarrollo durante el período 1984-1987, que se plasmaron en el informe denominado Nuestro futuro común, llamado Informe Brundtland, nombre de la presidenta de la Comisión. Casi simultáneamente el PNUMA produjo, en 1987, el documento denominado Perspectivas ambientales para el año 2000 y siguientes. Por iniciativa de ciertos gobiernos y fundaciones se estableció en Ginebra en Centro para Nuestro Futuro Común, que ayudó a la organización de la Cumbre de Río y celebró en 1990 una importante reunión en Vancouver, pero que parece haber perdido impulso.
Según la Comisión Brundtland: «El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades».
El substratum autoritario del Derecho Ambiental no empece el que sus objetivos puedan ser también conseguidos, trasladando al mercado los costes implicados en evitación de los daños o para la restauración de los perjuicios.
A estos propósitos responden las ecotasas que recargan los productos enajenados con gravámenes aplicables a la descontaminación, caso por ejemplo de la facturación de los gastos de recogida y tratamiento de los residuos urbanos, o los ecotributos que inciden sobre determinados bienes desanimando su utilización negligente, como sucede sobre todo en el ámbito de la energía de origen termo-fósil, pero también con otros combustibles, los nucleares, que aunque no contaminan sistemáticamente la atmósfera, aportan riesgos no desconocibles y costes elevados con ocasión del desmantelamiento de las centrales una vez terminada su vida productiva.
El mercado puede también modularse económicamente como consecuencia de la aplicación de técnicas clásicas del Derecho Administrativo, aunque con modernas reformulaciones, lo que implica de lleno al instituto de la concesión.
Modestos progresos a escala nacional pueden ser obtenidos a través de la supuesta comercialización de los permisos para contaminar, posibilidades recogidas en la legislación norteamericana sobre contaminación atmosférica, que parten del cálculo de un nivel máximo de inmisión en un área determinada, que da lugar a cuotas de emisión para las industrias ya instaladas, que podrían ser enajenadas si por abandono del negocio o por la introducción de tecnologías más limpias, la emisión permitida se rebajase.
Pero lo que tiene mayor interés en relación con la mejora de las condiciones ambientales vía mercado, es la obtención de ventajas competitivas por los oferentes de bienes de productos que incorporan progresos ambientales.
El primer enfoque se relaciona con los distintivos que los Estados y la Unión Europea, permiten incorporar a la presentación en el mercado de determinados bienes del que es prototipo la Ecoetiqueta Comunitaria, acreditativa de los positivos avances ambientales introducidos con la fabricación de los productos y los esperables en el período de su utilización. Se confía en que los consumidores, ambientalmente motivados, discriminen positivamente estos bienes adquiriéndolos preferentemente en relación con otros alternativos pero de menor calidad.
Las auditorías ambientales ponen de relieve también el nivel de sensibilización de las empresas, acreditando no sólo que cumplen con las exigencias legislativas sobre contaminación, sino también que tienen adoptado un proyecto que encauza con ambición de progreso positivo, actuaciones ambientalmente relevantes. Igualmente se confía en que los operadores económicos relacionados con la empresa -clientes, suministradores, financiadores, aseguradores, etc.- tomen en cuenta este talante deparando a las empresas que así se comportan un trato económicamente positivo.
Estas verificaciones, por cierto, ofrecerán oportunidades de trabajo para los juristas ya que se trata antes de nada de certificar que las empresas auditadas están al corriente de sus obligaciones ambientales. Desgraciadamente, el nivel de la concienciación de la sociedad a este respecto es aún bajo, lo que trasciende lógicamente a la escasa implantación de estos instrumentos.
Incluso en el ámbito de los controles de mercado que hemos analizado en el apartado anterior, la intervención administrativa constituye un prius. La imposición de las tasas compensadoras para interiorizar externalidades que afectan a los sistemas naturales, exige el ejercicio de claras prerrogativas públicas y lo mismo sucede con la extensión de las características clásicas del demanio a otros medios como el atmosférico que no estaban incluídos formalmente en el repertorio de los bienes de titularidad colectiva.
La teoría del desarrollo sostenible parte también de estos presupuestos en relación con los componentes biológicos del planeta. Conforme a estas ponderaciones habríamos de deslindar los excedentes de la biomasa que pueden ser retirados sin perjudicar la capacidad reproductiva de los distintos sistemas, lo que es válido también por ejemplo para la caza, la pesca, la agricultura y la explotación forestal.
Técnicamente este enfoque debería ser aplicado a todos los bienes naturales no renovables, aunque sean inertes, si su agotamiento es previsible, caso de los combustibles fósiles.
Esta estrategia, permanente y supracoyuntural, tiene como presupuesto el hecho indudable de que los bienes terráqueos globales no son de una nación determinada, ni de una generación concreta, sino de todos los habitantes actuales y potenciales de Planeta.
La tutela ambiental requiere pues del soporte inexcusable del ordenamiento jurídico, aunque la adopción a estos efectos de un dispositivo exigente y adecuado, presupondrá a su vez un soporte social cónsone, necesario además para que el cumplimiento de la Ley sea la regla general y no la excepción. Progresivamente los ciudadanos, como ha pasado en otros campos, irán acomodando espontáneamente sus conductas a los requerimientos ambientales con lo que las infracciones serán excepcionales y las sanciones quedarán substancialmente subsumidas en el Código Penal, cuyos rigores afectan a núcleos marginales de población.
Pero como ya advertimos pasará mucho tiempo hasta que esto suceda y por lo demás, el Derecho Ambiental habrá de expandir notablemente su campo de aplicación, y arbitrar nuevos instrumentos de intervención para hacer frente a la principal amenaza que se cierne sobre la prolongación de la pervivencia de nuestra especie: la conservación de las características físico-químicas de la biosfera que nos han permitido llegar hasta aquí trepando por las escalas evolutivas de la biodiversidad.
Parece claro que no funcionan para nosotros los códigos de comportamiento instintivos que orientan correctamente otras relaciones con el medio, los genes nos impulsan a cuidar de nuestros hijos pero no de nuestros tataranietos. Nada nos impulsa innatamente a manejar correctamente los artilugios tecnológicos que hemos ido acumulando a partir del descubrimiento del fuego, cuyas virtualidades contaminadoras por cierto, son análogas a las inherentes a la mayoría de los dispositivos que manejamos para la producción de energía.
Desterremos pues como catastrófica cualquier doctrina que pretenda encontrar también aquí la panacea en el expontaneismo individual, y la liberalización de las conductas sociales. El juego de la competencia, el mercado, el desmantelamiento de empresas públicas ineficaces y otras muchas iniciativas que en estos momentos se llevan a cabo, pueden ser bienvenidas en otros ámbitos, en cuanto que propician el crecimiento económico y optimizan los resultados del esfuerzo humano, pero sería insensato traspasar la filosofía que anima estas reformas a la dinámica de nuestras relaciones con el entorno natural permitiendo, por ejemplo, que los bosques de chimeneas sustituyan a las selvas tropicales.
Es innecesario recordar que la legislación ambiental, hoy generada en sucesivos niveles de gobierno, constituye una respuesta tardía, e insuficiente aún, a los desmanes producidos por el industrialismo libérrimo. La ley de la selva, no es desde luego la ley de la oferta y la demanda, como algunos iusnaturalistas ingenuos creen intuir. El funcionamiento de los sistemas naturales es infinitamente más complejo y ordenado, y mucho menos imprevisible que los resultados de la dinámica del mercado en estado puro, como acredita el comportamiento de la plataforma mas caóticamente significativa de nuestro tiempo: la Bolsa global.
Mientras a los economistas liberales les bastaría teóricamente, con un mínimo de reglas, los ambientalistas debemos tener una sólida ambición normativa. El ordenamiento ambiental es por ello complejo y proteico y debe ser renovado al compás de los sucesivos avances y modificaciones de los conocimientos científicos.
Todas las disciplinas que se estudian en las facultades de Derecho están aquí implicados, incluido el Derecho Romano de donde procede el mecanismo de la emisión-inmisión, claves para comprender el substratum básico, traslativo, de la problemática ambiental, de aquí la necesidad de contar con principios nerviadores de este complejo, que no sector, del Derecho.
Ni el azar ni la utilización de los mecanismos ordinariamente operantes para racionalizar decisiones relacionado con la satisfacción de las necesidades humanas, suministran pautas satisfactorias para contrastar nuestras conductas con los imperativos ambientales a medio o largo plazo.
Es pues la sociedad organizada, la que a través de sus representantes legítimos deberá introducir los mecanismos de corrección necesarios. El Derecho, que no es una fuente inmanente de decisiones, sino un cauce de expresión de la voluntad general, constituye la única alternativa disponible.
Es impensable que los elementos gaseosos de la biosfera puedan ser apropiados de forma excluyente en magnitudes considerables y lo mismo puede decirse del agua. El suelo tiene otras características y depende a su vez de su interacción con los otros elementos. No es lo mismo tratar la superficie de un bosque que la de un solar.
Precisamente todas las disfunciones ambientales que se han venido considerando, incluidas las que afectan a la biodiversidad, se han imputado al abuso y apropiación individual de bienes por esencia comunes, con ánimo de abaratar los productos.
El mercado no puede automáticamente ordenar esta situación, porque lo que allí se arbitra, cuando los bienes ambientales están en juego, no son los intereses del vendedor y del comprador, sino los de todos los ciudadanos y no únicamente de los presentes, sino también de los venideros, por lo que no habría legitimidad democrática para aprobar leyes que dispongan de recursos que no pertenecen a los representados en los Parlamentos.
Los recursos naturales básicos son intrínsecamente res extracomercium lo que transciende a sus aplicaciones ilegítimas. Esto es indiscutible para la atmósfera, las aguas del mar y las continentales en general, aunque algunas legislaciones permiten la aplicación aquí de principios de apropiación minera.
En España una reciente legislación va a abrir una brecha sin precedentes en este ámbito, al permitir enajenar, en tiempos de sequía, caudales concedidos por la Administración. Pero se trata de algo excepcional que más parece tributo a una moda, supuestamente de origen californiano, que a una decisión de calado. Por otra parte la experiencia ha demostrado que las consecuencias del abandono de los poderes públicos de sus controles sobre el agua, son funestas, caso de Chile, un país que ha adaptado con radicalismo el credo liberal y se ha entregado a empresas que han sido incapaces de abastecer cumplidamente de energía eléctrica al país.
Estas reservas me parecen meridianas para la atmósfera, el sistema más frágil en términos de ecología profunda y de problemática recuperación, posible sólo a muy largo plazo si resulta dañada a escala terráquea, como está sucediendo con la persistente contaminación por CO² que induce el denominado efecto invernadero. Aunque tuviésemos la tecnología adecuada, la retirada del carbono sobrante en la estratosfera, produciría energéticamente, posiblemente más subproductos que los obtenidos.
Intentar trasladar la solución de este grave asunto al libre mercado parecería cuando menos cómico, teniendo en cuenta que el defectuoso funcionamiento de estos mecanismos es lo que ha producido el daño.
El abusivo consumo de combustibles fósiles, especialmente de derivados del petróleo, constituye la principal causa de la liberación en la atmósfera del CO². Recordemos que el precio de la gasolina por ejemplo, antes de recargar los impuestos, está formado por la suma de los costos de extracción del crudo, refinado del petróleo, distribución y transporte y beneficios empresariales. La materia prima en sí que ha costado a la naturaleza millones de años elaborar, no puntúa, cuando lo lógico, como sucede con otras mercancías, es como mínimo imputar al precio el coste de reposición.
Estados Unidos se opuso frontalmente en Río 92 al Convenio sobre el Clima. Posteriormente a partir de Kioto a mayor «inri» del mercado, aceptó disminuir en un 8% de su cuota de contaminación, obviamente la mayor del mundo, pero hizo hincapié en la compra de derechos de contaminar adjudicados a países subdesarrollados, con lo que sus posibilidades mejorarían a la postre.
La única solución, vía mercado, es la de imponer, autoritariamente, ecotasas por barril, en lo que están las autoridades europeas, si bien España se opone porque podría incrementarse su rebrote inflacionario.
En cuanto al bosque, efectivamente, en una plantación de chopos poco tiene que hacer la Administración, salvo constatar que efectivamente se trata de este tipo de árbol, otra cosa será el que estemos en presencia de especies de larga duración, como es el caso del milenario bosque austral chileno que las autoridades de este país han entregado para su tala a rapaces empresas madereras estadounidenses. Ciertamente que en éste y en muchos otros casos habría que indemnizar al propietario privado si existiese o al Estado, supuesto del bosque amazónico, pero ésta es otra cuestión en la que tampoco tiene que ver el mercado.
La explotación de los recursos naturales renovables, se hace ya espontáneamente, por tanto de acuerdo con las pautas clásicas de la economía estacionaria, hoy denominada sostenible, que consiste en retirar sólo los beneficios.
Así a ningún pastor se le ocurriría sacrificar corderas o madres si con ello se merma la capacidad reproductiva en función de la estabilidad perseguida para el rebaño.
Pero si estas relaciones se extrapolan a los bienes no apropiados, las cosas cambian: no es igual el buen pastor que el buen cazador o el buen pescador, aquí hay una inmanente presión excesiva sobre los animales o los árboles de propiedad común por parte de quienes desean apropiarse de su contenido económico en competencia con quienes pretenden hacer lo mismo; el final es el esquilmamiento salvaje, que no la aséptica racionalidad conciliadora de la oferta y la demanda.
La moderna versión de la caza, pretende encomendar estas actividades a una empresa, que cumpliría la función de gestionar recursos naturales silvestres, enriquecidos quizás, además, mediante la aportación de crías obtenidas e cautividad. Evidentemente que a los explotadores no les interesa que sus beneficios disminuyan y no permitirán que se esquilme sus efectivos. La Administración podría entonces retirarse por el foro. Pero esto si no es así, deben por lo menos vigilarse los siguientes extremos:
• Control de depredadores: muchas especies protegidas son eliminadas en fincas de caza para evitar su incidencia en las reservas.
• Suelta de animales de granja: deterioran genéticamente las especies autóctonas.
• Mallas de cercas: muchos animales salvajes mueren al cruzarlas. Los animales que viven en su interior ven perjudicada su salud.
• Plumbismo: contaminación producida por perdigones de plomo.
• Métodos no selectivos: redes tupidas para pájaros.
Mucho se ha especulado sobre las virtudes del turismo fotográfico de Kenia en relación con la venta de licencias de caza de elefantes de sus vecinos. Pero lo que realmente ha salvado al elefante africano en trance de extinción, son los imperativos del Convenio CITES sobre especies amenazadas que prohibió precisamente el tráfico mundial de estas especies, lo que se controla en frontera.
En definitiva, el mercado puede y debe ser un dispositivo adecuado para la aplicación del derecho ambiental e incluso en el futuro constituir un filtro clave para depurar el mal uso de los bienes naturales, en cuanto podemos esperar que, al reflexionar sobre la ética ambiental, compradores suficientemente concienciados, expulsen de su recinto a productores peligrosos para el entorno.
El Derecho como tal ha existido desde que nuestros antepasados dejaron de regirse sólo por el instinto y establecieron unas reglas consuetudinarias que ordenaban mínimamente las relaciones con el grupo. Hay que esperar a los atenienses para que se formalizase el proceso más eficaz de toma de decisiones, la democracia; al Cristianismo, para la proscripción de la esclavitud y a los romanos para la invención de la Ley, pero fue la Revolución Francesa la que cristalizó el predicamiento universal de los tres grandes principios éticos que rigen ahora la convivencia en los medios occidentales:
Libertad
Igualdad
Fraternidad
No se trata por cierto de arrumbar nada de esto, sino de dar a este ideario estructural un substratum adicional, derivado de nuestra emergente sensibilidad sobre la simbiosis de nuestra especie con el entorno en que habita, lo que por cierto, exige un esfuerzo de adaptación que violenta nuestra tradicional compresión de los sistemas jurídicos.
En primer lugar, las bases del Derecho que venimos aplicando son morales, individualistas, y se plasman en los Derechos Fundamentales, cuyo máximo respeto se prescribe desde las Constituciones democráticas. Pero el nuevo enfoque, adiciona, que no substituye, imperativos derivados de las Ciencias naturales: la física, la química y derivadamente, la biología. Los juristas se mueven aquí a desgana, no les es fácil asimilar lo que de ellos finalmente se espera.
En segundo lugar, el Derecho con el que estamos familiarizados es de ámbito nacional, emana de organizaciones peculiares con límites físicos rígidos que trazan las fronteras del territorio en el que se ejerce la soberanía. Pero los sistemas ambientales tienden a ser indefectiblemente globales, y por supuesto ignoran olímpicamente la geografía política anterior.
Pese a la importancia de las expresadas circunstancias que ponen en entredicho los dispositivos legales tradicionales, el más novedoso rasgo del Derecho Ambiental, es el cambio de sujeto, los ordenamientos contemporáneos giran en torno al individuo físico, titular de derechos, al que se garantiza constitucionalmente el disfrute de los inherentes a su condición de persona socialmente contratante. Pero los protagonistas del Derecho Ambiental aún no han nacido y puede ser que no tengan probabilidad de hacerlo nunca si alteramos substancialmente la biosfera.
Muchos de los preceptos contenidos en los códigos penales occidentales, tienen su explicación y apoyo, más o menos profundo, en la biología o en la sociobiología, como es el caso del homicidio por ejemplo, o el hurto incluso. Lo mismo podemos decir del Código Civil y las relaciones familiares. Pero todos estos fundamentos desaparecen cuando los individuos se sitúan fuera del grupo y sobre todo si se introduce el factor tiempo.
Algunos animales no dudan en arriesgar mediante la sobrecaza del pastoreo esquilmado sus propias reservas alimenticias, y desde luego el temor por lo que pueda pasar a sus descendientes, no tiene ninguna apoyatura, en sus registros genéticos, pero sólo los castores y las «langostas» pueden cambiar rápidamente el paisaje.
En el genoma humano, hay sin duda enérgicas indicaciones para la efectividad solidaria de alcance familiar y tribal, lo que no se extiende, estimo, a grupos más extensos, y quiebra totalmente en relación con los descendientes a más de dos generaciones de distancia.
Por ello es preciso que este vacío se cubra artificialmente con apoyo en una ética que tenga presente el cambio de las circunstancias sobrevenidas como consecuencia de la modificación del escenario que va desde un grupo de primates de la sabana africana, a la comunidad cibernética global, que se delinea en estos momentos.
De acuerdo con las tesis aquí sustentadas para que el hombre pueda garantizar su pervivencia futura, debe dotarse de un cuerpo normativo que recoja los dictados de las Ciencias de la Naturaleza, para una prudente utilización económica de la Biosfera. Para ello se necesitará contar además con el apoyo de la Ética y de la Física.
El Derecho en sí es un instrumento, un vehículo, para la efectividad de los propósitos pretendidos; esto es así para los grandes monumentos jurídicos, desde las Tablas de la Ley al Código de Napoleón.
Una buena norma, técnicamente, puede ser rechazable por otros motivos que guardan relación con los principios generales de convivencia asumidos por colectividades más amplias, con lo que entramos en los dominios de la moral colectiva, de la ética, a nuestros propósitos, porque estos conceptos exigirían de más rigurosas precisiones de acuerdo con los dictados de los especialistas en la materia.
Para que pueda adoptarse un Derecho Ambiental adecuado es presupuesto indispensable que haya sido asumida previamente por la comunidad implicada una Ética ecológica concorde, lo que implica ya desde luego el valor de la solidaridad interplanetaria, pero sobre todo intertemporal.
Eacute;ste es el escollo más difícil de superar, ya que si en las tradiciones, ideologías y religiones occidentales, hay bases suficientes para soportar una ampliación de las motivaciones solidarias a escala intercomunitaria, no puede decirse lo mismo de las vinculaciones intergeneracionales, lo que sólo remotamente podría basarse en las concepciones platónicas de la metempsicosis, en las que asumen que el alma circulaba sucesivamente por diversos seres incluidos los animales.
Cierto alcance, permanencia y sistematización tienen así los dogmas brahmánicos sobre el «samsara» o transmigración por diversos cuerpos, lo que por cierto inspira el respeto por todas las formas de vida animal.
Menos apoyos ofrece la religión judeo-cristiana para extraer consecuencias que impliquen el cuidado de la Tierra y su transmisión en adecuadas condiciones a los futuros habitantes. Recordemos que según la Biblia el hombre habría sido criado a imagen de Dios y se le exhorta a que se enseñoree de la Tierra dominando los peces del mar y las aves del cielo y todos los animales que en ella se mueven.
Pero una consideración de la especie humana, y no de un mero agregado de sujetos, incluye también su dinámica temporal. La armonía del hombre con la naturaleza es patrimonio de las grandes religiones, caso desde luego de la cristiana.
En todo caso lo que se precisan no son dogmas metafísicos, sino convicciones de base tangible que impliquen la pervivencia del hombre sobre la Tierra, respetando las condiciones que la hacen habitable para nuestra especie.
Una nueva cultura, similar a la que alumbró el gran movimiento de los Derechos Humanos, habría de crearse por líderes intelectuales de la Humanidad, y difundirse por los medios de comunicación ordinarios, lo que en parte está funcionando sobre todo por los canales de los sistemas educativos, de donde saldrán adecuadamente formados los futuros votantes de las normas ambientales precisas, que tendrán presente las generaciones venideras.
En un contexto democrático, la Ley, viejo y eficaz invento de los romanos, supone la expresión de la voluntad general libremente expresada por los miembros de una determinada comunidad política.
Es de esperar que la progresiva penetración de las circunstancias de nuestra coexistencia planetaria y la introducción, vía ética colectiva, de la preocupación por la suerte de los futuros habitantes del Planeta, influya en la adopción de un ordenamiento ambiental razonable, que tenga como coordenadas no sólo el espacio global sino también el tiempo, sin horizonte definido, incluyendo por tanto entre los sujetos tutelados por las leyes a los futuros terráqueos.
El nuevo enfoque aquí propugnado, exige una reconsideración adecuada de los mecanismos, hoy predominantes del juego de la oferta y la demanda, lo que afecta tanto a los teóricos como a los protagonistas de la economía.
Desde la primera perspectiva, se ha observado que «un país podría agotar totalmente sus recursos sin que su PIB se vea afectado». También ha destacado gráficamente F. CAIRNCROSS que «Resulta fácil ponerle precio a un árbol si se considera únicamente como madera. Pero este precio de ninguna manera reflejará su valor como mecanismo de prevención de la erosión del suelo, o como lugar de pájaros e insectos o como almacén de un dióxido de carbono que de otro modo podría añadirse a los gases responsables del efecto invernadero en la atmósfera».
No cabe ninguna duda de que la mayor amenaza que gravita sobre la Tierra es el incremento de los gases efecto invernadero. Pues bien, hasta la fecha no se han adoptado previsiones de efecto tangible para la limitación de las emisiones alcanzadas en 1990, lo que el Protocolo de Kioto de 1987, transformó en el compromiso para la reducción de la media de las emisiones de los gases invernadero en el periodo 2008-2012 en un 5,2% de las emisiones de 1990, lo que supondrá un 8% de reducción para la UR, 7% EEUU, 6% Japón. Pero ni siquiera en estos modestos propósitos se ha prosperado, la Cumbre de Buenos Aires de 1998 supuso un rotundo fracaso, aplazándose hasta el año 2000 la introducción de los mecanismos reductores.
Los países de mayor consumo, y Estados Unidos sobre todo, tratan de eludir sus compromisos mediante toda clase de artilugios, compra de permisos para contaminar a países en desarrollo, cálculo de emisiones netas restando absorciones, enfoque de cesta «de gases» calculando emisiones conjuntas, adquisición de certificados de reducción de emisiones mediante inversiones en forestación-sumideros realizadas en otros países, caso de Costa Rica como más significativo, etc.
Debe advertirse que con todo ello lo único que se pretende es escamotear el problema, trasladándolo de un punto a otro. No es posible encontrar una solución vía incremento de fotosíntesis, no hay espacio suficiente en el Planeta para ello. La única solución, salvo la que contemplamos a continuación que es problemática, pasa por la reducción de las emisiones, incorporando al precio de los actuales combustibles sus auténticos costos ambientales.
Estados Unidos, o si se quiere las multinacionales de este país, lo que en nuestro caso es lo mismo, no quieren saber nada de la solución apuntada: General Motors, Exxon, Chase Manhattan, firmaron, según Amigos de la Tierra, con ocasión de la Cumbre de Buenos Aires, una carta dirigida al representante de EEUU en esta reunión, expresando su temor de que los productores, acostumbrados a utilizar sin preocupaciones ahorrativas, energía barata, salgan beneficiados de las limitaciones de emisiones impuestas en comparación con los europeos, familiarizados con el ahorro y la economía energética.
Escuelas de pensamiento económico moderno, como la que representa a la Sociedad Internacional de Economía Ecológica, SIEC y el Instituto Beiger de Economía Ecológica auspiciado por la Red Académica sueca de las Ciencias, han explorado técnicas para valorar las aportaciones de los servicios prestados por los distintos ecosistemas naturales y la valoración de los costos ambientales.
Particularmente significativa es a nuestros efectos la propuesta por parte de miembros destacados de SIEC de incluir los derechos de las generaciones futuras a un medio limpio, en el capítulo de los costos ambientales.
Tanto las normas emanadas de las organizaciones políticas del más alto nivel, como el tratamiento que los economistas aconsejan para la adecuada valoración de los bienes ambientales, se enfrentan con una ley de otra índole pero de vigencia indiscutible, que explica la originación de todos los problemas ecológicos. Me refiero por supuesto a la segunda ley de la termodinámica, que indiscutiblemente señala que todo cambio produce calor, entropía, residuos en suma.
Si continuamos presionando sobre los recursos naturales, especialmente los que integran la biosfera, e ignoramos cómo podemos parar el proceso, el resultado final será inevitablemente desastroso para nosotros: se ha dicho que la Tierra sobrevivirá al cambio climático pero el hombre probablemente no.
La única solución accesible desde la perspectiva de la física, pasa a mi juicio por la energía nuclear, pero no la que origina energía a partir de la fisión, lo que posiblemente adicionaría un remedio peor que la enfermedad, sino de la fusión nuclear, implantando auténticos reactores solares prácticamente no generadores de residuos. Desgraciadamente las investigaciones no van por buen camino, el balance energético no termina de cuadrar, las aportaciones necesarias son superiores a las obtenidas, el nivel de temperatura logrado no es suficiente para que, como en el sol, las reacciones se autoperpetúen.
Se detecta por tanto un cierto pesimismo en los medios científicos que quizás perciben que la política, acostumbrada a logros a corto plazo, transmisibles al electorado, pueden terminar retirando los fondos.
Pero aunque finalmente el problema energético se solucione científicamente, y los economistas consiguiesen que una botella de gasolina valga más que una de agua, todo sería inútil si éticamente no se llegase a desencadenar la «Gran Revolución» solidaria todavía pendiente.
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