Ibérica por la libertad

Volumen 9, N.º 11, 15 de noviembre de 1961

(Cortesía de L'Express, París)

IBÉRICA es un boletín de información dedicado a los asuntos españoles y patrocinado por un grupo de americanos que creen que la lucha de España por la libertad es una parte de la lucha universal por la libertad, y que hay que combatir sin descanso en cada frente y contra cada forma que el totalitarismo presente.

IBÉRICA se consagra a la España del futuro, a la España liberal que será una amiga y una aliada de los Estados Unidos en el sentido espiritual y no sólo en sentido material.

IBÉRICA ofrece a todos los españoles que mantienen sus esperanzas en una España libre y democrática, la oportunidad de expresar sus opiniones al pueblo americano y a los países de Hispano-América. Para aquellos que no son españoles, pero que simpatizan con estas aspiraciones, quedan abiertas así mismo las páginas de IBÉRICA.

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Para la casi totalidad de los observadores extranjeros y para la mayoría de los nacionales, el individualismo español equivale a incapacidad para la obediencia cuando no existe una fuerte coacción, y a la tendencia a escaparse de las regulaciones comunes, afirmando otras originales y propias. Esta tendencia al incumplimiento de lo que no está sostenido por la fuerza y a protestar o alzarse contra lo común, se ha ensalzado como una cualidad extraña y creadora. Los papanatas de todo el mundo se han admirado cuando un español cometía faltas de educación, caía en el histrionismo o hacía gala de un valor innecesario. Se interpretaba como un testimonio del individualismo nacional. La verdad es que no es así, ni nunca ha sido así. El ideal -más o menos literario- de los españoles del Siglo de Oro era la «mesura», el «comedimiento», que hacen a un hombre reposado, respetuoso con los demás y con las costumbres del medio en que vive. La osadía, la estridencia o el desacato, la imponen las circunstancias, pero nunca fueron la expresión del individualismo español.

A mi juicio se puede afirmar, sin demasiado riesgo a equivocarse, que la interpretación del individualismo como desplante y agresión procede del fracaso de las instituciones españolas en cuanto instrumentos de organización y facilitamiento de la vida individual. Sin instituciones que organicen la libertad, la libertad es un principio perturbador. Y así ocurre que donde no hay instituciones que hagan posible la libertad, es casi inexcusable la dictadura. Pero, por otra parte, esto es un círculo vicioso: la falta de instituciones adecuadas produce mala educación ciudadana, que a su vez dificulta la aparición de las necesarias instituciones. De aquí que una de las tareas más urgentes para los españoles que se preocupan del futuro de su país sea ésta: ¿Qué instituciones políticas son convenientes para no fomentar el falso y destructor individualismo de la hostilidad y el desorden?

Existe desde luego un individualismo español, pero es, precisamente de signo absolutamente contrario. Es un individualismo cuyas raíces se hunden en el afán de perfección que hemos comentado y en la excesiva exigencia respecto de los valores morales, que sin instituciones adecuadas se torna en desconfianza. Este individualismo, atemperado y corregido por un sistema institucional conveniente, ha producido algunas veces en España, por desgracia no muchas, situaciones de convivencia ordenada y libre que ojalá se repitan de modo permanente.

Ya hemos dicho que el primer fundamento para lograrlo es tener muy presente un principio del que dimana, en este sentido, nuestra sabiduría política práctica. Principio que expresado de un modo vulgar pero muy justo, sería éste; «no pedir peras al olmo», es decir, alejarnos del perfeccionismo delirante.

Por lo pronto y en virtud de este principio, debemos eludir las afirmaciones dogmáticas. Para los españoles sería una fortuna que por un procedimiento no doloroso, nos evitaran algunos modos de empleo del verbo ser, y en lugar de decir soy monárquico o republicano, tuviéramos que decir, me parece más conveniente la institución monárquica o la republicana. Parece que, por desgracia, esto no es posible, de modo que hay que atenerse, al margen de las exigencias del idioma, al firme propósito de evitar los dogmatismos en el orden político, respetándolos, como es inexcusable, en el orden moral. Por otra parte, y ya que ha surgido aquí la cuestión, aclararé que si durante algún tiempo se creyó que la forma de gobierno expresaba la estructura del Estado, e incluso sus fundamentos ideológicos, ahora casi nadie participa, al menos en el plano teórico, de esta idea. Se entiende que la forma de gobierno expresa la organización del Estado en el orden espectacular y en el tradicional y emotivo, sin que tenga que coincidir necesariamente con un sistema funcional y una estructura del Estado, excluyendo a las demás. Es una observación vulgar que existen monarquías que se organizan y funcionan, en lo que respecta a los supuestos fundamentales, como si fueran repúblicas. El dogmatismo en cuanto a las formas de gobierno no es en la mayoría de los casos, sino la obstinación del prejuicio. Se puede defender una u otra forma de gobierno, pero por razones sociológicas, no por principios que afecten dogmáticamente a la organización política. Digo todo esto para que quede claro que los principios democráticos son intocables y están más allá de cualquier oportunidad en cuanto están aceptados y funcionan como principios morales. La democracia sólo en un segundo plano es un sistema de organización política. Esencialmente es una concepción ética del mundo fundada en los valores morales que han constituido y constituyen la base de la convivencia en Occidente. Pensar y vivir democráticamente no implica ningún dogmatismo institucional, salvo el respeto a la moral democrática. Una monarquía como la inglesa es, en el orden de los principios, tan democrática como la república norteamericana. Por esta misma razón no es posible dar gato por liebre y sostener que una autocracia es democrática. Las autocracias violan por principio el orden moral democrático cualquiera que sea su expresión institucional.

Por consiguiente, hay unos principios político-morales, fuera de discusión, a saber: las libertades fundamentales de la persona humana, que implican, como es lógico, las libertades del ciudadano tal y como se formulan en la teoría y la práctica de los países democráticos. Hoy es inmoral -y también en este sentido antidemocrático- negar de hecho o de derecho la libertad de palabra o de asociación, o de credo religioso, etc.

Me parece que está esto fuera de discusión y que discutirlo es casi tanto como negarlo.

Pero, aún admitiéndolo, sobrevienen mayores dificultades que son, por lo menos con relación a España, dificultades de carácter institucional. Las dificultades de orden antropológico hay que darlas casi como permanentes, pues se tardará bastante tiempo en educar políticamente al pueblo español hasta que aprenda que el individualismo no consiste en abusar de los servicios públicos, en llevar una vida ociosa fingiendo trabajar para el Estado, o en algo semejante.

La experiencia constitucional contemporánea, se inclina en el área occidental, por dos instituciones cuyo valor, en términos absolutos para España, se ha discutido con frecuencia. Se trata del sufragio inorgánico y de la descentralización regional o, en ocasiones, del federalismo. Merece notarse que, la estructura descentralizada, regional o incluso federal, no exige necesariamente sufragio orgánico o inorgánico. Acepta ambos sin que hasta ahora estemos autorizados, por la experiencia, a sostener que el regionalismo aceptado como principio estructural requiera voto inorgánico o viceversa. La cuestión, pues, se hace más sencilla, en cuanto los españoles pueden convivir desde una estructura política que acepte uno u otro grado de diferenciación regional, sin que esto implique pasar, por la fuerza de la lógica, por una u otra clase de voto.

Todos mis amigos, y el lector disculpe si vuelvo «al criterio de amistad» en gracia a que son de todas las clases sociales y de diferente, aunque honrado, credo político, opinan en cuanto al regionalismo que es necesario. La opinión común de monárquicos, republicanos, socialistas, liberales, etc. es coincidente; regionalismo político, aunque no separatismo político. La razón que aducen, la más común y extendida, es la que interpreta al separatismo como un fenómeno histórico de origen romántico, antagónico a la tendencia actual de superar la artificiosa identificación entre Nación y Estado. Las tradiciones regionales pueden subsistir y el grupo regional permanecer diferenciado, poseyendo incluso los órganos administrativos necesarios para que la diferenciación sea posible, sin interrumpir el proceso de integración en estructuras políticas y económicas más amplias.

No parece, pues, que haya problema con las autonomías regionales. El problema se plantea, con relación a la organización regional y al modo de insertar esta organización en las estructuras del Estado. Pero es una cuestión que exige bastante espacio y otra intención que la que anima a estos ensayos para la comprensión y el entendimiento. Me limitaré a añadir que el regionalismo, e, incluso el provincialismo, pues de todo puede haber, es un medio que parece excelente, en principio, para recanalizar el individualismo español hacia sus caminos auténticos.

La segunda cuestión a que aludí fue la del voto orgánico o inorgánico. Ya he insinuado que no tiene ningún valor práctico pretender que el regionalismo implique la necesidad de restablecer las viejas formas del voto gremial o imitarlas con cualquier sistema de representación corporativa. El problema es otro: en cualquier Estado, federal, regional o unitario, se puede plantear la cuestión de si las corporaciones que administran y defienden intereses profesionales o puramente económicos, han de representar a sus miembros, opinando y votando en los órganos legislativos supremos, como tal corporación. Los sindicatos, por ejemplo, intervendrán como tales sindicatos y lo propio ocurriría con los colegios de médicos o de abogados.

En términos generales el voto orgánico resulta siempre sospechoso. En principio es una forma anticuada de representación y que responde, por consiguiente, a estructuras económicas y sociales distintas de las actuales; en segundo lugar ha sido la máscara con la cual el totalitarismo italiano, en su día, y el español ahora, quieren disimular su condición antidemocrática. Ningún país occidental, excepto España, utiliza el voto orgánico como procedimiento exclusivo para la representación política, hecho que resulta, por sí solo, sumamente sospechoso.

El criterio democrático que se ha impuesto en el mundo occidental moderno, es el sufragio inorgánico. El sufragio puede no ser universal, puede que no voten las mujeres o los militares, pero es inorgánico, es decir, se respeta el principio de que el ser humano es, antes que otra cosa, un ser moralmente responsable en cuanto individuo y no en cuanto miembro de un grupo. Si se entiende que el grupo es moralmente responsable el grupo vota por el individuo. Por la misma razón se puede castigar al grupo y no al individuo. Este criterio, monstruoso en el orden moral, es el que el nazismo aplicó contra los judíos, considerando culpable al grupo. El criterio cristiano antitotalitario, es el que entiende que en las cuestiones morales, la persona individual es quien ha de responder. El voto, es a la vez, un acto moral y un acto político fundamental. En resumen, que donde hay democracia auténtica, en el sentido moderno occidental de la expresión, el voto debe ser inorgánico. Pero no debemos caer en el perfeccionismo. En las democracias ejemplares, o que pretenden serlo, el voto es inorgánico. Pero, la cuestión es precisamente ésta: ¿puede España de golpe y porrazo, respirar el aire superoxigenado de las alturas democráticas?

Parece claro que el principio democrático del voto inorgánico debe mantenerse en los aspectos fundamentales, pero si la organización regionalista del Estado, o cualesquiera otras circunstancias exigieran sistemas de representación colegiada, reducidos y sin peligrosidad, ambos procedimientos podrían coexistir. Ya sé que no es el sistema perfecto.

Ésta es, pues, la opinión de mis numerosos e inteligentes amigos: regionalismo político, no separatismo, y voto inorgánico, pero, agrego yo, sin exigencias de perfección.

El lector se habrá percatado que tanto una como otra de las pretensiones de los caballeros cuya opinión reproduzco, suponen pluralidad de partidos políticos. El voto orgánico, tanto por su origen como por su función, se aviene muy bien con el partido único, mientras que el voto inorgánico exige pluralidad de partidos. Esta cuestión, de la que habría que tratar con mayor espacio, motiva serios temores. Son muchos los españoles que piensan que la pluralidad de partidos, aunque necesaria, sólo es eficaz en el orden democrático si es una fuerza integradora y no desintegradora, y creen que el remedio inicial para evitar la desintegración está en un ejecutivo muy fuerte que cumpla sin debilidades la función educativa y ordenadora que España necesitará cuando salga del actual caos con apariencia de orden.

Es ésta, sin duda, una cuestión peliaguda: tan peliaguda que dan ganas de pasar a otra cosa. Pero, no siempre debe hacer uno lo que quiere. La moral y la gana casi nunca van juntas. Un ejecutivo fuerte, que no prescinda del poder legislativo de fundamento y alcance democrático, necesita de las siguientes condiciones: a) Independencia; b) Continuidad; c) Autoridad; y d) Confianza.

Si se dan estas condiciones, aunque de modo imperfecto, claro es, se podrá lograr una administración honesta y eficaz. Independencia quiere decir que la legitimidad del poder ejecutivo no debe proceder del poder legislativo. No debe ser, en resumen, el Parlamento quien designe al jefe del Estado. Cuanto mayor y menos discutido sea el poder del cual ejecutivo saque su legitimidad, mejor es para un país corrompido y con poco aliento. Por otra parte, independencia significa también que a la cúspide del poder ejecutivo no lleguen, como ocurre en Inglaterra y USA, las crisis de confianza y las alteraciones súbitas en el equilibrio de los partidos. Esta condición de independencia, si está bien realizada, se refleja en el proceso total de la acción del Estado.

Continuidad significa que la jefatura del ejecutivo no puede volver con frecuencia a la situación de vacante, sin que se resienta o estropee la estructura política del Estado. Por esta razón las Monarquías no suelen ser electivas y las Repúblicas tienden a alargar la vida, institucional de su Presidente. Hay sin duda que repetir la frase de un ilustre republicano que pudiera haber dicho cualquier monárquico: «La continuidad cuando no se impone por la fuerza, produce legitimidad».

En cuanto a la autoridad, todas las personas con quienes hablo -mis penumbrosos amigos- insisten en que la autoridad es inexcusable. No se trata de la autoridad legal, por decirlo de algún modo, que no puede separarse de los órganos que ejecutan las funciones directoras del Estado, sino de la autoridad moral y social. Esta clase de autoridad está yuxtapuesta a la propia autoridad del poder político y tiene otras fuentes. Procede a veces de las personas, cuando se trata de un hombre o de una mujer moral o intelectualmente superiores, y a veces de las instituciones cuando por tradición u otra clase de prestigio, provocan reacciones de respeto en la mayoría de los miembros de un grupo humano. La autoridad es, en cierto modo, una garantía de la independencia, y hemos de reconocerlo así cuando pensemos en el ejecutivo fuerte que todos deseamos. Pero, ¿dónde está esa autoridad, dónde volver los ojos después del huracán que arrancó de cuajo hombres e instituciones en España? Ateniéndonos a nuestro riguroso principio de no pedir peras al olmo, conviene que no busquemos la perfección, sino de lo imperfecto y con menos mancha lo mejor.

Por último queda la confianza. Quizás algún lector opine que no hace falta la confianza, que sin ella se puede gobernar veinticinco años o más. Sin embargo, es esencial. Cuando falta, por muy dilatado que sea el tiempo que un gobierno gobierna, el gobierno es siempre provisional. Por tratarse de un elemento principalmente psicológico, es en grado sumo complejo y está en función de las demás condiciones que hemos atribuido al ejecutivo. Si hay independencia, autoridad y continuidad, hay confianza. Pero, precisamente porque la confianza es un resultado, hay que ganarla. No debemos especular, a priori, con un gobierno que tenga por principio, la confianza. Este sería un caso extremado de perfeccionismo. Pensemos tan sólo en un sistema de gobierno y en un gobierno, que puedan ganarse la confianza. Siempre que no existan condiciones históricas o antropológicas que debiliten al máximo las posibilidades, pensemos que, desde la base de la comprensión y el entendimiento, cabe ganar la confianza, tantas veces perdida del país.

SIMÓN CASTILFRÍO

Una de las primeras cosas que sorprenden cuando se habla del Opus Dei en España es la extraordinaria imprecisión de las noticias que se tienen acerca del Instituto; corren bulos de todos los calibres sobre la supuesta presencia del Opus en los puntos neurálgicos del país y sobre la adhesión de personalidades a la disciplina de la organización: la falta de información del público español, la terrible carencia de medios informativos honestos y la vida enclaustrada en compartimientos estancos han creado un poco el mito del Opus como una suerte de «masonería blanca». Sin embargo, se pueden recoger datos precisos.

El Opus Dei es indudablemente un grupo de presión de extraordinaria influencia, pero acaso lo sea más en ciertos aspectos de la vida española de los que no se habla con frecuencia. Por ejemplo, en la Universidad; la Universidad se halla minada por los miembros (unos secretos, otros no tanto) del Instituto; y ahí van algunos datos: Lo más importante es la Universidad llamada «Estudios Generales de Navarra». Es toda ella del Opus. Es un edificio grandioso iniciado con capital privado y ayudado por el Estado. Hará cosa de un año el Estado le concedió 100 millones para ampliaciones. Parece que la persona más influyente es Ismael Sánchez Bella, personaje destacadísimo del Opus, hermano del que fue Director del Instituto de Cultura Hispánica, intelectual fanático, mediocre y resentido. Pagan sueldos altísimos a los catedráticos y parece que la lucha por universidades no estatales en España está sostenida por este grupo.

En casi todas las universidades el Opus ha infiltrado varios catedráticos, todos con las mismas o parecidas características. Gente mediocre, ambiciosa y que lentamente se fanatiza e intentan fanatizar. En la Universidad de Oviedo está el catedrático de Historia del Derecho, Ignacio de la Concha, que fue uno de los iniciadores del Opus en América del Sur. En Santiago de Compostela está Álvaro D'Ors, que es al mismo tiempo Director del Instituto Español en Roma, lo que le permite llevar el control del Catolicismo agresivo e intolerante en Santiago y en Roma. Hay otros nombres de menos importancia. Casi todos los catedráticos pertenecen a la rama «Historia del Derecho», en donde han entrado por el procedimiento de votarse unos a otros. En este sentido ha habido ejemplos escandalosos en los últimos años.

En Salamanca el Rector es miembro antiguo del Opus, Catedrático de Patología, de nombre Balcells. Se trata de un fanático. Hay que observar que muchos de estos profesores que pertenecen al Opus son psicópatas manifiestos. Es natural que sea así. El profesor Balcells ha inspirado la persecución de numerosos profesores, entre ellos del profesor Tierno Galván y de D. Manuel Gordillo, este último católico liberal y opuesto al Rector.

En la Universidad de Madrid son muy numerosos los profesores del Opus. Se han infiltrado, sobre todo, en filosofía y letras. El carácter semisecreto de esta entidad y la tendencia de sus miembros a actuar en la oscuridad y por procedimientos indirectos, hace difícil precisar quiénes son miembros activos y con qué categoría. Hay que tener en cuenta además que en esta peculiarísima francmasonería, los grados son muchos y muy diversos. En todo caso, Calvo Serer, Catedrático de esa Universidad, es uno de los jefes conocidos del Opus Dei. Lo mismo ocurre con D. Eulogio Palacios, que parece está ya integrado en esta entidad, y con el Sr. Millán Pueyes y D. Ángel González Álvarez. Estos últimos en grados de mayor lejanía. Conviene no olvidar que con el Opus se da el mismo fenómeno que los compañeros de viaje del comunismo. En el caso del Opus se podría hablar, quizás mejor, de compañeros de «trayecto».

Profesores de Madrid, conocidos como «para-Opus» son: D. Alfonso García Gallo, el Sr. Pascual Marín, Catedrático de Derecho Civil, ahora agregado a la Universidad de Madrid, y el Sr. Ruiz del Castillo. Dirigente del Opus es el Sr. Balbín, Catedrático de Literatura de la misma universidad.

Todo el mundo está al cabo de la calle sobre cuáles son los ministros del Opus que están en el Gobierno, pero lo que nadie sabe a ciencia cierta es qué sectores de la economía española están controlados por el Instituto, los Consejos de Administración que dirigen, los institutos religiosos en los cuales influyen y hasta qué punto están ligados sus miembros con los cinco grandes bancos y los grupos financieros más importantes -éstos a su vez, relacionados con grupos y sociedades americanas, alemanas, canadienses e italianas.

En la política económica del Opus caben distinguir tres aspectos distintos: uno es aquel que podríamos llamar gubernamental, que es el que se ejerce a través del Ministerio de Comercio, dirigido por Ullastres y el de Hacienda, que dirige Navarro Rubio. Otro aspecto, menos público, es el que se refiere a los bancos, industrias, sociedades anónimas, centros educativos, cadenas de publicaciones que son propiedad del Opus. Un tercer aspecto, tampoco muy visible, es el de la participación por acciones en sociedades anónimas y el progresivo control -por este método- de varias sociedades y bancos por parte de financieros prominentes que pertenecen al Instituto. Unido a ello, está el papel que juegan los propietarios medios, de escasa fuerza económica; pero que se benefician de importantes «gages», de licencias de importación, etc., por el hecho de pertenecer al Instituto o por tener relaciones de amistad con elementos introducidos en la Administración del régimen.

La acción del Opus a través del Gobierno se ejerce, como queda indicado, desde los ministerios de Comercio y de Hacienda. Ullastres y Navarro Rubio, titulares de ambos ministerios, preconizan un liberalismo económico a ultranza, el fomento de la formación interior del capital y, atrayéndose el capital extranjero, crear incentivos para el ahorro (el de los empresarios y el popular), basando esa política en la iniciativa privada de los empresarios. El ministro de Comercio ha invitado repetidas veces a los capitalistas a que usen de los créditos establecidos por el Gobierno, pero una gran parte del capital sigue observando con desconfianza las posibilidades de desarrollo y el incentivo a invertir sigue siendo escaso, excepto en aquellos sectores que pueden ofrecer inmediatos beneficios, como es el caso de la industria ligera, o beneficios extraordinariamente remunerados a largo plazo -así, la extracción de materias primas.

Al capital extranjero le interesa que prospere esa apertura preconizada por Ullastres y Navarro Rubio; al hacerlo así, expresan los intereses del gran capital y no cabe duda que beneficiaría también a gran parte de los empresarios de tipo medio (en cambio, provocaría una rápida «proletarización» de los pequeños empresarios) y a gran parte de la nueva clase social formada gracias al «estraperlo», desde la época de florecimiento del mercado negro hasta ahora, en que las inversiones del capital acumulado por los «estraperlistas» ha producido claros beneficios.

Pero ocurre que esa política económica liberal implicaría una liberalización política; por ejemplo, implicaría una disposición oficial necesaria que permitiera el libre despido de los trabajadores y de rechazo, sindicatos de trabajadores más o menos libres; pero una mínima libertad de sindicación es algo impensable en la presente estructura del régimen. De ahí las contradicciones sin solución en las que se debaten las camarillas en el poder, entre las que las gentes del Opus figuran como las más influyentes. Frente a la camarilla del Opus está la falangista (por lo menos, aquella parte que se conserva en el poder, en sus centros neurálgicos), que ahora representan mayormente personajes como Planell, Ministro de Industria y Solís, del Movimiento, esto es, del Partido Falangista. Los falangistas en el poder defienden, como lo hicieron siempre, la intervención estatal mediante institutos nacionales de tipo planificador que, en teoría, darían mayor importancia a la industria pesada y al desarrollo de la subestructura económica del país.

Esa liberalización económica, bien entendido, no pretendería ser más que eso: una reforma económica, limitada a las relaciones de producción y consumo de mercancías; ya hemos señalado que conduciría, sí se pusiera en práctica, a una inevitable liberalización política, que produciría conflictos de clase y posibilidades de acción que, naturalmente, llevarían a la desintegración del régimen actual. Pero no cabe esperar que el franquismo se suicide por tamaña imprevisión. Del integrismo inquisitorial del Opus no se puede esperar ninguna liberalización de ningún color. Ha sido un destacado intelectual del Opus quien se ha atrevido a escribir: «La libertad de conciencia lleva a la pérdida de la fe. La de palabra, a la demagogia, a la confusión mental y a la pornografía. La de asociación, al anarquismo, y de rechazo, al totalitarismo». (Rafael Calvo Serer en ABC, Madrid, 4-12-1957).

Así que las contradicciones económicas que se producirían en el seno de la oligarquía dominante, darían al traste con el actual régimen (del que el Opus es un misterioso, pero firme puntal) en el caso de producirse una liberalización económica acentuada, esto es, de la proporción que sugieren los técnicos de la OECE y del Mercado Común Europeo. Y, por otro lado, el integrismo a ultranza que caracteriza a la ideología del Opus, habrá de defender vigorosamente el actual «statu quo» social en el que las minorías poderosas sojuzgan a las clases trabajadoras de las ciudades, al campesinado, a la pequeña clase media, a los intelectuales independientes; la ideología del Opus es una ideología «de ricos privilegiados», la pertenencia al Instituto es un lujo y sus beneficios se reservan a una privilegiada minoría. Por si cupiera alguna duda, el mismo fundador del Opus lo puso en claro en Camino, el libro que se ha convertido en breviario del pensamiento teocrático opusista. Las máximas propuestas al militante del Opus son de este talante:

El autor de Camino, José María Escrivá de Balaguer, sacerdote español que dirige el Opus desde Roma, recuerda la prosa alada, mística de León Degrelle (Véase: Almas ardiendo, publicado en España), la prosa bastarda de los ideólogos fascistas que hemos conocido en todas las latitudes. En la práctica, esas que parecen místicas apelaciones al caudillaje, se convierten en un progresivo control de medios materiales, en la formación de grupos de presión que controlan, larvadamente, sectores esenciales de la vida española. La casa de ejercicios más importante de la provincia de Madrid es la finca llamada «Molino Viejo», en las cercanías de Segovia.

En buena parte, el plan de estabilización de la economía española iniciado en 1959 es obra de los equipos de economistas del Opus y de sus «compañeros de viaje». Ullastres ocupa un primer puesto en la dirección del Opus y él ha sido quien ha controlado, desde el Gobierno, la marcha del plan estabilizador de la moneda.

La política fiscal se halla en manos de Navarro Rubio. Bajo su dirección, el ministerio de Hacienda propugna un impuesto regresivo sobre la Renta. Un miembro de su equipo, José María Ramón de San Pedro, ha propuesto la substitución del mismo impuesto sobre la Renta por una aplicación más generalizada del impuesto sobre el gasto; ¿a quién había de beneficiar esa reforma fiscal?; indudablemente a los inversionistas en valores mobiliarios, en primer lugar, a las grandes empresas y a los grandes capitalistas en general.

Los Bancos Popular y el de Madrid son propiedad del Instituto; el director del Banco de Bilbao es miembro del mismo. Las operaciones con el extranjero se negocian mayormente a través del banco «Crédit Andorrá», de la república de Andorra. Su inmejorable situación facilita el movimiento de divisas hacia la banca extranjera, sin pasar por el control de las actuales leyes que (teóricamente) impiden la salida de capitales. El inversionista español interesado en colocar su capital en lugar seguro tiene en el Opus, a través de «Crédit Andorrá» una seguridad que no encontraría invirtiendo en España. El banco andorrano es tenedor de paquetes de empresas metalúrgicas, eléctricas, químicas, comerciales de variado tipo y de distintos países; invirtiendo en ellos, el capitalista corre menos riesgos que haciéndolo en un solo sector. Por el contrario, es obvia la sangría que para España representa esa salida de capitales que, en justicia, debieran invertirse en el país. Que tales operaciones financieras se puedan realizar impunemente, se explica si se piensa que el mismo ministro de Hacienda, Navarro Rubio, es Consejero-Delegado del Banco Popular Español y que exista un control camuflado del Banco de Bilbao y del Banco Urquijo.

Varias sociedades inmobiliarias son además propiedad del Opus. Le permiten dedicarse a la urbanización de zonas de crecimiento económico, a la edificación de pisos de lujo y participación en los enormes beneficios resultantes de este tipo de sociedades. Entre las firmas industriales conocidas como controladas por el Opus está Barreiros, sociedad constructora de tractores y camiones. Entre las firmas comerciales es conocida la distribuidora DIPEMFA que ha introducido en España las películas de Romy Schneider; es el tipo de cine «de teléfono blanco», de pelucas y de color de rosa, que tan «comercial» resulta en España actualmente.

Dos conocidas editoriales: «Rialp» y «Prensa Española» se hallan controladas por el Opus. Poseen además una revista semanal: La actualidad española, del género Paris-Match, otras culturales de aparición mensual: Punta Europa y Nuestro Tiempo (que sucedieron a otras dos: Ateneo y Reino), Arbor, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dirigida por el físico nuclear, miembro del Instituto, José María Otero Navascués. El CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), sin ser controlado totalmente por el Opus, es en realidad uno de sus feudos: esto es así especialmente en las ramas de Historia y Filosofía que, prácticamente, son cátedras universitarias difícilmente accesibles a los no miembros del Instituto. También poseen el Diario Regional de Valladolid y el Diario de León y controlan Informaciones de Madrid y el Correo Catalán de Barcelona. Son propietarios de colegios técnicos en Bilbao, Santiago y Barcelona; en Pamplona (Navarra) funciona la célebre Universidad (su estatuto se halla ahora en litigio) cuyas pretensiones han provocado los disturbios estudiantiles en la Facultad de Ciencias Económicas de Barcelona en enero de este año. En Barcelona, además de cadenas de salas de cine, mantienen la residencia Monterols para estudiantes universitarios y el cine-club Monterols.

Aparte las personalidades que se hallan en puestos claves (como los del CSIC) -así el caso del arquitecto Fisac, constructor de la mole, estilo nazi-monumental, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas- están los puestos de gobierno, los puestos públicos desde donde se ejerce directamente el poder: así Carrero Blanco, cerebro gris del Pardo a cuyas órdenes está López Rodó, el Secretario General Técnico de la Presidencia del Gobierno; Arias Salgado, Ministro de Información (Jefe de la Censura); Porcioles, alcalde de Barcelona. (De Arrese se decía que pertenecía al Instituto, en algunos medios falangistas; pero ello no pasó de ser un coqueteo).

En el ámbito estrictamente político, para influir en la opinión internacional, han creado el CEDI (Centro Europeo de Documentación e Información) que preside un fascista de talla internacional: Otto de Austria-Hungría, secundado por Alberto Martín-Artajo (ex ministro de Asuntos Exteriores de Franco y antiguo Presidente de Acción Católica, amén de la Presidencia del Consejo de Administración de una firma de cartonajes en Zaragoza y miembro de una larga lista de otros Consejos de Administración) y por el Marqués de Valdeiglesias.

Como todo grupo de presión importante, el Opus tiene representantes fuera de España y soportes financieros y políticos, algunos conocidos -como ciertos medios vaticanistas-, otros de oscuro linaje y de los que se saben muy pocas cosas. Tiene adherentes, por lo menos, en 46 países, distribuidos en cinco continentes y casas abiertas en Oxford, Cambridge, Londres, Birmingham, Manchester, Roma, Lisboa, París, Nueva York, Chicago, Buenos Aires, México, Santiago de Chile y otros lugares no conocidos.

En Roma funciona el «Colegio Romano de la Santa Cruz» en el que cursan estudios 90 alumnos; es una escuela de dirigentes. Publican una revista de «teología práctica» titulada: Studi Cattolici, en la que colaboran José María Pemán, Florentino Pérez Embid, Andrés Vázquez de Prada y Álvaro D'Ors; conocidos representantes del pensamiento reaccionario actual, como Ángel López-Amo, Rafael Calvo Serer (máxima cabeza pensante del Opus), Rafael Gambra, José Ignacio Escobar, Jorge Vigón, Eugenio Vegas Latapié y Leopoldo Eulogio Palacios, que publican en la editorial Rialp, propiedad del Instituto. (Es de notar que uno de ellos, López-Amo, ha sido profesor particular de Don Juan Carlos de Borbón).

La doctrina política del Opus, de la que se han hecho exponentes esos escritores, se reclama de la herencia de Maeztu, Vázquez de Mella, Donoso Cortés y Menéndez Pelayo; recuerda las tesis de Bertrand de Jouvenel, de León Degrelle, de Maurras y del escolasticismo decadente; resucita las teorías teocráticas e inquisitoriales (buena ocasión para aplicarlas es el Ministerio de Información, que controlan); su contenido ideológico, aplicado a la España de hoy, sugiere unas formas de gobierno increíblemente reaccionarias a las que, forzosamente, sólo pueden plegarse de buena gana las mismas camarillas de privilegiados que hoy detentan el poder político y económico o los nuevos grupos oligárquicos que hoy se están formando, bien protegidos por el «orden público» franquista.

El examen del contenido ideológico será motivo de un próximo artículo.

EUGENIO DEL CASTILLO

La revolution et la guerre d'Espagne, Pierre Broué y Emile Temine, Editions de Minuit, París, 1961.

Ha llovido desde que el crítico literario Kleber Haedens escribió -no hace mucho- que «el tema de la guerra civil española empezaba a cansarle y empezaba a cansar a todo el mundo». Lo que ha llovido es una serie de libros sobre la guerra civil española, lo que demuestra que el cansancio es cosa exclusiva de Kleber, que no tiene la resistencia de su homónimo el mariscal napoleónico. La verdad es que se mantiene vivo el interés hacia un episodio histórico tan complejo y tan lleno de enseñanzas y de consecuencias.

Sin salir de Francia tenemos La corrida de la victoria, de Georges Conchon, que trata del drama de dos hermanos: los Santisteban, Juan, oficial del ejército republicano, y Luis, oficial del ejército franquista. Después vino Tres piedras calientes en España, de Jacques Bureau, historia de Juan (también se llama Juan el protagonista) en su paso de la niñez a la adolescencia, en plena guerra civil, y de las relaciones con su padre, personaje que encarna el espíritu de la generación anterior a la guerra. Juan advierte que «hay por el mundo imbéciles que olvidaron ir a combatir en España», por supuesto en las filas republicanas. Y es tal su amargura que Juana, su novia, decide hacerle «el mejor regalo», y se va a Madrid y mata a Franco. El comentario de Juan es éste: «El general no me reprochará haberle hecho asesinar. Acaso ame los finales felices». (Yo que no creo en la inmortalidad del alma, pero sí en la de Franco, que hay que ver lo que dura; estoy convencido de que Juan está en un error).

Se publicó después La fiesta española, de François-Henri Rey, los amores de un profesor de origen ruso, que va a incorporarse a las Brigadas Internacionales, con una periodista norteamericana, novela donde triunfaría el amor si no se interpusiera la muerte. Y El español, de Bernard Clavel, la vida de un refugiado en Francia. Y La espera, de Françoise Mantrand, descripción de la vida de los anarquistas españoles refugiados en París. Y Nuestra Señora de los Desamparados, de Christian Murciaux, premio de novela 1960 otorgado por la Academia Francesa, que tiene por fondo la guerra y cuenta la historia de un joven combatiente valenciano que también se llama Juan, en las filas republicanas. Y El fijador de carteles, de Miguel del Castillo, la aventura de un español que salió exilado a los seis años de edad y que se considera un producto de una guerra que no hizo, pero que marcó su vida. Y Les Dupes, de Jean Dutourd, en cuya primera narración se trata el tema de un joven francés que quiere incorporarse al ejército republicano español y cae, por una broma del azar, en el campo fascista.

Como se ve, se han publicado en Francia muchos libros sobre la guerra civil española. Pero en el género novelístico. Lo raro es encontrar quien aborde el tema desde un punto de vista histórico e ideológico, como han hecho Pierre Broué y Emile Temine en La revolución y la guerra de España (Editions de Minuit), que tiene la ambición de explicar uno de los más desgarradores episodios de la historia contemporánea de España. Ante todo conviene advertir que Broué se ha documentado -sin duda por afinidad- en fuentes trotskistas y anarquistas, y Temine en fuentes socialistas. En la parte ideológica se arranca de un parti pris, que tiene clara expresión en el título de la obra, donde se antepone la revolución a la guerra, punto de vista que un republicano como yo soy no puede compartir. En la complacencia con que Broué pinta la revolución se destacan, sin quererlo el autor, algunas de las causas, tan determinantes como la misma sublevación militar, de que la República perdiera la guerra. De la lectura de este libro, deducirá quien no lo sepa, que las experiencias sociales fueron la preocupación primordial de gran parte de las fracciones antifascistas, experiencias que estaban condenadas a ser barridas inexorablemente, porque mientras se ponían en práctica, el empuje militar del enemigo iba devorando el territorio nacional.

En el primer momento todos coincidieron en la necesidad de aplastar la rebelión. Pero no se tardó en dejar la defensa de la República en segundo término. Lo importante parecía hacer la revolución. Y si al menos todas esas fracciones se hubieran consagrado a hacer la revolución, una revolución... Pero cada una quiso hacer su propia revolución, y llegó un momento en que tanto como contra Franco, o más, cada intento de revolución luchaba contra los otros intentos simultáneos de revolución... Entretanto, la República iba perdiendo vigor. En el momento de producirse la sublevación, la República quedó privada de sus naturales elementos defensivos. Su debilidad fue notoria. Pero las experiencias revolucionarias que vinieron a continuación la debilitaron más aún. «Entre la sublevación y las masas populares en armas, el Estado republicano estaba destruido», se escribe en el capítulo V de la obra que comentamos. Se había olvidado el objetivo esencial, que era salvar la República de la ofensiva fascista. Este error lo vimos algunos republicanos desde el primer momento. Pero como dijo Rivarol «cuando se tiene razón 24 horas antes que el común de los mortales, se pasa por no tener sentido común durante 24 horas».

Si enfrente no hubiera estado la realidad de unas fuerzas reaccionarias de mucho arraigo en el país, ayudadas eficazmente por Alemania e Italia, y si las diversas revoluciones hubieran sido una sola revolución, y esta revolución única hubiera contado con un hombre capaz de galvanizar a las masas o con un equipo audaz suficientemente preparado para dar realidad a los intentos renovadores -sin olvidar la guerra- no cabe dudar de que el resultado habría sido diferente del que fue. Pero la consecuencia fue la que todos sabemos. Y lo malo es que 25 años de franquismo no han servido para deducir una lección que no puede ser más palmaria.

Yo he reprochado a los directores del exilio republicano que una vez pasada la frontera pirenaica no hayan hecho una obra que estimo fundamental: «examen de conciencia y acto de contrición»; estudio de las causas de la pérdida de la guerra y propósito de rectificación de los errores en que se incurrió; análisis profundo de la realidad española de la post-guerra, en que tres sucesivas generaciones juveniles no han podido enlazar con el pasado inmediato, y desconocen lo que fue y lo que quiso ser la República, en las cuales no se ha podido influir porque el exilio ha tenido por preocupación esencial la enternecedora de mantenernos en lo que fuimos, sin evolucionar ante las nuevas realidades.

Pero observo que me aparto del libro que estoy comentando, cuya primera parte deja en la lejanía la República para hacer un estudio profundo y documentado, aunque no siempre imparcial, de los movimientos sociales a que se entregaba un proletariado entusiasta, ilusionado e ingenuo, mientras la sublevación ganaba terreno. Vuelvo a esa primera parte, de la que, como digo, se saca la consecuencia de que hubo un deplorable error de táctica, ya que no puede hablarse de un logro que justificaría la transcendencia que se atribuye a esas experiencias sociales.

Acertado el estudio de la realidad política, social y religiosa de España, y de los problemas que planteaba en una nación que «en el siglo XX es el arcaísmo del Occidente». De acuerdo también conque «la guerra civil española no fue la primera chispa de un incendio sino la última llamarada de un fuego ya extinguido en Europa», así como en que «el ejército es un cuerpo político autónomo, de pronunciamiento y con espíritu de casta», y en que «la burguesía liberal, influida por Francia, estaba ahogada por la oligarquía financiera».

A estas alturas encuentro en La revolución y la guerra de España un poco exagerada la exaltación única del proletariado, que 25 años de franquismo en España y 25 años de exilio -para mí hay más exilados en el interior que en el extranjero- no justifican de manera tan evidente como cree el Sr. Broué, o como le han dicho sus informadores, llevados sin duda por afán de proselitismo y por el deseo de mantener vivo su amor a partidos y organizaciones de antaño.

La historia no puede escribirse a base de entusiasmo y de partidismo, sino con objetividad. Esa objetividad la encontramos mejor en la segunda parte del libro, consagrada a tratar del desarrollo de la guerra y de la participación de Alemania y de Italia por un lado, y la posterior de la URSS, tan condicionada que no sirvió para ganar la guerra y que en caso de haber logrado tal resultado habría llevado consigo una hipoteca que para los republicanos -ante todo liberales y demócratas- no podía constituir una ilusión.

Es interesante el panorama de la instalación del «nuevo Estado», mezcla incoherente de nacional-socialismo y de fascismo, del que se quiso hacer un sistema «auténticamente nacional» (a base de extranjerismos), envuelto en una literatura fofa y redundante, un «nuevo Estado» que ha envejecido pronto y que va dando tumbos desde Isabel la Católica al burdo disfraz (camelístico) de la «democracia orgánica» de que se habla enfáticamente para justificar los dólares de la ayuda americana y para mendigar puestos en las organizaciones internacionales.

Para quienes han vivido la guerra civil española, este libro acaso no aporte nada nuevo, aunque puede servir de recordatorio que podría aprovecharse para dar un nuevo enfoque, realista, orientado en un sentido de eficacia a la «política del exilio», noble, romántica, y que un día u otro habrá de proyectarse hacia la actual realidad española, que evolucionó sensiblemente en un cuarto de siglo.

De toda manera, Broué y Temine han escrito su libro para otra zona de lectores: la situada fuera de la «piel de toro», zona a la cual ofrecen datos documentales que tienen indudable interés.

BRAULIO SOLSONA

Nada ha cambiado

Después de las ceremonias de Burgos el Caudillo se sintió generoso y decidió «llevar consuelo y alivio de su situación a los que redimen sus culpas en las prisiones, anticipando la reincorporación de los mismos a sus hogares y abriéndoles cauce a una vida honrada de trabajo, si bien con los límites requeridos por exigencias ineludibles de seguridad y defensa social».

En texto aparte hemos informado a los lectores del articulado del llamado «indulto general» (que es sólo parcial), cuya habilidosa redacción, encaminada a la propaganda en el extranjero, hace que, de hecho, sólo se beneficie un reducido número de presos políticos con dicha medida.

Al cumplirse el XXV aniversario de la elevación del general Franco a la jefatura del Estado (en realidad, de lo que hace 25 años es de la designación por sus pares; jefes militares sublevados, del supremo poder en la junta de insurgentes que consiguió la victoria, con las ayudas que nadie ignora, dos años después) no ha faltado desde el autobombo hasta la avalancha de elogios serviles. Parece que el Caudillo desea mostrar que ha perseverado en la misma línea durante cinco lustros. Semejante prueba es más que difícil cuando se trata de política económica, potencias extranjeras aliadas, papel de la Falange en el Estado, etc.; sin embargo, hay que darle la razón si se trata de ciertas constantes del régimen: la intransigencia, la represión, la utilización de la religión con fines políticos, la impotencia económica y el bajo nivel de vida del país con tal de no cambiar las estructuras económicas arcaicas.

El Caudillo, personalmente, consiguió la célebre Pastoral colectiva de los obispos en 1937, que tanto le benefició como perjudicó a la religión. La interpretación netamente política -con visos de herética- de que la sublevación y la guerra fueron una Cruzada ha sido y sigue siendo pieza esencial de la argumentación franquista, apoyada -no siempre con entusiasmo- por los miembros de la jerarquía que se vieron envueltos personalmente en la contienda civil. Sin embargo, esta concepción no es compartida por gran parte del clero ni por la mayoría de los creyentes.

La visita de Ottaviani

Para darles una batida a todos esos descontentos el Gobierno -sus ministros integristas y del «Opus Dei»- ha traído a España al secretario del Santo Oficio, cardenal Ottaviani, universalmente reputado de cabeza visible del integrismo vaticanista. Ottaviani, desde que descendió del avión se deshizo en elogios al Caudillo; en el Colegio Universitario Pío XII declaró que el jefe del Estado y sus colaboradores continúan «en la misma línea del valor, con el que España arrojó de su propio suelo las hordas devastadoras del nombre cristiano y de toda libertad y dignidad humana». «Diré más -añadió el belicoso cardenal, bajo la sonrisa meliflua del Nuncio Mr. Antoniutti, antiguo delegado apostólico en la zona franquista- el Occidente cristiano, no sólo España, se benefició de aquella gesta heroica, salvándose de la amenaza de esclavitud que venía del Oriente». Los ministros Alonso Vega, Planell, Arias Salgado, Iturmendi y el subsecretario Maldonado, aplaudían a rabiar. El lector menos avisado ya sabe lo que le ocurrió a Occidente después de la victoria de Franco y qué ejércitos y armas se entrenaron en Guernica y Nules, en Santander y Cataluña para el gran asalto a las democracias occidentales. El cardenal no es muy respetuoso con la Historia; pero lo es más con sus amigos franquistas y con el «Opus Dei», a cuya universidad pamplonica fue a dar el espaldarazo vaticano.

Y uno se pregunta: ¿Ottaviani es el Vaticano?, ¿Ottaviani es toda la Iglesia? A primera vista eso parece y torpe sería quien cerrase los ojos a la connivencia entre el fascismo y un sector de la Iglesia. Pero ellos no son los únicos. Y para desmentirlo está el propio Papa, Juan XXIII, quien al dirigirse en carta autógrafa al arzobispo Modrego, durante los mismos días en que Ottaviani recorría España al son de los tambores de Cruzada, se refiere por tres veces a la guerra civil española llamándola «deplorable guerra civil», «lamentable contienda», «cruenta guerra civil». ¿Dónde está la Cruzada?

Eso mismo incita a admirar la actitud perseverante del Abad de Montserrat, D. Aurelio Escarré, que ha tenido la valentía de visitar al Dr. Jordi Pujol en la cárcel de Zaragoza. Por cierto, que el nombramiento de coadjutor de dicho monasterio en la persona del padre Brosá ha despertado una serie de comentarios hay quien creyó que se trataba de una medida dirigida contra el propio monseñor Escarré. No parece esa la interpretación más adecuada, y que el padre Brosá, prior de Montserrat desde hace muchos años, parece identificado con el Abad.

Sean cuales fueren las posiciones en el interior de la Iglesia (y son muchas en la actualidad, aumentadas por la tensión creciente en el País Vasco) hay razones para creer que el Vaticano, de manera oficial, quiere imponer el reconocimiento oficial de la universidad del «Opus Dei» y que, naturalmente, ha sido el cardenal Ottaviani quien ha realizado las últimas gestiones en dicho sentido acabando con la resistencia, más o menos sincera, del ministro de Educación, Sr. Rubio. Falta ahora que los Jesuitas de Deusto y de El Escorial, que siguen atentamente la evolución de este asunto, presenten sus respectivas demandas.

Pero si la asimilación de catolicismo y derechismo sigue siendo una constante del régimen, no lo es menos otro rasgo que lo descalifica todavía más: la represión despiadada, que va desde la legislación de excepción hasta los peores métodos policíacos, contra quienes se atreven a expresar su criterio opuesto al del Gobierno.

Por triste paradoja, la publicación del decreto de indulto ha venido acompañada o seguida por una serie de nuevos actos represivos: en los alrededores de Barcelona (Badalona, Santa Coloma, San Andrés, Hospitalet) han sido detenidos 139 obreros, de los cuales cuarenta y dos han pasado a la jurisdicción de los tribunales militares acusados de propaganda clandestina y acciones subversivas. En Madrid, se espera para la primera semana de noviembre la continuación del juicio contra los del «Congreso de jóvenes escritores universitarios», si bien se espera que esas ridículas acusaciones no puedan ser mantenidas, siendo el caso de Julián Marcos el único que inspira serias inquietudes.

El proceso de los vascos

No obstante, todos esos hechos palidecen al lado del proceso que se ha visto ayer mismo contra siete de los treinta y un vascos, detenidos entre el 20 de julio y el 15 de septiembre en San Sebastián, Eibar, Vitoria y Bilbao, en unión de otros cien más que continúan detenidos en el Norte. Estas detenciones, de las que ya hemos tenido ocasión de hablar, conmovieron tanto a la opinión, que el ministerio de la Gobernación tuvo que hacerlas públicas tras haberlas silenciado durante varias semanas. Como es sabido las acusaciones consisten en, 1.º Haber desatornillado los raíles del ferrocarril entre San Sebastián y Bilbao con objeto de hacer descarrilar el tren que conducía de regreso a los ex combatientes franquistas que, después de concentrarse en San Sebastián el 18 de julio, volvían a sus localidades; 2.º Pertenecer a la organización Euskal Ta Azkatasuna (Nación Vasca Libre) y a «juventud Vasca» (no puedo precisar si se trata de dos organizaciones o de una sola); 3.º Haber quemado, a la cabeza de un centenar de manifestantes, dos banderas llamadas españolas (es decir, rojo y gualda); y 4.º Haber distribuido manifiestos clandestinos.

Los resistentes vascos que han comparecido ante el consejo de guerra son: don Rafael Albizu, ingeniero, de 30 años, de San Sebastián; don Manuel Lespiur, agente de comercio, de 32 años, de Eibar; don Ignacio Larramendi, de 32 años, perito electricista, de San Sebastián; don Evaristo Urrestarazu, estudiante de Ciencias Económicas, de 22 años, de San Sebastián pero cursando estudios en Bilbao; don Félix Arrieta, de 29 años, mecánico, de Eibar; don Ignacio Balerdi, empleado, de 25 años, de San Sebastián, y don Eduardo Ferrán, empleado, de 23 años, de San Sebastián. Todos fueron detenidos el mes de julio, salvo Urrestarazu que lo fue el 15 de agosto.

Torturas y escogido lenguaje policíaco

De las declaraciones hechas por los detenidos ante los abogados y facilitadas por éstos con su refrendo, se desprende que la mayoría de los detenidos fueron torturados y groseramente insultados en la Comisaría de San Sebastián donde tuvieron lugar los primeros interrogatorios bajo la dirección del jefe de la brigada político-social de dicha localidad Sr. Manzanos, ayudado por policías «especialistas» llegados de Madrid. El Sr. Arrieta fue salvajemente golpeado durante veinticuatro horas, en las que no probó alimento, hasta que firmó su declaración. El «interrogatorio» del Sr. Lespiur fue aún más terrible y duró tres días. Las torturas, de todo género (que los abogados detallan minuciosamente), eran acompañadas de improperios como éstos: «cabrón, todos los separatistas sois unos cabrones y los sacerdotes del documento unos cabronazos como vosotros». El Sr. Manzanos insultó groseramente la memoria del presidente Aguirre, así como al padre Onaindía (bajo su nombre de padre Olaso), y dijo del Sr. Spaak, lo siguiente: «el cabrón de él es un comunista demostrado». Al detenido le decía: «Además, podéis estar contentos, pues se os trata mejor de lo que merecéis». El Sr. Urrestarazu fue golpeado también durante 24 horas, en el Gobierno Civil; el 3 de septiembre declaró ante el Sr. Manzanos, quien le dijo: «Estáis dirigidos por esos cabrones de curas vascos». Las torturas e insultos fueron análogos con los Srs. Balerdi y Ferrán, en los calabozos del Gobierno Civil.

El traslado a Madrid fue efectuado llevándolos esposados en un tren que tardó 22 horas. En Madrid, prestaron declaración en la Dirección general de Seguridad ante el Sr. Ellacuriaga; allí fueron amenazados, pero no fueron golpeados. Más tarde, estando ya en la cárcel de Carabanchel fueron interrogados por el coronel Aymar que pretendió adoptar con ellos una actitud «paternalista».

El mismo trato se le dio a los otros detenidos que aguardan ahora comparecer en la capital ante el tribunal militar. A uno de ellos, don Javier Aguirre, hijo del poeta Lizardi, le dijeron mientras lo golpeaban en la Comisaría, a propósito de los sacerdotes vascos: «Decís que durante la guerra fusilamos a algunos. La pena es que no lo hicimos con todos. ¿De qué se quejan, si viven como reyes?». A Don Rubén López de Lacalle, industrial de Vitoria, que llevaba una medalla sobre el pecho, le dijo un funcionario de prisiones en la cárcel de San Sebastián: «No eres digno de llevar la medalla sobre el pecho. Sois peores que los comunistas. Si estuviera en mi mano os fusilaba a todos».

El caso de D. Julián de Madariaga y Aguirre

El caso, tal vez, más notable es el del abogado don Julián de Madariaga y Aguirre, de 29 años, detenido en su casa de verano cerca de Bilbao, simplemente por ser pariente del fallecido presidente del Gobierno Vasco. Fue torturado durante varios días y cuando hizo alusión a los derechos reconocidos en el Fuero de los Españoles le respondieron: «¿Pero, este leguleyo hijo de puta, qué se ha creído? A lo mejor cree que el Fuero vale para algo. Primero que no eres español y luego que todo eso nos lo pasamos por las narices...». Fue reducido a un estado de semi inconsciencia y con varias costillas rotas, según atestiguó el Dr. Garsón, de la cárcel de Martutene. En Madrid, Aymar lo interrogó también en tono de fingida amabilidad, pero en Carabanchel fue golpeado por dos funcionarios de prisiones y, sacado a diligencias del sábado, dos de septiembre hasta el día seis, fue nuevamente golpeado en la Dirección general de Seguridad hasta que al tercer día el trato se hizo correcto.

Sería inacabable el relato sobre este asunto de los detenidos vascos que ha emocionado a todos los sectores de la oposición e incluso a personas que habitualmente no se ocupan de política. Ya es significativo que el ex ministro Sr. Ruiz-Giménez se haya encargado de defender a los siete primeros encartados, aquellos a quienes la policía considera como «activistas peligrosos», mientras que los otros parecen ser preferentemente acusados de propaganda. Por otra parte, dos observadores extranjeros han asistido a la vista: el Sr. Regnier-Thys, en nombre de la Confederación Internacional de Sindicatos Libres y el Sr. Ernest Davies, laborista británico y antiguo subsecretario del Foreign Office, conocido por sus simpatías hacia los demócratas españoles.

El fiscal ha pedido 25 años de prisión para don Rafael Albizu, 20 para don Manuel Lespiur y 15 para los restantes. Las impresiones sobre la posible sentencia no son nada optimistas y se teme que el tribunal se muestre de acuerdo con lo fundamental de la petición fiscal.

Se hace observar una vez más que la jurisprudencia del régimen no establece distinciones entre la tentativa, el delito frustrado y el delito consumado, puesto que una vez más se trata de tentativa, si es que se dan por buenas las acusaciones del ministerio fiscal basadas simplemente en atestados policíacos y en declaraciones obtenidas bajo la tortura. También se señala que la mayoría de estas detenciones fue realizada sin mandamiento judicial, por simple allanamiento de morada.

El Decano del Colegio de Abogados de Madrid, Sr. Gella y varias comisiones privadas de abogados han hecho gestiones cerca del Ministro de justicia para intentar plantear la competencia de jurisdicciones y sustraer los acusados a la jurisdicción militar, pero todo ha sido en vano. Como siempre ocurre aquí el ministro se escuda en que él no puede hacer nada y que todo eso depende de los militares.

Medidas en la cuerda floja

Dejando este doloroso tema, fuerza es mencionar, aunque ya lo hice por separado, las medidas que el Gobierno creyó oportunas adoptar con los extremistas de derecha franceses. Después de su prolongada residencia forzada en la Escuela de Policía de Canillejas, los Srs. Lagaillarde y Ortiz y los coroneles Argoud y Lacheroy han sido expedidos en avión para la pequeña isla de La Palma en Canarias, siempre tratados a cuerpo de rey, lo cual no parecían ellos agradecer mucho, pues en una nota que dieron a ciertas agencias se mostraron furiosos con «el proceder indigno del gobierno español» al que le atribuyen nada menos que estar presionado por el general Salan. Otros tres «activistas» franceses, los Srs. de Anthés, Laquière y Fechoz, han sido confinados respectivamente en Úbeda, Astorga y Medina del Campo.

La impresión dominante en Madrid es que el gobierno ha atendido los requerimientos del gobierno francés, pero sin ir demasiado lejos porque las medidas adoptadas por éste cerca de algunos refugiados españoles en aquel país parecen netamente inferiores a las peticiones y deseos de los gobernantes españoles. Es ésta una situación de «estira y afloja» en la que resulta difícil predecir nada. Lo que sí parece cierto, a juzgar por lo que se dice en medios diplomáticos y de periodistas extranjeros, es que el gobierno español ha querido, al mismo tiempo, atenuar las diferencias que tiene con los países árabes y, de paso, «ser simpático» con el general Salan (que es el verdadero amigo de los militares españoles) que parecía en neta disconformidad con la actuación de sus correligionarios exilados en Madrid. En suma, tres pájaros de un tiro, habilidad que entra dentro de las mejores tradiciones de la diplomacia franquista. Y no se olvide que ésta -y su jefe supremo- no tuvieron el menor empacho en entregar a Laval a una muerte segura el año 1945.

Las argucias frente al exterior siguen siendo así otra constante más del régimen que, cuando los alemanes empezaron a perder la guerra, se plegó ante los embajadores Srs. Hayes y Hoare después de haberles hecho la vida imposible. Hoy en día, su representante en la ONU, Sr. Lequerica ha llegado a decir que está por la coexistencia pacífica, desmintiendo así las palabras de su Caudillo: «No caeré en la treta de la coexistencia». Hoy se desconfía de cada acto de la administración norteamericana, pero se le piden más armas a Estados Unidos; se pretende amistad con los pueblos del «Tercer Mundo», pero se apoya incondicionalmente al Portugal de Oliveira Salazar y se considera a los gobernantes marroquíes como a una especie de «rojillos».

En fin, la otra gran constante del régimen es su incapacidad para lograr el bienestar económico de los españoles. El reciente informe de la OECE confirma que los salarios no han aumentado en los últimos dos años y que, de hecho, el poder de compra de los trabajadores ha disminuido, sobre todo en el campo. El excedente de la balanza de pagos no se ha traducido en ninguna mejoría para la población española. Si se quiere una prueba más es que los salarios establecidos por el reciente convenio colectivo de Altos Hornos de Vizcaya establece salarios de 75,60 pts. para los obreros calificados y que con los llamados «incentivos de trabajo» el jornal diario de esos trabajadores no pasará de unas 105 pts. diarias. Los obreros especializados se quieren seguir marchando a Alemania y los trabajadores agrícolas huyen de las provincias andaluzas en busca de mejor fortuna en Barcelona, Madrid o Bilbao. Nada está resuelto porque, hoy como hace veintidós años, los grupos oligárquicos consideran el Estado como patrimonio particular. Si un ministro cualquiera se atreviese a intentar cumplir amenazas como la preferida por el Sr. Ullastres en la Feria de Bilbao -«Socialización», oh, horror- pagaría cara su osadía. Sin duda, hay miembros de la oligarquía que saben que esto no puede durar siempre: pero la mayoría no ve más allá del estado actual de sus cuentas corrientes. Y hoy como ayer si los «cruzados» no han cambiado en nada es por razones de peso. Nada ha cambiado en ellos, en el Estado, en el régimen, pero «no se puede actuar ahora en España como en 1940». La frase es de un purpurado, pero refleja una verdad más honda que las intenciones de su autor.

TELMO LORENZO

Madrid, 29 de octubre de 1961

UNA CARTA DE ESPAÑA

Madrid, 25 de octubre, 1961

Mi distinguida amiga:

En el último número de Ibérica, en el artículo firmado por el corresponsal en Madrid, Sr. Lorenzo, noto que el último párrafo contiene un ataque a mi juicio injusto y exagerado contra los conservadores españoles. Afirma este colaborador que en España los conservadores aspiran a prolongar el régimen actual hasta enlazar con la monarquía para seguir disfrutando de sus privilegios. Esto es cierto en un grupo muy extenso de reaccionarios y gente sin principios pero también es cierto que hay muchos conservadores, de los cuales la propia Revista cita algunos, tanto monárquicos como republicanos que no tienen esas aspiraciones.

De manera tajante, y sin establecer matices, afirma el Sr. Lorenzo que afortunadamente no todos los españoles son conservadores, con lo cual se viene a decir, entre líneas, que los revolucionarios serían los que dispongan del futuro del país.

Movido por la mejor intención y seguro de que Vd. sabrá comprender qué motivos me impulsan a hacerle estas observaciones, me atrevo a indicarle que este tipo de afirmaciones absolutas que interpretan la opinión pública de manera tan radical, son perniciosas, alarman e incluso pueden quitar objetividad a revista tan digna y ecuánime como es la que Vd. dirige.

Le agradezco mucho la publicación de esta carta y quedo, como siempre, suyo affmo. y s. s.

JULIÁN ANDÍA

Alcance del decreto de indulto

Aunque en otro lugar de este número insertamos íntegro el Decreto de Indulto concedido por el general Franco, la ficción jurídica y la falsa apariencia humanitaria del mismo, nos obliga a señalar su verdadero alcance.

Decimos que el Decreto es una ficción jurídica porque presenta una apariencia legal que él mismo destruye. Empecemos por el principio: El artículo 1.º, en su apartado a) señala que cuando las penas no excedan de dos años se reducirán a la mitad, precepto que no alcanza casi a ningún preso político; los que fueron condenados en 1959 a uno o dos años han salido ya en libertad, de él se beneficiarán algunos casos aislados y los autores de robo y otros delitos menores.

Ese mismo artículo, en su apartado b) señala, traducido al lenguaje llano, que los presos que pueden beneficiarse de la libertad son aquellos que han cumplido ya las cuatro quintas partes de su condena. Son muy pocos los que pueden beneficiarse de él; se puede decir que es una concesión a la esperanza de los presos, pero nada más. Señalemos a guisa de ejemplo algunos casos de presos que están en la memoria de todos: don Julio Cerón debe cumplir condena hasta febrero de 1966, en lugar de hasta junio de 1967; el doctor Jordi Pujol hasta enero de 1966, en lugar de hasta mayo de 1967; el señor Sánchez Montero en junio de 1975, en lugar de 1979.

El artículo 2.º lo podríamos calificar de «bueno para la exportación». Se refiere a los condenados que hayan cumplido 20 años de reclusión; debemos aclarar que son muy pocos los presos que quedan procedentes de la guerra civil, pero son muchos los que estuvieron en libertad y fueron de nuevo encarcelados; a esos, por las excepciones señaladas en el mismo Decreto, que van desde el artículo 4.º al 7.º, no les comprende el indulto.

Según nuestros datos, entre los 400 presos que hay en el Penal de Burgos, en virtud de este artículo, el Decreto le corresponde a José Calderón Salmerón -preso desde octubre de 1941 y a Rafael Gómez Pérez- preso desde marzo de 1939. Otros casos como el de Ramón Galán Martín, encarcelado desde agosto de 1940 y el de Mariano Guzmán Domingo, encarcelado desde abril de 1940, no entran en los beneficios del indulto por tratarse de conmutados de pena de muerte. El ciego Joaquín García Prieto, que está en la cárcel desde enero de 1942, tampoco saldrá en libertad porque es conmutado de la pena de muerte. Hay cientos de personas encarceladas desde 1944, 1945, etc. para las que el indulto es letra muerta.

El artículo 3.º es un llamamiento a los exilados acusados y condenados por «delitos de rebelión militar contra la seguridad interior y el orden público cometidos hasta el 1.º de abril de 1939», dando un plazo de 6 meses para que puedan «acogerse al indulto». El Gobierno republicano en exilio ha respondido a este llamamiento en los términos siguientes: «El exilio español no solicita ni admite para sí la amnistía de un Gobierno al que no reconoce legitimidad ni autoridad para otorgarla. La lealtad no es un delito que puede ser amnistiado».

Éste es el generoso indulto concedido por el general Franco.

España, Italia y la OAS

Si se ha seguido con atención las actividades de los «activistas» en España, es fácil darse cuenta exacta de la significación de las medidas tomadas por las autoridades españolas respecto a los refugiados franceses.

Por España circuló Salan y Susini; por Madrid circulaban a su placer Lagaillarde, Lacheroy, Ortiz y sus amigos. Salan y Susini pudieron salir de España y trasladarse a Argel con la complicidad de un piloto militar que les llevó, mientras que a Ortiz se le impidió salir cuando intentó hacerlo desde Baleares y a Lagaillarde no se le dejó salir de Alicante.

El grupo detenido en Madrid es enemigo de Salan, lo que lleva a deducir que aquella salida de Salan y estas detenciones y confinamientos del grupo Lagaillarde, hacen el juego al primero. Las presiones ejercidas por el Gobierno francés para que se tomaran medidas contra los activistas, se han venido formulando desde hace tiempo, mucho antes que Salan tomara el avión. Pero las autoridades españolas han sido hábiles; con las detenciones en «residencia confortable» del grupo Lagaillarde han matado tres pájaros de un tiro: han rendido un servicio al Gobierno francés, este servicio les permite exigir otro en reciprocidad contra los refugiados españoles y rinden buen servicio a Salan inutilizando a sus enemigos.

En Italia la OAS se mueve como quiere, hasta tienen un personaje que se dice representante directo del general Salan; poseen oficinas permanentes donde acogen a sus militantes de tránsito, viven como en España, bajo nombres falsos y con pasaportes españoles o italianos, como es el caso de Philippe Massey; tienen estrecha conexión con movimientos italianos más o menos oficiales que giran alrededor del Movimiento Social Italiano.

En España, según nuestras informaciones, cientos de activistas de menor categoría siguen su vida activa; en Italia el número de ellos es considerable, pero más importante aun son las actividades que ejercen: una es el paso de responsables por Roma, como escala de paso de Francia a España; otra, y es la más importante, el abastecimiento de armas cortas aprovechando el turismo.

La «enfermedad argelina» tiene sus extremidades infectadas. Quieran los dioses mejorar la situación.

El indulto

MADRID, 24 oct., Ibérica: -El día 12 de este mes publicó El Boletín Oficial del Estado el Decreto sobre indulto, llamado «indulto general» que lo informan ocho artículos. De ellos sólo el primero contiene la extensión de la «gracia» concedida, los seis siguientes establecen las excepciones de esas concesiones. Como es de suponer que Ibérica comentará ampliamente el decreto, nos limitamos a señalar estas dos condiciones esenciales: una, que para que los sentenciados puedan acogerse al indulto tendrán que haber observado buena conducta y no haber cometido falta alguna, o haber sido condenadas las faltas graves que cometieron; otra, que la libertad de esos «liberados» queda sujeta a vigilancia y a la observación de buena conducta, lo que significa no mezclarse en ninguna actividad que pueda ser considerada en la España franquista como delito.

Detenciones en España

MADRID, 24 oct., Ibérica: -Casi al mismo tiempo que la prensa toda publica el Decreto de indulto, bien menguado por cierto, y alabó la magnanimidad del Caudillo, se ordenan detenciones de numerosos miembros de la oposición. Se han efectuado esas detenciones en la zona industrial de Cataluña, en Badalona y en San Andrés, cerca de Barcelona y en Santa Coloma, cerca de Gerona. De esas detenciones fueron mantenidas 149. De ese total han sido ya puestos a la disposición de la jurisdicción militar 42, acusados de propaganda ilegal e incitación a acciones subversivas. Se teme que se les aplique a estos hombres el decreto del 21 de septiembre de 1960. Por el contrario, hay la creencia de que el resto de los detenidos será liberado próximamente.

Ocho años de prisión a un abogado

MADRID, 25 oct., Ibérica: -Un Consejo de Guerra compuesto de siete oficiales, celebrado aquí hace unos días, ha condenado al abogado bilbaíno D. Sabín Barrena, de 45 años, a nueve años de prisión.

El fiscal pedía para el Sr. Barrena 20 años de prisión, acusándole de haber tomado parte en actividades contra el actual régimen de España en el período 1946-1948, pero quedó probado que después de la detención de algunos miembros de ese movimiento nacionalista, el Sr. Barrena marchó a Francia y más tarde a Venezuela, donde actuó como abogado habiendo adquirido la nacionalidad venezolana. En Venezuela trabajó hasta el mes de julio de 1961, fecha en la que regresó a España con pasaporte venezolano.

El proceso terminó de instruirse en 1948 y se dictaron varias condenas, pero quedó suspendido en lo que respecta al Sr. Barrena. Al volver éste a España ha sido abierto de nuevo el proceso y el Sr. Barrena condenado a 9 años de prisión.

Sentencias del consejo de guerra

MADRID, 1 nov., Ibérica: -El Consejo de guerra contra los siete vascos acusados por los actos del 18 de julio último, dictó sentencia el 30 del pasado después de diez horas de sesión. Al ingeniero Rafael Albisu se le ha impuesto una condena de veinte años de prisión; a Manuel Lespiur, comerciante, a la misma pena de veinte años; al experto Ignacio Larramendi, diez años; Evaristo Urrestarazu, Félix Arrieta e Ignacio Balerdi han sido condenados a siete años y Eduardo Ferrán a cinco. La sentencia queda pendiente de la aprobación del capitán general.

El proceso ha sido seguido por numeroso público; la naturaleza de la inculpación y el haber llevado la defensa el antiguo ministro de Educación, Sr. Ruiz-Giménez, explican este interés.

Torturas a los católicos

PARÍS, 28 oct., Ibérica: -El semanario Democratie 61, en su número del 26 inserta lo siguiente: «Cuatrocientos sacerdotes vascos firmaron hace un año un documento en el que denunciaban el régimen de opresión de Franco y la triste situación de los trabajadores españoles. Desde entonces los católicos vascos fueron objeto de una atención particular por parte de la policía madrileña. El Congreso por la Libertad de la Cultura acaba de dar a conocer que, hace algunas semanas, docenas han sido detenidos y torturados en la prisión de Carabanchel. Un consejo de guerra se ha reunido para juzgar un cierto número.

Más de sesenta mil trabajadores

MADRID, 24 oct., Ibérica: -En unas declaraciones hechas por el Dr. Wolfgang Pohle, presidente de la Comisión Económica alemana que acaba de visitar Madrid, dijo, entre otras cosas, que su país tiene un alto concepto del obrero español, tanto profesional como moralmente, e hizo resaltar que trabajan actualmente en la Alemania Federal más de sesenta mil obreros, de los cuales, veintiún mil quinientos fueron contratados en el último año.

Afirmó también que «la demanda de mano de obra es considerable, lo que mostraba la alta estimación de las empresas alemanas de los trabajadores españoles. Agregó que en estos momentos existen unos doce mil puestos vacantes para la mano de obra española».

Reunión del movimiento europeo

PARÍS, 24 oct., Ibérica: -El Consejo Internacional del Movimiento Europeo ha celebrado su reunión reglamentaria. El Consejo Federal Español, que forma parte de esa organización, estuvo representado en la asamblea por los señores D. José Maldonado, republicano en el exilio, y D. José M. ª Gil Robles, del interior de España. Fue elegido miembro del Comité Ejecutivo Internacional D. Salvador de Madariaga.

Visita del cardenal Ottaviani

MADRID, 24 oct., Ibérica: -El cardenal Ottaviani, Secretario del Santo Oficio, llegó al aeropuerto de Barajas la semana pasada. Fue recibido con todos los honores. Allí le esperaban los señores Antoniutti, Herrera, Castiella y Artajo. En el aeródromo mismo el cardenal Ottaviani hizo declaraciones, de las que señalamos las siguientes: «Es para mí una alegría pisar de nuevo la gloriosa tierra española, especialmente en este año en que se celebra el XXV aniversario de la gloriosa cruzada.

El cardenal ha recorrido España elogiando al Caudillo y exaltando «la Cruzada contra la Horda». Creemos que la sorpresa en los medios oficiales será grande al haber conocido el mensaje pontificio de S. S. Juan XXIII al arzobispo Mondrego, por el jubileo episcopal de éste en el que se cita tres veces la guerra civil calificándola de «deplorable guerra civil», de «lamentable contienda» y de «cruenta guerra civil». Lo que demuestra que lo de «Cruzada» no es admitido por el actual sucesor de San Pedro.

Cierran un instituto creado por Marañón

MADRID, 24 oct., Ibérica: -Se quiere liquidar el Instituto de Patología Médica, creado en 1925 por el Dr. Marañón. Los sesenta profesores y colaboradores que forman parte del citado organismo, se han visto sorprendidos por un oficio del Dr. González Bueno, Decano de la Beneficencia Provincial de Madrid, prohibiéndoles toda actividad médica y pedagógica en dicho Instituto hasta que la Comisión Gestora de la Diputación resuelva.

Un grupo de doctores, entre ellos Teófilo Hernando, Pardo Urdampilleta y Antonio Tapia han denunciado el atropello, y han hecho pública una carta proclamando que el instituto seguirá existiendo en cualquier parte, y por voluntad de unos cuantos.

El informe de la OECE

MADRID, 23 oct., Ibérica: -El informe de la OECE sobre la economía española lo han conocido los medios oficiales hace unas semanas. Su contenido no es muy halagüeño para la política económica del Gobierno. El lenguaje empleado en el informe es muy cortés, como es costumbre en los informes de los «expertos», pero se señalan cosas como éstas: que los excedentes de la balanza de cuentas presentados en España como una victoria, «deben atribuirse en parte al receso interior y a otras causas pasajeras». Señala igualmente las «reducidas inversiones privadas interiores» y que el «tipo de los salarios en la industria prácticamente no han variado desde hace mucho tiempo, mientras que los beneficios globales de los trabajadores de la industria habían disminuido sensiblemente en 1959-1960 y en la mayor parte de las industrias apenas si se ha restablecido el nivel anterior al receso del comienzo de 1961».

El informe inquieta también por la situación agraria y hace notar que «los salarios de los obreros agrícolas no han variado en el curso del año pasado y las ganancias totales aun han disminuido en ciertos casos». Señala también el informe que, desde hace algunos meses, los precios han comenzado a subir: «en un 4,1% en abril de 1961, en un 5,8% en el grupo alimentación y bebidas».

En resumen, el informe pone de relieve que el éxito financiero de la estabilización española no ha sido un éxito económico.

Los activistas en España

MADRID, 1 nov., Ibérica: -Aunque venimos dando noticias de las actividades de la OAS en Madrid desde el mes anterior, la profusión de ellas nos lleva a hacer un resumen de los cambios de situación. El asunto es de importancia.

El Gobierno francés venía pidiendo con insistencia desde hace meses la neutralización de los hombres de la OAS residentes en España. El embajador de España en París fue convocado por el ministro francés de Relaciones Exteriores y, al fin, las autoridades españolas se decidieron a la detención de los ex coroneles Lacheroy y Argoud, de Pierre Lagaillarde, Joseph Ortiz, el periodista d'Anthés, dos miembros del grupo de Ortiz: Dominique Laquiére y Henri Bandier; Pierre Sultana, Jean Paon y otras nueve personas más. La decisión de estas detenciones fue tomada en un Consejo de Ministros.

Las detenciones

Estas detenciones se han efectuado de la manera siguiente: la policía se personó cortésmente en el domicilio de los citados señores, rogándoles les acompañaran. No fueron a la cárcel, sino a la residencia de los oficiales de la policía armada, es decir, a la Escuela de la Policía Armada, que es un soberbio y confortable edificio, a seis kilómetros de Madrid, en Canillejas, en pleno campo. La situación de los detenidos ha sido de lo más confortable; gozaban de libertad de movimiento dentro del edificio; sólo tenían prohibido recibir visitas y hablar por teléfono sin permiso especial.

Después de unos días de «residencia» en el citado edificio, Lacheroy, Argoud, Lagaillarde y Ortiz han sido enviados a La Palma, una pequeña isla de las Canarias; otros tres activistas, d'Anthés, Lacouterier y Forey han sido transferidos a distintos puntos de España; d'Anthés a Úbeda, Lacouterier a Astorga y Forey a Medina del Campo. Los otros 11 activistas han quedado en libertad en Madrid, según se dice, vigilados por la policía.

Una conferencia del profesor Tierno Galván

El día 15 del pasado mes de octubre se celebró por las sociedades «La Nacional», «Casa de Galicia» y «Centro Vasco» de New York el día de Colón. Asistieron el Alcalde de la ciudad y numerosas, personalidades de las Ciencias y de las Letras, entre otras el Premio Nobel, Sr. Ochoa. Pronunció el discurso conmemorativo el Profesor Tierno Galván, Catedrático de Derecho Político de la Universidad de Salamanca, actualmente Visiting Professor de la Universidad de Princeton.

En el acto que reseñamos tuvimos la oportunidad de oír una magnífica exposición de las circunstancias que rodearon la conquista de América por los españoles, poniendo de relieve el conferenciante que lo que se ha llamado «el milagro de la conquista española» no fue sino una consecuencia de las cualidades del español, que da su máximo rendimiento cuando las circunstancias permiten su expansión.

No aludió el Sr. Tierno Galván a ningún tema político, pero se nos hizo patente que hablaba una persona de inconmovibles convicciones democráticas. Podemos señalar esta conferencia, tanto por su contenido como por su forma, de magistral exposición.

Españoles buscan armas

LONDRES, 30 oct., Ibérica: -El periódico Daily Herald del viernes 27 del corriente, publica una información de David Lomax de la que enviamos los párrafos siguientes:

Reunión del Consejo Privado de Don Juan

PARÍS, 4 nov., Ibérica: -Noticias recibidas de Portugal dan cuenta de haberse reunido en la villa Girala, residencia del conde de Barcelona en Estoril, el Consejo Privado de don Juan; asistieron a la reunión los siguientes señores: los generales Martínez Campos y Kindelán, el duque del Infantado, don Alfonso Valdecasas, el marqués de Valdeiglesias, el jurista José M. ª Trías de Bes; los profesores universitarios López Ibor, Teresa Embid Calvo Serer; José M. ª Pemán, Gonzalo F. de la Mora, Juan Ignacio Luca de Tena; los carlistas José M. ª Arauz de Robles, José Acedo, Juan Colomina; los monárquicos incondicionales estuvieron representados por Pero Sainz Rodríguez y Yanguas Messía; la Democracia Cristiana estuvo representada por don Francisco Cuis, Geminiano Carrascal y don José M. ª Gil Robles, ex diputado y ministro de la Guerra en la República. No hubo representación de los monárquicos liberales.

La versión que se ha hecho circular es que el Consejo se reunía para tratar de la cuestión internacional, el inmovilismo de la política actual franquista y el futuro matrimonio del infante Juan Carlos, pero se desconoce lo tratado en la reunión.

Unión Española

MADRID, 31 oct., Ibérica: -En su última Hoja Informativa Unión Española dice, entre otras cosas, lo siguiente: «Inglaterra negocia la entrada en el Mercado occidental y la plena unificación económica de Europa es inminente. Nosotros permanecemos fuera. Fuera, sencillamente, porque la entrada en el Mercado Común, con la consiguiente liberalización económica y política, reducción progresiva de aranceles, intercambio de mano de obra, etc., daría al traste en breve con los monopolios y posiciones de ventaja. Ésta es la causa de que nuestra economía siga ahogada y de que el desarrollo no se produzca; y todo ello contribuye a que nuestro futuro sea una incógnita».

Ferrándiz Alborz

En Uruguay ha muerto nuestro colaborador y amigo Francisco Ferrándiz Alborz. Las cualidades intelectuales y de carácter debieran haberle llevado a situaciones gratas, o al menos de humano vivir, pero las crueles circunstancias de la guerra civil hicieron de este hombre un mártir. En su libro La bestia contra España, publicado en Montevideo en 1951, Ferrándiz Alborz reveló la odisea de su vida después de terminada la guerra civil. A pie recorrió los caminos de España hasta llegar a Alicante, hambriento y descalzo. Vivió años escondido en una cueva de la provincia de Alicante; delatado, la policía se incautó de él y fue juzgado y condenado a la pena de muerte, la que le fue conmutada. Más tarde fue puesto en libertad condicional; pasado un tiempo pudo ganar la frontera. Su libro es un relato de tal fuerza trágica y tal veracidad, que estremece y angustia.

El crimen por el que se perseguía a Ferrándiz Alborz era el de «ser socialista y haber dirigido el periódico del partido, El Socialista», dirección que no ejerció sino por unas semanas antes del final de la guerra civil.

Rendimos al luchador incansable, al hombre leal y al amigo fiel nuestro más fervoroso homenaje.

Decreto de indulto del 12 de octubre

Artículo 1.º Se concede indulto parcial de las penas y correctivos de privación de libertad, impuestos o que puedan imponerse por delitos o faltas previstas en el Código Penal ordinario, Código de Justicia Militar y leyes y preceptos penales especiales, ejecutados con anterioridad al 1 de octubre de 1961, con arreglo a la siguiente escala:

a) Cuando las penas o correctivos no excedieren de dos años, se reducirán en su mitad.

b) Las penas superiores a dos años se remitirán en una quinta parte, con la excepción, de aquellas condenas en que se hubiera conmutado la pena capital por la de treinta años.

Art. 2.º Con independencia de lo dispuesto en el artículo precedente, a los condenados a penas privativas de libertad por hechos realizados con antelación al 1 de octubre de 1961, que hayan cumplido o cuando cumplan en ambos casos ininterrumpidamente veinte años de reclusión efectiva, incluida la prisión provisional y sin el cómputo de beneficios penitenciarios, se les concede indulto total del período que exceda de dicha suma, tanto si se trata de una o varias condenas, y cualquiera que sea la jurisdicción que se las hubiera impuesto.

Art. 3.º Se declara la vigencia del decreto de 9 de octubre de 1945 para los delitos en él comprendidos, cometidos hasta la fecha en él señalada, y en las condiciones que en el mismo se prevén.

A este efecto se concede un nuevo plazo de seis meses, computado a partir de la publicación de la presente disposición en el Boletín Oficial del Estado, para que los españoles que se encuentren en el extranjero y regresen a España puedan acogerse a los beneficios del citado decreto de 9 de octubre de 1945.

Art. 4.º Quedan excluidos de la aplicación del indulto parcial establecido en el artículo 1.º:

Primero. Los que durante el cumplimiento de su condena o condenas hubiesen incurrido en una falta muy grave o en dos o más graves, acreditadas en su expediente penitenciario, mientras que sean invalidadas.

Segundo. Los reincidentes en todo caso y los reiterantes cuando el delito o delitos que motivaron la apreciación de esta circunstancia fueren dolosos.

Tercero. Los que hubiesen disfrutado de indultos generales anteriores en igual o mayor proporción que por el presente, dada la duración de la pena o penas impuestas. A los beneficiados en cuanto menor se les aplicará la rebaja establecida en el nuevo indulto, como más favorable en sustitución de la que tenían concedida.

Cuarto. Los declarados procesalmente rebeldes que no se presenten en el término de treinta días, a contar desde la publicación de este decreto.

Quinto. Los condenados por delitos perseguibles a instancia de parte si ésta en el término de treinta días, a partir de la fecha de publicación de este decreto, manifiesta por escrito ante el Tribunal o Juzgado competente su oposición a la gracia de indulto. Este plazo se contará en las causas pendientes desde la fecha del auto de firmeza de la sentencia condenatoria.

Art. 5.º A los penados comprendidos en el indulto total de los veinte años de reclusión efectiva únicamente les será aplicable la primera excepción establecida en el artículo que precede.

Art. 6.º Cuando en una misma sentencia se impusieren penas diferentes o correctivos para varios delitos o faltas, se aplicará separadamente a cada una de ellas el indulto parcial que por su duración les correspondiere.

Art. 7.º El indulto o indultos concedidos en virtud de lo dispuesto en la presente disposición quedarán sin efecto si sus beneficiarios incurren en nueva delincuencia dolosa durante el término de prueba que para su rehabilitación establecen las leyes penales aplicables.

STATEMENT REQUIRED BY THE ACT OF AUGUST 24, 1912, AS AMENDED BY THE ACTS OF MARCH 3, 1933, AND JULY 2, 1946 AND JUNE 11, 1960 (74 STAT. 208) SHOWING THE OWNERSHIP, MANAGEMENT, AND CIRCULATION OF

Ibérica, published Monthly, except July-August when bimonthly, at New York 1, N. Y. for October 1, 1961.

1. The names and addresses of the publisher, editor, managing editor, and business managers are:

Publisher: Miss Louise Grane, 112 East 19th Street, New York 3, N. Y.; Editor: Miss Victoria Kent, 112 East 19th Street, New York 3, N. Y.; Managing editor: None; Business manager. None.

2. The owner is: (If owner by a corporation, its name and address must be stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners, must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual member, must be given).

Miss Louise Crane, 112 East 19th Street, New York 3, N. Y.

3. The known bondholders, mortagagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of honds, mortgages, or securities are: None.

4. Paragraphs 2 and 3 include, in cases where the stockholder or security holder appears upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, the name of the person or corporation for whom such trustee is acting; also the statements in the two paragraphs show the affiant's full knowledge and belief as to the circumstances and conditions under which stockholders and security holders who do not appear upon the books of the company as trustees, hold stock and securities in a capacity other than that of a bona fide owner.

5. The average number of copies of each issue of this publication sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers during the 12 months preceding the date shown above was: (This information is required by the act of June 11, 1960 to be included in all statements regardless of frequency of issu). 3100.

Louise Crane, Publisher.

Sworn to and subscribed before me this 13th day of September, 1961. SEYMOUR A. GREENBERG Notary Public, State of New York, N.º 60-6649100, Qual. in Westchester Co. Cert. filed in New York County Commission Expires March 30, 1962.