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251

Cfr. al respecto Joan C. Callahan, op. cit., p. 350.

 

252

El caso más reciente que conozco es el de proyecto de ley del Land alemán Renania-Palatinado, aprobado por la mayoría socialista del parlamento local a fines de junio de 1994 y que ha despertado la crítica del Partido Demócrata Cristiano y de la jerarquía católica de Maguncia aduciendo que la cláusula de negación facilita la consideración del cuerpo del difunto como un bien de propiedad social.

 

253

He subrayado podrían porque es posible aducir, con razón, que el derecho a reclamar el cadáver no se basa en ningún título de propiedad sobre el cadáver sino que es el correlato del deber que tienen los parientes o herederos del difunto de darle un entierro digno. Cfr. al respecto, James L. Muyskens, «An Alternative Policy for Obtaining Cadaver Organs for Transplantation», en Philosophy & Public Affairs, vol. 8 (otoño 1978), 1, pp. 89-99, p. 88. Por razones de completitud de mi argumentación, adopto aquí la versión de la vinculación entre reclamación y propiedad. Esta versión cuenta, además, a su favor decisiones judiciales norteamericanas en las que se dice que los parientes tienen «el derecho a recibir la posesión del cuerpo (del difunto) inmediatamente después de la muerte y en la misma condición en que se encontraba en el momento de la muerte». Cfr. Ibídem, loc. cit.

 

254

Hasta qué punto la mentalidad de los posibles donantes y sus familiares juega un papel importante en la escasez de órganos lo pone de manifiesto la situación en España, país que ocupa el primer lugar en el mundo por lo que respecta a las donaciones: 21,7 donaciones por cada millón de habitantes. El 26,7 por ciento de los casos en los que no es posible realizar un trasplante post mortem se debe a negativas de los familiares del muerto, aun en el caso en que existe la voluntad expresa del fallecido para que se lleve a cabo el trasplante: «en la práctica sigue siendo insalvable en numerosos casos el muro de resistencias o escrúpulos levantado por los familiares». Cfr. El País, loc. cit. Para evitar estos casos, ya en 1968, en los Estados Unidos, la Uniform Anatomical Gift Act estableció que las donaciones post mortem no podían ser revocadas por los herederos o parientes del difunto. Cfr. James L. Muyskens, op. cit., p. 89.

 

255

Sobre la problemática vinculada con la ampliación del concepto de «persona muerta» y la aplicación del criterio de «muerte cerebral parcial» para aumentar la posibilidad de trasplantes, cfr. Martin Kurthen y Detlef B. Linke, «Vom Hirntod zum Teilhirntod», en Johannes Hoff y Jürgen in der Schmitten (eds.), op. cit., pp. 82-94.

 

256

En octubre de 1992, Marion Ploch, quien a raíz de un accidente había sufrido daños cerebrales irreversibles, fue declarada «muerta» en la Clínica Universitaria de Erlangen. Cuando los médicos se disponían a solicitar a los parientes la autorización para trasplante de órganos, comprobaron que Marion estaba embarazada. Se intentó entonces mediante tratamiento intensivo de la parte viva del cuerpo de la «muerta» llegar hasta el parto. El ensayo fracasó a causa de un aborto espontáneo a las ocho semanas. Cfr. Johannes Hoff y Jürgen in der Schmitten (eds.) op. cit., p. 13.

 

257

No hay que olvidar que la definición de la muerte como muerte cerebral fue propuesta por la llamada «Comisión Harvard» en 1968 aduciendo que «criterios obsoletos para la definición de la muerte pueden conducir a controversias en la obtención de órganos para trasplantes». Cfr. Johannes Horf y Jürgen in der Schmitten, «Kritik der ‘Hirntod’ Konzeption» en los mismos autores (ed.), op. cit., pp. 153-252, p. 157. La relación entre la definición de la muerte y el trasplante de órganos ha adquirido nueva actualidad con la propuesta de la «muerte cerebral parcial». No pocos científicos de la medicina y filósofos de la moral temen que, en aras de un mejor abastecimiento de órganos, se emprenda una marcha por una peligrosa ladera resbaladiza.

 

258

Cfr. Stephen R. Munzer, «Property Rights in Body Parts», cit, pp. 262ss.

 

259

Cfr. Eric Rakowski, op. cit., p. 176.

 

260

Cfr. John Harris, op. cit., pp. 137 s.