Ibérica por la libertad

Volumen 11, N.º 5, 15 de mayo de 1963

FLORES PARA GRIMAU

Frank Herrmann

Frente a la embajada de España en Londres

IBÉRICA es un boletín de información dedicado a los asuntos españoles y patrocinado por un grupo de americanos que creen que la lucha de España por la libertad es una parte de la lucha universal por la libertad, y que hay que combatir sin descanso en cada frente y contra cada forma que el totalitarismo presente.

IBÉRICA se consagra a la España del futuro, a la España liberal que será una amiga y una aliada de los Estados Unidos en el sentido espiritual y no sólo en sentido material.

IBÉRICA ofrece a todos los españoles que mantienen sus esperanzas en una España libre y democrática, la oportunidad de expresar sus opiniones al pueblo americano y a los países de Hispano-América. Para aquellos que no son españoles, pero que simpatizan con estas aspiraciones, quedan abiertas así mismo las páginas de IBÉRICA.

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La indignación producida por el fusilamiento de Julián Grimau se ha mezclado, en casi todos los casos, con un sentimiento de estupefacción. A primera vista no se trata sólo de un acto cruel sino también de un acto absurdo. Sin embargo, raramente son absurdos o inexplicables los actos políticos, y su explicación suele aclarar la naturaleza de la situación en que se producen.

El fusilamiento de Grimau, condenado en juicio sumarísimo por un Tribunal Militar, es un acto de guerra. La calificación que ha servido para condenarlo no es imaginable -aplicada a un hombre civil- más que en un «estado de guerra». Los hechos en que se funda esa calificación son de épocas diversas; los primeros se refieren a una guerra efectiva, concluida de hecho hace 25 años; los otros son recientes. La relación de «delito continuado» que se establece entre los unos y los otros sería absurda si no aceptásemos que para el régimen español la guerra sigue abierta. Este estado de guerra continuada, es la primera explicación que cabe dar al hecho y que define, en primera instancia, la naturaleza del régimen español.

Desde este punto de vista hay que rechazar la idea de que el caso de Grimau sea excepcional. La situación de guerra continuada ofrece una serie ininterrumpida de casos semejantes, aunque no siempre tan trágicos. Es un sistema por el que regularmente el poder personal impone al automatismo simple de la justicia militar la represión del enemigo político que, confiada al orden civil, sería más compleja y aplicada por vía gubernativa sería más desairada.

En todos aquellos casos, sin embargo, se daba un ajuste más o menos automático entre la respuesta represiva y una provocación concreta. El caso de Grimau no es el de una reacción en caliente. Dando por supuesto que Grimau fuera una activista de gran eficacia, su acción venía siendo meramente organizativa y no se había producido próximamente ningún movimiento de amenaza pública que pudiera atribuírsele. Para agravar su caso ha habido que retroceder a sus actividades durante la guerra civil. Es imposible creer que esta decisión haya podido darse en el automatismo del aparato judicial. Hay razones para suponer que se trata de una operación calculada. Un mes antes de señalarse la fecha del juicio, el Ministerio de Información había publicado un folleto en el que se presentaban muy aumentados los cargos que después han servido para condenar al acusado. En este folleto se dibujaba un caso arquetípico o, como ahora suele decirse, una figura testifical.

Grimau tenía que servir como testigo de una tesis franquista sostenida obstinadamente ante el mundo y según la cual la guerra civil española no sería algo parecido al primer episodio de la segunda guerra mundial, sino el antecedente de la guerra fría que hemos conocido después. Para ello el franquismo viene sustituyendo la imagen compleja del frente republicano al que tuvo que atacar en 1936, por la imagen exclusiva del partido comunista español y de la revolución desencadenada. Del mismo modo sustituye la imagen de una oposición compleja, e ideológicamente relacionada con el mundo libre, por la de una oposición exclusivamente inspirada en el modelo soviético. De esta manera se quieren absolver los excesos pasados y justificar la perduración de un sistema que no sirve para la paz. Encerrando España en el dilema entre la dictadura reaccionaria y la dictadura revolucionaria se busca la asistencia de las fuerzas de orden del país y la indulgencia de los países occidentales.

Este argumento, muy usado, no bastaría para explicar el hecho si no se le acumulase una motivación más actual. En otro aspecto, la ejecución de Grimau representa un recurso para superar una crisis que podríamos llamar de distensión. Quizá Grimau no hubiera muerto si Franco no hubiera tenido que aceptar en los últimos tiempos muchas cosas que le contrariaban y debilitaban su poder. Ablandamientos impuestos por la presión internacional y por las aspiraciones de los mismos grupos asociados al sistema. Su último discurso revelaba a las claras esta contrariedad y el deseo de recuperar sólidamente las riendas del mando.

Ahora bien, para mandar del todo Franco tiene que mantener la ecuación entre el temor que inspira su violencia y el que puede inspirar la posible violencia de sus adversarios. Por desgracia para Franco sus adversarios históricos venían, ya desde hace algunos años, negándose a favorecer esta tensión. En efecto, la operación de restablecer en España un régimen democrático -e incluso la de reorganizar un dispositivo revolucionario- dejaba de estar relacionada con la idea de una segunda vuelta regresiva, de un ajuste de cuentas. La apertura de un proceso general de responsabilidades por la guerra civil venía siendo renunciada por todos como algo indeseable. En 1939, Franco había cargado todas las responsabilidades de los abusos «equivalentes» producidos por la guerra en la cuenta de sus adversarios vencidos. La justicia quedaba así descompensada y, lógicamente, los que quedaban definidos como reos debían aspirar a convertirse en jueces. Pero han pasado veinticinco años. Han pasado para todos menos, al parecer, para Franco. Los antiguos adversarios del régimen han visto aparecer a su lado nuevas fuerzas de oposición que no tenían cuentas que cobrar. Por otra parte, la forma del mundo bajo cuya presión habrá de organizarse la solución española, no sería favorable a una operación vindicativa que fácilmente sugiere ideas de guerra y exigencias de poder absoluto. La necesidad de cancelar el conflicto pasado y buscar la concordia se ha ido imponiendo en la conciencia de todas las fuerzas opuestas al sistema. Cada vez que las instancias a la pacificación se han hecho explícitas, el franquismo ha reaccionado con un mal humor evidente. El caso más próximo fue el de la cordial confrontación de previsiones llevada a cabo en Munich por grupos y hombres procedentes de las dos partes de la guerra civil. Últimamente estas instancias a la cancelación del pasado y a la previsión «negociada» del futuro, parecían ir calando en importantes sectores «comprometidos» de la sociedad española e incluso en los propios equipos del régimen. Ayudaba a ello el convencimiento de que España debería, a no tardar, reconciliarse ideológicamente con un mundo donde las situaciones de guerra continuada no serían aceptables. Para Franco esto representaba un gran peligro y acabamos de conocer su respuesta.

Así parecerá comprensible lo que al principio parecía absurdo: que se haya promovido un nuevo juicio de guerra, con especial referencia a la guerra civil de 25 años atrás, presentando la actividad de un militante comunista como un acto de continuación de aquella guerra.

Por la lectura, penosa para un español, de los informes sobre el Consejo de Guerra, hay que excluir la idea de que el juicio y la condena se deban al peso criminal de los actos del acusado. Todos los observadores, cualquiera que sea su tendencia, afirman en primer lugar que esos actos se han establecido sobre pruebas indirectas y frágiles y que su descripción suscita inmediatamente el argumento ad hominem que pone moralmente en el banquillo a los agentes, policías y jueces usados por el franquismo durante la guerra civil y en años sucesivos. En segundo término se aprecia que el concepto de delito continuado exige una homogeneidad entre las actividades sucesivas presentadas por la acusación, y si en los últimos años las de Grimau eran puramente ideológicas, está claro que es el carácter ideológico y no el carácter delictivo el que se subraya en los actos anteriores.

Es igualmente absurdo pensar que con la muerte de Grimau se ha querido detener drásticamente la expansión del partido comunista en España. Es evidente que el comunismo se divulga en España a favor de las condiciones objetivas mantenidas por el franquismo, así como se neutraliza en otros sitios por la virtud de unos modelos político-sociales que demuestran a las masas la superfluidad de la revolución. La violencia no impide nada y la muerte de Grimau otorga al partido comunista un nuevo y doloroso título de prestigio. Por otra parte, el régimen -que se deshonra deteniendo, maltratando, matando comunistas e inventándolos a veces- no ha tenido nunca interés en silenciar los testimonios de esta expansión que favorece con sus propios métodos de educación demagógica y autoritaria y en la que busca la dictadura su propia justificación.

Grimau ha muerto «representando» al enemigo de la guerra continuada por las características que a Franco -según su pensamiento inmediatista- le conviene. Pero ha muerto verdaderamente. Porque ante todo se trata de devolverle a esa guerra -ya apagada y conclusa para los españoles corrientes- toda su vivacidad. Grimau es así uno que se había escapado en la cuenta de 1939. Matarle ahora, a los 25 años, es como volver a matar a todos los muertos. Y eso no se hace por simple brutalidad o fanatismo, sino con intenciones bien medidas. Se quiere que una parte importante de la sociedad española acepte su propia responsabilidad, sobre el supuesto de que esta sociedad se ha implicado por aceptación en todas las violencias del sistema y debe temer, por lo tanto, las represalias consecuentes. Para que esto no se olvide hay que renovar la culpa y hay que excitar al adversario impidiendo que su distensión, la disipación de su espíritu de venganza, produzca los efectos tranquilizadores que harían imposible la continuación de un sistema de fuerza. Se trata de volver a presentar el porvenir como algo particularmente amenazador y dramático, haciendo lo posible para que efectivamente lo sea.

Es un acto que define el estilo del poder personal. Un acto, en cierto modo, de reconquista con el que quiere derribarse de un manotazo el castillo de naipes levantado por los colaboradores reformistas, europeístas, liberalizantes del propio régimen, obligándoles por el hecho consumado a reconocerse pura y simplemente cómplices de un sistema de violencia y autoridad brutal.

Franco ha insistido en sus costumbres: la piedad humana no cuenta cuando está en juego el poder, los intereses reales del país se subordinan a la conservación del mando, el problema interno prima sobre las consideraciones de prestigio que afectan a la vida de España en relación con el mundo. Franco ha desafiado una vez más la conciencia moral universal para cortar los peligros del aflojamiento de su sistema y ha querido implicar a todo su sistema en un nuevo acto deshonroso para que no haya retroceso posible. Todo hace pensar que, dejándose llevar de su orgullo, ha calculado mal.

Nadie agradecerá a Franco que haya matado a un comunista por el hecho de serlo. Este es un modo de lucha ideológica que nadie puede aceptar en nuestros días. Es algo que, ni siquiera dentro del sistema español, pueden admitir sin grave contradicción los cristianos que acaban de leer la encíclica de Juan XXIII -a la que el acto de Franco parece dar una réplica airada-, los hombres que piensan que España forma parte de Europa o los militares preocupados por el honor de su país.

Hasta ahora, los colaboradores del sistema, en todos sus grados de vinculación, han «encajado» silenciosamente el hecho. Queremos pensar que no puede durar esta inhibición. Que no puede permitirse cerrar una vez más el círculo de la implicación y del miedo que es la esencia de la guerra continuada y del poder franquista. Las tentativas de los últimos meses, que habían atraído la atención internacional e incluso el interés de los opositores al sistema, se vienen abajo. Hay que esperar alguna resistencia.

La cuestión es grave. Se quiere conseguir la vuelta a una situación cruda y las situaciones crudas no tienen salida. Si los enemigos de Franco no tuviéramos más piedad por España, no sintiéramos más vivamente que él la responsabilidad de su destino, estaríamos de nuevo en el clima de la tragedia. En el clima de guerra que Franco busca para durar. Franco contra la moral, contra la razón y contra todos -aunque no todos lo entiendan- cuando, inevitablemente, está en la «última vuelta del camino».

DIONISIO RIDRUEJO

Manifestación de protesta frente a la Bolsa del Trabajo en París

Desde hace años, en informaciones procedentes de España o en artículos impresos fuera de ella, pero tanto unas como otros de inequívoca fuente palatina, se viene sosteniendo que la única solución pacífica del problema planteado por la persistencia del franquismo consiste en la restauración monárquica, y se añade que esa fórmula la propician incluso los republicanos, a quienes se menciona en primero y destacado término, por delante de socialistas y de sindicalistas, para crear una falsa sensación de unidad entorno al descabellado proyecto.

Ya a comienzos de 1959, en el número de febrero de Ibérica, bajo el título de «Lealtad a España», hube de denunciar y desenmascarar la burda maniobra, a la que ningún auténtico republicano del interior o del exilio presta su apoyo (y, naturalmente, conozco el sentimiento de los republicanos mejor que Pemán, García Valdecasas, Sainz Rodríguez y demás corifeos de Estoril), y que todos los republicanos, de dentro y de fuera, tenemos el deber de combatir, con uñas y dientes si es preciso, como el peor de los posibles desenlaces, que se iniciaría con un fraude sin ejemplo a la ciudadanía nacional, se proseguiría con una dictadura más o menos disimulada y acabaría en una tragedia dinástica, no deseada, sin duda, por los obcecados paladines de la restauración a ultranza («primero monarquía, y después ya veremos»), pero con la que fatalmente se cerraría el ciclo, el día, inevitable, en que España recupere su libertad y vuelva a ser dueña de sus destinos.

Los defensores de tan temeraria solución aducen a su favor que únicamente la monarquía puede lograr la reconciliación de los españoles y que cuenta con el apoyo decisivo del Ejército, que, en cambio, vetaría la República. Examinemos por separado las dos afirmaciones.

Descartada la perspectiva de importar, como en 1870, una dinastía, porque la experiencia de Amadeo de Saboya demostró que los primeros en combatirla fueron los partidarios de los Borbones, sería en estos en quienes recayese la restauración. Pero equivaldría a soñar despiertos suponer que pueda aglutinar a la opinión pública en nuestro país una familia repudiada por el pueblo español hace treinta y dos años; fuertemente extranjerizada, y responsable, en gran parte, de la guerra civil, organizada por hombres y con dinero monárquicos, así como del terror inherente a la misma, desencadenado principalmente, desde los consejos de guerra a los paseos, por personas de dicha filiación. Los españoles tendríamos que sufrir amnesia colectiva para olvidar que a lo largo de veintisiete años, durante los cuales se han presentado innumerables oportunidades de hacerlo, ninguno de los Borbones ha tenido una sola palabra de protesta frente a los crímenes, latrocinios, vejámenes, destituciones y calumnias del franquismo, al que han brindado, por el contrario, constantes muestras de aplauso y adhesión y con el que viven en la mejor armonía, como lo demuestra que no hayan roto en momento alguno las amarras con él y que le hayan entregado, a través del tenebroso y tortuoso Opus Dei, la formación espiritual del aspirante a rey escogido por el caudillo para perpetuar el Movimiento. Súmese a ello que nunca desde 1936 los Borbones o sus portavoces han hecho declaraciones categóricas de fe democrática y liberal y sí tan sólo inquietantes evocaciones de monarquía tradicional (léase, oscurantista y reaccionaria) y anacrónicas invocaciones de derechos imprescriptibles, como si por la circunstancia de haberse alzado Don Pelayo en el año 718 con un grupo de asturianos en Covadonga, tuviésemos en 1963 que soportar treinta millones de españoles a Don Juan o a su hijo.

Todavía, desde un punto de vista verdaderamente monárquico, tan distinto del servilismo palaciego que caracteriza a los escasísimos adeptos actuales de la causa, se concibe que haya en España entusiastas de los Reyes Católicos y de los Austrias: pese al absolutismo que encarnaron y que, dicho sea de paso, sería estúpido juzgar de acuerdo con las estridencias de la leyenda negra, elaborada de fronteras afuera, nuestra patria alcanza entonces su momento histórico culminante, desde el descubrimiento de América y las empresas bélicas y colonizadoras, hasta la literatura (en ese asombroso y doble siglo de oro que se extiende desde Fernando de Rojas a Calderón) o la pintura, pasando por la teología y el derecho, y se explica, por tanto, que aun no siendo la obra personal de los monarcas, se polarice a su alrededor la grandeza impresionante de la época y que, como Hernando de Acuña, haya quienes añoren «un monarca, un imperio y una espada».

Pero, ¿qué le debe España a los Borbones, si exceptuamos al melancólico Fernando VI y al virtuoso Carlos III o, mejor dicho, a los ministros de los respectivos reinados? El balance no puede resultarles más adverso, especialmente a partir de Carlos IV: un saldo exclusivamente negativo de desastres coloniales en América, Filipinas y Marruecos; indignidades sin ejemplo, como la de Carlos IV y Fernando VII prosternándose ante Napoleón en Bayona; ingratitudes (recordemos sólo la ejecución de la nobilísima figura de El Empecinado o el fusilamiento de Torrijos); guerras civiles, revoluciones, dictaduras y pronunciamientos; «leyes de fugas» y torturas; intrigas palatinas y perjurios regios (Fernando VII, Isabel II y Alfonso XIII); farsas electorales e incluso liviandades femeninas tan escandalosas, como las de María Luisa e Isabel II, amén de la notoria degeneración biológica de la dinastía, con su cuadro de idiotas (del calibre del «desgraciado» infante Felipe, hijo de Carlos III), tuberculosos (como Alfonso XII y la reina Mercedes), hemofílicos, sordomudos y ciegos (en las generaciones de nuestros días), y de su incorregible aversión hacia las ideas de libertad, democracia y justicia social, únicas de que cabe aguardar el remedio para los males que aquejan a España.

Recordemos asimismo que la monarquía no es siquiera garantía de estabilidad en nuestra patria, puesto que desde 1808 todos los reyes y regentes, con la sola excepción de Doña María Cristina de Habsburgo, han conocido, antes o después, el destierro. Finalmente, la absoluta ausencia de fervor hacia el trono, reconocida hasta por monárquicos tan destacados como el general Kindelán o Florentino Pérez Embid, y la manifiesta falta de talla de los dos pretendientes, padre e hijo, convierten en aventura insensata la tentativa de restauración. Por lo que concierne al segundo extremo, baste indicar que en estos días (primera quincena de abril) se ha recibido en México, firmada por una de las personalidades que más han batallado por la solución monárquica, una carta en que, con harto sentimiento por su parte, la descarta por completo como viable, ante la creciente tendencia a libaciones de Don Juan y la carencia de cualidades mínimas de gobernante en su hijo. (No estoy autorizado para revelar los nombres del firmante ni del destinatario, pero sí garantizo la existencia de la carta en cuestión, leída por el segundo ante varios amigos). Y por si todo ello fuese poco, la prensa de hoy (12 de abril) se hace eco de las desavenencias entre Don Juan Carlos y su esposa Sofía (perteneciente -conviene también no olvidarlo- a la única monarquía reaccionaria de entre las que subsisten en Europa), determinantes nada menos que de una interpelación en el Parlamento griego.

Pasemos ahora a la segunda de las afirmaciones objeto de este artículo. ¿Será cierto, en efecto, que el Ejército apoya la solución monárquica y se opone a la republicana? Por de pronto, bueno será que los militares españoles hagan examen de conciencia y mediten si la misión de las fuerzas armadas consiste en aprovecharse de los medios que la nación pone en sus manos para imponerle dictaduras tan vergonzosas como la de Primo de Rivera o tan execrables como la de Franco. Mas dejando al margen esa cuestión, para no desviarme de la ruta, los informes más recientes y fidedignos conducen a una conclusión muy distinta de la que con miras torpes e interesadas propalan los monárquicos. Si partimos de que los oficiales suelen graduarse hacia los veinte años y de que han transcurrido treinta y dos desde el derrocamiento de Alfonso XIII, la consecuencia es que la inmensa mayoría de los militares actuales no han servido nunca o no llegaron siquiera a alcanzar la monarquía. En tales condiciones, el supuesto entusiasmo monárquico de las fuerzas armadas y el no menos imaginario veto suyo a la solución republicana, se reducen a vulgares instrumentos de chantaje político de que se sirven los partidarios de la restauración, persuadidos, como lo están, de que el pueblo español, en elecciones «brutalmente sinceras», según en 1931 propugnaba Ossorio y Gallardo, jamás votará por el retorno de los nefastos Borbones y de la monarquía. Téngase, por otra parte, muy en cuenta que desde los albores de época constitucional, siempre ha habido entre los militares españoles elementos republicanos, muchos de los cuales, entre ellos Galán y García Hernández, dieron su vida por la causa; que en 1903 fue precisamente el Ejército quien estuvo a punto de instaurar la República, salvándose el trono en el último instante gracias a las súplicas de la reina Cristina, que provocaron la defección del capitán general Weyler (debo a sus hijos el relato de este episodio); que las fuerzas armadas como tales no se opusieron ni a la República de 1873 ni a la de 1931, a cuyo advenimiento (al de la segunda) cooperaron, en cambio, muchos militares, y que el mismo golpe de Estado de Pavía, que Castelar quizás hubiera podido encauzar, no fue directamente contra aquélla y sí contra la situación caótica en que se debatía; que en la singular modalidad de sindicalismo militar representada por las juntas de defensa predominó, sobre todo al principio, con el coronel Márquez, la tendencia republicana, como protesta contra el favoritismo palatino en el otorgamiento de ascensos; que aleccionados por el fracaso de la intentona monárquica del 10 de agosto de 1932, asfixiada por carecer de ambiente, los sublevados de 1936 tuvieron buen cuidado de no darle a su alzamiento carácter inicialmente antirrepublicano, y, en fin, que si entre los insurrectos hubiese existido ese fervor realista que se les achaca, nadie les habría podido impedir (ni el propio Franco, cuya única verdadera fuerza es el respaldo militar), entonces, en 1939 o en cualquier otra ocasión, llevar adelante sus propósitos restauradores.

Que unos cuantos generales matusalénicos, de los que medraron a la sombra de Alfonso XIII, sean monárquicos, no quiere decir que el Ejército en su totalidad vaya a seguirlos. Más conforme con la realidad de la hora resulta, pues, mostrar la actitud de los militares como dubitativa acerca del problema de régimen; pero la flagrante ineptitud de los dos pretendientes hará que pronto no les quede otra opción que la República, tal vez con preferencia en ellos por la de tipo presidencial. Mientras tanto, las preocupaciones del Ejército de 1963, muy distinto -subrayémoslo- del que hizo la guerra civil, concluida, además, hace casi un cuarto de siglo, se manifiestan en otras direcciones: deseo, no legítimo pero sí explicable, de conservar posiciones y prebendas; temor a una «segunda vuelta», a la que todos debemos oponernos; creencia -a disipar por los hombres de la oposición- de que la caída de Franco se traducirá fatalmente en agitaciones sociales y sacudidas separatistas, factores ambos que fueron -no seamos desmemoriados- el banderín de enganche de quienes en 1936 se bautizaron como «nacionales» para lanzarse a la subversión y tratar de justificarla.

En definitiva, la monarquía, falta de apoyo popular, es sólo uno de los globos cautivos (como Falange y el mismo Opus Dei) que Franco infla o desinfla a su antojo, y de cuyos poquísimos partidarios se sirve no, claro está, para fomentar una suicida oposición contra sí mismo, sino, naturalmente, para sembrar cizaña en el campo enemigo. Por fortuna, el tejemaneje está al descubierto, y en él el triste y vergonzante papel de los monárquicos se reduce, como se dice en México, a ser unos «paleros» del franquismo, del que aspiran a ser continuadores, sin caudillo o inclusive con él tras la cortina. Por tanto, la democratización y liberalización de España les importa un bledo o un comino o, mejor dicho, la perspectiva de que se produzca les causa sudores y angustias de muerte. De ahí que la restauración con que sueñan sea una impuesta por la fuerza, sostenida a la fuerza y -ese sería el doloroso despertar para ellos- derribada también con la fuerza.

NICETO ALCALÁ-ZAMORA Y CASTILLO

He aquí unas palabras del director de Estudios y Programas de la Comisión del Mercado Común Europeo que encontramos en una importante revista bancaria de este país y que nos parecen admirable por su concisión, su exactitud y hasta por la corrección de su estilo.

Parecen estar en la misma línea de las ideas de otros distinguidos economistas en los que puede apreciarse como una posición de reserva o de prudente marcha atrás frente a esa excesiva simplificación, hoy todavía tan extendida, de considerar el dinero como un dios todopoderoso y a los «factores económicos» como los únicos determinantes de toda acción, incluso de las que puedan parecer más puras y desinteresadas.

En lo que respecta a estas cuestiones, creemos que nos hallamos frente a la iniciación de un nuevo cambio de sentido en ese eterno movimiento pendular a que se ajustan el pensamiento y la actividad del hombre en la búsqueda también permanente del perfeccionamiento.

Cualquier persona de mediana edad ha podido apreciar en el lapso que abarca su vida (por lo menos eso es lo que ha ocurrido en nuestra España), que la opinión común de las gentes pasaba de un desinterés, e incluso menosprecio (y no digamos desconocimiento) por los problemas crematísticos, a considerar de manera tajante que la economía es la ciencia fundamental, la que debe ser orientadora de toda actuación, y fuera de la cual, nada encierra verdadero interés.

Según un criterio hoy muy corriente, la política y la sociología no son en esencia más que economía, la técnica se basa en ella, e incluso a la moral, la religión y el arte, si bien se busca, es posible encontrárseles un origen o un motor económico.

A la formación de tal estado de opinión ha contribuido indudablemente el colosal desarrollo alcanzado durante los últimos tiempos por la industrialización y en no pequeña medida la difusión conseguida también en el mundo entero por ciertas propagandas interesadas en apartar a los ciudadanos de cualquier inquietud que no sea la de satisfacer las necesidades primarias de la vida.

El llamado milagro de la recuperación europea y el nivel de vida altísimo alcanzado en América por los Estados Unidos y el Canadá, incluso por masas numerosas de trabajadores, parecen dar la razón a los que así opinan, y justifican la creencia de que el dinero, como una semilla milagrosa, basta sembrarlo para que automáticamente y sin gran esfuerzo, surja la planta frondosa de la prosperidad, generadora a su vez de la felicidad general.

Mas, tomando el problema en su total amplitud, como hacen los que conocen de estas cuestiones, se encuentran, por ejemplo, con que en los países designados con el discreto eufemismo de «subdesarrollados», y que están desparramados por los ámbitos del mundo, la implantación forzada de nuevas industrias o la precipitada mecanización de la agricultura, todo ello a fuerza de dinero, si es cierto que proporcionan un aumento de bienestar a unas minorías, no lo es menos que agravan la situación de siempre precaria de las inmensas mayorías.

Cuando los hombres de la Alianza para el Progreso se enfrentan con la tarea de levantar a Ibero América por el sistema de acabar con la miseria y la ignorancia, a pesar de estar provistos de cantidades considerables de dólares, tropiezan con dificultades ingentes para llevar adelante su generosa labor, que el dinero sólo no puede salvar.

Si se observa lo que ocurre en México, y lo ponemos como ejemplo válido para sus países hermanos y seguramente también para España, que por experimentar un crecimiento anual de un millón de almas, precisa de la creación de no menos de 300 mil plazas nuevas de trabajo en el mismo lapso de tiempo, resulta que sería necesaria una inversión anual de 30 mil millones de pesos en nuevas explotaciones industriales.

Ni existe en el país tal suma disponible, ni tendría la capacidad suficiente para absorber la producción creciente de mercancías que tales fábricas produjeran.

Y como las citadas, más y más fallas podrían encontrarse de la concepción simplista a que nos referimos. El problema, por lo que se ve, no es tan sencillo, y las fórmulas salvadoras, basadas exclusivamente en el dinero, si es que las hay, por lo menos no son de aplicación general y automática. Una gran inversión monetaria puede ser buena en un país de tradición fabril o de nivel de vida elevado y mala para otro que no tenga estas condiciones, que no disponga de riqueza con que pagar y que lo que necesite en primer lugar es instrucción elemental para su pueblo atrasado.

Pero incluso en los países más ricos y de técnica más adelantada, ¿se puede estar seguro de que el camino moderno de la industrialización creciente a ritmo geométrico es el indicado? ¿Se ha pensado en lo que puede ocurrir cuando se produzca la hipertrofia industrial? ¿No será de desear un alto en la marcha que nos permita examinar serenamente si la dirección emprendida es la correcta?

La competencia industrial y comercial, en definitiva lucha por el dinero, es cierto que conduce a la obtención en grandes cantidades de elementos materiales indispensables, cada vez de mejor calidad, pero también que estimula la producción de infinidad de objetos más o menos superfluos, que el comercio se encarga de imponernos por medio de esa droga contemporánea que se llama publicidad, con evidente perjuicio para la economía en su conjunto.

A este respecto, si nos fijamos sólo en los trabajadores modestos, sobre todo de los países pobres, que son la inmensa mayoría, convendremos en que laboran durante largas jornadas en las que están sometidos a una rígida disciplina fabril, con el fin primordialísimo de adquirir a duras penas la imprescindible alimentación para ellos y sus familiares. ¿No se piensa que con el mismo o menor esfuerzo, podrían obtener esos elementos en abundancia, incluso con sobrantes que poder intercambiar, dedicándose a trabajar en parcelas de su propiedad?

Y ya que tocamos este tema, ¿cómo no darse cuenta del tremendo error que supone el considerar, como hacemos hoy, la producción del trigo o del maíz, por ejemplo, así como la carne y el pescado, con un concepto puramente comercial, como si se tratara de automóviles o televisores, cuando los dos tercios de la población humana carecen de la suficiente alimentación? ¿Es posible en nuestro tiempo, que gobiernos o particulares se consideren en el derecho de limitar la obtención de productos comestibles para que no dejen de ser rentables, cuando millones de personas mueren de hambre?

Ya sabemos que estos males son consubstanciales con el sistema imperante en casi todo el mundo, basado en el principio, tan ligado con la naturaleza humana, del lucro como premio del esfuerzo o la iniciativa particulares, y que querer buscarles un remedio es asunto delicado, porque puede caerse fácilmente en un ingenuo arbitrismo.

Sin embargo, aún con ese riesgo, debe hacerse, no sólo porque tal búsqueda es una exigencia moral de solidaridad humana, sino porque, como parece obvio, la organización basada en el interés personal exclusivamente se manifiesta incapaz de resolver la enorme tarea de dar medios de vida y seguridad suficientes, no ya a la totalidad, pero ni siquiera a la mayoría de los seres humanos. Ha sido y es capaz de haber creado cantidades enormes de riqueza que representan un mejoramiento del bienestar de grupos ciertamente numerosos, pero con una evidente tendencia a la concentración en pocas manos y con la consecuencia de dejar en el desamparo, y en muchos casos de provocar el empeoramiento de las clases más pobres, más atrasadas, en definitiva más débiles, que son eternamente las más numerosas.

Tal hecho origina otro argumento en favor de la necesidad de un remedio a tal situación, argumento que podríamos llamar de tipo coactivo, y que no es otro que el estado de inquietud, cada vez más palpable, en que se encuentran los pueblos «subdesarrollados», y dentro de ellos, las masas más necesitadas.

La amenaza que tal inquietud lleva implícita, no se sabe dónde puede conducir cuando se concrete en actos. Sabido es que los movimientos violentos, aunque suelen ser gestados por solicitaciones de justicia, no siempre desembocan en situaciones en que ésta impera, ni resultan respetadas la Libertad y la Democracia.

Volviendo al pensamiento que encabeza estas líneas, diremos para terminar, que en efecto, el dinero, que en esencia es trabajo acumulado, no puede ser un talismán que todo lo resuelva, sino que constituye, en el mejor de los casos, una fuerza poderosa que actúa como estimulante o «excitador» para que los hombres sigamos trabajando para poder seguir viviendo. «Ganarás el pan... »

En cambio, es preciso que seamos capaces de conjugar adecuadamente esos «magníficos» verbos que en dicho pensamiento se mencionan. Puesto que la ciencia moderna nos da conocimientos técnicos suficientes, «sepamos» reflexivamente en qué dirección aplicarlos, y «queramos» también hacerlo, no como hasta ahora, con miras al medro personal únicamente, sino de una manera coordinada, humana y hasta generosa, que en definitiva resulte ser más eficaz. Seamos capaces de liberarnos de la rutina y de descubrir el camino mejor, aunque resulte distinto del habitual, tengamos la decisión de liberarnos de voracidades atávicas, así como la necesaria clarividencia para conceder a las actividades del espíritu la superior dignidad que merecen.

Únicamente de tal manera «podremos», cuando el momento llegue, hacer que nuestro país, que es donde está centrado nuestro deber, logre dar el arranque, tan esperado, que le permita liquidar esta época de inmovilidad, de incertidumbre y de tránsito y lo equipare, por lo menos en el orden material, con los que han sabido organizarse de una manera más eficaz y más razonable.

ERNESTO NAVARRO

ALGUNAS OPINIONES SOBRE LA EJECUCIÓN DE GRIMAU

Pietro Nenni

El jefe del Partido Socialista Italiano, Sr. Pietro Nenni, en artículo firmado, aparecido en el periódico Avanti del 21 de abril, titulado «Un crimen inexpiable», dice:

A. C. Jemolo

El eminente jurista, prestigiosa figura también entre los ensayistas, católico liberal de izquierda, A. C. Jemolo, ha publicado en La Stampa del 21 de abril un artículo titulado «Una ofensa al Derecho», del que reproducimos los siguientes párrafos:

Manifestación en la Plaza de España, Roma

El primer ministro de Dinamarca

El periódico gubernamental Aktuel inserta unas declaraciones del Primer Ministro Mr. Krag, de las que reproducimos los párrafos siguientes:

Crimen de estado

Nos lo decían tanto que, a veces, llegábamos a creerlo. El Gobierno quería «liberalizarse», también esos hombres querían borrar el espectro de la guerra civil; el Sr. Fraga Iribarne enarbolaba la mejor de sus sonrisas ofreciendo vino a los periodistas y bombones a las señoras; los diplomáticos hablaban del «Estado de derecho» español en las cancillerías del mundo libre... Naturalmente, los clarinazos de la triste realidad (consejos de guerra, censura, discriminación social, arbitrariedad) impedían a los observadores honestos tragarse la dorada píldora. Y sin embargo, nadie podía impedirse de pensar, aunque fuera unos instantes... «a lo mejor, también ellos cambian».

Y de repente, la España siniestra de 1939 y 1940, la España de las ejecuciones al alba, de los consejos sumarísimos sin pruebas, a base de acusaciones disparatadas, la España de ese hombre frío, con su gorrito cuartelero, desafiando a la conciencia mundial, la España del «derecho de cruzada», del derecho de conquista, está presente con la misma crueldad, con el mismo desprecio a la moral y al derecho.

Creo haberme referido al caso de Julián Grimau, cuando fue proyectado desde una ventana de la Dirección de Seguridad, al callejón de San Ricardo, el pasado mes de noviembre. Los policías lo quisieron matar allí, como hace diez años mataron a Centeno, dirigente del Partido Socialista. Pero ahora hay la ONU, el Mercado Común, las inversiones extranjeras, etc., y era mejor simular un suicidio. Marraron el golpe, pero aquel mismo día el Sr. Fraga Iribarne no tuvo ya empacho en decir que Grimau era un criminal que había asaltado el cuartel de la Montaña en 1936. (Luego no se ha vuelto a hablar de eso, pero el caso es calumniar y el ministro de «contra-información» es un especialista en el género. ¿Se ha olvidado ya que calumnió a Galíndez, después de ser asesinado por Trujillo, tratándolo de agente comunista?)

En plena Semana Santa, cuando el Caudillo y su esposa se extasiaban ante los altares con aparente fervor religioso, cuando el Sr. Stevenson recorría encantado España, comenzó a circular la noticia. En los días de Pascua iba a ser juzgado Julián Grimau (apenas repuesto de sus heridas) se le pediría la pena de muerte y sería ejecutado a las pocas horas del juicio. Camilo Alonso Vega y el coronel Eymar parecían ser los más obstinados defensores de este procedimiento.

Digamos toda la verdad. Nos pareció demasiado monstruoso. Dudábamos. ¿No sería una exageración de los correligionarios de Grimau? Pronto se disiparon nuestras dudas. Todo era cierto. Sin embargo, el imperturbable Fraga Iribarne declaraba el martes 16 por la tarde que «la instrucción de la causa no estaba aún terminada» y que por consiguiente, «no se podía hablar de juicio y aun menos de condena a muerte». Nadie se lo creyó, porque el abogado civil don Amandino Rodríguez Armada, sabía ya que el juicio iba a verse inminentemente y también ya había sido designado el defensor militar (único que interviene en el proceso), capitán Rebollo, de 29 años de edad, muy conocido en los medios de Acción Católica.

El miércoles siguieron negando en el ministerio de Información la inminencia del juicio. Fraga no dio la cara, pero su secretario dijo a los abogados de la esposa de Grimau (un inglés, un francés y un italiano) que no sabía nada. Estos se enteraron dándole una propina a un individuo que estaba de guardia en el local de la calle del Reloj. Esta reducida sala de audiencias no se había visto nunca tan abarrotada como el jueves 18 de abril; estaban presentes numerosas personalidades extranjeras, obligadas también a dejar en la puerta su pasaporte.

La vista duró cuatro horas escasas. La acusación fiscal no aportó ni una sola prueba. Lo que llamaban «pruebas» eran unas declaraciones recogidas no se sabe cómo de terceras personas en las que se relataban los daños sufridos por personas y bienes en Barcelona durante la guerra, en total confusión de lo que se refería a Brigada criminal, Policía de seguridad política y SIM (sabido es que Grimau fue jefe de la Brigada criminal, que se encarga tan sólo de las cuestiones de delitos de derecho común). Sería tan prolijo relatar todos los absurdos jurídicos de esta acusación, como fácil es comprender su arbitrariedad. Ni una sola de las supuestas víctimas, que viven, de la actuación de Grimau ha comparecido como testigo de cargo en el juicio, ni ha sido confrontada con el acusado, ni siquiera ha hecho su declaración en un atestado policial en regla. Ha habido personas dispuestas a testimoniar en favor de Grimau, a quienes se les ha negado tal derecho. Baste con decir que, pese al aluvión de denuncias procedentes de personas de derecha que se produjo al final de la guerra, no hay vestigio de que entonces haya sido presentada una sola contra Grimau.

El Fiscal llegó en sus concepciones extrañas a acusar a Grimau de «organizar la introducción de agentes en organizaciones clandestinas para deshacerlas». Es decir, lo mismo que ellos hacen hoy, pretendiendo ignorar (en el caso que eso fuera verdad, que no lo es, en razón de las funciones de la Brigada criminal) que se trataba del Gobierno legal de España defendiéndose contra organizaciones clandestinas que cooperaban con una sublevación armada. Porque aquí se descubre otro de los objetivos de este proceso: amalgamar la personalidad comunista de Grimau y su actividad de funcionario del Estado republicano durante la guerra. Porque, se le ha condenado a muerte y ejecutado, no por sus actividades comunistas de 1961 y 1962, sino por su cargo de funcionario del Estado republicano de 1936 a 1939. El remate de todo esto ha sido la creación de la figura jurídica «delito de rebelión militar continuo», en el que se mezclan las supuestas acciones criminales de hace un cuarto de siglo, el hecho de que cuando estuvo exilado no dejó de ser comunista y un «delito» de estricta actividad política en los dos últimos años.

«He venido a defender la justicia y la vida de un hombre»

El defensor, que tenía dos años cuando acaecieron los hechos objeto de la acusación (el hecho es terrible como símbolo) los descompuso y los situó en hechos de la guerra y recientes. Le fue fácil demostrar que no había una sol a prueba establecida con arreglo al procedimiento judicial, que la brigada criminal no tenía nada que ver con «chekas» ni organismos de represión política y, en fin, que entre las declaraciones figurando en la instrucción no había ni una sola de testigos directos de los hechos imputados. Como el fiscal le interrumpiera una vez, el capitán Rebollo respondió: «Aquí no hemos venido a hablar de comunismo, sino a defender la justicia y la vida de un hombre».

Julián Grimau, con una extensa cicatriz que le surcaba la frente, se mantuvo dolorosamente en pie, pero con serenidad impresionante. Dijo también que las funciones de la brigada criminal eran las de perseguir atracadores, ladrones, estafadores, etc., sin relación con la policía política. Afirmó ser comunista desde 1936 y que lo sería hasta la muerte («entonces, no lo vas a ser mucho tiempo», murmuró sonriendo un policía presente en la sala). Dijo también que en noviembre de 1962 no había intentado suicidarse. En este momento, el presidente le cortó la palabra diciendo: «Bueno, ese es un asunto que se verá después ante un tribunal civil; nosotros no entendemos de eso» (En el acto de conciliación de la querella presentada por el abogado de Grimau contra Arriba por calumnias, el director de este periódico no pudo presentar una sola prueba de sus afirmaciones).

Terminó la vista. No era pública la sentencia, pero pronto se supo que estaba condenado a muerte. Antes de cenar, el capitán general de la primera región García Valiño (ese que juega a la oposición, cuando no le dan buenos cargos) ratificó la sentencia.

Es difícil describir la emoción que había en Madrid, el viernes 19 en los medios intelectuales, católicos, periodísticos, grupos de oposición, etc. Se sabía que el mundo entero pedía clemencia, y del ministerio de Asuntos extranjeros se filtraban noticias, como la intervención de dos cardenales franceses y del Gobierno de Argelia.

Don Ramón Menéndez Pidal se marchó a Toledo, para pedir la intervención del cardenal primado. Llevaba un escrito de las primeras cincuenta personalidades de la cultura española que encabezaban él mismo, Teófilo Hernando, Xavier Zubiri, García Moreno, Bergamín, Laín Entralgo, Aranguren... No consiguió más que buenas palabras.

En Madrid, Ruiz-Giménez visitaba a Muñoz Grandes, a Fraga, a Castiella..., todos respondían con evasivas.

Se supo que las tropas tenían orden de acuartelamiento y en los lugares más estratégicos podían observarse los refuerzos apostados de Policía armada.

Sin embargo, algunos se resistían a creer en lo peor. En la embajada británica se respondió al Foreign Office que no creían que se ejecutase la sentencia. El mismo criterio tenía el embajador de Francia.

Más de diez horas duró el Consejo de ministros y sobre él se han dado las versiones más diversas. Naturalmente, la tendencia constituida por Solís y Fraga trata de hacer recaer la culpa sobre Franco y sobre el «Opus Dei» y salvar a Muñoz Grandes. En los medios del «Opus Dei» se dice que sus ministros estuvieron contra la ejecución, sobre todo Ullastres. Es difícil saber la verdad, pero hay algunos hechos establecidos que conviene señalar: a) los generales Camilo Alonso Vega y Pablo Martín Alonso exigieron la ejecución de la sentencia; también Muñoz Grandes, pero de manera más matizada. Castiella, atento a las repercusiones internacionales, estaba en contra. Franco, por acción o por omisión (y los que lo conocen saben mucho del significado de sus silencios) ha sido el primer responsable y sólo de él dependía la posibilidad de la gracia (pero, ¿por qué ratificó la sentencia Valiño?). En fin, todos los ministros se han hecho solidarios de este crimen de Estado. Fraga Iribarne, maestro en la bajeza, es responsable de haber dicho al comunicar la negativa de gracia «Grimau era un torturador profesional». La verdad es que se puede pensar lo que se quiera de la conducta política de un José Antonio Primo de Rivera, pero ¡qué diferencia entre su caballerosidad y su hombría y la avilantez de estos hombres que ni siquiera sienten el ideal político, que están ahí empujados por su frenética pasión de arrivismo!

Evocación de la guerra civil

Y para que el crimen fuera una completa evocación de la guerra civil, fue un pelotón de soldados marroquíes, pertenecientes al regimiento de Wad-Ras, el encargado de ejecutar la sentencia.

Apuntaba el día, a las cinco y media de la mañana del sábado 20 de abril cuando Julián Grimau, después de rechazar los sacramentos, se puso delante del pelotón con la misma imperturbable serenidad del día del juicio, reconocida incluso por los policías allí presentes.

Poco antes de las ocho, don Amandino Rodríguez Armada (Abogado consejero de Grimau) -siempre objeto de amenazas y después de un atentado frustrado- comunicaba la terrible noticia al mundo. La impresión, en los medios que seguían de cerca este asunto, fue de las más penosas de todos estos últimos años. ¡La guerra civil estaba ahí, impuesta por el Gobierno! En la Universidad hubo un conato de manifestación; intervinieron los guardias y detuvieron a cuatro estudiantes, cuya suerte todavía se ignora. Intelectuales y escritores se dispusieron a expresar su protesta por nuevos escritos. Y aquel día, aquella noche, todo el mundo escuchaba las radios de Francia, de Italia, de Inglaterra y comprendía que el mundo entero sentía como una afrenta el último crimen de los dirigentes del Estado español. No llegaron periódicos franceses a los quioscos, ni siquiera el ultraderechista L'Aurore. Luego se ha sabido que todos estigmatizaban el crimen. Después hemos visto de todo; hasta la incautación de New York Times, porque daba cuenta de una conferencia de prensa de la esposa de la víctima.

Por su parte, el Gobierno llamaba a Madrid a los corresponsales de prensa española en el extranjero, para preparar la operación que se ha puesto en marcha. Que sean ellos, desde distintas capitales, los que lleven la campaña contra la oleada de indignación mundial. Algunos de ellos se han excedido en su tarea; se conocen los nombres de todos. Alguno como el falangista Capmany, desde Roma, ha escrito tales cosas que serían susceptibles de querella criminal en aquel país. Otros, como Salas Guilior, dejan escapar trozos de verdad: «lo de menos son los dicterios de L'Unita; lo importante son las protestas de las agrupaciones centristas y derechistas». Es triste para quien sabe algo de España que Jaime Pot Girbal denuncie implícitamente en Ya al corresponsal de Le Monde en España, que ha sido objeto de diversas amenazas. El Ya ha batido todas las marcas de vileza exaltando en artículos histéricos «la condena de un vulgar criminal». El Sr. Ruiz-Giménez ha creído necesario mostrar su incompatibilidad con esos procedimientos dimitiendo todos sus puestos en dicho diario y en la Editorial llamada católica.

Malos momentos para el ministro francés

Al mismo tiempo que esto sucedía llegaba a Madrid el ministro de Hacienda del Gobierno francés, Sr. Giscard d'Estaing. Como ya habíamos anunciado se proponía conceder a España un crédito de 150 millones de dólares entregado en dos veces a cambio de que se comprase maquinaria francesa. El momento no podía estar peor elegido. El mismo sábado, cuando aún estaba caliente el cuerpo de Grimau, mantuvo una primera conversación de tres horas con Navarro Rubio, a la que también asistieron Ullastres, Vigón, López Bravo y Rodó. Eso fue todo. A media tarde hubo telefonazo de París. Y ahí acabó la visita oficial del Sr. Giscard d'Estaing, que se fue el domingo a ver Toledo. Costó «Dios y ayuda» a los ministros españoles que visitase al Caudillo, el lunes por la mañana, antes de regresar a París. Por fin lo hizo, pero bajo la promesa formal de que no habría fotógrafos en el acto.

El comunicado de prensa de la entrevista sólo fue dado el domingo a las diez de la noche y es de una total vaguedad; se dice tan sólo del objeto central: «los Srs. Navarro Rubio y Giscard d'Estaing han abordado el problema de las exportaciones de bienes de equipo francés a España y la parte que esas ventas podrían tener en la ejecución de su Plan de desarrollo». El ministro español ha sido invitado a ir a París para proseguir las conversaciones.

Los medios oficiales españoles pensaban pedir 400 millones de dólares. Y he ahí el resultado. Como siempre, la prensa española se desvive para explicar que no ha habido nada anormal, que todo estaba así previsto, y hasta inventa mentís oficiales franceses que, según los medios diplomáticos de ese país, no existen más que en la imaginación del Sr. Fraga y de sus servidores.

Hasta aquí el relato de los hechos. Ahora hay que hacerse la pregunta, ¿por qué este derramamiento cruel e inútil de más sangre española? Todos los observadores coinciden en afirmar que, al actuar así, el Gobierno de Franco se ha cortado definitivamente sus posibilidades de entrar en las instituciones europeas y ha agravado en gran medida sus relaciones con los países del mundo libre. Y no hablemos de África, porque ya se lo ha hecho saber claramente el Gobierno de Argelia al embajador español, llamado para ello a su ministerio de asuntos exteriores.

Las razones del acto monstruoso

Cuesta también mucho trabajo creer que el rencor y la sed de venganza sean los solos consejeros de este acto, mal visto también por el Vaticano y por casi todo el mundo católico.

¿Cuál es la razón? A pesar de todas las prohibiciones ha llegado a conocerse en Madrid un artículo de Dionisio Ridruejo publicado en Le Monde de París. Este artículo ha provocado ya una andanada de injurias soeces por parte de Arriba. Se comprende. En él se explican con toda lucidez las causas del «estado de guerra continuo». Se trata, para Franco y su Gobierno, de que reviva la guerra civil, de crear complicidades, de hacer que hombres y grupos que intentan aperturas, tímidas, es verdad, se manchen de sangre. En pocas palabras, Franco les dice: «estamos todos embarcados en el mismo navío, y si se hunde os ahogáis vosotros conmigo». Dentro del régimen, las tendencias hacia el presidencialismo, hacia una mayor democracia sindical, el falangismo de izquierda, etc., son otras tantas confesiones de su fracaso, grietas abiertas en su ya poco sólido edificio. Fuera del régimen, desde la oposición moderada hasta la que se suele llamar de extrema izquierda, todos quieren que la guerra civil sea definitivamente superada, quieren que los españoles olviden sus rencores y miren al presente y al porvenir. Y esto ocurre, no por capricho político de estos o aquellos, sino porque los españoles no quieren saber nada más de los horrores de la guerra civil. Pero, superar la guerra civil, significa liquidar su albacea testamentario, el régimen de Franco, que reposa todavía en «sus» muertos, en «su» Cruzada. Para Franco, fiel a sí mismo (la única fidelidad que conoce) el mantenimiento del espíritu de guerra civil vale más que los intereses de España, más que la justicia, más que la religión, más que el prestigio nacional.

Naturalmente, sólo ha transcurrido una semana desde la ejecución de Grimau y ya quieren Fraga, Solís y consortes jugar a los Poncio Pilatos. «Ellos no querían eso; era un error político». Puede asegurarse que si se pregunta uno por uno a los ministros si han querido la ejecución de Grimau, todos salvo Alonso Vega, Martín Alonso y alguno otro más, dirán que no. En verdad, Franco es el primer responsable, pero resulta muy cómodo participar en la dirección del Estado y «escurrir el bulto». El crimen de Estado ha tenido sus autores y sus cómplices. Esto no es posible ignorarlo, ni dentro ni fuera de España, aunque sólo sea por guardar un mínimo de decoro. Los españoles no quieren guerra sino paz, pero no habrá paz mientras el poder siga en manos de esos hombres que -ellos sí- han perpetrado un crimen de Estado continuado desde hace un cuarto de siglo.

TELMO LORENZO

Madrid, 28 de abril de 1963

El último acto político del gobierno franquista ha repercutido en el extranjero con amplitud y resonancias desusadas y contrarias a los propósitos que el acto encubría. Debe entenderse que aludimos al fusilamiento de Julián Grimau.

De todos los ángulos sociales han surgido afirmaciones sobre las supuestas razones del acto mismo, cuya gravedad ha patentizado el propio Gobierno dedicando toda una sesión del Consejo de Ministros, de una duración de más de diez horas, a la discusión de la ejecución o conmutación de la pena de muerte, impuesta por el tribunal militar a Grimau.

Se han señalado estas suposiciones: Franco ha querido reavivar el espíritu de la guerra civil; la impresión de inseguridad que le ha ido dominando como consecuencia de la conmoción producida por la encíclica papal en el clero -uno de sus dos pilares en el que se apoya- la necesidad de advertir a los grupos que, alrededor suyo, se disputan su sucesión; una advertencia a la oposición. Sin negar que esos razonamientos son lógicos, dados los procedimientos usados, hoy como ayer por el franquismo, no aparecen, a nuestro juicio, como determinantes del acto.

¿Por qué ha matado Franco? se pregunta toda la prensa. ¿Por qué se ha ejecutado a ese hombre por supuestos actos cometidos hace más de 25 años? No hay más contestación a esas preguntas que esta: el acto monstruoso ha sido una operación calculada, calculada fríamente en la que nada ni nadie ha podido intervenir ni influir. Ahí están las protestas serenas, razonadas o indignadas de personalidades de los matices ideológicos más diversos, de todas las tendencias sociales, de grupos políticos antagónicos; esas personalidades las pudiéramos citar en una escala que va desde Su Santidad Juan XXIII hasta Krouchtchev; ahí están personalidades eminentes del sacerdocio católico; los dirigentes de partidos políticos que van desde los democristianos hasta los comunistas. Dentro de España, donde levantar la voz para protestar contra un acto del gobierno es exponerse a duras sanciones, y más si es un acto de la gravedad del que comentamos, han manifestado su repulsa a la ejecución de Grimau más de cincuenta personalidades representativas de la cultura española, en un escrito en el que pedían la intervención del Cardenal Primado, Pla y Deniel, escrito llevado personalmente en mano a Toledo por D. Ramón Menéndez Pidal, esa figura española, venerada por todos. La Nunciatura de Madrid recibió un telegrama del Papa antes de que fuera ejecutada la sentencia, pero Franco se negó a recibir al Nuncio Apostólico de Su Santidad. El Dr. Eijo y Garay envió un telegrama a Franco solicitando la conmutación de la pena; el arzobispo de Zaragoza, Casimiro Morcillo, se personó en la Nunciatura para solicitar se interviniera antes de la confirmación de la pena; el obispo de Lugo, a solicitud de Acción Católica, se desplazó a Madrid para pedir el indulto. En Madrid y Barcelona han circulado profusión de octavillas, firmadas por diversas organizaciones, protestando contra la pena impuesta a Grimau; en Vigo, Orense y Pontevedra circularon impresos con un llamamiento al pueblo para que enviaran cartas y telegramas al Tribunal militar de Madrid pidiendo la libertad de Grimau. Todo ha sido en vano.

Con estupor hemos podido comprobar que los hechos que se dice fueron ejecutados por el condenado, los ha basado el Tribunal militar en leyes retroactivas y las leyes, según los principios del derecho penal de todos los países donde se respetan, nunca pueden tener efectos retroactivos. Los hechos atribuidos a Grimau se han señalado como cometidos durante la guerra civil, es decir, entre 1936 y 1939. Pues bien, en esa época el Código Penal vigente era el de 1932, dictado por las Cortes republicanas, en el que se había suprimido la pena de muerte, Código que estuvo en vigor hasta 1944, en que Franco volvió a establecer la pena de muerte. Pero, además, los delitos prescriben con el tiempo y el mismo Código Penal de la España de Franco, señala que los delitos, a los que corresponda la pena de muerte, prescriben a los 20 años.

Julián Grimau ha sido condenado y ejecutado en virtud de leyes dictadas por Franco con posterioridad a la supuesta comisión de los delitos atribuidos al acusado y con aplicación de un nuevo procedimiento inquisitorial de guerra.

¿Por qué tanta injusticia y tanto atropello de las leyes? Esta es la pregunta obsesionante a la que no se le puede encontrar justificación, pero acaso pueda explicarse. Ninguno de los razonamientos apuntados -como hemos dicho- aparecen, a nuestro juicio, como determinantes de ese acto monstruoso del Gobierno con el que ha desafiado a la opinión mundial y del que son responsables todos sus miembros, Franco a la cabeza.

Franco ha dirigido sus fusiles en el interior con el propósito de recordar que sigue siendo el hombre de 1939 y mostrar su poder intacto ante las naciones del occidente, subrayando su anticomunismo que le habría de otorgar el crédito de esos gobiernos y en consecuencia le facilitaría la entrada en la OTAN y en el Mercado Común. Pero sus cálculos han fallado, la operación ha sido mal calculada. La reacción mundial se ha de traducir en una firme y digna repulsa a la entrada de la España de 1939 en ambos de los citados organismos internacionales, de cuyos principios abominan gobiernos que defienden su tiranía con actos deshonrosos y siguen hollando los derechos humanos.

El caso Grimau: la prensa francesa

PARÍS, 20 abril, Ibérica: -La condena a muerte de Julián Grimau ha desencadenado comentarios unánimes de repulsa en toda la prensa de este país. Tratamos de hacer un resumen ante la imposibilidad de dar en extenso todo lo publicado.

Desde el día 18 hasta el de la ejecución de Grimau, L'Humanité, periódico comunista, ha venido insertando en toda su primera plana, informaciones y comentarios sobre el caso, lo que es lógico habiendo sido Grimau un militante comunista, pero la unanimidad de toda la prensa democrática señala que la pena ha sido impuesta contra la justicia y contra la ley.

El periódico Combat del 19 dice:

Le Monde, en su edición de ese mismo día, en una nota firmada por Robert Escarpit, dice: «Parece que Julián Grimau ha sido condenado por los crímenes cometidos durante la guerra civil». Yo me pregunto qué es lo que el tribunal ha podido juzgar en este asunto sino recuerdos y sombras. Después de un cuarto de siglo la venganza es aún posible, ¿pero qué queda de la justicia?«

El mismo periódico, en su edición del 21, dedicó un largo editorial comentando la ejecución de Grimau, de él reproducimos los siguientes párrafos:

Manifestaciones en favor de Grimau

En Estockholmo, Amsterdam, Lieja, Nápoles, Milán, Lyon, Marsella, Burdeos, Lille, Bayona y en otras ciudades importantes de Francia, se organizaron manifestaciones en favor de la amnistía de Grimau, que llegaron hasta las embajadas y consulados. Desde el mismo día de conocerse la sentencia decenas de millares de telegramas fueron enviados a España.

Hay que subrayar la manifestación de protesta en París. La manifestación rodeó los alrededores de la embajada franquista, desde el puente de l'Alma a los Campos Elíseos y la avenida del Presidente Wilson. La nutrida policía no dejaba llegar la manifestación hasta las puertas de la embajada, pero se dejaba pasar un miembro de cada delegación, acompañado de un policía, para depositar las peticiones escritas. Las peticiones y cartas se amontonaban en la mesa de entrada, donde un funcionario las recibía. La manifestación enarbolaba grandes letreros en los que se leía: «¡Libertad para Grimau!», «¡Franco asesino!». La multitud daba gritos en francés y en español contra Franco y pidiendo la libertad de Grimau. La manifestación que duró más de una hora, siguió por la avenida Montaigne y se disolvió en los Campos Elíseos.

La radiodifusión francesa, estrechamente controlada por el gobierno, ha dado también amplias informaciones en sus emisiones haciendo resaltar que la pena de muerte ha sido dictada por «delitos» cometidos hace más de veinticinco años. La televisión, en sus dos emisiones de anoche, difundió un amplio reportaje de la manifestación y del encuentro entre los manifestantes y los guardias de orden público oyéndose claramente los gritos de «¡muera Franco!» y «¡Franco asesino!», que lanzaban los manifestantes.

40.000 personas ante la bolsa del trabajo

PARÍS, 24 abril, Ibérica: -Los periódicos de ayer tarde y los de hoy dan cuenta de la imponente manifestación de ayer a las 6 de la tarde, ante la Bolsa del Trabajo. Unas 40.000 personas integraban la manifestación, respondiendo así al llamamiento hecho por la Liga de los Derechos del Hombre, por los partidos de izquierda, sindicatos y numerosas asociaciones democráticas.

La policía había colocado barreras metálicas para que la multitud no impidiera la circulación en los alrededores de la plaza, pero fueron derribadas por los manifestantes que invadieron las calles y cortaron la circulación. La multitud profería gritos contra Franco y su régimen y contra la ayuda a Franco.

El único orador fue el señor Daniel Mayer, presidente de la Liga, que pronunció su discurso desde el balcón de la Bolsa, teniendo a su lado a la viuda de Grimau. El señor Mayer terminó su discurso con estas palabras: «El combate heroico de Julián Grimau no habrá sido en vano. Que se refuerce nuestra unión de todos los demócratas de Francia, para ayudar al pueblo español a terminar con el régimen franquista».

En Suiza

GENÈVE, 22 abril, Ibérica: -El Journal de Genève, en su edición del 19, publica una información sobre las manifestaciones de protestas en diferentes países por la condena a muerte de Grimau; dictada por el tribunal militar de Madrid y reproduce la tesis del abogado militar de la defensa, D. Alejandro Rebollo, en la que afirmó que los testimonios contra el acusado eran «de segunda mano y contradictorios». En su edición del 20 el mismo periódico, bajo el título «El escándalo de la justicia franquista», dice: «Al final de un proceso de esta especie, una sola culpabilidad aparece evidente: la del régimen».

El Comité suizo de amnistía política en España, hizo entrega en la embajada de España en Berna, de una protesta contra la condena de Grimau, la que firmaron diferentes personalidades suizas, entre otras E. Ansermet; A. Chavanne, consejero de Estado de Ginebra; F. Bourquin, consejero de Estado de Neuchatel; los consejeros nacionales Gallus Berger, Claude Berger y Otto Schutz; el Premio Nobel Leopold Ruzicka; el padre Kaelin, el pastor Werner, etc., etc. Inserta también el periódico distintas cartas de protesta, entre otras la de Khrouchtchev.

La Feuille d'Avis de Lausanne, en su edición del 22, bajo el título «Grimau fusilado en Madrid» es una advertencia a los españoles, dice: «La ejecución constituye una advertencia para los hombres de todas las tendencias que quisieran empujar más lejos y más rápidamente el movimiento de liberación». En otro fondo el mismo periódico y bajo el título «Un asesinato legal», dice: «Este acto ignominioso aparece exactamente en la línea implacable que ha seguido siempre el general Franco: mantener el orden a cualquier precio, por la represión y por el ejemplo, igualmente brutales. Para el caudillo, después de veinticinco años, España continúa en estado de sitio».

La Gazette de Lausanne del mismo día reproduce las declaraciones de la señora Grimau y del abogado inglés Sr. Gavin Freeman, que asistió a Grimau, en la que afirma que «la ejecución de Julián Grimau ha sido un crimen premeditado. No ha habido proceso, todo estaba decidido con anterioridad».

En Inglaterra

LONDRES, 22 abril, Ibérica: -La prensa inglesa, unánimemente, desde el Daily Worker hasta el Times, Daily Herald, Sunday Times, etc., ha insertado amplias informaciones, fotografías y comentarios condenatorios sobre la ejecución de Grimau. Hemos de señalar el gesto emocionante de la manifestación ante la embajada de España, en Belgrave Square, de la ofrenda de flores y banderas tricolor de la República, depositadas cuidadosamente en la calle por los manifestantes, acto del que el periódico Sunday Times inserta en su edición de ayer una gran fotografía con el título «Las protestas del mundo siguen después de la ejecución». En fin, podemos afirmar que desde los católicos hasta los comunistas, las protestas por la ejecución de Grimau y los juicios más duros y justificados para el régimen franquista, han sido unánimes. El calificativo de «crimen político» lo hemos leído profusamente.

Declaraciones de dos abogados extranjeros

PARÍS, 25 abril, Ibérica: -El abogado inglés de Londres, Sr. Freeman, que asistió al proceso de Grimau, ha declarado: «Ha sido un asesinato premeditado. El solo hecho probado es que Grimau era comunista, lo que él mismo ha confirmado delante de la audiencia. Reveló, además, dicho abogado que el abogado civil de Grimau, Sr. Rodríguez Armada, había sido objeto de un atentado. Su vida está en peligro. Advierto solemnemente al gobierno español que si le sucede algo a este abogado, nosotros consideraremos al general Franco como responsable de ese nuevo acto de barbarie».

El abogado italiano de Roma, Sr. Tarsitano, ha indicado que se ha presentado una solicitud a la Comisión jurídica de la ONU, pidiendo que obtenga la publicación del acta de acusación: «ella mostrará que se trata de una farsa trágica».

Préstamo a España suspendido

PARÍS, 23 abril, Ibérica: -Tratamos de hacer un resumen de los comentarios de la prensa parisién sobre la visita del ministro de Hacienda del gobierno francés, Sr. Giscard d'Estaing: El periódico católico La Croix, en su edición del 20 de este mes, publica un comentario al discurso pronunciado el día anterior por de Gaulle en la televisión sobre la situación económica de Francia. Copiamos de dicho comentario el párrafo siguiente: «La derecha tiene mala reputación en Francia. Primeramente ha sido desafortunada y además, ahora con los 150 millones prestados a Franco el mismo día en que éste ejecuta a Julián Grimau».

France-Soir de hoy, bajo el título «Es de Gaulle quien ha suspendido las negociaciones con España», dice: «Se ve más que una coincidencia entre la ejecución del jefe comunista Julián Grimau, el sábado, y el repentino aplazamiento de la firma del acuerdo financiero». El periódico Combat, en su edición de hoy, dice: «Para numerosos observadores, el hecho de haberse suspendido las negociaciones con el anuncio de la ejecución de Julián Grimau no aparece como una coincidencia. Inquieto por la ola de protesta que se levanta en Europa contra el Caudillo, el Sr. Giscard d'Estaing ha renunciado limpiamente».

GINEBRA, 23 abril, Ibérica: -El Journal de Genève de hoy, inserta este comentario sobre las negociaciones franco-españolas: «El Sr. Giscard d'Estaing, ministro de Hacienda, ha salido de España sin haber firmado el acuerdo sobre el préstamo francés de 150 millones de dólares al gobierno de Madrid. Se sabe de buena fuente que su marcha brusca se debe considerar como una reacción a la ejecución del jefe comunista Grimau»... «Pero la política golista continúa: atar los contactos permanentes con Madrid. En este destino franco-español, la ejecución de Grimau debiera considerarse como un motivo de revisión completa de la posición del Elyseo, se indica en los medios políticos».

Respuesta de Franco a Khroushtchev

MADRID, 21 abril, Ibérica: -Ayer se ha conocido la respuesta del general Franco al jefe del gobierno soviético señor Khroushtchev pidiéndole la conmutación de la pena de muerte a Grimau. La respuesta es la que copiamos a continuación:

Una conferencia de Ruiz-Giménez

MADRID, 13 abril, Ibérica: -En la Escuela de Estudios jurídicos del Ejército, ha dado una conferencia don Joaquín Ruiz-Giménez. El acto tenía doble interés ya que después de su intervención en el IX Consejo del Movimiento, Ruiz-Giménez ha recibido presiones y amenazas, muchas de ellas por haberse referido a que continúan los Consejos de Guerra y muchos de ellos contra católicos.

El conferenciante dijo que la orientación de la doctrina jurídica contemporánea es restringir el ámbito de la jurisdicción militar limitándola a los delitos de carácter militar realizado por miembros de las fuerzas armadas. Pero que hay que tener mucho cuidado en calificar como delitos políticos las necesarias y convenientes expresiones de una crítica de la obra gubernamental. Expuso también que en España hay que perfilar la órbita de la jurisdicción militar, en lo que concierne a delitos comunes y políticos realizados por personas no militares. Señaló la conveniencia de que se incorporen magistrados civiles a la jurisdicción militar, respetar todas las reglas y garantías del procedimiento y limitar los juicios sumarísimos a los supuestos previstos en el Código de Justicia Militar.

Concluyó su conferencia afirmando que el Ejército debe estar al margen de la pugna de clases, intereses o ideologías políticas, añadiendo las siguientes palabras: «Una Patria para todos los hombres de España bajo el imperio de la justicia social con cauce para la comunicación y el diálogo, merced a instituciones orgánicas auténticamente representativas y con posibilidades legítimas de cooperación y de fiscalización de la administración pública y de la obra del Gobierno».

Franco pierde sus asideros

LONDRES, 29 abril, Ibérica: -El Observer de ayer inserta una información de su corresponsal en Madrid de la que damos los párrafos siguientes:

Protesta de los sacerdotes suizos

GENÈVE, 26 abril, Ibérica: -El Journal de Genève de ayer inserta el texto de una petición de los sacerdotes católicos suizos dirigida al general Franco con motivo de la ejecución de Grimau. Reproducimos, traducida, íntegramente la petición:

La petición va firmada por cuarenta y dos sacerdotes.

Indignación de acción católica

PARÍS, 29 abril, Ibérica: -El periódico de Acción Católica Obrera Temoignage, de este mes, protesta con indignación contra la ejecución de Grimau. De esa protesta copiamos los siguientes párrafos: «Cuanto a nosotros, al mismo tiempo que nuestra plegaria se eleva hacia Dios por este hombre desaparecido y por todos los militantes españoles, cristianos o no, que padecen atentados contra su libertad, debemos, en nombre de nuestra misión, gritar nuestra indignación contra ese atentado cometido por un Estado que invoca oficialmente el cristianismo, mientras que niega prácticamente las exigencias elementales del respeto a los derechos del hombre que acaba de recordarnos el Santo Padre en la encíclica Pacem in Terris».

El Sr. Stevenson dice...

MADRID, 16 abril, Ibérica: -El ABC de hoy inserta un telegrama de su corresponsal en Washington que encabeza con el siguiente título: «España es el país donde he encontrado mayor progreso y prosperidad». El texto del telegrama es el siguiente: «España ha sido el país de los que acabo de visitar en donde he encontrado más signos de progreso y prosperidad», dijo Mr. Adlai Stevenson, jefe de la delegación de los Estados Unidos en las Naciones Unidas, al ser interrogado acerca de su periplo por Francia, Alemania Federal, Bélgica y España.

Vuelven mineros deportados

PARÍS, 23 abril, Ibérica: -El periódico Le Monde de ayer, inserta la siguiente noticia: «Ciento cincuenta mineros deportados en mayo y junio a causa de las huelgas de Asturias, empiezan hoy a volver a sus hogares».

MADRID, 28 abril, Ibérica: -Al regresar a Asturias los mineros que habían sido deportados a Castilla y Extremadura cuando las huelgas de 1962, se han encontrado con que las empresas no quieren reintegrarlos al trabajo, y dicen que actúan así por orden expresa del ministerio de la Gobernación.

Este nuevo conflicto, que se suma a los ya existentes en la región, preocupa mucho a los directivos sindicales (oficiales) que han comunicado a Solís su pesimismo ante las próximas elecciones sindicales, si no se da satisfacción a los mineros, tanto en cuanto al reintegro de los mineros deportados como en cuanto al pago de primas. Se teme un nuevo movimiento de huelga.

Huelga de obreros en Jerez

PARÍS, 17 abril, Ibérica: -El periódico Le Monde de hoy publica un despacho de su corresponsal en Madrid del que damos los párrafos siguientes:

Un mensaje de la C.N.T. de España

Recibimos copia del mensaje difundido por la Confederación Nacional del Trabajo de España, del que reproducimos las tres bases señaladas en el mismo para coordinar los esfuerzos de los enemigos de la dictadura en un amplio frente de lucha por la libertad y la justicia:

Manifiesto católico

MADRID, 1 mayo, Ibérica: -En una edición especial del boletín de la juventud de Trabajadores Católicos, aparecida ayer, se inserta un manifiesto dirigido a todos los trabajadores, en el que se dice que no olviden que «en nuestras fábricas y sitios de trabajo, campos y minas, la injusticia y la arbitrariedad continúan imperando. La voz de los trabajadores no es todavía oída donde se decide la marcha de nuestra sociedad. Por esta razón nuestra lucha continúa».

Candidaturas de la oposición

MADRID, 28 abril, Ibérica: -En las elecciones para Biblioteca y comisiones del Ateneo de Madrid, obtuvieron un rotundo triunfo las candidaturas de la oposición.

En el Colegio de Abogados de San Sebastián ha triunfado también la candidatura de la oposición, encabezada por el Sr. Muguruza.

Informe del banco

MADRID, 19 abril, Ibérica: -El informe anual del Banco Urquijo, tiene un carácter agudamente crítico de la política económica llamada de «estabilización y reactivación» y señala lo que ya casi todo el mundo sabe: desde los últimos meses de 1962 se cae de nuevo en un proceso inflacionario, cuyo ritmo es igual al del promedio de los años 1939-1959. También reconoce el nuevo aumento de precios y el recargo extraordinario que sufre el presupuesto vigente de gastos del Estado. Cree que la Hacienda tendrá que recurrir a aumentar los impuestos o a emitir Deuda pública, y considera los dos procedimientos como nocivos para el futuro plan de desarrollo.

Manifestaciones en Lisboa

PARÍS, 3 mayo, Ibérica: -Los periódicos de ayer, tales como Le Monde, Le Figaro, France-Soir, etc., dan cuenta en telegramas recibidos de Lisboa, de la manifestación -no autorizada- de muchos cientos de personas para protestar contra la política del gobierno y contra la guerra en Angola. La policía, a golpes de matracas y gases lacrimógenos, dispersó por el momento, a los manifestantes, pero trataron de reagruparse. La policía arremetió contra ellos y hubo un muerto y varios heridos como consecuencia de los disparos de la policía.