Ibérica por la libertad

Volumen 11, N.º 9, 15 de septiembre de 1963

Placa de bronce con la ofrenda del monumento a Puerto Rico

IBÉRICA es un boletín de información dedicado a los asuntos españoles y patrocinado por un grupo de americanos que creen que la lucha de España por la libertad es una parte de la lucha universal por la libertad, y que hay que combatir sin descanso en cada frente y contra cada forma que el totalitarismo presente.

IBÉRICA se consagra a la España del futuro, a la España liberal que será una amiga y una aliada de los Estados Unidos en el sentido espiritual y no sólo en sentido material.

IBÉRICA ofrece a todos los españoles que mantienen sus esperanzas en una España libre y democrática, la oportunidad de expresar sus opiniones al pueblo americano y a los países de Hispano-América. Para aquellos que no son españoles, pero que simpatizan con estas aspiraciones, quedan abiertas así mismo las páginas de IBÉRICA.

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IBÉRICA is published monthly on the fifteenth of the month, except July-August when bimonthly, in English and Spanish editions, by the Ibérica Publishing Co., 112 East 19 th St., New York 3, N. Y. All material contained in this publication is the property of the Ibérica Publishing Co., and may be quoted, but not reproduced in entirety. Copyright 1963, by Ibérica Publishing Co.

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Con lentitud pero con firmeza, a través de innumerables dificultades, Europa se reorganiza dotándose de instituciones coordinadoras y unificadoras de la estructura económica y política de las naciones que, al resurgir de un largo período de opresión y de guerra, optaron resueltamente por la democracia como norma de su vida pública. A pesar de momentos de atasco y aun de retroceso, la voluntad de los pueblos que propugnan como único medio de supervivencia la integración de las viejas naciones del occidente europeo acabará un día por triunfar de todas las resistencias.

No es de hoy el ideal de los Estados Unidos de Europa con que ya soñaba Víctor Hugo. Tras la primera guerra mundial las iniciativas se concretan en llamamientos como los de Luigi Einaudi, Richard N. Coudenhove-Kalergi, fundador del movimiento paneuropeo, el médico danés Dr. Heerfordt y su «Europa Comunis»; y al ganar la adhesión de hombres de Estado -Herriot, Benes, Stresemann- adquieren carácter oficial. Briand, con su declaración de investidura como Presidente del Consejo, hace aprobar la idea europea por la Cámara francesa y en 1929 formula en la Sociedad de las Naciones su propuesta de constituir «los Estados Unidos de Europa».

Hitler había profanado y desacreditado, como otras muchas ideas, la de la unidad europea, al pretender imponerla por la violencia de su criminal racismo a un continente sometido al yugo germánico; pero con la liberación de Europa reaparecen los proyectos federalistas y en 1946 es Winston Churchill quien proclama en la Universidad de Zurich: «Debemos crear los Estados Unidos de Europa... El primer paso será constituir el Consejo de Europa». En 1947 se funda un Comité internacional de coordinación de los movimientos en pro de la unidad europea; al Congreso que reúne en La Haya asisten ochocientas personalidades representativas de muy diversos países y opiniones; de sus acuerdos para la creación de una unión económica y política, la convocación de una asamblea interparlamentaria y la institución de un tribunal europeo de derechos del hombre proviene una buena parte del conjunto de entidades europeas ahora en plena actividad, en especial el Consejo de Europa y sus órganos principales.

La reconstitución de Europa no se encamina a resucitar un caduco pasado de predominio en el mundo. El rápido proceso de liquidación de los imperios coloniales iniciado con la independencia de la India ha llegado, a impulsos de una aceleración de la historia que presenta caracteres arrolladores, a un punto en el cual la situación es irreversible; y por deplorable que para las potencias antes dominantes sea la avalancha de la descolonización, en muchos casos prematura (y en ello es enorme la responsabilidad de los Estados que no prepararon para la autonomía a los pueblos bajo su tutela), es inútil luchar contra la corriente y ya sólo cabe esforzarse por abrirle cauces.

Esa nueva situación no significa que esté en peligro la existencia de las naciones europeas en sí mismas. Europa ha perdido el dominio de vastas regiones del orbe, pero no ha perdido por ello su genio y su figura. Con modestia y tenacidad ha de recomenzar a perfilar su nueva personalidad basándose en sus auténticas raíces culturales, en su historia, sin jactancias; en su propio ser y en su deber ser. Esto es lo que han comenzado a hacer diversas naciones de la Europa occidental. ¿Y España?

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En diferente coyuntura histórica España pasó, en el siglo XIX, por un proceso análogo al que ahora conocen otros Estados europeos. Perdido su imperio colonial, España se encontró a sí misma, sola y arruinada; y los escritores de la generación del 98 trataron de devolverle el sentido de la modestia y de inculcarle el rigor de la tarea que por sí y para sí había de acometer sin vana retórica, partiendo de un pesimismo relativo para atisbar sus posibilidades de reconstrucción con cautelosa esperanza y actividad razonada, despertando de imperpetuables sueños de grandeza. Pero cuando el país se vio desgarrado por la inicua guerra civil, quienes asumieron la terrible responsabilidad de desencadenarla quisieron disfrazar su triste empresa con atuendo de cruzada y acallar el clamor de las víctimas del holocausto colectivo con raudales de huera oratoria, exaltadora de trasnochadas ilusiones de imperio. Mientras sus portavoces invocaban los más altos valores de la civilización occidental y cristiana que conculcaban con sus actos, España se alejaba del Occidente, se cerraba a toda corriente renovadora, se enmascaraba de oropeles y dejaba de contar en el orden internacional, salvo como objeto de preocupación o como amenaza de contagio. El régimen que en ella se instauraba era un obstinado anacronismo.

Bastará comparar la situación y el papel de España en el mundo tras la primera guerra mundial y tras la segunda. La Sociedad de las Naciones otorgó a España un puesto de honor en sus órganos principales. Por el contrario, al reorganizarse en 1945 la comunidad internacional, España quedaba al margen, excluida por su propio régimen y relegada al lazareto por las nuevas instituciones mundiales. Sólo al cabo de cierto tiempo, por motivos tácticos y consideraciones de estrategia, los Estados Unidos comenzaron a tenderle la mano -y en ella los dólares- con repugnancia no disimulada, porque lo exigía el Pentágono, como reconoció el Presidente Truman quien, al ser preguntado en conferencia de prensa sobre su apoyo al dictador español, hubo de responder pintorescamente: «nunca me gustó ese tipo» (I never liked that guy). Pasaron los años y la cuarentena expiró; las puertas de las organizaciones internacionales fueron abriéndose, una tras otra, al régimen falangista. Después de todo, tantos otros países en ellas representados hallaban las normas de la democracia... Y la tendencia a la universalidad imperaba en las organizaciones mundiales.

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De muy distinto modo se planteaba la cuestión en la Europa occidental. Las bases de la reconstitución europea son netamente democráticas. No se trata de la coexistencia pacífica entre regímenes opuestos, indispensable para evitar una nueva guerra definitivamente destructora de la humanidad. Lo que se busca es la integración política, económica y jurídica de Estados diferentes pero no contrapuestos, la armonización de políticas coordinadoras, la organización y el desarrollo de comunidades europeas fundadas en principios congruentes y dirigidas por los representantes de gobiernos jurídicamente constituidos, que actúen en nombre de Estados con instituciones similares, dotados de auténticos Parlamentos que emanen del sufragio universal. Por ello el núcleo de la organización está inicialmente constituido de manera restrictiva por seis países: Alemania (República federal), Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos, miembros de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA), de la Comunidad Económica Europea (CEE) o Mercado Común y de la Comunidad Europea de Energía Atómica (Euratom).

Por su régimen dictatorial España y Portugal quedan al margen de las instituciones de fundación europea y sólo pertenecen a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), sucesora de la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE) instituida para facilitar la aplicación del Plan Marshall y dar a conocer a los Estados Unidos las necesidades económicas de los países que reciben su ayuda; pero no pueden ser miembros ni de la Comunidad Europea de los seis países ni de la más vasta organización, con sede en Estrasburgo, el Consejo de Europa en el cual están representados diecisiete países. Tal exclusión se debe a la incompatibilidad de los regímenes dictatoriales con las normas constitutivas del Consejo de Europa. En efecto, el art. 3 de su Estatuto impone a los Estados miembros el respeto a la supremacía del Derecho («rule of law») como base de su régimen político y constitucional; y con arreglo a ese principio la obligación, expresamente consignada, de garantizar a todas las personas bajo su jurisdicción (nacionales, extranjeros o apátridas) el disfrute de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales. Sólo son admisibles, según el art. 4, los Estados europeos que se atengan a lo dispuesto en el art. 3; y el art. 8 dispone la exclusión de cualquier Estado miembro que infrinja gravemente la obligación mencionada.

El Consejo de Europa no se ha limitado a establecer principios, sino que ha organizado un sistema de garantías para su aplicación, mediante la Convención de salvaguardia de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales, de 4 de noviembre de 1950. La Convención y el Protocolo adicional se basan en la Declaración universal proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948. Entre los derechos reconocidos figuran el de no ser sometido a tortura ni a penas inhumanas o degradantes (art. 3 de la Convención), ni a trabajo forzado u obligatorio (art. 4) ; el respeto de la vida privada, del domicilio y de la correspondencia (art. 12) ; la irretroactividad de las leyes penales (art. 7) y las garantías de la administración de justicia por tribunales independientes e imparciales (art. 6); la libertad de comunicación y de expresión (arts. 9 y 10), de reunión y de asociación, incluyendo en ésta el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la defensa de los intereses personales. El art. 3 del Protocolo impone a los Estados partes en la Convención la obligación de organizar, a intervalos razonables, elecciones libres con voto secreto, en condiciones que aseguren la libre expresión de la opinión del pueblo para la elección del cuerpo legislativo; y el art. 14 de la Convención dispone que el disfrute de los derechos y libertades reconocidos ha de garantizarse a todos sin discriminación alguna.

En cuanto a las garantías jurisdiccionales, según el art. 13: «Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en la presente Convención hayan sido violados tendrá derecho a utilizar un recurso efectivo ante una instancia nacional, aun cuando la violación haya sido cometida por personas que actuaran en ejercicio de sus funciones oficiales». Para el caso en que los Estados no respeten sus obligaciones a este respecto, se establece un control internacional, a cuyo efecto el art. 19 instituye una Comisión Europea de Derechos del Hombre a la cual todo Estado parte puede denunciar las infracciones a las disposiciones de la Convención que crea imputables a otro Estado parte (art. 24). A la Comisión pueden acudir también las personas físicas, las organizaciones y los grupos de particulares, en cuanto ataña a los Estados partes que hayan reconocido la competencia de la Comisión. Esta procede a un examen preliminar de la admisibilidad de la reclamación, analiza el fondo del asunto y adopta una decisión motivada; luego prepara su informe definitivo que comunica a los Estados interesados y al Comité de Ministros; ese informe sirve de base al control jurisdiccional facultativo del Tribunal Europeo de Derechos del Hombre o al control político del Comité de Ministros del Consejo de Europa cuya decisión tiene fuerza de obligar.

La Comunidad Europea de los seis países integrantes de las tres organizaciones comunitarias posee un órgano representativo: el Parlamento Europeo, título que en 1962 adoptó la Asamblea Parlamentaria Europea, que por los tratados de Roma (1957) constitutivos del Mercado Común y del Euratom había sucedido, para las tres Comunidades, a la Asamblea Común de la CECA. Aun cuando en la etapa inicial los miembros del Parlamento Europeo son delegados por los Parlamentos nacionales, ya en los referidos tratados se previó que más adelante habrán de ser elegidos por sufragio universal directo según un procedimiento uniforme en todos los Estados partes. El carácter político de este órgano representativo se acentúa por el hecho de que sus componentes se agrupan, no por delegaciones nacionales, sino por afinidades de partidos políticos: la existencia de los grupos demócrata-cristiano, liberal y socialista ha adquirido una estructura institucional. Constantemente se manifiesta la tendencia del Parlamento Europeo a reclamar la extensión de sus poderes y sobre todo la entrada en vigor del sistema de elección de los diputados europeos por sufragio universal directo, como factor decisivo de la unificación europea.

Está bien claro que el acceso a las instituciones fundamentales europeas resulta vedado para los países no constituidos en Estado de Derecho con arreglo a las normas de la democracia occidental. Los regímenes dictatoriales no pueden aceptar los principios liberales que los tratados europeos proclaman como indispensables, ni la estructura democrática de las instituciones comunitarias; todavía menos podrían cumplir las obligaciones que incumben a los Estados miembros. Por ello mismo, la Comunidad Europea no puede admitir el ingreso en ella de países que niegan y conculcan aquellos principios. Con la mira puesta en posibles ventajas económicas, el régimen imperante en España ha intentado ser admitido al menos por la puerta de servicio prevista en el art. 238 del tratado que instituyó el Mercado Común, mediante acuerdos de asociación; aun para ello, la diferencia radical de régimen político es un obstáculo fundamental que se agrega a las inmensas dificultades de adaptación de las estructuras económico-sociales.

Que la integración europea en instituciones comunes requiere una base de homogeneidad política en los Estados participantes, bien se ha demostrado con la crítica situación provocada por los métodos autoritarios del general De Gaulle. Cuando las últimas dificultades para la admisión de la Gran Bretaña en el Mercado Común parecían próximas a resolverse mediante negociaciones tenazmente prolongadas, el Presidente de la República Francesa (que bien se había guardado de someter directamente a referéndum sus peculiares concepciones sobre la unificación europea) desbarató de un solo gesto malhumorado toda la paciente labor de acercamiento que los otros cinco países de la Comunidad habían casi ultimado. Su brusca obstrucción a la candidatura británica sumió en profunda decepción a todos los hombres de Estado que tan buena voluntad habían puesto al servicio de la integración europea. Francia, que con hombres de Estado clarividentes como Robert Schuman y Jean Monnet había dado impulso decisivo a la construcción de la unidad europea, se aislaba de sus aliados naturales e interrumpía, por la voluntad de un hombre dotado de excesivos poderes e imbuido de nacionalismo hegemónico, la delicada y urgente tarea de extensión de las instituciones comunitarias. El episodio es bien significativo; sus deplorables consecuencias cesarán un día y la obra emprendida proseguirá en el sentido de la historia, hacia una mayor unidad de las naciones libres; pero de ello se deduce una lección patente: a medida que un país se aparta de los métodos democráticos, pone en peligro el funcionamiento normal de las instituciones de la comunidad internacional introduciendo en ella un factor de ruptura y de disgregación.

Si tales desviaciones son posibles en países de honda raigambre democrática, ¿qué habrá de pensarse de aquellos otros cuyo régimen se basa en principios diametralmente opuestos al reconocimiento de las libertades cívicas? El caudillismo como sistema de gobierno, impuesto a España por la fuerza de las armas con la ayuda decisiva de Hitler y Mussolini, es la versión ibérica del «Führerstaat». Aunque desde hace algunos años trate de disimular su carácter totalitario y hasta tenga la audacia de proclamarse como una nueva forma de «democracia orgánica» para congraciarse a los países del mundo libre, lo cierto es que las llamadas «leyes fundamentales de la nación» perpetúan un régimen policiaco y militar que es negación absoluta del Estado de Derecho: en el Fuero del Trabajo se define «el Estado Nacional, en cuanto es instrumento totalitario al servicio de la integridad patria»; en la Ley de Cortes se declara que «continúa en la jefatura del Estado la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general» y se limita el papel de las Cortes al de mero «instrumento de colaboración en aquella función» legislativa asumida por el caudillo; por lo demás, las Cortes no se asemejan a Parlamento alguno puesto que ninguno de sus miembros es elegido por sufragio popular. La ley de sucesión en la jefatura del Estado proclama el carácter vitalicio del cargo supremo ejercido por el actual dictador, el cual «podrá proponer a las Cortes la persona que estime deba ser llamada en su día a sucederle a título de Rey o de Regente» (art. 6); tal persona habrá de «jurar las Leyes fundamentales, así como lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional» (art. 9); pero el actual jefe del Estado podrá hacer que «queden excluidas de la sucesión aquellas personas reales carentes de la capacidad necesaria para gobernar o que, por su desvío notorio de los principios fundamentales del Estado o por sus actos merezcan perder los derechos de sucesión establecidos en esta Ley» (art. 13). De tan arbitraria manera se procura asegurar la continuidad de un régimen de opresión cuyos principios se declaran «permanentes e inalterables» por la ley de 17 de mayo de 1958.

La subsistencia de ese sistema es el impedimento mayor para la incorporación de España a la Comunidad Europea; esto lo saben perfectamente los españoles que se esfuerzan por abrir camino a un Estado de Derecho. Nazi fue Alemania y fascista fue Italia. Constituidas en democracia, son ahora miembros esenciales de las instituciones europeas, como lo será indudablemente España en cuanto cese la dictadura.

ALFREDO MENDIZÁBAL

Desde la nueva frontera abierta en el Vaticano por Juan XXIII, desde la publicación de la Encíclica Pacem in Terris y desde la toma de posición del Gobierno español ante el que sería Pablo VI, el Cardenal Montini, se viene especulando en la prensa internacional sobre el posible despegue de la Iglesia española y de los católicos españoles del régimen franquista. La nueva situación merece un análisis realista que nos muestre las posibilidades de una apertura a sinistra.

Sin aceptar el tópico de las dos Españas que tanto juego ha dado al régimen, y que nos lleva a una radical oposición sin posibilidades de convivencia creadora, hemos de admitir el hecho de una España y un catolicismo fraccionados, por encima de los dogmatismos. El fraccionamiento es el único punto de partida eficaz para superar el ideal monolítico, sin base en la situación, pasada y presente. Sólo la aceptación de este hecho hará posible las coaliciones, frentes y agrupaciones que constituyen la raíz de un futuro entendimiento y de una evolución hacia la democracia. Cuando en una sociedad surgen distintos modos de entender o resolver las cuestiones planteadas, sean religiosas, filosóficas, políticas o sociales, la solución, de acuerdo con la tradición democrática occidental, no está en la imposición dogmática de una de las fórmulas, sino en la coexistencia de todas ellas, presionando sobre una opinión pública que en definitiva es la que determina su mayor o menor vigencia. La democracia no es más que una respuesta política al hecho del fraccionamiento social en grupos; es una forma de vida, con unas reglas de juego, montada sobre el supuesto de una diversidad de opiniones, y sobre el principio de la libertad.

Sin duda no es posible mantener la tesis de la unidad monolítica del pensamiento español católico, y menos del pensamiento religioso en general. Ni el clero ni los fieles mantienen una unidad de criterio no sólo ante problemas políticos, sino ante las graves cuestiones planteadas hoy a España y al mundo.

El catolicismo español ha ido perdiendo contacto con la realidad, ha perdido la misión social de denuncia que le daba prestigio moral y eficacia, vinculándose más y más a un esquema ideológico que le ha llevado a configurar una «falsa conciencia» que vive de prejuicios con los cuales interpreta y valora la realidad, ignorando su auténtico significado, su sentido y las múltiples tendencias que desde hace tiempo apuntaron y apuntan de modo claro en el seno de la sociedad española. El catolicismo español ha interpretado la historia de España desde la dialéctica catolicismo-anticatolicismo, sin pretensión de síntesis. Se ha empeñado en vincularse a la historia política del país no ya indirectamente desde la influencia moral, sino directamente, convirtiéndose en auxiliar permanente de ciertos intereses políticos. Esa interpretación de la historia le ha ido abriendo el camino hacia un nacionalismo católico tradicionalista que ha convertido en anti-España doctrinas como el liberalismo, la democracia o el socialismo.

La Iglesia, unida a la historia laica del país, ha conducido al compromiso con el Estado. En este sentido, como auxiliar político, la Iglesia ha ayudado a conservar inalterable un pasado sin vigencia, evitando la reflexión del fiel, a campo abierto, frente al Estado y la política. Esta identificación entre Iglesia y Estado, además de radicalizar las posiciones ha sido una fuente de ambigüedad política al no dibujar la línea divisora entre temporalidad y trascendencia.

El católico no ha podido desprenderse de un cierto pesimismo político alimentado por la tradicional desconfianza de la Iglesia en el uso de la razón como instrumento de decisión y de control del mundo. «El derecho a la libertad en la búsqueda de la verdad, el deber de buscarla cada día más amplia y profundamente... (y de) actuar en las mil formas posibles de colaboración en virtud de decisiones personales, es decir, tomadas por convicción por propia iniciativa, en actitud de responsabilidad» (Pacem in Terris, Ed. Popular PPC, Trad. de la Políglota Vaticana, Madrid, 1963) parece que no cuenta. El español no parece tener el derecho de condenarse o de salvarse según su conciencia, como resultado de una libre elección.

En especial desde el liberalismo, cuando se inicia la re-estructuración de los grupos políticos de acuerdo con sus intereses, el católico español se ve envuelto en categorías de autoridad y unidad absoluta, en total desacuerdo con la nueva realidad socio-política y con la mentalidad moderna. El catolicismo dogmático que domina el sector más amplio de la jerarquía se fue encerrando en una interpretación anacrónica de la doctrina de la Iglesia sobre relaciones entre la Iglesia y el Estado, libertad, pensamiento crítico, educación, etc., que arranca de Libertas (1888) y el Syllabus (1864), sin querer adaptarse a la nueva doctrina pontificia o la corriente católica europea que ha sabido incorporar su pensamiento político social y científico a las exigencias de la época.

El fraccionamiento es un hecho, pero se cierran los ojos a él. No se trata de un fraccionamiento polar, entre católicos y no católicos, tesis que al catolicismo dogmático le interesó mantener, por no estar muy seguro de poder conservar su prestigio e influencia con el simple uso de la razón y la ejemplaridad, sin argumentos de autoridad. Se trata de un fraccionamiento social, amplio, generador de ideas distintas sobre el modo de resolver los problemas y que en una evolución natural hubiese conducido a pulir aristas y centrar zonas intermedias que determinasen el nacimiento de un entusiasmo católico por la democracia.

El catolicismo tradicionalista, psicológicamente vinculado al pasado y cerrado al horizonte de posibilidades del futuro, ha impedido la entrada de España en el seno de los sociedades democráticas. En este sentido la «cruzada nacional», el «Estado social, católico y representativo» no son un resultado accidental, sino consecuencia lógica de ese catolicismo y de los múltiples pseudo-partidos que luchaban contra la democracia y que sentían la nostalgia de un pasado monolítico y totalizante, cuya existencia real era muy cuestionable.

¿Cuáles son las posibilidades de una apertura a sinistra del catolicismo español? Sin duda alguna, dentro de la actual situación son más o menos las que tiene la Iglesia española. Dentro del actual sistema, es difícil que los católicos se lancen a una política determinada sin el beneplácito de la Iglesia.

Dejando aparte el alto índice de católicos no practicantes o de católicos «europeos», el católico militante espera de la Iglesia en estos momentos un viraje, una actitud nueva que le de pie para desarrollar una salida del régimen, totalmente cerrado. Habría que distinguir la apertura a la izquierda de la actitud anti-régimen. El régimen ha ido distanciándose cada vez más del ambiguo esquema falangista que comprometía su situación internacional, uniéndose al patrón ideológico del catolicismo tradicionalista. El proceso de crisis y cambios ministeriales ha seguido claramente esta marcha, hasta el actual equipo Opus Dei, máximo representante del nacionalismo católico dogmático. La Iglesia oficial fue, y se ha mantenido, plenamente incorporada a la burocracia estatal. Desde la censura a la educación, pasando por las Cortes, el Consejo del Reino, el Mausoleo del Valle de los Caídos, la Iglesia hace acto de presencia legitimando la política franquista. No se trata sólo de católicos, se trata de la Iglesia misma. En este sentido el futuro de los católicos y de la Iglesia se ve comprometido.

De todos modos hay intentos de despegue. No se va a recordar siempre la pastoral colectiva de los metropolitanos durante la guerra civil. De acuerdo con nuestra tesis del fraccionamiento hay que recordar la actitud del grupo del abad de Montserrat, la polémica sobre libertad de información entre Herrera y Arias Salgado, los muchos escritos del Obispo Auxiliar de Valencia, González Moralejo, la declaración de mayo de 1960 de los sacerdotes vascos, la carta del Cardenal Plá y Deniel a Solís, la actitud de ciertos grupos de Acción Católica, HOAC y JOC, y la de católicos y sacerdotes concretos como Aranguren, el Padre Díez Alegría, Sopeña y tantos otros. Estos intentos, sin embargo, no resuelven la situación de compromiso, ya que no se destacan como doctrina oficial de la Iglesia española, por el contrario, muchas de estas actitudes han tenido respuestas verdaderamente desmoralizadoras por parte de la jerarquía. (Por otra parte es muy dudosa la eficacia de estas posiciones al nivel del hombre de la calle, ya que su impacto no sale del círculo de determinadas minorías). Doy por descontada la existencia de estos católicos disidentes y aun de ciertas manifestaciones de la propia jerarquía, polemizando la mayoría de las veces frente a ciertos puntos concretos del régimen como vivienda, educación, salarios, sindicalismo, ley de prensa, etc., pero casi siempre buscando un diálogo que suponía una cierta fe en las posibilidades del régimen en cuanto a evolución y, por supuesto, sin atacar la cuestión de base, el cambio de la existente estructura política antidemocrática. No habrá opinión pública, ni sindicalismo libre, ni educación liberal bajo un régimen antidemocrático. Ruiz Giménez y tantos otros ilustrados dentro de la línea del orteguismo católico, han experimentado esta imposibilidad, en el campo de la educación y de la libertad de expresión, que los ha colocado a la izquierda del centro. Sin embargo, la antigua CEDA y la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP) han seguido abasteciendo al régimen, desde sus inicios, de personalidades salidas de sus filas. Aunque, a decir verdad, no faltan tampoco las excepciones, hombres como Giménez Fernández y José María Gil Robles, que han pasado a constituir grupos de oposición.

El católico español tiene que superar su propia situación como ciudadano político, y para ello tiene que reconsiderar, con la jerarquía eclesiástica, con parte de ella o sin ella, ciertos puntos que sólo analizados de un modo realista pueden dar una base sólida para el despegue:

1) El régimen no ha podido, desde el fascismo y el neo-fascismo, institucionalizarse ante la opinión pública nacional e internacional.

2) El régimen, por sí mismo, no está dispuesto a aceptar su provisionalidad.

3) El régimen no ha resuelto los problemas que tenía planteados la España de 1936.

4) La pseudo-liberalización no afecta a la estructura política del régimen.

5) La política del régimen es exclusivamente defensiva y no podrá cambiar este esquema porque su base antidemocrática se lo impide.

6) El país está perdiendo, por esta causa, la posibilidad de entrar en la corriente histórica contemporánea.

Por otra parte, el católico tiene que pensar adonde le ha conducido la «cruzada nacional» y si realmente ha resuelto los problemas que debe plantearse un católico moderno:

a) Tiene que ser consciente de que en un Estado llamado católico y en una Iglesia que goza de una situación de privilegio, el proceso de descristianización y de anticlericalismo va en aumento. La Acción Católica y los miembros de la HOAC tienen documentación suficiente para no llamarse a engaño.

b) Especialmente las clases humildes han perdido la fe en una Iglesia y en un catolicismo que a su vez ha perdido la capacidad de sacrificio por los desheredados.

c) La Iglesia ha comprometido su política social con la política social del régimen, y que el fracaso de éste puede suponer, aun de buena fe, a ojos del pueblo español, el fracaso de la política social de la Iglesia.

d) La excesiva vinculación y dependencia del catolicismo español en materia política a la Iglesia comprometida, compromete el futuro político de los católicos en España.

Este análisis revela la gran dificultad en que se encuentran los católicos progresistas para abrir una nueva frontera que los distancie del régimen y proporcione la plataforma que permita el nacimiento de un partido católico y de una democracia. Resumiendo en este sentido lo expuesto, se deduce:

1) Que los militantes católicos y especialmente los grupos de Acción Católica, por su dependencia de la jerarquía, esperan una manifestación clara y definitiva de ésta, cosa nada fácil si se sigue pensando en un nacionalismo católico, dogmático y autoritario, al que pueda remitir el católico la responsabilidad de sus decisiones políticas, pero fácil si se piensa desde la tesis de un catolicismo fraccionado con múltiples posiciones y vías de solución.

2) Que el partido político católico, la CEDA, que asumía la doctrina de la Iglesia antes del 36, no puede ofrecer hoy un programa atractivo, dejando aparte que, como hemos dicho, muchos de sus miembros pasaron a incorporarse al Gobierno en Ministerios y puestos de responsabilidad clave.

3) Que el catolicismo español adolece de un cierto pesimismo antropológico que le hace desconfiar de la función social de la política, cargándola de una cierta dosis de inmoralidad, y de las formas democráticas y liberales, desconfianza que ha sido alimentada hasta la saciedad por el régimen durante los últimos 25 años.

4) Que el régimen no tolerará la configuración o el nacimiento de partidos políticos, lo cual supone que la acción política tendrá que lanzarse, en la medida en que no está lanzada ya, por el camino de la clandestinidad, que exige entusiasmo y sacrificio.

Frente a estas dificultades hay que resumir un horizonte de posibilidades más o menos nuevas que es preciso medir en su justa dimensión. Hoy día existen grupos incorporados a la acción clandestina, ya al nivel de partidos políticos minoritarios, ya al de la acción sindical. Por otra parte, ciertos sectores de la jerarquía eclesiástica han dado pie suficiente para que un católico con autonomía de criterio sepa a que atenerse y actuar en virtud de decisiones personales. Desde la publicación de Pacem in Terris y aun desde la aparición de Mater et Magistra, el católico tiene un cuerpo de doctrina nada ambiguo y emanado de la más alta jerarquía.

El impacto de la nueva frontera vaticana sobre el catolicismo español ha sido enorme. Se ha iniciado ya un cierto despegue, un acoplamiento del puesto del católico en materia política de acuerdo con la nueva orientación. El régimen no podrá resistir la pérdida de la base de sustentación. Sólo cabe una última reflexión: el régimen franquista es consciente de esta situación e intentará defenderse readaptándose a ella. Muchos católicos cayeron en la trampa de la pseudo-liberalización. ¿Volverán a caer en la pseudo-democratización que se avecina?

Es necesario insistir en un punto con respecto al cual un católico no puede tener ya ideas confusas: la democracia es la forma de gobierno deseable en los tiempos modernos, y esto supone:

1) la existencia de partidos políticos;

2) la libertad de asociación y con ella la libertad sindical;

3) una libre opinión pública.

Todo ello conduce a la necesidad de un compromiso amplio con todas las fuerzas reales de oposición al régimen y el reconocimiento de:

a) un gobierno provisional, transitorio, sin signo institucional y sin programa de partido;

b) un período o plazo de funcionamiento prudencial, durante el cual se devuelvan a la nación los libertades democráticas, y el entrenamiento necesario para salvar la situación adaptándose a la nueva.

c) la necesidad, al término del plazo, de que la opinión pública determine la forma de gobierno que estime más apta a su estructura e intereses.

Quizá fuese conveniente la aceptación de un control internacional, las Naciones Unidas, a lo largo de este proceso.

Después vendrán los programas concretos en materia de educación, hacienda, economía, agricultura. Esos son ya programas de partidos y los católicos descubrirán, al apreciar las discrepancias existentes dentro de sus propios grupos, su fraccionamiento. Pero esto es lógico si se acepta el libre juego democrático. Unos estarán a la derecha, otros a la izquierda y otros en el centro. Lo que es incuestionable es que la democracia es ya, más que una forma política, una forma de vida, la forma de vida y convivencia contemporánea, de acuerdo con la doctrina de la Iglesia, y el católico tendrá que aceptar la existencia e institucionalización pública de doctrinas filosóficas, científicas, religiosas o políticas no coincidentes con la suya.

CIPRIANO DEL RISCO

En la Universidad de Puerto Rico ha tenido lugar, el 18 de julio, el acto de entrega del monumento donado por el exilio español al pueblo puertorriqueño.

El monumento, obra del español Pablo Serrano, ha quedado instalado frente al Museo de la Universidad. Desde una masa informe de bronce arranca, casi sin estructura, una bóveda abierta al frente, símbolo de esperanza de unos hombres que trágicamente aplastados por la catástrofe de la guerra civil, rehacen trabajosamente el edificio futuro.

La presencia activa de tantos exilados en Puerto Rico y las palabras de Juan Ramón Jiménez grabadas en una placa de bronce cerca del monumento, nos dan todo el sentido del mismo: Pie en la patria, casual o elegida; corazón, cabeza, en el aire del mundo.

Abrió el acto el Dr. Rodríguez Olleros, leyendo mensajes de adhesión del presidente mejicano Adolfo López Mateos, de los ex presidentes de Costa Rica y Colombia, José Figueres y Eduardo Santos, así como de otros líderes americanos. El exilio se sumó al acto con calurosos telegramas y cartas de adhesión.

El Dr. Gabriel Franco, ex ministro de la República Española y profesor de Economía y Hacienda de la Universidad, destacó en su discurso de entrega que el monumento era «un testimonio de las consecuencias de las contiendas civiles; una advertencia a las generaciones, presentes y futuras, de los inestimables bienes de la convivencia pacífica; un aviso a mantenerse siempre alerta en defensa de las instituciones democráticas; un llamamiento a luchar por ellas a quienes creen en los valores fundamentales en que se sientan esos ideales»... «El mundo -dijo- perpetúa el hecho de gran trascendencia en la historia de nuestra patria, y en la de estos pueblos hispánicos: una emigración comparable por su magnitud a las mayores registradas en los anales de las persecuciones ideológicas. Quinientos mil españoles salieron de España en mil novecientos treinta y nueve»...

La Universidad de Puerto Rico fue el hogar donde calurosamente fueron recibidos tantos españoles huidos de un régimen incompatible con la libre circulación de las ideas. En este sentido, la relación hecha por el Dr. Franco de tantos ilustres escritores y profesores universitarios que dieron o dan cursos o conferencias en la Universidad, demuestra la profunda vinculación e influencia de la España que conmemora el monumento, con el pueblo y la Universidad de Puerto Rico: Juan Ramón Jiménez, Zenobia Camprubí de Jiménez, María Zambrano, Fernando de los Ríos, Severo Ochoa, Américo Castro, Jorge Guillén, Francisco y José Giral, Sánchez Albornoz, Marcelino Pascua, Jiménez de Asúa, Mariano Ruiz Funes, Alejandro Casona, Javier Malagón, León Felipe, Federico Enjuto, Gustavo Pitaluga, Luis de Zulueta, Francisco García Lorca, etc.

El Rector de la Universidad recibió el monumento en nombre de la institución destacando con cálidas palabras de agradecimiento la deuda que tiene el centro ante la labor intelectual y académica de los hombres que llegaron al país buscando refugio.

Cerró el acto el Gobernador quien señaló «que es al pueblo puertorriqueño a quien correspondía agradecer a los exilados españoles su contribución a Puerto Rico», añadiendo: «Les deseo un pronto regreso a una patria libre. Cuando llegue ese día, los puertorriqueños sentirán su pérdida, pero a la vez se alegrarán de que hayan podido regresar a una patria tal como la han soñado y deseado».

El acto ha sido expresión clara de un profundo sentimiento mutuo de unidad y participación entre la España liberal y democrática y el pueblo puertorriqueño. La dedicatoria del monumento no da lugar a confusiones: A Puerto Rico. Los españoles que aquí hallaron la libertad perdida.

El periódico monárquico ABC, en una crónica firmada por su «bien conocido» corresponsal, ha dicho «En Puerto Rico se dan múltiples influencias, pero de España, ni rastro». Quiso decir, claro está, de la España franquista, ni rastro. Estamos de acuerdo.

Las voces del coro

Hace unos días me decía un personaje que frecuenta el mundillo oficial (aunque sus sentimientos no son los de éste) que los únicos que se entregaban a la política en España eran los grupos más o menos afines al régimen (es decir, que pueden vivir dentro de sus fronteras o, a lo sumo, haciendo tímidas escapadas fuera de ellas) pero que, ya esto suponía una progresión con relación a hace diez años y que podía llegar a constituir un germen de planteamiento más radical de los temas políticos en España y por los españoles. Pareciome acertada la segunda parte del razonamiento, si bien las premisas incurrían en exageración. Seguí dándole vueltas a la cuestión y vi, en efecto, que en la tragedia española los primeros papeles siguen a cargo de quienes detentan el poder, de quienes personifican la institución militar o la eclesiástica, de quienes tienen en su mano las riendas de los sindicatos oficiales, de quienes pueden prevalerse de su pasado (el grupo falangista de Es así, los monárquicos hoy liberales pero que combatieron contra la República), de organizaciones toleradas como las HOAC o la JOC, de instituciones profesionales que han resistido a tantos embates como los Colegios de Abogados, etc. Todo ello además de los asendereados «grupos de presión», los «brain-trusts» que rodean a los hombres-clave de las instituciones citadas, los tecnócratas que juegan a un sospechoso neo-despotismo ilustrado, etc. Poca cosa, en verdad, pero esos son los primeros personajes y sus actos tienen importancia en el ámbito de la política española actual.

Ahora bien; no son pocas las veces que hemos indicado que el «quid» de la cuestión residiría, tal vez, en el fenómeno consistente en que una gran multitud de españoles, de gentes sencillas, se den cuenta de nuevo, como hace una treintena de años, de que lo que está sobre el tapete concierne a todos y que la existencia cotidiana de cada hijo de vecino está fundamentalmente determinada por esos actos del poder y de la oposición, hoy reducidos a ser ejercitados por grupos minoritarios. 1962 (grandes huelgas, Munich, protestas universitarias) marcó con fuerza la aparición del personaje multitudinario que sirve de fondo a la tragedia griega: el coro. Es todavía el coro; no ocupa los primeros planos, pero ya está ahí, para señalar que los proyectos que se hagan sin contar con él corren el riesgo de sufrir la misma suerte que los tradicionales castillos de naipes.

Bueno, ¿y a qué viene todo esto? Pues viene a que el coro ha dejado oír de nuevo su voz, y a que esa voz debe inducir a reflexión a todos aquellos que se ocupan de cerca o de lejos de política española.

Comienza la huelga

Un buen día, al principio de este mes, los obreros de la mina «Llamas», situada en Ablañas -cuenca del Caudal- deciden no tolerar más los actos arbitrarios de un ingeniero. Sus auténticos representantes discuten fuerte con el delegado provincial de Sindicatos. Llega medianoche y no han conseguido nada. A la mañana siguiente toda la mina está en huelga. La empresa cierra la mina por tres días. Pasados estos, la huelga prosigue y la empresa -«Nueva Montaña Quijano»- estima que la huelga no tiene carácter profesional y pone en la calle a los setecientos setenta y siete obreros de la misma. La respuesta fue dada el viernes 19 por los mineros de «Figaredo», «Dominica» y «Hullera Española». El lunes 22, la huelga se había extendido a la mina «Tres Amigos» y a «Industrias Asturianas». Todos estos huelguistas -que sumaban cinco mil dicho día- tenían reivindicaciones precisas: extensión de las vacaciones pagadas, aumento de la gratificación del 18 de julio, a las que se añadían la solidaridad con los mineros de la «Llamas» y el derecho a la libertad sindical.

En Madrid, como siempre, empezó por intentar ocultarse la noticia, creyendo que era un asunto limitado en tiempo y número. Por fin, se habló de ello el lunes 22. Para no perder la costumbre se dijo que en el momento en que se estaba elaborando una convención colectiva, se iniciaba la maniobra de huelga con objeto de perjudicar a aquella.

Pasaron dos días y la huelga aumentó. Nueve mil mineros cesaron de trabajar en las cuencas del Caudal y del Aller. La prensa de Madrid torció el gesto y Arriba, hablando de «maniobras de los enemigos de España», e Informaciones, injuriando sin recato a los mineros, vinieron a coincidir -¡como siempre!- en lo esencial.

El día 24 volvieron al trabajo los mineros de «Tres Amigos», pero se pusieron en huelga los metalúrgicos de Mieres y los astilleros de Gijón (estos, sólo por un día) manifestando que se conducían así por solidaridad hacia los mineros. Se envió a Oviedo al Sr. Labadíe Otermín, antiguo gobernador civil, para que iniciara las conversaciones «preparatorias» al convenio colectivo provincial (como se ve, estaba lejos de haber sido elaborado). Pero si algunos altos funcionarios creían más prudente ceder en buena parte a las peticiones obreras, ocurrió que encontraron una viva resistencia por parte de las empresas. La Industrial Asturiana y Minas de Figaredo decidieron despedir en bloque a todos sus obreros.

Hechos contraproducentes

Mientras esto ocurre allá en Madrid se produce un hecho a todas luces lamentable. El 29 de julio estallan dos artefactos explosivos; uno, frente a la Casa Sindical, y otro dentro de la Dirección general de Seguridad, en la sala donde se expiden los pasaportes, que causa diecisiete heridos, siete graves. Recordarán ustedes que este fenómeno de las bombas se repite cada vez que hay huelgas, movimientos de protesta de amplitud, etc. Se ponen las bombas y todo sigue igual. Es decir, todo no sigue igual, porque las consecuencias son: 1.º una serie de detenciones y medidas represivas muchas veces contra sectores de la oposición que no tienen que ver nada, ni de cerca ni de lejos, con estos métodos; 2.º un sentimiento de duda en capas pacíficas de la población y también otro de hostilidad contra toda la oposición, contra todos los medios obreros, entre personas moderadas que son verdaderamente liberales y enemigas del régimen, pero que no quieren recaer en el ciclo del terrorismo. La casi totalidad de la oposición reprueba este método de acción, contrario a toda solución viable en el esfuerzo por devolver a España su libertad.

En cambio, otros acontecimientos están cargados de honda significación. Me refiero concretamente a la reunión, precisamente en Oviedo, del XXVI Consejo Nacional de la juventud Obrera Católica (JOC), en el que se ha ratificado la oposición al sindicalismo vertical, afirmándose por los allí reunidos que «los trabajadores españoles no gozan de la libertad que tienen los obreros en todo el mundo». El acto final, en el que intervino Monseñor Cardijn, se celebró en el Seminario, ante más de 2.000 jóvenes, porque el Gobernador se negó a autorizar su celebración en el teatro Campoamor.

Por las razones que sean (y entre ellas hay que mencionar sus posibilidades de acción legal) la JOC y las HOAC constituyen hoy unas agrupaciones cuyos principios y propaganda se oponen al régimen en todo lo que se refiere a cuestiones sindicales, libertad de prensa, derecho de asociación, de reunión, etc., de tal manera que existe contradicción entre sus postulados y la llamada «Constitución» del régimen que, a juicio del Sr. Carrero Blanco -y de quien está por encima de él- no admite discusión ni cambio. Es más, resulta ya un lugar común decir que la jerarquía católica guarda sus distancias respecto al régimen. Se sabe que la futura democracia cristiana prepara sus cuadros políticos para un mañana próximo y se conocen nominalmente muchos de ellos.

Esta es la parte del coro visible y la única que sin abandonar los cauces legales es algo más que una camarilla. Y luego está esa otra voz, la que resuena ahora en Asturias y puede resonar mañana en Andalucía, Cataluña, Vizcaya...

TELMO LORENZO

Madrid, 30 de julio de 1963

Con lo que no puede el régimen

(Crónica del mes de agosto)

No hay subterfugio posible para escamotear que desde hace cuarenta días hay huelga en las minas de Asturias, que esa huelga se extiende ya a zonas de la provincia de León, que hoy concierne a unos 20.000 trabajadores y que teniendo en cuenta que ha seguido un turno de rotación (primero cuencas del Caudal y Aller, luego cuenca del Nalón) han participado ya en ella cerca de 30.000 obreros.

En la primera semana de agosto, la huelga se extendió por la cuenca del Nalón, Langreo, etc. Empezó el día 2 en las minas «Mosquitera» y «Oscura», cerca de Langreo. A los dos días se pusieron en huelga los de la mina «María Luisa» (ésta, como la «Mosquitera» es propiedad de la «Duro-Felguera»), las de «Carbones Asturianos», las minas Barredo, «Modesta», «Santa Eulalia», «Respinedo» y algunas otras más. Dos días después, los 1.500 obreros de la mina «La Camocha», próxima a Gijón, declaraban a su vez la huelga, manifestando que era por solidaridad (estos huelguistas volvieron al trabajo dos días después, pero desde el día 19 han reanudado el paro y «La Camocha» ha sido cerrada como todas las demás minas).

El 7 de agosto había 15.000 obreros en huelga, aunque la normalidad se había restablecido en las minas que habían parado en julio. Los mineros exponían sus reivindicaciones: cuarta semana de vacaciones pagadas, gratificación equivalente a la paga de un mes por el 18 de julio y por Navidad, añadiendo ahora la revalorización de pensiones para retiro y asegurados de silicosis, y, junto a todo esto, la libertad sindical. Los delegados auténticos de los mineros eran los únicos respetados por estos que se negaban -y se siguen negando- a reconocer a los funcionarios de la Organización Sindical como representantes suyos. El asunto tenía, sin duda, un indiscutible alcance político.

Y la cuestión se discutió en el Consejo de Ministros celebrado en el palacio de Ayete. Si en cierto momento se pudo atribuir a Solís el propósito de «meter en cintura» a las empresas intransigentes, esa ilusión quedó desvanecida tras el Consejo de Ministros. Gobierno y empresas estaban perfectamente de acuerdo en responder a la huelga por el «lock-out», encargándose las propias autoridades de cerrar las empresas cuya mayoría del personal se declaraba en huelga. Al actuar así se persiguen varios propósitos; uno, el más importante, intentar rendir por hambre a los huelguistas; otro, lanzar una cortina de humo sobre la importancia de la huelga, porque el Gobierno presenta el asunto como si la producción se parase porque él cierra las minas y no a causa de la huelga. La realidad es muy otra, ya que sólo se han ido cerrando los pozos en la medida en que, por ausencia de la casi totalidad del personal (sobre todo los picadores) no ha sido posible continuar el trabajo.

El verdadero carácter de las huelgas

Como la intransigencia gubernamental tenía que revestirse con un pretexto, se dijo por algunos ministros que las huelgas tenían carácter político y «eran dirigidas desde el extranjero». Nadie se cree este último cuento; en cambio, cada vez parece más claro que estas huelgas -que sin duda se asientan en una base profesional- están dirigidas contra el sistema sindical totalitario del país y son, en este sentido, una continuación en forma más importante de la acción iniciada mediante el boicot de las elecciones sindicales.

Los huelguistas hicieron caso omiso de ofrecimientos y de amenazas. La prensa ya no sabía que decir: una huelga «impopular» y «dirigida por grupos minoritarios» tenía una duración que sólo puede lograrse cuando se cuenta con la unanimidad y con asistencias solidarias. La reapertura de los pozos del 12 de agosto, en la que el Gobierno y los funcionarios sindicales tenían puestas sus esperanzas, fue un rotundo fracaso. Nadie volvía al trabajo, de nada servía que la «Agencia Logos», por ejemplo, difundiese un despacho diciendo que «los mineros de la cuenca de Langreo vienen mostrando en las últimas jornadas una clara tendencia hacia la vuelta a la normalidad».

Precioso eufemismo. De nuevo el lunes 19 de agosto se vuelven a abrir numerosos pozos y se emplean coacciones para que los obreros acudan al trabajo. Negativa completa. En la mina «María Luisa», donde hay más de 1.000 obreros, se presentó al trabajo un solo picador. El promedio de obreros que se presentaron al trabajo en los pozos que sucesivamente se fueron abriendo los días 19, 20 y 21 de agosto, fue ligeramente inferior al 10 por 100 del censo laboral de dichas minas. En los medios de la Organización Sindical de Madrid no se ocultaba que de los 9.500 mineros que trabajan habitualmente en los catorce pozos que se habían vuelto a abrir los días 19 y 20, sólo se habían presentado al trabajo unos novecientos. Hubo minas, como la «Mosquitera» en la que volvieron a trabajar el día 19, unos 170 obreros sobre un total de 480. Esto era el lunes; el miércoles apenas pasaban de cien; el jueves había que cerrar otra vez la mina, y no sólo esa sino todas. Mina cuya reapertura se había intentado, mina que ha tenido que cerrarse en la semana del 19 al 25. Así quedaba palmariamente demostrado que los mineros no trabajaban porque obedecían a las consignas de huelga dadas por sus organizaciones clandestinas (sería pueril pretender que no existen después de esta demostración durante mes y medio), y en modo alguno a causa del «lock-out» concertado de patronos y autoridades.

Que los huelguistas no están tan aislados como el Gobierno lo pretende lo confirmaba el artículo del Obispo-coadjutor de Oviedo, Dr. García de Sierra en «Ecclesia» del 17 de agosto: la primera autoridad eclesiástica de Asturias recuerda que no hay progreso económico sin progreso social y recuerda la obligación para todo cristiano «de no contentarse con conocer la doctrina social, sino de aplicarla en la vida diaria».

A mediados de la semana del 19 al 25, la huelga se ha extendido por la zona del norte de León. Han empezado los 2.500 mineros de Villablino, seguidos de los 500 de la «Minero-Siderúrgica» de Ponferrada (estos han vuelto ayer al trabajo). Al comenzar esta última semana han entrado también en la huelga los de la zona del Torío y Sabero, donde hay más de 1.000 trabajadores. Las autoridades siguen con su ya habitual procedimiento. Van cerrando mina tras mina, desde el momento en que el número de huelguistas hace imposible que la producción se mantenga.

Firmeza y calma de los huelguistas

La huelga se realiza en todos los lugares con la más perfecta calma, sin ninguna perturbación de orden público. Han sido distribuidas algunas octavillas de la UGT y de la Oposición Sindical. Se sabe que hay una veintena de detenidos.

Firmeza y calma de los huelguistas han hecho vacilar varias veces en el transcurso de este mes a los grupos y prensa gubernamentales. Promesas de readmisión sin sanciones ni discriminación, piruetas en torno a la convención colectiva -que sigue paralizada aunque los plumíferos del régimen decían en julio que «estaba a punto de firmarse»- maniobras falangistas sobre «la intransigencia de las empresas», concertadas con el histerismo de Informaciones pidiendo mano dura con los mineros. La semana pasada ABC ha planteado la cuestión en otra forma, seguido por la prensa regional asturiana:

Este artículo, además de ser el primero en que se emplea la palabra huelga, tiene innegable alcance. El grupo político-social que se expresa a través de ABC, jaquetón y amigo de recurrir a la Guardia Civil cuando se trata del «populacho», reconoce que por «las bravas» no hay manera de evitar las huelgas. Y plantea la reorganización económica general, de lo que suponemos tomará buena nota el Sr. López Rodó. Sin embargo, hay cosas que saltan a la vista: a) el costo de producción en las minas es elevado porque la mecanización y el utillaje están anticuados y, en ciertas vetas carboníferas no hay buenos medios de transporte; b ) a pesar de que se consume menos carbón para ferrocarriles y navegación que antes, no estamos sobrados de él; la demanda de la siderurgia está en alza y, lo que es más importante, según recientes informes técnicos, las nuevas instalaciones posibles de energía hidroeléctrica resultarán muy costosas y habrá que pensar de nuevo en la energía térmica, a no ser que prospere la nuclear; c) también es engañarse hablar de transferir mano de obra minera a otras industrias, cuando no es posible contener la hemorragia de la emigración. De buena parte de las dificultades que tiene hoy la economía carbonífera son responsables las empresas dominadas por un sector de la oligarquía financiera que se expresa a través de ABC. No es extraño que ahora quieran desentenderse de todo, aunque sea con perjuicio de la economía nacional.

Por otra parte, sería erróneo creer que el malestar obrero se limita a Asturias y León. Si ha habido recientemente plantes en fábricas barcelonesas y otros, seguidos de manifestaciones en La Coruña, donde el problema tiene hoy caracteres más agudos es en Vizcaya. Los obreros de esta región consiguieron que volviesen sus compañeros deportados en 1962; pero no han conseguido la reintegración de los mismos al trabajo y, mucho menos, sus peticiones de garantías para las elecciones de enlaces sindicales. Por lo que a estas se refiere su actitud no deja lugar a dudas: En Vizcaya y Guipúzcoa no votaron más del 12% de electores del censo sindical; fábricas hubo como la «Echevarría» de Santa Agueda, con 86 votantes entre 1.900 obreros y la «General Eléctrica» con 513 votantes entre 4.000 inscritos.

Impotencia del gobierno frente a las demandas de los obreros

Pero volvamos al problema general. A primeros de agosto 400 trabajadores de la empresa «Beltrán y Casado» iniciaron una huelga en respuesta al despido de uno de ellos. La sanción fue anulada por iniciativa de la autoridad provincial temerosa de una generalización del conflicto. Al mismo tiempo -el día 9- una comisión designada por los obreros, que había presentado pliegos con millares de firmas al Gobernador, al Obispo y a los Sindicatos, pidiendo la reintegración de deportados y nuevas elecciones sindicales, pidió el local de la Organización Sindical para reunirse. Los jerarcas se negaron, como era de suponer. Entonces los obreros invadieron los locales y celebraron su reunión, que no pudo ser impedida por varios policías, los cuales se limitaron a presenciarla. Después de la reunión más de 1.000 obreros se manifestaron silenciosamente por las calles Licenciado Poza, Alameda Recalde y Federico Moyua hasta llegar al Arenal. El 12 de agosto se repitió la manifestación: 2.500 obreros se manifiestan ante el Gobierno Civil. El Gobernador no estaba, pero el jefe de Policía recibió a una comisión y les dijo que le parecían bien sus peticiones, pero no el medio de hacerlas. Al día siguiente, otra manifestación va hasta el Palacio Episcopal, pero Mons. Gurpide se negó a recibir a los obreros; el edificio estaba acordonado por más de 200 policías armados. Ese mismo día el Gobernador recibe a los comisionados obreros y les dice que no está dispuesto a tolerar más manifestaciones, pues «la cosa no es para tanto». Desde entonces ha habido algunas manifestaciones, pero en torno a las fábricas. Los obreros siguen pidiendo la reintegración de sus compañeros y la libertad sindical. Esta última petición es exactamente la misma que la de los mineros asturianos.

Contra huelgas y manifestaciones, a la vez multitudinarias y pacíficas, el Gobierno es impotente. Hoy no está en condiciones de lanzar la policía y la Guardia Civil contra millares de hombres que actúan con plena serenidad. En cambio, sí puede reprimir, con la misma ferocidad de siempre, los actos aislados y mucho más si estos revisten formas de extrema violencia o de terrorismo.

Otros acontecimientos graves

Con ello entramos en la parte triste de los acontecimientos políticos del mes. Habíamos ya hablado de la explosión de una carga de plástico en el local donde se expiden pasaportes de la Dirección general de Seguridad, seguida de otra ante la Casa Sindical. La primera produjo 17 heridos, de personas que se encontraban allí gestionando sus pasaportes -no hubo ningún policía herido- y la segunda no produjo heridos ni desperfectos.

La prensa se apoderó inmediatamente del asunto y..., ¡oh, milagro!, tres días más tarde resultaban detenidos los presuntos autores, Francisco Granados y Joaquín Delgado, pertenecientes a las juventudes Libertarias, que habían venido hacía poco de Francia. Los periódicos publicaron extensos relatos de la detención que parecía sobremanera extraña. Un cabo de la Guardia Civil habría interpelado a estos dos hombres, en la plaza de Oriente, porque se metían con unas turistas. Y el cabo perspicaz (que había sido profesor de francés) se dio cuenta según unos de que ellos hablaban mal el español, y según los otros mal el francés (¡que cabo más inteligente!). Las versiones no concuerdan sobre esto. Luego, el cabo retuvo a los detenidos y los pasó a la policía (naturalmente, un cabo de la Guardia Civil no se dedica a detener turistas piropeadores en plena calle). La Brigada político-social actúa entonces con la celeridad del rayo y descubre no sólo que estos hombres han puesto los explosivos, así como otro en Francfort, hace meses, en un avión de la «Iberia», sino también que tienen un arsenal de veinte kilos de plástico y una metralleta en una casa del barrio de Usera. En este asunto resulta mezclada una muchacha, Mari Cruz López, novieta de uno de ellos, de la que luego no se habla. Y, claro, la prensa se derrite en elogios a la Policía, las primeras planas vienen con las fotografías del Director de Seguridad, el de la «Social» y sus colaboradores, Arriba publica un policiaco editorial. Muy extraño todo. Y si no extraño, sí sospechoso, el Consejo de Guerra que se celebra a marchas forzadas. Ninguna garantía, ni de defensa, ni de pruebas, ni de debate..., de nada. El acceso a la sala de la calle del Reloj resulta dificilísimo. Hay periodistas que se quedan sin entrar por falta de sitio; otros, están de vacaciones, los asientos están casi todos ocupados por policías. Sin embargo, se sabe que Granados y Delgado han negado ser los autores de los atentados del 29 y 30 de julio, aunque no del de Francfort, y que han reconocido haber introducido en el país las cargas de plástico que tenían.

Se les condena a muerte irremisiblemente y el sábado día 17 (el día antes había habido Consejo de Ministros) son ejecutados a garrote vil en la prisión de Carabanchel. Se cuenta que aquello fue terrible y que el verdugo tardó cerca de media hora en llevar a cabo su repugnante misión.

Un crimen más...

Un crimen más del que tendrán que responder los gobernantes de España ante Dios (todos se dicen católicos) aunque logren burlar la justicia de los hombres; una burla más al «Estado de Derecho» que invoca todavía el Alcalde de Madrid (conde Mayalde, antiguo Director General de Seguridad) peleándose con un periodista a propósito de las expropiaciones que el ministerio de Hacienda hace en calles céntricas. Una sentencia de muerte más firmada y confirmada por el general García Valiño.

Ahora bien. ¿Qué hay detrás de todo esto? Personas bien informadas creen que Granados y Delgado no pusieron los explosivos en cuestión; además, lo negaron rotundamente en el juicio. ¿Quién los puso y con qué fines? Difícil es saberlo. Por el contrario, parece más claro que la policía estaba ya sobre la pista de los jóvenes anarquistas y que su detención (que no tiene nada que ver con la mala novela policiaca de la detención en la Plaza de Oriente por el cabo famoso) fue relativamente fácil si es que no estaba ya preparada de antemano.

Queda, sin embargo -y la organización libertaria lo ha confirmado en una nota que recibieron varios periodistas- que se preconiza la táctica del terrorismo individual, del atentado. ¿A quién favorece esto? Sentimos decirlo porque, al fin y al cabo se trata de opositores al Régimen: a quien favorece es a éste. Es difícil hallar en Madrid a un hombre o mujer sencillos que no se crea que lo de la Dirección no fue un acto anarquista, que los medios oficiales dicen «rojo», para amalgamarlo rápidamente con cualquier género de oposición. La gente no reacciona como otras veces, aunque comprenda que la ejecución no deja de ser una ilegalidad y un crimen.

Todos los grupos de oposición condenan unánimemente estos procedimientos. Porque, eso sí que lo puede impedir el Régimen, eso sí que le permite segar nuevas vidas y clavar una cuña entre la oposición y gran número de españoles.

El Régimen es impotente ante los mineros de Asturias, ante los trabajadores de Bilbao. También lo es, aunque lo encarcele, ante el poeta Carlos Álvarez, cuya denuncia del terror y de la ilegalidad sigue resonando; también lo es ante José Bergamín, de nuevo insultado zafiamente por Luca de Tena en el ABC. Cada gesto de estos escritores como de aquellos obreros -cada uno en su medio de acción y en la medida de sus posibilidades- conquista nuevas conciencias y reduce el margen de posibilidades del Régimen.

TELMO LORENZO

Madrid, 28 de Agosto de 1963

UN LIBRO ESPERADO³

Acaban de salir a la luz los apuntes que Tomás Meabe, fundador de las Juventudes Socialistas de España, escribiera en los últimos días de la enfermedad que le minaba.

La originalidad y la fuerza de pensamiento de Meabe aparecen más agudas en esas páginas. De Tomás Meabe aparecen, dijo Indalecio Prieto, en un artículo que sirve de prólogo al libro: «Entre los intelectuales vascos que he conocido y tratado descuellan Miguel de Unamuno y Tomás Meabe, pero acaso fuera más maciza la originalidad del segundo que la del primero».

Este libro, de menos de 100 páginas, hay que calificarlo de «libro excepcional», tanto por recoger los destellos últimos y luminosos del pensamiento de Meabe como por la originalidad de su presentación. La primera parte la integra el texto impreso de esos apuntes, escritos o dictados por Meabe; la segunda lleva en facsímil los originales, unos de la misma escritura del enfermo, y otros de su excepcional y heroica mujer Julia Yruretagoyena, a quien dictaba en momentos en que él no tenía fuerzas para escribir.

Mientras que continuemos concediendo crédito a las declaraciones y acuerdos del gobierno español, seguiremos tropezando en la misma piedra.

Como gran acontecimiento se han señalado dos acuerdos del Consejo de Ministros celebrado en San Sebastián a mediados del mes de agosto: la adhesión de España al tratado de Moscú y el proyecto de ley sobre la concesión de autonomía a las llamadas «provincias españolas» Fernando Poo y Río Muni -categoría teórica dada por el gobierno franquista en 1958-. Hubo otro acuerdo de orden interior en relación con los huelguistas de Asturias: ir cerrando las minas en las que se produjeran las huelgas. El ministro de Información, Sr. Fraga Iribarne, dio cuenta a la salida del Consejo de lo tratado en él, declarando con énfasis: «España, fiel a los principios del Movimiento, que hacen de la paz su principal objetivo, y de acuerdo con el espíritu de la Santa Sede, se ha adherido al tratado de Moscú». Sobre la segunda resolución tomada dijo: «El proyecto de ley será redactado de acuerdo con las provincias y después de discusión con los ciudadanos tanto de origen indígena como europeos y en un espíritu de generosidad». Sobre el tercero de los acuerdos se expresó así: «Las huelgas tienen un carácter político, están dirigidas desde el extranjero, por eso el gobierno se ha visto obligado a tomar esas medidas».

La decisión del gobierno de adherirse al tratado de Moscú, se ha interpretado con la mejor voluntad y la ha recibido la prensa democrática como indicio de que la España franquista emprendía el camino del neutralismo, cuyas consecuencias podrían tener repercusión en la política de liberalización. El segundo de los acuerdos ha provocado dos reacciones: una, posible movimiento esperanzador en el interior frente a esa libertad prometida a las colonias; otra, el proyecto de autonomía es una táctica opuesta a la política de Salazar en África.

¿Cuáles pueden ser las razones de esos dos acuerdos de política exterior? Parece que los Estados Unidos han hecho conocer a España su deseo de que se adhiera al tratado de Moscú. Si tenemos en cuenta que las negociaciones entre Washington y Madrid relacionadas con la renovación de los acuerdos suscritos en 1953, se encuentran en una fase difícil, tendremos la explicación clara de ambas decisiones: complacer a Washington y presentarse ante las Naciones Unidas como auxiliar de su política anti-colonialista.

Hasta ahí no iban mal las cosas, unos y otros aplaudían esos acuerdos que indicaban un cambio del gobierno español con posibles repercusiones favorables en la política interior. Pero como las medidas anunciadas en relación con la huelga de mineros no se han podido interpretar «de acuerdo con el espíritu de la Santa Sede», una parte de la opinión aprecia una cierta complejidad en la política del gobierno. Acontecimientos posteriores llevaron a la confusión a muchos observadores de la política internacional: la condena y ejecución de los dos anarquistas, Francisco Granados y Joaquín Delgado. El Consejo de Ministros celebrado el 16 de agosto había denegado la petición de clemencia y el 17 en la madrugada fueron ejecutados ambos hombres a garrote vil, en la cárcel de Carabanchel. Fueran o no Granados y Delgado los autores del atentado con bomba que produjo numerosos heridos en la Dirección General de Seguridad, todo el mundo vitupera esos hechos, pero también es unánime la repulsa a la resolución del gobierno aprobando una ejecución por procedimientos brutales, inhumanos, medievales.

Se han dado circunstancias en ese enjuiciamiento y proceso de ambos acusados que no es posible pasar en silencio; el delito de que se les acusaba no entraba en la tipificación de delitos de orden militar y sin embargo, han sido juzgados por un tribunal militar. El juicio se celebró a puerta cerrada, solamente asistieron ciertas personalidades de alta categoría; a los periodistas extranjeros se les negó la entrada «por falta de sitio». Habiéndose sustraído al conocimiento público ese juicio, todas las conjeturas están autorizadas y todas son desfavorables a la actuación de la justicia. La opinión mundial ha condenado el procedimiento empleado para eliminar a esos hombres.

De ahí viene el estado de confusión, de incertidumbre y de inquietud en que se encuentran ciertos medios políticos responsables respecto a España. ¿A dónde va o quiere ir el general Franco? Al fin y al cabo Salazar sigue imperturbable su línea, dictador retrógrado, colonialista e imperialista; el dictador Franco, más cauto, más sinuoso, quiere aparecer flexible y se presenta unas veces con atuendo europeo y otras con yelmo y coraza, con lo que pretende desconcertar sin definirse, pero lo que logra es la confusión en algunos medios, y también, sin proponérselo, lleva la luz a otros más avisados.

Esa doblez de su política puesta en práctica desde hace poco tiempo, puede dar la impresión de que España es un enigma; para nosotros la línea de Franco es clara: mantener el interior bajo el terror de las represiones, conservar la ayuda americana al mismo tiempo que guardar un equilibrio entre Washington y París -equilibrio que ya hemos señalado en otra ocasión como imposible-. No, la España actual no es un enigma, es un tablero de ajedrez. Y respecto al futuro, más tarde o más temprano España, por muy fosilizada que aparezca hoy, entrará en la vía europea, con sus estructuras económicas y con las libertades y garantías básicas de la vida civil.

El carácter de las huelgas

MADRID, 30 agosto, Ibérica: -Las huelgas mineras, que ya llevan más de ocho semanas, alcanzan, incluyendo las de León, a más de 27.000 trabajadores (el gobierno da la cifra de 42.472 mineros inscritos en el censo). Unos califican estas huelgas de huelgas «económicas», otros de «políticas». El gobierno y las agencias oficiales de prensa las califican de «políticas» y creemos que, por esta vez, el gobierno, aunque trata de presentarlas como dirigidas desde el extranjero -lo que está desprovisto de todo fundamento- ha declarado la verdad de una situación social.

Por el contrario, sectores políticos tratan de presentarla como «huelga económica» y de poca importancia, dadas las reivindicaciones que se invocan. A nuestro juicio y precisamente por el género de esas reclamaciones, las huelgas no tienen una finalidad económica sino política.

¿Cuáles son los dirigentes de la huelga?

El movimiento va contra la organización sindical oficial y única y contra sus autoridades, su esencial reclamación es la admisión en sus puestos de trabajo y categoría de aquellos compañeros que fueron deportados como consecuencia de las anteriores huelgas. Los obreros siguen negándose a toda conversación con los representantes patronales mientras que no puedan designar sus propios delegados. A todo esto hay que añadir la evidente capacidad de resistencia, la solidaridad entre ellos y la solidaridad entre los trabajadores y la población. La huelga tiene sus dirigentes, pero en el interior y entre los mismos mineros.

Mensaje de los sindicatos internacionales

La Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres y la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Cristianas, han expresado, en una declaración conjunta de fecha 7 de agosto, a los trabajadores y al pueblo español, su solidaridad en la lucha que sostienen por la libertad y la democracia.

En ese mensaje, Omer Becu, secretario general de la CIOSL, y August Vanistendael, secretario general de la CIOSC, han subrayado que los trabajadores españoles son hoy la vanguardia de las fuerzas democráticas que combaten por la España libre de mañana.

El mensaje declara que la huelga actual de los trabajadores de Asturias ha puesto una vez más de relieve la sumisión absoluta de los sindicatos españoles -los «sindicatos verticales»- al Estado y a sus empleados. La abstención en masa en las elecciones sindicales en las regiones industriales del país, constituye una prueba más de la oposición de los trabajadores a los llamados sindicatos.

El mensaje expresa la duplicidad comunista consistente en intensificar el comercio entre España y los países dirigidos por los comunistas, del cual beneficia un régimen totalitario, con el objetivo último de implantar en su lugar otro régimen totalitario.

Sindicalistas soviéticos a España

PARÍS, 30 agosto, Ibérica: -En su edición de ayer el periódico Le figaro insertaba lo siguiente: En fecha próxima ocho sindicalistas soviéticos irán a España para estudiar el sistema del sindicalismo, se dice en Madrid por fuente autorizada. El viaje tendrá lugar en octubre o noviembre, después de la firma por España del tratado de Moscú sobre la prohibición limitada de las explosiones nucleares. Según la misma fuente informativa, la URSS había sugerido hace unos diez meses, a través de la UNESCO, el envío de esos ocho sindicalistas. No parece imposible, se piensa en Madrid, que ocho sindicalistas españoles vayan a la URSS para estudiar el sistema sindical soviético. La misma noticia inserta Le Monde en su edición del día 27.

Petróleo soviético por el oro de España

PARÍS, 14 agosto, Ibérica: -La noticia siguiente la recogemos del periódico Le Figaro de ayer: «Según el cotidiano madrileño Ya, España recibirá petróleo bruto soviético como reembolso por la URSS de los 800 millones de dólares, en piezas y lingotes de oro depositados en Rusia por el Gobierno republicano español durante la guerra civil. El reembolso se irá realizando durante un período de 5 años».

Preparaban atentado contra Franco

PARÍS, 28 agosto, Ibérica: -El periódico Combat de hoy inserta la siguiente noticia: «Los dos anarquistas ejecutados en Madrid el 17 de agosto, participaban en efecto en una operación montada por el Consejo Ibérico de Liberación para asesinar al general Franco», anuncia un texto recibido por la prensa extranjera de Madrid, texto presentado como una declaración del CIL, organismo que agrupa las federaciones anarquistas españolas y portuguesas.

El texto añade que por eso, porque los dos anarquistas -Joaquín Delgado y Francisco Granados- complotaban contra la vida del general Franco, es por lo que han sido juzgados a puerta cerrada y condenados a la pena de muerte. La misma información aparece en el periódico France Observateur.

PORTUGAL Y LAS COLONIAS

El discurso de Salazar

PARÍS, 15 agosto, Ibérica: -Entre los comentarios de prensa al discurso de Salazar, debemos señalar el del periódico Combat, que dice: «Es un discurso duro, intransigente y perfectamente retrógrado en cuanto al fondo del discurso que ha pronunciado el presidente Salazar. En conjunto el dictador ha ido a tranquilizar a los miembros que tiene a su alrededor que estaban muy inquietos estos últimos días creyendo ver a la política del Doctor hacia una descolonización.

Salazar ha afirmado la voluntad de mantener los lazos que han unido a Portugal y a Angola y Mozambique. Estas dos «provincias», añadió, «forman parte de la nación portuguesa y no existirían sin ella».

El ex presidente Claveiro Lopes

LISBOA, 13 agosto, Ibérica: -El mariscal Claveiro Lopes, ex presidente de Portugal, ha declarado al periódico portugués Diario de Lisboa: «Creo que la única manera de hacer frente a las perspectivas de la coyuntura actual, es reconocer con valor y buen sentido las realidades presentes, por duras y dolorosas que sean, y buscar soluciones conciliadoras entre los intereses de la nación y las exigencias de una evolución irreversible».

Divergencias entre partidarios de Salazar

PARÍS, 29 agosto, Ibérica: -En una crónica firmada por Veiga Pereira, inserta Le Monde de ayer informaciones de gran interés sobre las divergencias de ciertos grupos allegados al gobierno; de esas informaciones extractamos lo siguiente: «Divergencias crecientes aparecen en el seno mismo del régimen y van sumando antiguos partidarios de Salazar, tales como el mariscal Claveiro Lopes.»

«Numerosos son los militares que piensan que la concesión de la autonomía o de la independencia a Goa hubiese evitado la anexión por la Unión India, y por consecuencia, la humillación a la que se ha sometido al Ejército portugués»... «La presión que viene del exterior refuerza estas divergencias. Según ciertos jefes militares, por ejemplo el General Cámara Pina, jefe del Estado Mayor de las fuerzas armadas, y el General Pinto Rezende, jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, será imposible asegurar por la fuerza la soberanía portuguesa en África».

«Ciertos medios económicos manifiestan una gran inquietud. Se sabe, por ejemplo, que el señor Jorge Melo, administrador y heredero de la poderosa compañía Uniono Fabril, tiene lazos muy estrechos con el grupo del mariscal Claveiro Lopes».

«En otros medios políticos de Lisboa se afirma que ciertos ministros insisten sobre la urgencia de una cierta liberalización de la política colonial portuguesa. Se habla del Sr. Franco Nogueira, ministro de Asuntos Extranjeros, de Sr. Teixeira Pinto, ministro de Economía, de Pinto Barbosa, ministro de Hacienda. El general Gomes Araujo, ministro de la Defensa Nacional, ha amenazado con presentar su dimisión. El general monárquico Santos Costa, antiguo ministro de la Defensa Nacional, está en contacto con la oposición republicana conservadora».

Medidas de Etiopía contra Portugal

GINEBRA, 18 agosto, Ibérica: -El Journal de Genève del 16 inserta la siguiente noticia transmitida por la agencia AFP desde Addis-Abeba: «De acuerdo con las resoluciones adoptadas en la conferencia de Addis-Abeba, el gobierno de Etiopía ha decidido tomar medidas contra Portugal y África del Sur, anuncia un comunicado oficial publicado el jueves». Estas son las medidas: 1 -Prohibición de importar mercancías de esos dos países; 2 -suspensión de transacciones bancarias; 3 -cierre de puertos y aeródromos a los barcos y aviones de Portugal y África del Sur.

Reacciones ante el discurso del presidente Salazar

PARÍS, 15 agosto, Ibérica: -La prensa de aquí viene comentando en estos días el discurso de Salazar pronunciado el lunes. La primera consecuencia -dicen los comentadores- pudiera ser la agravación de la situación en Guinea. El discurso hace fracasar las negociaciones que llevaba Pento Bull, dirigente de la Unión de Portugueses en Guinea, hacia la autonomía interna.

Por otra parte se comenta la reacción de Amílcar Cabral, secretario general del Partido Africano por la Independencia, que ha declarado que sólo ve en el discurso de Salazar más razones para continuar la lucha que sostiene su partido contra las fuerzas portuguesas. El Sr. Cabral ha afirmado: «Llevaremos la lucha hasta el final».

Debemos mencionar también el comunicado publicado en Leopoldoville por la organización del dirigente Roberto Holden. En él se dice: «Sólo el reconocimiento efectivo de nuestros derechos a la independencia puede terminar el drama angolés».

En Madrid mala impresión

El discurso de Salazar ha causado en España mala impresión. La intransigencia de Salazar ha sorprendido profundamente a ciertos sectores de la opinión española, que esperaban, después de la decisión de Madrid de conceder un estatuto de autonomía a la Guinea española, más flexibilidad en el gobierno portugués en lo relacionado con sus territorios africanos.

España quiere más vínculos con Cuba

LONDRES, 18 julio, Ibérica: -El Times de hoy inserta la noticia siguiente: «El señor Garrigues, embajador español, ha indicado en Washington que España desea aumentar más que reducir sus vínculos aéreos y marítimos con Cuba. Contestando a la petición de los Estados Unidos sobre si España se uniría a las medidas del bloqueo contra Cuba, el señor Garrigues ha indicado que aún residen en Cuba entre 40.000 y 50.000 españoles. España desea conservar para ellos todos los medios posibles de repatriación».

La cátedra de catalán

BARCELONA, 22 agosto, Ibérica: -Después de tantos escritos, manifestaciones y presiones de todo tipo, por parte de los intelectuales y universitarios catalanes, por fin ha sido convocada y realizada la oposición.

El profundo antirregionalismo del régimen ha vuelto a poner las cartas boca arriba: Se formó un tribunal anticatalanista y además, perfectamente controlado por el Opus Dei. En estas condiciones los señores Comas o Roca poco tenían que hacer ante el señor Marsá, candidato oficial.

El fallo, como es de suponer, era favorable al señor Marsá, que hizo una pésima oposición. Pero el Dr. Riquer, miembro del tribunal, profesor competente de filiación falangista, señaló con indignación que sería una vergüenza que una persona tan poco informada como el señor Marsá obtuviera la cátedra. El escándalo y el temor a repercusiones mayores en Barcelona obligó a declararla desierta.

Es inútil hacerse ilusiones, un catalanista no es fácil que llegue a ocupar una cátedra de tanta responsabilidad, para un gobierno totalitario y centralista. El hecho puede traer consecuencias.

Declaraciones de un jefe de Falange

D. Luis González Vicen, jefe del ala izquierda de Falange y director del periódico falangista Es así, en una entrevista celebrada con el corresponsal del diario parisién, Le Figaro, J. Guilleme-Brulon, ha hecho unas declaraciones que el citado diario publicó en los días 30 de julio y 2 y 3 de agosto, de las que reproducimos algunos párrafos.

La situación social

«El descontento de orden profesional reina en muchos sectores del mundo del trabajo español, los mineros no son sino un ejemplo, entre otros; la estabilización económica mal preparada y, además, explotada contra el buen sentido; el plan de desarrollo, que aparece muy lejano, ha creado las condiciones del descontento existente».

Monarquía no, quizá República

«Yo no creo, apesar de sus apoyos, que el conde de Barcelona pueda reinar en las condiciones presentes»... «Pensamos que la designación del jefe del Estado tiene que venir del pueblo español todo entero»... «En resumen, deseamos:

1 -Un régimen del pueblo para el pueblo;

2 -un régimen anticapitalista donde el sindicalismo sustituya al capitalismo.

3 -para nosotros capital y capitalismo son dos cosas diferentes. El capitalismo es un vicio que lleva una mala gestión del capital. Por el contrario, el capital de empresa es una necesidad en la que se debe controlar los límites;

4 -el derecho de propiedad debe determinarse por una nueva fórmula. La técnica y la mano de obra deben figurar como partes en los beneficios de una parte del capital...»

5 -No admitimos que el paso del capital de un particular al Estado sea una solución para el trabajador, ni para el técnico, ni para el jefe de empresa. La empresa pertenece a los que trabajan en su seno, desde el más humilde hasta el más alto, así como al capital colocado en ella».

«Si la República es el gobierno del pueblo por el pueblo, si la República supone una acción constante destinada a limar las diferencias entre las clases, si la República permite controlar la sucesión y disponer de las instituciones necesarias para que el conjunto de la nación no esté obsesionado por lo que podría ocurrir el día en que el general Franco desaparezca. Pues bien, en ese caso parecerá que nosotros somos republicanos».

El catolicismo en España

«El catolicismo en España es la religión oficial, por eso debiera evitar mezclarse en los trabajos políticos como sucede con el Opus Dei»... «Somos partidarios de la libertad de cultos, puesto que deseamos que la libertad se manifieste en todos los dominios».

Presencia americana y relaciones con Rusia

«La presencia americana en nuestro suelo nacional hace que España corra grandes riesgos sin contrapartida que lo valga. Tenemos que organizar nuestra defensa con nuestros vecinos»... «El mundo occidental no es una unidad indivisible. Europa es una cosa y los Estados Unidos otra. Los americanos han establecido por su propia cuenta relaciones amistosas con la U.R.S.S. Es evidente que los europeos tienen que pensar en una política de acercamiento con Moscú. Hay que prepararse, yo diría que es necesario prepararse rápidamente».

Garrote vil a dos anarquistas (Reacción en el extranjero)

Italia

El periódico de Roma Il Messaggero del 19 de agosto, inserta un editorial titulado «La garrota», del que reproducimos los párrafos más salientes:

«¿Es civilizado un régimen que asesina al propio adversario? ¿Es civilizado un sistema de gobierno que consiente el uso del «garrote» para realizar una ejecución capital?». «Así, un régimen que proclama practicar la "democracia orgánica" no tolera al propio adversario y le asesina.

«Con el nuevo delito consumado en la cárcel de Carabanchel, el régimen de Franco confirma su función anti-histórica, su carácter medieval y manifiesta el sentido de inestabilidad y miedo que le induce a la guerra, aun contra las sombras». «El delito paga, sobre todo el delito político».

«Las consecuencias del nuevo delito político serán evidentes cuando en el próximo mes se inicien las negociaciones hispano-americanas para la renovación de los acuerdos de 1953. Será evidente también cuando en el próximo otoño se examine la petición de entrada de España en el Mercado Común».

El señor Giovanni Pieraccini, miembro del Comité Ejecutivo del partido Socialista de Roma, y director del diario Avanti, ha declarado que «la ejecución, digna de los métodos medievales, muestra hasta que punto se siente débil el régimen de Franco, obligado a recurrir a la represión y al terror».

Los representantes de los sindicatos Demócratas Cristianos y Comunistas han formulado igualmente protestas contra esas ejecuciones.

Gran cantidad de hombres políticos y escritores italianos han formulado enérgicas protestas. El señor Giuseppe Saragat, jefe del partido Demócrata, ha declarado que la doble ejecución era «un crimen bárbaro».

Francia

PARÍS, 20 agosto, Ibérica: -El periódico Le Monde de ayer inserta una larga comunicación de Madrid relacionada con las ejecuciones de los dos anarquistas en Carabanchel. De ella reproducimos los siguientes párrafos:

La Liga de los Derechos del Hombre

El mismo periódico en su edición del 20 de este mes, inserta estas noticias: «En relación con las recientes ejecuciones, la Liga de los Derechos del Hombre expresa su indignación y protesta, una vez más, contra la pena de muerte, particularmente odiosa en materia política y pide a las grandes organizaciones internacionales, y especialmente a la Cruz Roja, emprenda una campaña en favor de su evolución».

El mismo periódico dice en otro apartado: «Todos los barcos en los que flote la bandera española que entren en el puerto de Génova serán boicoteados hasta el 31 de agosto. Los trabajadores del puerto adheridos a la CGT italiana, han tomado esta decisión para protestar contra la ejecución en España de los dos anarquistas. Todas las operaciones comerciales, relacionadas con los barcos españoles, serán suspendidas.

Uruguay

El jueves 14 de agosto un grupo nutrido de jóvenes, enarbolando banderas roja y negra y llevando las iniciales F.A.I. (Federación Anarquista Ibérica) y exhibiendo en alto pancartas protestando contra las sentencias a muerte pronunciada por el tribunal militar contra los dos anarquistas españoles en Madrid, penetraron en el consulado español y arrojaron por la ventana un retrato del general Franco. Durante varias horas quedaron en posesión del consulado, hasta que la policía los desalojó. A este grupo de jóvenes se unieron multitud de estudiantes y otras personas que formaron una gran manifestación.

Alemania

PARÍS, 26 agosto, Ibérica: -La televisión francesa en sus emisiones de las 8 y 10,30 de esta noche, ha difundido una amplia información de la manifestación celebrada en Bonn como protesta contra las ejecuciones de los dos anarquistas en Madrid. El locutor calificó de «bárbaras» las ejecuciones. Los manifestantes enarbolaban pancartas antifranquistas y depositaron una moción de protesta en el consulado de España.

El partido Social Demócrata alemán ha expresado su protesta por medio de su representante más calificado, señor Franz Barsig.