Ibérica por la libertad

Volumen 10, N.º 10, 15 de octubre de 1962

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Un cuadro de la tragedia de Cataluña.

IBÉRICA es un boletín de información dedicado a los asuntos españoles y patrocinado por un grupo de americanos que creen que la lucha de España por la libertad es una parte de la lucha universal por la libertad, y que hay que combatir sin descanso en cada frente y contra cada forma que el totalitarismo presente.

IBÉRICA se consagra a la España del futuro, a la España liberal que será una amiga y una aliada de los Estados Unidos en el sentido espiritual y no sólo en sentido material.

IBÉRICA ofrece a todos los españoles que mantienen sus esperanzas en una España libre y democrática, la oportunidad de expresar sus opiniones al pueblo americano y a los países de Hispano-América. Para aquellos que no son españoles, pero que simpatizan con estas aspiraciones, quedan abiertas así mismo las páginas de IBÉRICA.

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Terminada la reunión del Movimiento Europeo en Munich, el aparato de propaganda del Estado español hizo toda clase de esfuerzos para mostrar a la opinión pública que aquella reunión había opuesto un fuerte obstáculo al ingreso de España en la Comunidad Económica Europea. Debió llamar la atención de los españoles que fueran precisamente los miembros de una asociación europeísta, bien conocidos por el amor con que defendían la participación del país en la integración económica y política de la Europa Occidental, quienes actuaran de modo tan inconsistente con sus ideas y los propósitos proclamados reiteradamente en años anteriores, pero la influencia de la propaganda en las mentes humanas parece superar todas las paradojas.

El autor de las presentes líneas ha escrito y expuesto reiteradamente, en numerosas conferencias en las más importantes ciudades españolas durante los últimos años, cuáles eran a su juicio los motivos económicos que aconsejaban el ingreso de España en el Mercado Común. A esos textos -cuya enmienda no considera necesaria sino a lo más en los detalles- se remite³, pero desea ahora exponer otros motivos más hondos que aconsejan la integración de España con Europa. Desea reiterar así, de modo fehaciente, que jamás pudo participar en un acto destinado a cerrar las puertas del Mercado Común para España, afirmando que, por el contrario, la reunión de Munich las ha dejado bien abiertas para el feliz momento en que el país observe los requisitos que el propio Mercado Común exige para una asociación. Esos requisitos no se cumplen por desgracia en el presente, de acuerdo a las interpretaciones oficiales del propio Mercado Común, tan cuidadosamente ocultadas a los ciudadanos españoles por la propaganda oficial.

España y la conciencia de su destino

De todas las características de su Historia, ninguna otra se manifiesta con tanto vigor reiterado en la de España como la conciencia de un gran destino. Surge con fuerza al fin del Imperio Romano y se hace cuerpo en la Reconquista, con espíritu de cruzada inacabable. Cuando ésta se resuelve con Fernando e Isabel, toma nuevas formas con Carlos V, cuya idea imperial lleva por Europa los tercios españoles. Aparece con otras preocupaciones en el Padre Vitoria y en los tratadistas de Indias. Más tarde no ofrece ya sino manifestaciones esporádicas de tono menor o de orden irrisorio, como el ideal de Imperio de la Falange. Sólo la generación del 98 acierta en tiempos modernos a darle expresión feliz, al postular la europeización de España sin menoscabo de sus valores espirituales eternos.

La conciencia del destino de España ha tomado con frecuencia formas irracionales tradicionalistas, como ocurre con el carlismo o el ideal de imperio de la Falange, o fórmulas futuristas, cual sucedió sin duda en la zona republicana durante la guerra civil. Ambos bandos tuvieron clara conciencia durante esa guerra de que España acometía su total sacrificio, menos en función de su conveniencia futura, que por los grandes postulados sobre los que el mundo había en breve de enfrentarse.

De ahí la reacción de muchos pensadores modernos de que lo que España necesita es, precisamente, abandonar ideas de grandeza y volar más a ras de tierra, para alcanzar destinos más en consonancia con las posibilidades que le ofrecen los tiempos. Es, en definitiva, el ideal de «escuela y despensa», en el que se encierra bajo siete llaves el sepulcro del Cid.

La evolución del régimen político del país toma ahora esa dirección, en la que comulgan muchos espíritus de las dos Españas. El lema del momento es el desarrollo, expuesto como ideal doméstico en términos de automóviles y neveras. Pasaron ya los tiempos de las bravatas sobre Gibraltar y qué lejos parecen estar aquellos otros de las ansias de Imperio, borrados del mapa con la entrega de las bases americanas. Se pretende así jubilar la conciencia del destino de España al amparo de una buena renta.

Otros pueblos han realizado en su tiempo esa evolución. ¡Quién reconocería en el racionalismo político y social de los escandinavos el bullir de la sangre de los vikingos! Pero no es probable que España acepte por largo tiempo ese conformismo más propio de las nieblas del Norte. El español volverá a las andadas, volverá a descerrajar las puertas del sepulcro, y ya es hora de que nos preguntemos por dónde ha de galopar Babieca.

Los campos de ese galope no deben ser, de nuevo, los del auto-sacrificio. España no ha de ser ofrenda, como lo ha sido tantas veces; debe buscar conciencia de su destino histórico, tan alto como se pueda; pero con los pies sólidamente asentados en las realidades presentes. La plataforma de lanzamiento es, sin duda, Europa.

España debiera aportar a Europa un contenido espiritual más rico para esos ideales que se expresan hoy en términos demasiado materiales. Su conciencia del hombre según la tradición de los pensadores de Indias; su conciencia del destino histórico, esta vez sin sacrificios; su conciencia de ser «Marca» en la defensa de una cultura. España debe aportar también la conciencia de unidad y de superación de los nacionalismos, ideas no muy sentidas aún por los dirigentes de muchos países europeos.

Junto a esos principios del espíritu, las jóvenes generaciones de españoles tienen otra función de suma importancia que cumplir. Causas demasiado complejas para ser expuestas en unas breves líneas prueban que no hay otra solución racional del problema económico de Iberoamérica que su integración en un gran mercado común. La ayuda que puede prestar España como abogado en Europa de esos países de su carne y de su Historia puede ser de suma importancia. Facilitar la coordinación de esos dos mundos -el de la geografía y el de la Historia- es un destino que, sin desmerecer de las concepciones más grandiosas, no desdeña las posibilidades racionales de la situación presente ni vuelve las espaldas a un ideal doméstico de «escuela y despensa».

Han pasado ya tantos años desde que se produjo en Iberoamérica el divorcio entre la representación oficial del Estado español y la de la cultura y pueblo españoles, que es difícil imaginar el significado que tendría su reencuentro en el mismo plano político. Los hispanoamericanos, por su parte, han redescubierto a España en los últimos años y comprenden que ella sola puede soldar, con una Historia y cultura común, sus ansias de integración hacia el futuro. Si España, a más de ello, puede ofrecer algo más que una fraseología en la que nadie cree; si puede servir de «Adelantada» de Iberoamérica en el gran campo del mañana de Europa, y de instrumento de concordia y de unidad dentro de la propia Iberoamérica, cerrará las etapas del descubrimiento y la conquista con la creación de un gran mundo hispánico lleno de promesas. Ese destino no tiene realización fuera de Europa.

Europa y su unidad son así para España algo más que unas toneladas de naranjas y la mejora de los salarios, con ser esto mucho. Europa es para España la gran ocasión de un encuentro con su nuevo destino.

El sentido del monopolio del español

El sentido un tanto enfermizo del poder ha originado para el español un odio general del extranjero en otros tiempos, pero ha creado también en las relaciones económicas una situación monopolística cuya superación parece indispensable.

La tendencia del español al monopolio aparece registrada con gran vigor en los viejos tiempos del mercantilismo y en las relaciones con las colonias americanas. España llega muy tímidamente a la novedad del postmercantilismo -triunfante ya en Europa de larga data- y sólo cuando la situación carecía de posibilidades para un arreglo viable con sus colonias. Las diatribas de Mariano Moreno en su Representación de los hacendados contra el amor del español por el monopolio, cierran contra un proceso histórico abierto en España con la conquista y la colonización, que ni siquiera pudo superar Carlos III con su política económica más liberal.

El español aprecia al monopolio, no tanto por las ventajas económicas que en sí lleva, sino por lo que tiene de instrumento de dominio y, ¿por qué no decirlo?, de opresión. Lo que significa ostentar el poder sin trabas se aprecia claramente en España al fin de la guerra civil. En nombre de posiciones ideológicas se priva a los vencidos de sus vidas, de su honra, de su patrimonio y de todos sus derechos. El vencido es expulsado de sus puestos y se amplía grotescamente el campo del enemigo para disponer de un instrumento capaz de suprimir a los competidores⁴. El monopolio social lleva en España a prácticas inconcebibles y a que el español situado en una esfera elevada tenga que dedicar tantas o más energías a defender su situación personal de los ataques de los competidores, que a cumplir con sus funciones.

Una sensibilidad tal por el poder tenía, por fuerza, que conformar una economía muy monopolista, pero ese hecho se reforzó por circunstancias propias del desarrollo económico del país. En efecto, desde principios de siglo, cuando la economía española inicia su industrialización, la política económica tiende a reforzar los monopolios. La creación de industrias al amparo de aranceles y otras trabas más poderosas -como los permisos de importación- en un mercado tan reducido como el español, había pronto de convertir al país en un gran oligopolio.

La mentalidad del bando vencedor en la guerra civil exageró ese proceso hasta límites inconcebibles. Las normas principales de la política económica del franquismo tienden decididamente a ello, en especial cuando exigen la autorización previa del Ministerio de Industria para toda creación de industrias con inversión superior a una cierta suma. Durante veinticinco años, por otra parte, esas normas eran también válidas para las ampliaciones. ¡Cómo había de permitir el régimen que una inversión mal hecha por quien dispusiera de poder fuera amenazada por un competidor de más bajos costes!

Lo curioso es que esa pasión por el monopolio ha coexistido en estos años con su continua denuncia por parte de las propias autoridades que de tal modo lo fomentaban en favor de sus amigos. La prensa y radio del régimen -y cuanto más del régimen con tanta mayor saña- no han cesado en sus diatribas contra el monopolio, pero esa campaña se refería sobre todo a la Banca y a las empresas más independientes políticamente, no afectando, en cambio, a las empresas oficiales ni a las que gozaban de la protección del poder. Todo ello no era sino el artificio habitual de los sistemas totalitarios, que atacan verbalmente lo que de hecho protegen, para conseguir, conjuntamente, el mantenimiento de la institución y el prestigio de aparecer como campeones del embaucado público. Por eso se observó, ante ese dualismo de las palabras y los actos, que de lo que se trataba era simplemente de «oligopolizar también la lucha contra el oligopolio».

La defensa de España ante el monopolio no puede gozar de garantías de éxito sin un fuerte cambio de estructura de la economía española. La nueva estructura, por otra parte, ha de ser de tal naturaleza que asegure su supervivencia contra los nuevos embates de los monopolistas, que sin duda han de producirse. El mercado español es demasiado pequeño para conseguir esos resultados, y toda acción antimonopolística fracasará, por enérgica que sea, si se realiza en un marco autárquico, sin conseguir otros efectos que un grave perjuicio para la economía nacional.

No existe otra salida para ese dilema que la integración de España en un mercado más amplio, en el que habrán de irrumpir también nuevas fuerzas competidoras. Sin necesidad de medidas del poder público, que por fuerza han de ser ineficientes, el monopolio español sufrirá entonces un fuerte contraste: perderá su carácter de tal y se verá obligado a competir.

El derecho de «propiedad sobre la función» que predomine en España

El sentido del poder y del monopolio del español no se limita en la vida económica al de los empresarios; abarca al conjunto de la población, incluyendo al proletariado. El despido de obreros es de hecho imposible en la España de hoy, no obstante las reiteradas recomendaciones de la O.E.C.E. (ahora O.C.E.D.), que propugna la supresión de ese grave defecto de la estructura de la economía española. Esa «servidumbre de la máquina», no menos perjudicial que la «servidumbre de la gleba» del medioevo, establece lazos sumamente gravosos para la economía del país entre el trabajador y la empresa, pues impide la racionalización y la aplicación de nuevas técnicas -que en definitiva reducen la necesidad de mano de obra para el mismo volumen de producción- y, por lo tanto, impide el rápido aumento del nivel de vida de los propios obreros. De otra parte, los análisis modernos del desarrollo económico hacen a éste muy dependiente de la «movilidad ocupacional» de los trabajadores, es decir, de un factor inexistente en la economía española a causa de las normas vigentes sobre el despido.

El sentido de usufructo de la función se extiende, por consiguiente, en España, a un sector en el que jamás aparece en el mundo occidental: el de los trabajadores. Sin embargo, es tanto más fuerte en otras actividades y ocupaciones donde llega a adquirir las características de la «propiedad sobre la función».

El español considera que dispone de un derecho de propiedad sobre el cargo que ocupa y que éste carece de otra finalidad que «su servicio», en lugar de ser él quien «sirva» en el cumplimiento de su función. Contrasta muy de veras esa actitud con la dominante en los Estados Unidos. En este país se remunera excelentemente en función del trabajo que se realiza y se asciende también con gran rapidez; se despide también, en cambio, con igual facilidad. En España sucede lo contrario: jamás se despide, pero el sueldo guarda poca o ninguna relación con el trabajo efectuado y lo mismo ocurre con el ascenso.

Esa fórmula española adquiere su verdadero significado en la dificultad que debe superarse para ocupar un cargo cualquiera, tanto público como privado. En lugar de los contratos cortos a prueba, habituales de otros países, todo está sometido en España al juego de terribles oposiciones, que no se limitan a la esfera pública. El mismo procedimiento se utiliza para cerrar el acceso a ciertos establecimientos de enseñanza superior, como las escuelas de ingenieros y arquitectos, pues no son otra cosa los complicados exámenes de ingreso.

En lugar de la facilidad de acceso al cargo, habitual en los países adelantados, España prefiere, con el consenso general, el esfuerzo agotador. Pero ese esfuerzo implica, como es natural, un cierto sentido de propiedad sobre lo tan difícilmente ganado y, por supuesto, la estabilidad hasta la «muerte administrativa», es decir, hasta la jubilación.

Se sustituye así la diaria reconquista del derecho al cargo, a que está sujeto frecuentemente el funcionario, empleado y profesional de otros países del Occidente, por un único esfuerzo gigantesco, de mayor o menor duración, que el español debe efectuar para pasar a mejor vida administrativa; a ese gran esfuerzo sucede el nirvana vitalicio.

Ese sentido un tanto castrense del derecho al descanso de quien participó en lo más recio de la batalla ha de asfixiar a la economía y sociedad españolas, al cerrarles la inyección de oxígeno proveniente de una continua renovación. A España empieza a faltarle «oxígeno ocupacional», y así lo sienten profundamente las nuevas generaciones, que encuentran provistos todos los puestos a pesar del fuerte ritmo de crecimiento de la economía española en los últimos años. Ese hecho, tan contrario a lo que hubiera sido de esperar con una economía en expansión que debiera crear una infinidad de nuevos puestos de trabajo, proviene del sentido del español de propiedad sobre la función, que se ha terminado por considerar un fenómeno natural.

Cuando el español ha conquistado con enormes esfuerzos un cargo, tras oposición previa, considera que ha ganado un derecho de propiedad y trata de eliminar toda competencia, estableciendo un monopolio sobre la función. Eso implica la limitación de la «libre entrada», sin la cual no existe la libre competencia. El número de los funcionarios se calcula entonces en virtud del máximo de los ingresos medios susceptibles de ganarse por el «cuerpo», pero esa limitación del número hace imposible la expansión que requeriría la economía nacional. Por ello se han transformado los ingenieros en un cuerpo burocrático cuyo número se decide en función de los cargos administrativos que precisa el sector público y algunas grandes empresas, y así ocurre que apenas existen ingenieros de taller en el país; de ello proviene que la tan necesaria reforma fiscal tropiece con la resistencia de los cuerpos de inspectores y similares, que no desean la aplicación de fórmulas tributarias modernas, puesto que éstas exigirían la ampliación del número de funcionarios; ese fenómeno es también la causa de que sean necesarios plazos larguísimos para el registro de las transacciones inmobiliarias, debido a que el número de registradores apenas ha aumentado desde hace muchos decenios; de ese mismo hecho se derivan situaciones inverosímiles en las Bolsas de Valores, donde las transacciones al contado exigen semanas para su liquidación.

Lo extraordinario de esos hechos es que si bien dichas cuerpos podrían ofrecer un servicio más eficiente mediante la ampliación del número de sus auxiliares o de expertos de categoría inferior, ni tan siquiera se preocupan de hacerlo. La seguridad de su poder les impide suponer siquiera que sus intereses puedan ser amenazados, a pesar de sus desorbitantes ingresos percibidos mediante tasas que paga el público, el deficiente servicio que prestan a la comunidad y la barrera insalvable que oponen a las nuevas generaciones.

Si España ingresa en el Mercado Común esos hechos se corregirán por sí solos. El libre despido de los obreros se impondrá de una vez por todas y el país deberá encontrar fórmulas que aseguren la movilidad ocupacional. Los ingenieros y los miembros de otras ocupaciones similares se verán obligados a competir con sus colegas del resto de Europa, y los numerus clausus que de hecho existen en España tendrán que romperse por la afluencia de profesionales del exterior. Las demás profesiones protegidas no podrán contener las aguas desbordantes. El Mercado Común es, por consiguiente, tanto para el país como para la juventud, el viento de renovación que romperá la arterioesclerosis de nuestra rígida estructura social.

La distribución de la riqueza en España

No es extraño que el régimen político vigente en España haya llegado a los extremos tan injustos de distribución de la riqueza que allí se manifiestan. Desigualdad, ante todo, en las clases sociales, pero desigualdad, también, entre las distintas actividades económicas y entre las provincias.

A pesar de la muy fuerte movilidad geográfica de los españoles -que contrasta con la rigidez ocupacional-, las divergencias de ingresos medios entre las provincias son enormes. Vizcaya y Guipúzcoa tienen un ingreso medio cinco veces superior al de Granada u Orense, no obstante la fertilidad natural de la vega de Granada o las posibilidades que ofrece el valle del Miño. Hay zonas muy ricas, como el valle del Guadalquivir, que esperan aún el programa de desarrollo que las convierta en los «polos de crecimiento» del país.

Un cambio político en España obligaría a enfrentarse de inmediato con tales cuestiones. Si bien no es fácil corregir esas divergencias de ingresos medios entre regiones, sólo mediante una política adecuada del gasto de inversión, tampoco es posible condenar a la pobreza de por vida a los habitantes de las zonas menos desarrolladas, que carecen hoy de otra defensa que la emigración a otras regiones o al extranjero. La integración de España en Europa facilitaría la solución de las desigualdades regionales. Los acuerdos recientes entre Alemania y España para el fomento de los regadíos y la energía eléctrica en el sudeste del país se reiterarían si España ingresara en el Mercado Común. Mediante le necesaria ayuda económica, como la que se presta al Mezzogiorno italiano, la desigualdad entre regiones quedaría muy disminuida en España si el país se incorporara a la Comunidad Económica Europea.

La facilidad con que abandonan España los trabajadores españoles es un «voto con los pies» contra el sistema político y económico dominante, al igual que lo era la salida continua de personas del Berlín oriental, pero ejerce efectos económicos de suma importancia dentro del país, que han de modificar la injusta distribución de los ingresos. En efecto, el enorme margen que ahora existe entre los salarios españoles y europeos se ha de reducir con mayor eficiencia que por cualquier otro procedimiento mediante esa emigración. El empresario español que pierda obreros calificados a causa de su marcha al extranjero se verá obligado a pagarles mayores salarios; de otro modo perderá su inversión, frente a la cual poco significan los aumentos de algunas remuneraciones. El efecto de contagio de las elevaciones de salarios de los obreros calificados se difundirá por toda la economía. El trauma psicológico de la emigración de los obreros que abandonan el país redimirá rápidamente a sus compañeros.

Esas fórmulas no están abiertas hoy a la economía española. No lo están porque los empresarios no pueden incrementar sustancialmente los salarios sin elevar correspondientemente los precios, y al fin del proceso los salarios reales pueden quedar incluso más bajos de lo que estaban inicialmente. Si España ingresa en el Mercado Común, el aumento de los salarios reales ofrece mejores perspectivas. Cuando esto suceda, el empresario español podrá racionalizar su producción mediante nuevas maquinarias, instalaciones y técnicas, y estará, por tanto, en situación de abonar mayores remuneraciones y más próximas a las de la Europa Occidental. Si no lo hiciera así, se enfrentaría el empresario español con sus colegas extranjeros, que desempeñarán real o potencialmente la función del acicate continuo. Se llegará entonces a la solución más racional de trasladar los capitales extranjeros hacia España, por su propia voluntad y conveniencia, en lugar de hacer emigrar a los trabajadores españoles hacia el exterior en tan gran número y a costa de tan grandes sufrimientos.

La integración de España en Europa lleva consigo otro instrumento de gran eficacia para una redistribución ordenada de los ingresos en España consistente en las facilidades que ha de otorgar para llevar a cabo una verdadera reforma agraria, con el mínimo de fricciones. Sólo una economía española «arropada» en la europea, que es el gran mercado de la producción del agro español, puede realizar ese proceso sin graves complicaciones y disponiendo de la financiación y de hipótesis acertadas sobre los futuros mercados.

La redistribución de los ingresos, tanto regional como sectorial y entre clases sociales no tiene soluciones en España en el marco autárquico de la economía española; las tiene, en cambio, y razonablemente fáciles, si España se integra en Europa.

El problema del desarrollo

Muchos temas adicionales podrían abordarse para señalar la necesidad política y económica de la integración de España en la Comunidad Económica Europea. A los 25 años el régimen no ha conseguido resolver los grandes problemas políticos planteados ya en 1936, como la cuestión regional, la profesionalización del Ejército, las relaciones de la Iglesia con el Estado, la reforma agraria, la cuestión social, el problema de la enseñanza, etc. Todos ellos están latentes y vivos potencialmente, y habrán de hacerse presentes tan pronto como los españoles estén en situación de exponer sus opiniones.

Muchas de esas cuestiones surgen bajo un prisma distinto en una España integrada en Europa. Es fácil advertir esas diferencias para el problema regional, subsumido en el gran espacio europeo, de un lado, y bajo la protección que otorgarán a las regiones los organismos europeos de integración, de otro (como defensa ante las reacciones nacionalistas que pretendan imponer la «marcha atrás»). El acoplamiento del Ejército español a la OTAN representará, por sí solo, un factor poderoso de profesionalización, y las relaciones de la Iglesia con el Estado ganarán, sin duda, si se aproximan a las de Francia o Italia, a través de un proceso de contagio. Bien merece unas líneas, sin embargo, para dar fin a este somero análisis, lo que ha de significar el ingreso de España en el Mercado Común desde el punto de vista del desarrollo de la economía española.

Esta cuestión se ha planteado, por lo general, como un análisis de los efectos del ingreso en el Mercado Común para las diversas industrias y actividades económicas de España, pero no se ha estudiado con un estricto criterio del desarrollo económico. No se ha planteado desde este punto de vista, porque está tan próximo a lo político, que su análisis pondría de manifiesto los dislates de la política económica del régimen.

Por motivos demasiado complejos para ser abordados en el estrecho marco de un artículo, la economía española ha crecido con enorme rapidez en los últimos años, a pesar de los errores notorios de las autoridades. Como ocurre con frecuencia reiterada en España, el pueblo -obreros, empresarios, expertos- ha resultado muy superior al Gobierno. Pero esas inteligentes y decididas reacciones del pueblo español no podrán mantener un crecimiento tan rápido durante muchos años. O España se integra en Europa o el proceso de desarrollo de la economía española se acaba en plazo no muy lejano.

Para llegar a esas conclusiones es preciso examinar, aunque fuera someramente, la etapa del desarrollo alcanzada por la economía española hasta el presente y la que debe recorrer en un futuro inmediato.

Desde el principio del siglo la economía española ha seguido un proceso continuo de sustitución de importaciones que ha permitido el desarrollo de las industrias en el país. Dicho proceso tiene límites naturales impuestos por el propio crecimiento. Cuando éste llega a niveles elevados, el desarrollo obliga a incrementar ciertas importaciones en mayor grado de las posibilidades de sustitución que ofrecen otras. Ese momento constituye la «barrera del sonido del desarrollo». Su cruce no es nada fácil, puesto que la solución última no puede provenir sino de una fuerte expansión de las exportaciones industriales del país subdesarrollado.

Ese problema no ha sido apenas estudiado, puesto que los primeros balbuceos de la doctrina del desarrollo económico se han fundado en estudios empíricos sobre Iberoamérica, Asia y África, sin parar mientes en otros casos de desarrollo más avanzado⁵. Lo cierto es que la sustitución de importaciones industriales por la producción doméstica significa tanto como un fuerte encarecimiento de los costes, lo que a su vez reduce las exportaciones y hace muy difícil, más adelante, conseguir la de productos industriales. Ahora bien, sólo esas exportaciones de productos industriales rompen la «barrera del sonido del desarrollo», puesto que los mercados de un país son demasiado reducidos, por lo general, para las técnicas modernas más productivas.

No obstante, España ha cruzado temporalmente la «barrera del sonido de desarrollo» gracias a un acontecimiento inesperado: el crecimiento del turismo. En 1962 se calcula que el turismo puede muy bien significar ingresos brutos del orden de 550 millones de dólares, cifras que adquieren su verdadero valor si se comparan con los 497 millones de dólares del total de las exportaciones españolas en 1958, o sea, hace 5 años. Los ingresos de divisas que ocasiona el turismo permitirán al país despreocuparse de los problemas del balance de pagos, pero a largo plazo el turismo no crea suficientes puestos de trabajo para los españoles ni permite llevar a cabo la culminación del proceso de transferencia de trabajadores desde la agricultura hacia la industria y los servicios. La proporción de la población activa ocupada hoy en el agro en España es del 42 por ciento, y el país no habrá pasado a integrarse en el grupo de naciones desarrolladas hasta que rebaje aquella proporción al 25 por ciento al menos. El turismo, por sí solo, no puede realizar ese proceso, para el cual es indispensable la expansión industrial y, por tanto, de las exportaciones de productos industriales.

El turismo es una gran bendición para la economía española; es el «maná caído del cielo»; es la exportación de un servicio cuyas cifras han de crecer más rápidamente que la mejora del producto de la Europa Occidental; es la desaparición de los problemas del balance de pagos de España durante algunos años; es el instrumento que permitirá a la economía española gozar de un muy rápido crecimiento en el futuro inmediato. Pero el turismo no es ni puede ser la solución del problema a largo plazo, dado que no crea puestos de trabajo. No obstante, sería una solución temporal magnífica en manos de unas autoridades que lo utilizaran para cruzar definitivamente la «barrera del sonido del desarrollo». Esa solución requiere, con todo, ciertas condiciones.

La principal de dichas condiciones es el ingreso de España en el Mercado Común. Sólo así se aseguraría el cumplimiento de algunos requisitos necesarios para la exportación de productos industriales españoles, alcanzando a la etapa final del desarrollo. En efecto, sólo mediante la entrada en la Comunidad Económica Europea dispondrá España de un adecuado abastecimiento de maquinarias e instrumentos de producción; sólo así conseguirá los capitales que necesita; sólo así dispondrá de las técnicas más modernas; y, lo que es más importante, sólo así gozará de mercados libres en el extranjero para la penetración de sus exportaciones industriales. Al ingresar en el Mercado Común España habrá adquirido una situación que le permitirá realizar muy rápidamente -en unos diez años- un proceso que ha costado un par de generaciones a otros países⁶.

El ingreso en el Mercado Común es, por consiguiente, el único medio para llevar a cabo el desarrollo económico de España, como lo es también para facilitar la solución de muchos otros problemas, tal como se vio en páginas anteriores. Esa solución no está abierta al régimen político actual de España.

No ha sido el acto de Munich el que ha cerrado las puertas del Mercado Común para España. Mal podría hacerlo la lectura sin aprobación siquiera -aunque con aclamaciones- de una resolución propuesta por un grupo de españoles en el Congreso del Movimiento Europeo. Por otra parte, el Movimiento Europeo es una asociación de partidos políticos y no de Gobiernos.

Las puertas del Mercado Común estaban ya cerradas para España cuando ese grupo de españoles participó en la reunión de Munich. Lo estaban por un acuerdo del Consejo de Europa y, lo que es más importante, por la interpretación oficial del Parlamento europeo de los textos del Tratado de Roma referentes al ingreso de nuevos miembros en la Comunidad Económica Europea, bien como miembros plenos, bien como países asociados, interpretación que excluye a las naciones no democráticas y liberales. El Gobierno de España ha ocultado cuidadosamente a la opinión pública esos extremos, como también ha ocultado que su acción malhumorada contra unos españoles que creyeron tenían el mismo derecho que los demás europeos a discutir libremente los asuntos de su país, ha tenido graves consecuencias para la entrada de España en la Comunidad Económica Europea. En efecto, esa reacción ha originado el voto del Parlamento holandés que impide el ingreso de países totalitarios en el Mercado Común, y la resolución de los Partidos socialistas de la Europa Occidental, que llega a conclusiones parecidas.

Europa es para España algo muy importante, pero la integración depende estrechamente de la reciente disyuntiva planteada por el General Franco en su discurso de Valencia. España debe pronunciarse por las instituciones peculiares ahora vigentes, o por el ingreso en las entidades europeas. A juzgar por lo dicho en párrafos anteriores, esa disyuntiva no ofrece dudas.

JESÚS PRADOS ARRARTE

El propósito de este ensayo es el de dar una visión de la vida cotidiana actual en Cataluña. Los problemas de España aparecen distintos según se vean desde Castilla o desde Cataluña, desde el País Vasco o desde Andalucía. Pero una aproximación a la vida y a los problemas de Cataluña puede contribuir a una mejor comprensión de la vida española.

España es un país multinacional, una variedad de tierras y hombres distintos a quienes las circunstancias históricas de los últimos cinco siglos han forzado a convivir, pero a convivir malamente; como otros países, desde luego; nadie que hable sin apasionamiento pretenderá seriamente que Bélgica es un país unido, una nación; bastaría una corta visita a Bélgica para darse cuenta de cuan artificial es la unión de flamencos y valones y cómo aprovechan cualquier ocasión para manifestarse mutuamente hasta qué punto se detestan unos a otros. También es cierto que las diferencias reales entre el país flamenco y el valón son muy considerables. En Italia ocurre otro tanto: la similitud entre un siciliano y un milanés es escasa. En Inglaterra, un escocés casi se ofende si se le considera como un englishman. Sólo Francia y Alemania, en Europa, han conseguido un elevado nivel de cohesión nacional -o multinacional, o como quiera llamársele-, a pesar de que también son notorias las diferencias en el interior de cada uno de estos países. No hablemos de Suiza, que es un caso bastante raro de convivencia entre comunidades de gentes extraordinariamente distintas. El hecho es que únicamente países como los Escandinavos y Portugal, donde la concentración demográfica es escasa y la población pertenece a una sola comunidad racial, son realmente países donde cualquier ciudadano tiene conciencia de formar parte de una nación, o de una comunidad nacional.

Claro está, cuando hago estas afirmaciones estoy generalizando y hago abstracción de las reducidas comunidades que no se sienten integradas dentro de la nación -como los lapones en Noruega o la minoría de habla sueca en Finlandia o los grupos de judíos dispersos o los gitanos-. Tampoco me refiero para nada a las diferencias de clase social en los ejemplos que he puesto y me limito a hablar de algunos países de Europa occidental.

España forma parte de los países donde esa conciencia nacional está dividida. En algunos casos, un grupo de personas pertenecientes a una comunidad particular se ha arrogado el derecho de representar a las otras comunidades y ha sentido, a menudo sinceramente, la conciencia de la llamada «unidad nacional», allí donde no había más que diversidad y pluralismo; esto ha ocurrido con frecuencia en Castilla y, en menor medida, en Andalucía, pero rarísimas veces en las zonas «centrífugas» como Galicia, Asturias, País Vasco, Cataluña y Levante. Las provincias interiores han tendido al centralismo. Las periféricas, a la federación y -en momentos de crisis- a la separación.

Cataluña, perteneciendo a la zona periférica, ha tendido secularmente hacia la separación y tiende todavía; ahora bien: la incorporación a Cataluña de una gran parte de población procedente de Extremadura, Andalucía, Murcia y Castilla, en las dos últimas décadas, ha cambiado sensiblemente el panorama. Paralelamente, otros fenómenos, como el de la uniformización de los medios de información (mass media) han colaborado en el cambio.

Mi propósito no es sin embargo enfocar la visión de los problemas y de la vida catalana desde ese prisma del «catalanismo», sino tratar de ver cómo y en qué medida se manifiesta entre otros varios fenómenos de la vida cotidiana totalmente ajenos al hecho catalanista.

Uno de los hechos básicos que han cambiado la fisonomía de Cataluña en los últimos años ha sido la impresionante inmigración interior que ha despoblado ciertos núcleos del interior de España en beneficio de la periferia y sobre todo de Cataluña. La mayor parte de inmigrantes son de origen campesino; funcionarios, una pequeña minoría.

Los campesinos han ido llegando a Barcelona en tal proporción que las autoridades decidieron -ya en 1956- impedir la entrada en la ciudad de todos aquellos que no vinieran con un contrato de trabajo previamente convenido con una empresa y carecieran de domicilio en Cataluña.

Fue un espectáculo nada agradable para mí el llegar una vez a la estación terminal de Barcelona en el tren que venía de Madrid y encontrarme con grupos de policías que atendían a los pasajeros; quienes descendían de los vagones de 1.ª clase no eran, por supuesto, molestados; las preguntas y las peticiones de documentación empezaban con los ciudadanos que viajaban en 2.ª, cargados de maletas y bultos, aunque su porte no fuera miserable. Pero el drama se daba con los viajeros cuyo aspecto les delataba a la legua como campesinos: muchos llegaban acompañados de toda la familia y con el ajuar a cuestas, con mantas liadas a la espalda, sujetando paquetes y sacos toscamente liados con cuerdas y con la típica maleta de madera que usan los reclutas españoles. De tez morena, corta talla, con sus pantalones de pana, la camisa descolorida, sus mujeres enlutadas y con bandas de chiquillos mocosos, estos campesinos venían de las tierras más pobres de España a buscar en Barcelona la tierra prometida. Casi todos ellos abandonaban sus casas, vendían lo poco que tenían y llegaban a Barcelona desde donde un pariente o un «paisano» les había dicho que aquí se comía caliente todos los días y se podía vivir. Esas pobres gentes son aquellos a quienes en Cataluña se les bautizó con el epíteto de charnegos, que en el argot actual de la clase trabajadora y de la clase media catalanas tiene un sentido altamente despreciativo y que manifiesta un sentimiento que no dudo en calificar de racista. Aquellos que inventaron ese calificativo olvidan, consciente o inconscientemente, que los charnegos no son sólo quienes realizan los trabajos más penosos, más desacreditados y los peor pagados: precisamente porque se ofrecían como baratísima mano de obra, superabundante y dispuesta a realizar cualquier trabajo para subsistir, los charnegos han proporcionado notorios beneficios a los empresarios catalanes. Cada día en mayor proporción, son ellos quienes van engrosando los efectivos de la mano de obra en la industria textil, la cual fue hasta hace muy poco una creación catalana, tanto por los empresarios que las iniciaron como por los obreros que en ella trabajaban.

Lo mismo ocurre en la metalurgia, en la construcción, los transportes, en la industria eléctrica, en la automovilística. Una gran proporción de técnicos, especialistas, operarios de primera clase marchan con contratos de trabajo al extranjero; los puestos que dejan vacantes son ocupados por operarios de escasa competencia y que, por su origen campesino llevan poco tiempo en la industria y no se habitúan fácilmente a un ritmo de trabajo acelerado. Las más importantes empresas de Cataluña necesitan urgentemente especialistas de casi todas las ramas industriales. Pero la formación profesional no puede improvisarse, aunque España sea el país de la improvisación por antonomasia y la España actual el país de la improvisación «por real decreto»; el gobierno de Madrid fomentaba, hace sólo dos años, la emigración de trabajadores al extranjero para solventar el problema de un paro masivo. Ahora, al darse cuenta las autoridades de las consecuencias desastrosas que tiene para la economía esa escapada en masa de obreros expertos, pretende resolver el problema con la creación de escuelas y cursos de la llamada «Formación Profesional Acelerada», que aún en el hipotético caso que diera buenos resultados no los podrá dar más que a largo plazo y afectando a un reducido número de obreros: éstas son las consecuencias de la ausencia de una planificación económica en un país como el nuestro regido por fuertes grupos y clanes que tienen intereses económicos contrapuestos entre sí.

Pero hay otro fenómeno que tiene escasa relación con la política gubernamental; y es que muchos empresarios catalanes se acostumbraron, en los años de inflación y de dinero fácil, a unos métodos de trabajo muy poco productivos a la larga, aunque considerablemente rentable, a la corta, para sus bolsillos. Unido a que los salarios actuales son muy bajos en relación con el coste de la vida, ¿qué incentivos pueden tener los aprendices y los jóvenes trabajadores para especializarse o para producir mayores rendimientos? Pues lo único que explica el considerable nivel de vida de los catalanes -mayor que en el resto de zonas españolas- es que todo el mundo (excepto los burócratas) trabaja horas extraordinarias. La semana de 48 horas, que es oficialmente la legal y que teóricamente debería bastar para la subsistencia, es un mito; no conozco absolutamente a ningún obrero, ni artesano, ni incluso ningún empresario pequeño, que trabaje únicamente 8 horas al día. He señalado que hay una gran demanda de operarios expertos en todas las ramas de la industria; en realidad la demanda real es mucho mayor que la aparente puesto que muchos obreros ocupan la jornada de trabajo en dos profesiones distintas, o bien realizan dos turnos en la misma.

Para poner ejemplos claros, hay taxistas que ocupan 16 horas diarias al volante de su automóvil; otros que trabajan un turno de 8 horas como mecánicos en una empresa de construcción de automóviles, conducen luego durante 6 horas más un taxi. El guardia urbano que regula la circulación por la mañana puede que sea electricista en un pequeño taller por la tarde; en la industria textil, y sobre todo en la del género de punto, no pocas mujeres trabajan 14 horas diarias en la fábrica; yo conozco un excelente fotógrafo que es a la vez comisionista de una casa comercial y luego posee una alpargatería. Un profesor de enseñanza media ha de dar clases particulares u ocupar las horas libres en otro lugar rentable; un maestro de escuela, si tiene familia y encuentra oportunidad ha de dar también clases particulares: uno con quién hablé estaba encantado de la vida porque ganaba 7.000 ptas. mensuales en un pueblo de provincias. Casado y sin hijos, le basta desde luego para vivir holgadamente; le pregunté cómo lo hacía porque el sueldo mensual de un maestro de escuela no rebasa las 2.000 ptas. mensuales; me contestó que se las arreglaba con clases particulares a sus propios alumnos de la escuela (religiosa, además) donde está empleado; ello significaba que trabajaba todo el día y que no le quedaba libre más que una hora al mediodía para comer. Y así hasta el infinito.

Para volver al problema de la tensión creada entre los trabajadores catalanes y los charnegos, es fácil comprender que éstos últimos se encuentran en situación de inferioridad respecto de los primeros, por su menor o nula competencia en una labor industrial, por su menor o nulo grado de educación cuando son recién llegados. Pero incluso cuando han tenido tiempo de aprender bien un oficio, en la mentalidad colectiva de la pequeña burguesía catalana y de no pocos trabajadores catalanes, se les equipara a los funcionarios de los servicios públicos, a los funcionarios de la policía y del ejército, todos los cuales son enviados sin excepción desde Madrid. A la inquina justificada contra las fuerzas de represión se añade el viejo resentimiento contra «los castellanos», «los charnegos» ahora, y ese racismo localista de la pequeña burguesía catalana cuyas pudorosas, mezquinas y mesuradas costumbres chocan con las costumbres de los inmigrantes, más dados a la bebida, al trasnocheo y a vivir la vida al día.

Así pues, junto a una excesiva demanda de mano de obra especializada se da un paro encubierto de la mano de obra no experta. La solución inminente no se ve por ninguna parte y la política del gobierno es la del «parche», de la solución transitoria: no puede ser otra. El sistema está tan prostituido que las buenas intenciones -porque también se dan- de los economistas que trabajan para el gobierno o para los sindicatos sirven de muy poco. Por razón, acaso, de la propia deformación profesional, los economistas manejan datos abstractos (oferta, demanda, mano de obra, clase empresarial) y acostumbran olvidar fenómenos reales, de carácter psicológico y sociológico, que actúan en la vida de cada día y que complican extraordinariamente los procesos económicos; para poner un ejemplo preciso de lo que quiero decir, me referiré a una de esas «Escuelas de Formación Profesional Acelerada» que está dirigida por un teniente-coronel del Ejército: en una palabra, es un «enchufado» (uno más de los millares que este país produce), a quien lo que le interesa es cobrar un sueldo más aparte de su paga en el Ejército. Aun suponiendo que las armas le dejan tiempo libre para ocuparse de la formación profesional de los obreros, ¿es racional y útil que un teniente-coronel tenga que formar a torneros, engrasadores, electricistas o delineantes? ¿Qué extraña clase de formación profesional van a adquirir los aprendices de tal escuela?

Éste es un hecho sociológico que hace referencia a otro más general: el de la intromisión del ejército en la industria y el comercio. Los economistas no se refieren a él, aunque se comprende muy bien por qué es un tema tabú. Pero no impide que algunos militares mismos lo reconozcan en conversaciones privadas, en las charlas de cuartel y aun con los mismos soldados a quienes hacen confianza.

JUAN CASTELLÁ-GASSOL
Barcelona, septiembre, 1962 (seguirá)

LA TRAGEDIA DE CATALUÑA

En la noche del martes 25 al miércoles 26 de septiembre, una tormenta seguida de una lluvia torrencial, verdadero diluvio, ha devastado una extensa zona de la provincia de Barcelona: Sabadell, Tarrasa y Rubí, y otros pueblos y tierras adyacentes están en ruinas. Las víctimas se cifran en un millar entre muertos y desaparecidos, cifra que se da como provisional, pues se siguen encontrando cadáveres en el mar a lo largo de Barcelona y se señalan más desaparecidos. El número de heridos es de 536. Se cuenta en total más de 5.000 casas enteramente destruidas, hundidas bajo la presión del agua, que se calcula ha caído en un volumen de 250 litros por metro cuadrado. Más de 10.000 obreros han quedado sin trabajo a causa de la catástrofe. Las fábricas destruidas llegan a 60.

Según las noticias recibidas, al comenzar la lluvia, a eso de la una de la tarde del martes 25, nadie podía prever la catástrofe, por el contrario, la gente estaba contenta por el largo período de sequía que habían padecido. Pero a las siete de esa misma tarde la lluvia tomó el carácter de torrencial. Antes de las 10 de la noche el agua empezó a invadir el interior de las casas, pero nadie podía ni quería salir, y una hora más tarde la marea había invadido todo y las casas se fueron hundiendo bajo la presión del agua. El puente de ferrocarril de la línea Madrid-Zaragoza-Barcelona fue destruido y arrastrado y sus pilares arrancados, con lo que las aguas desencadenadas emprendieron un curso más veloz que antes.

Han aparecido automóviles sumergidos por el torrente, sin duda intentaron huir de la catástrofe y ésta les sorprendió en el camino. Las inundaciones, al decir de la población barcelonesa, han sido las más graves registradas hace decenas de años. En Barcelona, los hoteles, los teatros, los cines, las escuelas y todos los edificios públicos están llenos de refugiados, muchos de los cuales tienen que dormir en el suelo envueltos en mantas. Falta el agua potable y a consecuencia de ello se han tomado disposiciones para proceder a vacunar rápidamente a toda la población.

Nos unimos a Cataluña en el dolor de esta tragedia y esperamos que los auxilios a ese valeroso pueblo acudan pronto y eficazmente.

Hoy, igual que ayer

Ochocientas treinta y tres personas muertas o desparecidas. Seiscientos heridos. Éstas son las cifras oficiales, muy por debajo de la realidad, que se dan hoy sobre la catástrofe de Cataluña que ha asolado, principalmente, Tarrasa y las localidades próximas. Sabadell sufre también inmensas pérdidas. Se habla del aniquilamiento de un 40% de la industria textil. El cálculo es, sin duda, exagerado, pero puede ser cierto aplicado a la sola industria lanera. Es difícil evaluar todavía las pérdidas de capital invertido, como también las de viviendas (miles y miles si se tiene en cuenta tanta choza, tanta barraca como la riada ha arrastrado de cuajo), la de bienes públicos e infraestructura. Sí, es posible decir ya que habrá momentáneamente más de 20.000 obreros en paro forzoso.

Ésta es la Cataluña de hoy, transida de dolor, donde los muertos se hacinan y ya no hay tiempo de enterrarlos -se habla de quemar los cadáveres-, se sigue todavía sin agua -¡abasteciéndose en camiones de «Pepsi-Cola»!-, con frecuentes cortes de luz... En Barcelona misma, se respira el ambiente de tragedia, están llenos no sólo los hospitales, sino numerosos hoteles habilitados para refugiados de las regiones arrasadas.

No está en mis propósitos relatar el drama que ha sumido en el dolor a toda la región del Vallés, pero sí debemos mencionarlo, por dos razones principales: una, que ha conmovido a la opinión española y que acarreará varios problemas económicos; otra, que repite una vez más el fenómeno de imprevisión y de incuria de unos gobernantes que, en un cuarto de siglo, han perfeccionado las técnicas policiacas, financieras, diplomáticas, etc., pero no hacen más que llevarse las manos a la cabeza cada vez que ocurren estas desgracias jamás prevenidas: incendio de Santander, catástrofe de Ribadelago, inundaciones de Valencia, de Sevilla... Y ahora Cataluña. Siempre igual; luego, cuando ya es tarde, viajes de ministros y colectas benéficas. España sigue siendo un país que no ha entrado en nuestra era y que, cual el Egipto de los faraones, está a la merced de plagas, sequías e inundaciones.

Y es que la expresión «Hoy, como ayer», de la que se jactan algunos franquistas duros de mollera -no los más hábiles, todo hay que decirlo-, rige en este orden de cosas, como también guarda toda su vigencia para enfrentamiento cruel y permanente del Estado con el cada vez más extenso sector de españoles que mantiene una oposición activa al régimen dictatorial del Caudillo.

Hoy, como ayer, sus razones son las mismas: el derecho del vencedor en la contienda o «Juicio de Dios». Franco, en un discurso probablemente improvisado, lo ha vuelto a decir en Palencia:

Después de lo cual, dice muy serio que «España es el país que ofrece la idea más clara y leal de democracia».

Pero estas palabras no son el fruto de un momento pasajero de exaltación, sino la expresión de un régimen que sobrevive a base de galvanizar el espíritu de guerra civil, de jalear a «sus» muertos, de atemorizar a las clases medias con el truco (que acabará gastándose) de que no hay más opción que Franco o el comunismo. La consecuencia de este sistema de ideas es la represión encarnizada, sin piedad y sin ley, contra cualquier clase de oposición y la negativa a todo diálogo entre españoles (en contradicción con la declaración ministerial de julio que estaba redactada para «uso externo»).

Hemos venido informando de la ola de detenciones que se ha producido en España durante los meses del verano y de cómo, en su última fase, ha sido facilitada por ardides policiacos dirigidos por los servicios especiales de la Dirección general de Seguridad. También hemos señalado el carácter extraño de aquellas cargas de plástico que explotaban aquí y allá sin responder a los objetivos políticos de ningún grupo de la oposición. Ahora, si no podemos decir que todo está claro -como al final de las malas películas policiacas-, sí podemos decir una frase análoga: todo se explica.

Cuentos ministeriales

A principios de semana los españoles, si no supieran ya con quién se juegan los cuartos, hubieran quedado estupefactos al leer, publicada con grandes titulares en todos los diarios, la nota del Ministerio de la Gobernación, comunicando que «la organización clandestina del partido comunista, ayudada fuertemente desde el exterior, ha planeado y realizado, a lo largo de la primavera y el verano, actos de terrorismo que tenían como objetivos esenciales quebrantar la moral pública, frenar el creciente desarrollo de nuestra economía y debilitar el prestigio de nuestro país en el exterior...»

La cosa es fuerte, pero no sería nada si parase ahí. Entramos en materia y los famosos comunistas no aparecen por ninguna parte; vemos, en cambio, al Frente de Liberación Popular, a «los grupos separatistas (reproduzco el lenguaje de Alonso Vega) vasco y catalán», que según el texto en cuestión, «aparentan antagonismo» con los comunistas pero, de hecho, están de acuerdo con ellos.

Y no se termina aquí. Sigue la nota, pero los comunistas continúan sin aparecer. Aparecen ahora unos anarquistas exilados en Francia y otros miembros de las juventudes Libertarias (Antonio Mur Peirón, Marcelino Jiménez, condenados a treinta años, y Jorge Conill Valls, condenado a la pena de muerte hace unos días en Barcelona), amén de una serie de señores franceses, italianos y españoles, que nadie conoce, y que la policía pinta como «agitadores extranjeros y españoles profesionales». Y dos señoritas: la francesa Ivette Marthe-Henriette Parent y la española Francisca Ramón Aguilera, recientemente detenidas.

Naturalmente, la nota en cuestión atribuye a esta curiosa y dispar «organización» las bombas misteriosas que han venido explotando sucesivamente desde junio en Madrid, Valencia, Barcelona y San Sebastián. Hecho curioso: como todo el mundo sabe que el individuo que murió con una bomba entre las manos en la calle Sagasta era un confidente de la policía, excombatiente de la División Azul que -por más señas- había sido sacristán de San Antonio de la Florida, la notita dice que el tal ciudadano había robado la bomba de una ventana del Instituto Nacional de Previsión.

Nada de esto tiene desperdicio. Por muy analfabeto político que nadie sea, no puede creer que todas esas organizaciones estén de acuerdo con los comunistas -puesto que sus grandes discrepancias las conoce todo el mundo-. Por otra parte, tampoco ignora nadie que la táctica actual del comunismo español es la que llaman de «la vía pacífica», en la cual tanto insisten que, precisamente por ello, han sido criticados por otros grupos de oposición. Si lo que dice la nota fuese verdad -dejando aparte lo absurdo de ese terrorismo que a nadie interesa- resultaría nada menos que las fuerzas de la oposición habían rehecho un frente único más amplio que el de 1936. Como el lector puede ver, por poco informado que esté de política española, es éste un cuento mal pergeñado, una historia, como dicen los franceses, «para dormirse de pie».

Pero llevan objetivos precisos

Sin embargo, esa nota tiene objetivos políticos perfectamente definibles:

a) El Gobierno tiene interés en desacreditar los movimientos de oposición en cuanto al carácter pacífico de las huelgas de abril, mayo y agosto y de todas las manifestaciones de dichas fechas, que ha impresionado favorablemente a la opinión.

b) En segundo lugar, hay que seguir con el «rollo» de decir que todos son comunistas, aunque la amalgama sea tan torpe como la de este caso, donde no aparece un solo comunista pese al enunciado general de la nota.

c) Ya sabe hasta el gato que en España hay un cuartel general de la Organización del Ejército Secreto (fascistas franceses) en el que figuran, entre otros, el general Gardy, Lacheroy, Ronda, etc. En España tienen los fascistas franceses arsenales de armas pesadas y ligeras, los archivos, parte del tesoro y una serie de fincas convertidas en campos de entrenamiento. De España salen constantemente estos pistoleros modernos, hombres de ametralladora y granada de mano, para sus giras de asesinatos en el país vecino. Todo esto ocurre a ciencia y paciencia del Gobierno, y bajo la protección directa de unos cuantos generales y falangistas. Ante las repetidas quejas del Gobierno francés, la única respuesta del Gobierno de Franco es acusar a los republicanos españoles refugiados en Francia. Pero como dichos exilados no desarrollan ninguna acción de género violento, llevan allí más de veinte años y se limitan a expresar sus ideas, los servicios policiacos españoles crean ellos mismos esos terroristas que su Gobierno «necesita» para echárselos en cara a Francia en sus querellas diplomáticas. Claro que hacen el ridículo y, según mis noticias, la denuncia de una «Escuela de Terrorismo», en una casa determinada de Toulouse, ha sido desmentida categóricamente, pero no sin ironía, por las autoridades francesas. Es igual; hoy, como ayer, en 1956, cuando se inventaron un café inexistente en París en el que se reunían fabulosos conspiradores. La única diferencia que hay es que no puede descartarse la eventualidad de una acción provocadora de la policía española cuyos agentes hayan podido penetrar en pequeños núcleos de incontrolados, ya del interior o ya del exilio, que se dejan arrastrar a acciones «revolucionarias» que, en realidad, son deseadas y dirigidas por los más maquiavélicos personajes del régimen. Hay razones para creer que la policía española está extendiendo y perfeccionando este sistema de «trabajo».

Tampoco es nuevo el método de lanzar estas notas truculentas que no concuerdan con las acusaciones fiscales. Vamos a ver si se atreven a decir que personalidades como el católico Sr. Recalde, la Srta. Aizpitarte, o el doctor Martín Santos, son terroristas de cuchillo y bomba. No; cuando llega el momento, la farsa se desarrolla de otra manera, pero el clima está creado por tan singular «servicio de prensa» para dictar las más descabelladas condenas.

Ahora acaba de celebrarse el Consejo de Guerra contra el comunista don Ramón Ormazábal, el pintor Agustín Ibarrola, el periodista Jiménez Pericás, el abogado Enrique Múgica (siempre perseguido por el régimen desde que en 1955 fue uno de los organizadores del Congreso de Jóvenes Universitarios) y varias personas más. Pues bien, el comunista en cuestión no ha sido acusado de terrorismo, ni tampoco los demás procesados, sino de tentativa de organizar células comunistas (Ormazábal y algunos otros) difusión de noticias tendenciosas e incitación a la huelga (esta acusación para todos). En el juicio hubo varios periodistas extranjeros y hasta un sacerdote llegado de Francia para asistir a él. Fue, sin embargo, una farsa más. Algunos momentos fueron particularmente emocionantes, cuando el pintor Ibarrola, expresándose con gran dificultad a causa del «shock» mental sufrido por las atroces torturas policiacas, denunció duramente esos malos tratos, a pesar de las voces que, para interrumpirlo, proferían el fiscal y el presidente del tribunal. El poeta Vidal de Nicolás explicó también cómo, a causa de los malos tratos recibidos, se había agravado la tuberculosis renal que padece.

El fiscal no pudo aducir una sola prueba concluyente en apoyo de sus acusaciones. Tampoco esto importa, hoy, como ayer, y, una vez más, el uniformado tribunal se plegó dócilmente a la petición de pena. Las condenas han sido las siguientes: Ramón Ormazábal, 20 años de prisión; Gregorio Rodríguez, 12 años; Antonio Jiménez Pericás, 10 años; Agustín Ibarrola, 9 años; Enrique Múgica, Gonzalo J. Villate, Vidal de Nicolás, 6 años; Andrés Pérez Salazar, 5 años; María Dapena y José M. Ibarrola, 4 años. Repito que ninguno de los procesados fue acusado de «terrorismo», sino de lo que con expresión harto discutible suele llamarse «delito político».

¿Dónde se puede encontrar la verdad de los procesos?

Ahora los «liberales» directores de periódicos, acaudillados por los no menos «liberales» Srs. Fraga y Jiménez Quílez, publican una sedicente información de los procesos. Por consiguiente, la prensa habla de este proceso: ¿del debate entre fiscal y defensa?, ¿de las torturas denunciadas?, ¿de las declaraciones, todas llenas de gran dignidad, de los procesados?, ¿o tan siquiera del tipo de delito calificado por fiscal y jueces? No, nada de eso. La prensa cuenta una serie de truculencias sobre el Sr. Ormazábal y también sobre el «separatista» Sr. Múgica. De otros acusados dice esta mentira manifiesta que cualquiera que haya estado allí presente puede comprobar: «manifestaron que no compartían la ideología de los separatistas vascos y que si habían conectado con ellos era con el objeto de poder utilizarlos a su antojo en la lucha clandestina». Y la siguiente parrafada final: «El Consejo de Guerra, en audiencia pública, los ha juzgado con arreglo a las leyes que defienden a la sociedad española contra el terrorismo y la subversión. Ormazábal ha sido condenado a veinte años de prisión y el resto a penas que oscilan entre doce y cuatro años, inferiores a las peticiones del fiscal». Cada línea contiene, como puede colegirse, una falsedad; y no es la más pequeña la que pretende decir al público que se ha condenado por terrorismo cuando, en realidad, no fue para nada cuestión de terrorismo en el juicio. Sí fue cuestión de la ley represiva de septiembre de 1961 que asimila cualquier propaganda oral o escrita, un gesto incluso contra el régimen, al delito de rebelión militar. Esto y tantas otras cosas se lo calla la «liberal» prensa española. ¿Dónde está el liberalismo, como no sea en los «cok-tails» que ofrece el Sr. Fraga a los periodistas extranjeros? ¿Quién puede escribir en la prensa de España que la nota del Ministerio de la Gobernación es un burdo tejido de falsedades, que la información sobre los Consejos de Guerra falta a la verdad por acción y por omisión? Nadie. Nadie puede escribir eso, ni hay la más mínima independencia en ningún órgano de prensa para hacerlo. Lo del liberalismo es un bromazo de mal gusto y los españoles ya saben a qué atenerse; la verdad está en las palabras de Franco sobre «la punta de las bayonetas». La estructura del régimen de prensa y la ausencia de esta libertad no ha cambiado en lo más mínimo; ha cambiado el trato para con los periodistas extranjeros, más hábil y cortés ahora; ha cambiado el sistema grosero de orientaciones que tan caro era al difunto Arias Salgado; se ha abierto la mano -muy poco- de la censura para alguna rara revista cultural que tenga valedores. Pero ¿es eso el liberalismo? Todo el sistema de la prensa española sigue siendo totalitario, sometido enteramente al régimen y al Movimiento.

En esto ocurre como con la represión; se cubren las formas, pero la intransigencia no cambia en lo esencial. Por ejemplo, se da por seguro que en el mes de octubre se decretará una especie de amnistía (nunca llamada así) para quienes están confinados o exilados a causa de la reunión de Munich. Como sabemos, se trata de personas víctimas de la arbitrariedad que no están incursas en ninguna figura de delito. El Gobierno comprende ahora que cometió una torpeza en junio, y quiere deslumbrar a la opinión extranjera con esa falsa amnistía para agravar la represión en España. Hay más de mil presos políticos en las cárceles para los que no se habla de amnistía.

La plataforma política y la realidad española

La intransigencia, el maniqueísmo, el rencor cainita que hacen las veces de plataforma política del Caudillo, chocan irremisiblemente con los sentimientos de la mayoría de los españoles. Éstos no se encuentran representados por el discurso histérico de Palencia ni por el populismo barato de Solís, que se agarra con desespero a su puesto ministerial intentando salvar como sea un navío que hace agua por todas partes: los sindicatos verticales. No; se encuentran representados mucho más en el sermón pronunciado el día 8 del corriente por el abad mitrado de Montserrat, don Aurelio M. Escarré⁸.

Este lenguaje cristiano de libertad no le conviene al «católico» gobierno de Su Excelencia. Es más, el 15 de este mes ha sido suspendido el semanario de Barcelona Cataluña-Express (dirigido por un falangista, el Sr. Tarín Iglesias, que tiene por socio capitalista al Sr. Barbat, director de Radio-Barcelona, hasta que la radiodifusión de un sermón poco grato para el régimen motivó su destitución) por haber publicado un reportaje sobre la fiesta literaria de Cantonigrós en la que habló el Abad Escarré, así como una fotografía de éste; y junto a ese reportaje un artículo sobre Faulkner escrito por el Sr. Triadú, conocido por sus opiniones nacionalistas. Ésta es la obra «liberal» del Sr. Fraga que, en cambio, prepara la aparición de un nuevo diario en Barcelona, dirigido por el Sr. Sentís, periodista de triste historia.

Otro botón más de muestra del «liberalismo» de los hombres del Sr. Fraga Iribarne. La revista religiosa Incunable ha dado a conocer, por el procedimiento de «carta al director», el caso del asesor religioso de un diario importante que ha sido destituido a causa de un artículo publicado el Día de la Prensa Católica (29 de junio), cuyo contenido, por añadidura, fue absolutamente deformado por el director del periódico en cuestión.

Por desgracia, problemas más dramáticos se han abatido sobre Cataluña. Además del dolor inmediato por tantas vidas perdidas, ya se han planteado las siguientes cuestiones: ¿Cómo va a realizarse la reinversión necesaria para reemplazar la maquinaria perdida en las fábricas? ¿Será ésta la ocasión de modernizar la producción textil, y, en caso afirmativo, cómo van a ser indemnizados los patronos damnificados cuyas pequeñas industrias no puedan volver a ponerse en marcha? Ya ha habido una reunión de patronos y autoridades en Sabadell para abordar este tema.

Por otra parte, diferentes delegaciones obreras han planteado la siguiente cuestión: «Vamos a recibir un subsidio de paro. Pero no estamos dispuestos a aceptar el corriente de 75% del salario de base, sino un subsidio extraordinario partiendo del salario total que estábamos cobrando cuando se produjo el siniestro».

En tercer lugar, el ministro Sr. Sánchez Arjona ha dicho que para el mes de marzo se habrán construido en Tarrasa, Rubí y Sabadell 1.400 viviendas. Naturalmente, esto no podrá realizarse sino mermando las posibilidades de construcción en otras regiones.

Los aspectos económicos del drama de Cataluña vienen a insertarse en los de España entera. Aunque los Srs. Ullastres y Navarro han regresado de Estados Unidos con optimismo que suena un poco a hueco, la verdad es que raros son los miembros del Gobierno que no se dan cuenta de que la situación económica se está agravando por semanas, y de que puede acarrear un estallido social. Por eso, impotentes para algo mejor, fabrican notas de literatura policiaca y hacen que sus tribunales dicten penas de muerte. Hoy, igual que ayer. Con una diferencia: que la opinión española no es la masa atemorizada e inerte de 1940.

TELMO LORENZO
Madrid, 28 de septiembre de 1962

Aun a los menos avezados en los movimientos políticos les es fácil observar que el nuevo equipo gubernamental español sigue su marcha de la doble vía. Y vamos a explicarnos.

Seguramente está en la mente de nuestros lectores una de las decisiones más importantes del Consejo de Ministros, celebrado en Madrid el 7 de septiembre, que fue ésta: ampliación de la reglamentación de los conflictos sociales, en virtud de la cual la organización oficial existente deja de ser el único procedimiento de apelación de los trabajadores en los conflictos sindicales. En efecto, los decretos que reglamentan la nueva situación establecen dos nuevas posibilidades para la solución de esos conflictos: el arbitraje por organismos del ministerio del Trabajo y la apelación de esas decisiones ante los tribunales del Trabajo, a los que se podrán dirigir los obreros sólo colectivamente. Casi coincidiendo con estos decretos se han firmado contratos de trabajo colectivos para los trabajadores de importantes empresas vascas.

Estas medidas pueden aparecer como una consecuencia de la «nueva manera» del gobierno franquista y que con ellas se inicia una nueva política social. Pero si tenemos presente la amplitud de las huelgas de Asturias y su significación social, llegamos a esta conclusión: esas llamadas «concesiones» a los trabajadores son una victoria de las reivindicaciones formuladas por esos trabajadores -debemos señalar el carácter parcial de ellas, puesto que no alcanzan a los trabajadores de todas las empresas-. Además hay que tener en cuenta que responden a la negativa de los obreros a presentar sus reivindicaciones por la vía de los sindicatos verticales y que esa nueva vía para solucionar los conflictos no significa que se reconozca el derecho de huelga.

Hay que señalar otras medidas «liberales» adoptadas por el nuevo equipo gubernamental, tales como la innovación de dar notas a la prensa a la terminación de los Consejos de Ministros, notas en las que no se señalan sino generalidades, silenciándose los temas de interés nacional, esta tarea está asignada al ministro de Información; otra medida «liberal» es el nombramiento del nuevo Director General de Prensa que ha recaído en D. José Molina Plata, falangista de la primera hora y antiguo director, a las órdenes de Arias Salgado, de varios periódicos en esa época, y la más reciente ha sido la reposición del Sr. Luca de Tena en su cargo de director del ABC (el Sr. Luca de Tena es el accionista más importante del citado periódico, fue su director anteriormente y venía colaborando en él cuando lo estimaba conveniente). Y siguiendo la vía liberal nos encontramos con una nota del ministerio de la Gobernación que debe señalarse como un modelo de falsa información, publicada en toda la prensa española el 24 de septiembre, en la que se trata de explicar la organización de los actos terroristas de la primavera y este verano presentando unidos a comunistas, Frente de Liberación Nacional, separatistas vascos y catalanes, anarquistas y profesionales internacionales... Lo que de ser cierto hubiera acabado con el régimen. Debemos señalar, además, que esas conexiones son irrealizables dado el antagonismo de los partidos y grupos que se citan.

La vía del «liberalismo» del régimen español es en extremo estrecha: concesiones a los trabajadores forzadas por la situación social, supresión de tasas aduaneras para muchos productos extranjeros de los que carece España, buenas palabras del ministro de Información y discursos esperanzadores del ministro de Comercio. Hasta aquí llega la apariencia de los nuevos métodos políticos. Estas medidas de «liberalización» del régimen no van dirigidas, como se estima por muchos, ni a la próxima renovación de los acuerdos sobre las bases con los Estados Unidos ni a la pretendida entrada de España en el Mercado Común, van dirigidas a la oposición. Van a paralizar sus actividades, a desarticular grupos y a conducir a los ingenuos a la creencia de que esas medidas son concesiones a la oposición.

No. Paralelamente a las nuevas disposiciones que afectan a los trabajadores se sitúa el discurso del general Franco en Palencia en el que se ha expresado con violencia contra el sufragio popular, contra las democracias actuales haciendo la predicción de que no llegarán a serlo hasta que adopten la democracia orgánica de que disfruta España y proclamando que su victoria la consiguió «a punta de bayoneta». Ahí están las duras condenas impuestas por los tribunales militares en estos días; ahí están los campos de entrenamiento O.A.S. de Alicante, noticia no desmentida por ninguna autoridad española y ahí están, en fin, los encarcelamientos diarios de personas de la oposición. Que nadie se engañe, el franquismo sigue la doble vía que ha seguido siempre, hoy más visible que ayer.

Nuevas detenciones

En San Sebastián

Madrid, 18 sept., Ibérica: -Las noticias sobre las detenciones en San Sebastián son las siguientes: Han sido detenidas veinte personas, de esas detenciones se han mantenido quince. Los detenidos son acusados de pertenecer bien al Frente de Liberación Popular, bien a la organización nacionalista ETA, aparte del Dr. Luis Martín Santos, director técnico del Sanatorio Psiquiátrico del Hospital Provincial, de filiación socialista.

Entre los detenidos se encuentra D. José Ramón Recalde, abogado, de 32 años de edad, profesor de la Escuela Superior de Técnicos de Empresa y de la Escuela de Asistencia Social; su esposa Dña. María T. Castell, de 26 años, que fue detenida juntamente con él, pero liberada más tarde, es la hija del notario Castell, presidente de Acción Católica. Otros detenidos son: la Srta. Elena Aizpitarte, hija del Teniente Alcalde de San Sebastián; el joven economista D. Pablo Bordonaba, y el estudiante y militante de la Juventud Católica Ángel Uresberueta, de 22 años; también fue detenida Dña. Blanca Leunda, de 50 años, al parecer porque la policía buscaba a su hijo Javier acusado de pertenecer al FLP.

Estas detenciones tienen su origen en una provocación de un comisario y un inspector de la policía, agregados a los servicios secretos, que se presentaron al Dr. Martín Santos como si fueran obreros perseguidos, afirmando que habían sido torturados y que deseaban marcharse a Francia. Se sabe que el Sr. Recalde y algunos otros más han sido brutalmente maltratados por la brigada político-social y que el coronel Aymar se ocupa del asunto. A todos los detenidos mencionados se les niega el derecho a ser defendidos por abogados civiles.

En Pamplona

Fueron detenidos por la policía los señores Clavería, presidente de la Sociedad de Amigos del País y Muguerza, miembros de la misma entidad. Estas detenciones parecen otro caso de provocación por parte de agentes de la policía franquista. Días anteriores a la detención de ambos señores recibieron la visita de una persona que decía ser vasco-venezolano y hacía manifestaciones separatistas y antifranquistas. Se tienen noticias de que los agentes de la policía franquista están actuando en medios vascos a uno y otro lado de la frontera.

Consejo de guerra en Madrid y Barcelona

Madrid, 23 sept., Ibérica: -Diez personas, entre ellas una mujer, detenidas por haber participado en la organización de los movimientos de reivindicación social en el País Vasco, han sido juzgadas por un tribunal militar el día 21 de este mes y condenadas a las siguientes penas: a don Ramón Ormazábal, dirigente comunista, se le ha impuesto la pena de veinte años de prisión, acusado de dirigir una organización clandestina; al pintor Ibarrola, nueve años de prisión; al poeta Vidal de Nicolás, seis años; la pintora Francisca María Dapena, cuatro años. Todos ellos han sido acusados de «rebelión militar». El resto de los diez acusados han sido condenados a cuatro años de prisión.

Condena de muerte

En Barcelona ha sido condenado a muerte D. José Conill Valls, acusado de haber puesto una bomba que hizo explosión en el mes de junio, pero sin causar víctimas, y de pertenecer a las Juventudes Libertarias. Otros dos jóvenes libertarios, Marcelino Jiménez y Antonio Mur Peirón, han sido condenados a veinte años de prisión. El capitán general ha de ratificar la sentencia, pero se espera que no lo haga.

Entrenamiento O.A.S. en Alicante

París, 27 sept., Ibérica: -El semanario, L'Express de hoy inserta la siguiente noticia: «La policía francesa acaba de descubrir la existencia en Alicante, en España, de un campo de entrenamiento O.A.S. que se extiende sobre 12 granjas. Varias centenas de desertores y de franceses de Argelia se forman allí militarmente para constituir comandos especiales que tienen por única misión el asesinato del general De Gaulle».

De otro lado el semanario Democratie 62, en su edición del 20 de este mismo mes, señalaba la presencia de «activistas» en Alemania, bien viva, también en España. En la región de Alicante, por ejemplo, se han comprado tierras y casas por un intermediario refugiado de Argelia de origen español para el entrenamiento de comandos.

Españoles procedentes de Argelia detenidos

Madrid, 19 sept., Ibérica: -Debemos señalar más ejemplos del «liberalismo» del régimen: D. Marcial Morales, que había tenido un alto puesto durante la guerra en la base naval de Cartagena y D. Jesús López Lorente, que también tuvo cargos importantes en aquella época, de filiación republicana y socialista respectivamente, habían vivido exilados en Argelia desde el final de la guerra civil. Hace unos días regresaron a España; inmediatamente han sido detenidos por la brigada político-social de Valencia y trasladados a Cartagena para ser puestos a disposición de la autoridad militar y sumariados para comparecer ante un Consejo de Guerra por sus actividades «delictivas» entre 1936 y 1939.

A estas detenciones han seguido más de 25 en Cartagena entre personas procedentes también de Argelia que pretendían rehacer sus vidas en España. La mayoría son emigrados de la guerra civil.

Un discurso del general Franco

París, 18 sept., Ibérica: -Franco se fue a inaugurar unos regadíos en Tierras de Campos y aprovechó su paso por Palencia para pronunciar uno de los discursos más violentos de estos últimos años. El periódico parisién Le Figaro de hoy inserta una crónica de su corresponsal en Madrid, José Antonio Novais, de la que reproducimos los párrafos más interesantes:

El caudillo, canónigo de la Catedral de León

Madrid, 21 sept., Ibérica: -Copiamos del ABC de ayer la siguiente información procedente de León:

Despidos de obreros

Madrid, 14 sept., Ibérica: -Aunque la situación en Asturias tiende a normalizarse, todavía están cerradas muchas de las cuencas del Caudal y se calcula que más de 8.000 obreros no han reanudado el trabajo. Las autoridades y empresas aprovechan la situación para eliminar a los mineros que consideran «peligrosos», y de este modo han despedido ya a 350 de entre los que han reanudado el trabajo. Los medios oficiales se obstinan en que hay que pasar por la organización sindical para pedir reivindicaciones, cosa que no parece convencer a los obreros, como lo prueba la reunión que tuvieron los jurados de empresa con el Director del Trabajo, el gobernador de la provincia y el jefe sindical, Eliseo Sastre, en la que las autoridades tuvieron que aceptar la discusión, por vía indirecta, con representantes auténticos de los trabajadores.

El cardenal Cicognani y los trabajadores agrícolas

París, 20 sept., Ibérica: -El periódico Le Figaro de ayer inserta la siguiente noticia procedente de Roma:

La huelga de la Siemens

Barcelona, 18 sept., Ibérica: -Tres mil obreros de la empresa de material eléctrico «Siemens», situada en Cornellá, a 9 kilómetros de Barcelona, se declararon en huelga esta semana. Aunque ésta fue de brazos caídos, provocó la intervención de la fuerza pública que hizo evacuar los locales, al mismo tiempo la empresa anunciaba la anulación de los contratos de trabajo de cuarenta iniciadores de la huelga. Al día siguiente de esta medida, el viernes, unos piquetes de huelga arremetieron contra los empleados de las oficinas que no querían solidarizarse con la huelga.

Intervención del párroco

La policía arremetió contra los trabajadores estacionados en la puerta a golpe de porra, éstos encontraron buen refugio en la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel, cerca del lugar del conflicto, donde el cura párroco, Mossén Bach Moles, viendo que la policía perseguía a los trabajadores hasta la misma iglesia, salió y le hizo observar que aquel atrio era demarcación parroquial y por lo tanto debían abstenerse de toda violencia en aquel lugar. La policía, haciendo caso omiso de las amonestaciones del párroco, intentaba arrancar a los trabajadores del interior del templo, mientras el párroco intervenía para que les dejaran, pero el mismo Mossén Bach fue alcanzado por algunos golpes de porra.

Por la tarde se repitió la escena, los trabajadores se agruparon en la iglesia con motivo de celebrarse en el mismo templo un oficio de entierro. Se presentaron once autos de policía armada arremetiendo contra los trabajadores. De nuevo el párroco intervino, no obstante la policía cogió a cuatro obreros y los metió en una furgoneta. Mossén Bach reclamó que los pusieran en libertad porque no habían cometido delito alguno, el cabo de policía se negó a ello y el párroco subió al coche con los detenidos y todos fueron a la comisaría de la Vía Layetana. Después de formular su protesta el párroco salió de la comisaría. Los cuatro obreros quedaron en libertad por la noche, pero les impusieron una multa de 10.000 ptas. a cada uno.

Mossén Bach informó inmediatamente al Arzobispo de Barcelona de todo lo ocurrido, el que le recomendó que dejase las puertas de la parroquia abiertas de par en par, a fin de que se refugien en ella quien quiera que sea. El alcalde de Cornellá se manifestó en favor de los huelguistas.

Por el momento no tenemos más noticias y es posible que la empresa conceda el aumento que reclaman los obreros, pero el solo planteamiento de la huelga, pocos días después del anuncio hecho por el Gobierno de un decreto reglamentando los conflictos sociales, ha sido un nuevo golpe para los sindicatos del Sr. Solís.

Voces liberales de la iglesia

Un discurso del R. P. Escarré

Barcelona, 15 de sept., Ibérica: -El día 8 de este mes pronunció un sermón en Montserrat el Abad mitrado R. P. Aureli Escarré; de él reproducimos estos párrafos:

No ha faltado «informador a sueldo» de servicio que habló a las autoridades de este sermón. Éstas le pidieron una copia al Abad, y el R. P. Escarré le ha enviado la cinta magnetofónica del mismo al ministro de la Gobernación y al gobernador civil de Barcelona.

Y unas palabras de un párroco

Santander, 7 sept., Ibérica: -El domingo 2 se celebró en el pueblo de Suano un homenaje al pintor local Manuel Salces, bajo la presidencia del director general de Bellas Artes, don Gratiniano Nieto, y de don Fernando Barreda, vicepresidente de la Diputación provincial, en representación del gobernador civil.

Después del responso rezado en la iglesia del pueblo, tuvo lugar el descubrimiento de una lápida en recuerdo del pintor y, posteriormente, el de un hito conmemorativo en el cruce de la carretera general a Palencia con la de Suano.

Hicieron uso de la palabra en estos actos el director general de Bellas Artes, don Fernando Barreda, don Santiago Corral, presidente de la junta nacional de Acción Católica y, en nombre del pueblo, el párroco de Los Carabeos, don Ángel González Abad, quien manifestó el agradecimiento de los vecinos por el homenaje que se tributaba al hijo más ilustre del lugar, «aunque -según él- hubieran agradecido mucho más la terminación de la carretera iniciada, hace más de veinticinco años, por los 'rojos'».

«Cuantas gestiones se han hecho -recalcó- para que se ultime esta obra han resultado infructuosas; las autoridades no han atendido ninguna de las peticiones formuladas por el vecindario. Es una lástima -concluyó- que los rojos no dominaran la región un par de meses más, puesto que, sin duda alguna, habrían dejado concluida en ese tiempo la carretera».

La intervención del párroco de Los Carabeos fue interrumpida violentamente por el director general de Bellas Artes y por el representante del gobernador civil.

En la reseña del acto la prensa local -«liberalizada» ya por el Sr. Fraga- ni siquiera alude a la intervención del referido sacerdote.

Uranio a la India

El New York Times del 23 de septiembre, en una crónica de su corresponsal en Madrid, inserta, entre otros puntos, lo siguiente:

Paradojas de la economía española

Madrid, 27 sept., Ibérica: -El ministro de Hacienda, Sr. Navarro Rubio, acaba de volver de Washington y ha declarado, en una conferencia celebrada el 25 de este mes, que España está terminando una transacción para comprar 20 millones de oro, expresando su deseo de hacer esas compras en los Estados Unidos dadas las relaciones amistosas con ese país. Pero de fuente bien informada sabemos que los EE.UU. están convirtiendo el dólar en oro, pero no para venderlo a ningún país extranjero.

De otro lado, el «International Bank for Reconstruction and Development» tiene en estudio un plan para el desarrollo de un empréstito a España de un total de mil millones de dólares para ser distribuidos en los próximos diez años. Estuvieron en Washington Navarro Rubio y Ullastres, ministro de Comercio, y celebraron reuniones con el Secretario del Tesoro de los EE.UU., Douglas Dillon, con el presidente del Banco, Eugene Black y con el director del Fondo Internacional Monetario, Per Jacobson.

Esta paradoja es difícil de comprender: España, según el ministro de Hacienda, está en condiciones de comprar millones en oro, y de otro lado se solicita un empréstito de miles de millones de dólares a los EE.UU. Claro que el buen español no se entera de las negociaciones financieras en Washington y lo que llega a su conocimiento es que España desea comprar 20 millones de oro. Astucias de las autoridades franquistas.

Conflicto entre Marruecos y España

Londres, 13 sept., Ibérica: -El periódico The Times de ayer inserta un comunicado de su corresponsal en Madrid del que extraemos los siguientes párrafos:

Termina el corresponsal diciendo:

El liberalismo en el Ministerio de Información

Madrid, 14 sept., Ibérica: -Un nuevo nombramiento significativo acaba de ser firmado, y es el de Director General de Prensa, que ha recaído en don José Molina Plata, que tiene la siguiente historia «liberal»: voluntario y alférez de complemento franquista en la guerra civil, profesor de la Escuela falangista de Periodismo, exdirector de El Alcázar y de los periódicos Solidaridad Nacional de Barcelona, La Voz de España, de San Sebastián y Levante de Valencia.

Otra noticia de interés sobre la «liberalización» de la prensa es la validez concedida a los estudios cursados en el Instituto de Periodismo de la Universidad de la Iglesia en Pamplona. Los títulos concedidos por dicho Instituto tendrán validez profesional para toda clase de publicaciones. La noticia la inserta el ABC de hoy.

No habrá negociaciones con Rabat

Madrid, 24 sept., Ibérica: -Después de las declaraciones hechas por el ministro de Información en San Sebastián, en las que afirmó que no había por qué entablar conversaciones con Rabat, pues tratándose de las plazas de soberanía -Ceuta y Melilla-, España no tenía nada que negociar, se ha vuelto a declarar ayer, por fuentes oficiales, que Madrid excluye toda conversación con Rabat sobre «cuestiones territoriales». La alusión comprende a todos los enclaves españoles en territorio marroquí, Ceuta, Melilla, así como Ifni y los territorios del Sahara.

Los marroquíes de Melilla

París, 22 sept., Ibérica: -El periódico Combat de hoy inserta lo siguiente: «Los marroquíes de Melilla han afirmado su lealtad y su indefectible unión al trono marroquí» en una carta entregada al rey Hassan II con ocasión de su visita a Nador, anuncia el periódico marroquí Al Alam.