Ibérica por la libertad

Volumen 11, N.º 1, 15 de enero de 1963

DEL LIBRO DE JUAN ANTONIO ANSALDO: «¿PARA QUÉ?».

Juan Antonio Ansaldo, ¿Para qué?, págs. 481-2¹.

IBÉRICA es un boletín de información dedicado a los asuntos españoles y patrocinado por un grupo de americanos que creen que la lucha de España por la libertad es una parte de la lucha universal por la libertad, y que hay que combatir sin descanso en cada frente y contra cada forma que el totalitarismo presente.

IBÉRICA se consagra a la España del futuro, a la España liberal que será una amiga y una aliada de los Estados Unidos en el sentido espiritual y no sólo en sentido material.

IBÉRICA ofrece a todos los españoles que mantienen sus esperanzas en una España libre y democrática, la oportunidad de expresar sus opiniones al pueblo americano y a los países de Hispano-América. Para aquellos que no son españoles, pero que simpatizan con estas aspiraciones, quedan abiertas así mismo las páginas de IBÉRICA.

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IBÉRICA is published monthly on the fifteenth of the month, except July-August when bimonthly, in English and Spanish editions, by the Iberica Publishing Co., 112 East 19th St., New York 3, N. Y. All material contained in this publication is the property of the Ibérica Publishing Co., and may be quoted, but not reproduced in entirety. Copyright 1962, by Iberica Publishing Co.

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I

«¡Esto no puede seguir así!»... Expresado con esas mismas palabras o con otras, tal es el pensamiento sin gran dificultad discernible en las mentes de innumerables españoles del interior y del exilio que sienten, a veces de manera dolorosamente personal, y siempre por una elemental solidaridad en el común destino de la Nación, la profunda crisis moral y material, ideológica y técnica en que va atollándose, desvencijándose y estabilizándose la situación española. Añadiré: estabilizándose monstruosamente, como un enfermo crónico e incurable que acaba por tener que entregarse descorazonado a su progresivo aniquilamiento. Pero, si esto puede resultar comprensible y hasta inevitable en un individuo, de ninguna manera lo es en todo un pueblo, que puede hallarse gravemente enfermo, no obstante lo cual sería insensato negarle posibilidades de alivio y hasta de curación. Precisamente el poder registrar la convicción enconada a veces, y otras amarga o desesperadamente esperanzada, de que «esto no puede seguir así», nos autoriza a reconocer que la relativa estabilización en los males presentes, además de ser por sí misma monstruosa, lo es también, o mejor dicho, lo sería, haciéndose definitiva; pero que, mientras circule como luminosa centella, por los espíritus de tantísimos españoles el pensamiento de que esto no puede seguir así, ni el país se estabilizará indefinidamente en la monstruosidad de un conformismo generalizado e invertebrado, ni se perderá la esperanza de la vuelta, acaso fatigosa, pero segura, a la salud en la libertad y en la justicia. En definitiva, el pueblo español no morirá de la enfermedad que hoy sufre como no sea que, por acción u omisión, se ponga insensatamente a consentir y asumir su irreparable envilecimiento. Ya dijo hace muchos años una personalidad política de excepcional relieve⁴ que los pueblos no mueren por débiles, sino por viles. En trances como éstos en que España desde hace años se desvive por buscar la salida de su atolladero, ese pensamiento se completaría útilmente con otro que el mismo orador expuso en diferente ocasión señalando algunas crisis gravísimas en que España, a lo largo de su historia estuvo a punto de sucumbir y sin embargo salió de ellas adelante, invirtiendo situaciones que parecían desesperadas.

Quienes están, por lo que fuere, en la obligación de contribuir a la tarea libertadora, aportando algunos frutos poco vistosos, pero reciamente madurados en horas de concentrada reflexión y en largos años de trabajosa, exhaustiva experiencia, deben comenzar procurando, por todos los medios expositivos y persuasivos a su alcance, que las gentes españolas adquieran conciencia clara y firme de que en todas ellas, como conjunto humano, por tanto no en unos cuantos genios, ni en un pulular de grupos, grupitos y banderías, por entusiastas que sean, sino en la generalidad del pueblo está en potencia y en germen -potencia y germen por sí mismos de fecundidad y eficacia incalculables-, el posible remedio, (más o menos completo, rápido y firme según sean los aciertos de los empeñados en la tarea y el cariz de las circunstancias, pero remedio en todo caso); y asimismo que el inicio de la obra tendiente a conseguirle, y la justificación de que algunos se adelanten a procurarle, está en ese estado de ánimo, en esa difundida convicción de que esto no puede continuar así. Porque, en efecto, si en vez de hallarse la mayoría de los españoles en la actitud que venimos señalando, se hubiesen entregado a los embelecos de un conformismo envilecedor, ni habría esperanza de remedio, ni razón para que algunos patriotas generosos se metiesen a quijotes redentores de quienes manifiestamente rechazasen todo propósito de salvación. Para bien de España ya hemos visto no ser así.

II

Si el principio está en esa conciencia de insatisfacción que cristaliza en la frase con que hemos encabezado las presentes consideraciones, comencemos también nosotros por ese principio, examinando con alguna detención su fórmula. Pronto nos percataremos de que puede -y suele- tener dos sentidos: en uno de ellos la frase de que «esto no puede seguir así» significa que DE HECHO, por la situación y el mismo desenvolvimiento de las cosas públicas (políticas, sociales, económicas), el régimen, con todos sus tinglados, se está viniendo abajo; algunos, demasiado madrugadores en su férvido y mal informado optimismo, creen que el derrumbamiento va a producirse de un momento a otro; mientras que otros, igualmente ciertos del inevitable desplome, pero aleccionados por la Historia, son mucho más cautos en fijarle plazos (tanto más cuanto que, sin un empujoncito, podría seguir todavía un rato largo tambaleándose...). Este sentido, de suyo ajeno a todo juicio de valor, y a las simpatías y antipatías del opinante, tiene la ventaja de que muchas gentes honestas, pero no forzosamente heroicas (cosa que tampoco se puede pedir a todos para el ejercicio de la ciudadanía), se sentirán menos apegadas a una situación en derribo, y más propicias a facilitar, si pudiesen, una sustitución favorable. Pero tiene el inconveniente de estimular, en gentes fáciles a cubrir con excusas su pereza, y su completa pasividad, nuevas justificaciones para perseverar tan campantes en su cómodo inmovilismo; porque si «las cosas» -muy señoras nuestras-, van por sí mismas a derribar cualquier día el edificio de la dictadura, ¿para qué renunciar ni a la media hora del aperitivo, ni a las interminables peroraciones polémicas sobre lo que va a suceder, y lo que deberían hacer... otros, para realizar las brillantes improvisaciones de los sedentarios contertulios?... Con su pro y su contra, este sentido puramente diagnóstico de la fórmula es innegable y, depurado de sus graves inconvenientes, imprescindible para iniciar el rescate.

El otro sentido es de carácter moral. Cuando con tal sentido se afirma que esto no puede seguir, el verbo poder expresa un juicio de valor, un imperativo de conducta. Estable o inestable, firme o en trance de ruina, esto se hace ya moralmente insoportable, debe concluir, como debería concluir, por sólidamente asentada que estuviese, una ocupación injusta, una guerra devastadora, etc. Este sentido de la frase es muy superior al otro: no se limita a comprobar el curso fatal de una situación, sino que proyecta sobre ésta una condena político-moral: la destina a perecer por su intrínseca injusticia. Envuelve, en un desarrollo histórico de las cosas, el riesgo de caer en la ilusoria creencia de que el formular, el proclamar, el difundir a los cuatro vientos las razones ético-jurídicas que condenan un régimen y arguyen la necesidad moral de su desaparición, basta y sobra para que ese régimen se derrumbe como las murallas de Jericó al grito unánime del pueblo hebreo. Estos milagros no tienen por qué repetirse en política y sería tentar a Dios imprudentemente fiar el derrumbamiento del régimen instalado en España a la eficacia de nuestros razonamientos, por justos que sean y por alto que les proclamemos. ¡Atención, sin embargo!

Esa labor de crítica teórico-práctica sirve, e incluso es indispensable, como valiosísimo punto de partida para la acción práctica que, sin principios ni fundamentos racionales, quedaría entregada a la arbitrariedad de las pasiones más violentas y, probablemente, esterilizada para toda solución relativamente saludable, por el juego infernal a que aquellas se entregarían. En una palabra: esforzarse en evidenciar que «esto (lo que está todavía subsistiendo en España) no puede moralmente seguir», no debe seguir, como nada que constituya una injusticia generalizada y persistente, caída sobre todo un pueblo, representa el primer paso imprescindible en una obra de liberación; primer paso que sería, sin embargo, insuficiente de no seguirle otros mucho más eficientes, de que pronto nos ocuparemos.

III

Hay, pues, que salir del atolladero. Pero como queda escrito en el título, hay que precisar muy bien estas dos cosas por lo menos: CÓMO salir de la situación; y ADÓNDE...

Empecemos por esto último, que es lo substantivo, dejando para después el «cómo», enormemente importante también, y acaso decisivo en el tramo de la realización. Hablemos clarísimo: el autor de estas líneas ha dado pruebas modestísimas, pero numerosas y concluyentes, de su republicanismo. Es un republicano convencido. Empleo el término sobre todo como participio del verbo convencer. Nacido y educado en ambientes monárquicos, pero de tendencia liberal y nada cortesanos, (esto me permite, quizá, seguir respetando la irreprochable buena fe de muchos que en esos ambientes perduran), hechos, ejemplos, algún viaje, largas cavilaciones, conversaciones con personalidades eminentes, (algunas, ni siquiera republicanas), acabaron por convencerme. Y no mucho después de septiembre del 23, es decir: años antes del 14 de abril del 31, era un convencido. Lo soy cada día más. Lo soy por razones doctrinales y por aleccionamiento de la realidad. En este último sentido, subscribo con vehemencia una de las frases postreras del suculento artículo del gran hidalgo republicano Manuel de Irujo, publicado en Ibérica de 15 del pasado noviembre: La historia y la experiencia nos enseñan que en España para ser demócrata hay que ser republicano.

Yo hubiera traicionado ese republicanismo si mi primera, íntima, profunda reacción a partir del desastre del 39 no hubiera sido considerar una obra de plena justicia la restauración de la República, y si no la hubiese anhelado férvidamente. Mi anhelo -¡como el de tantísimos otros!- tuvo un reflorecimiento de esperanza al tiempo de la «liberación». Estábamos en Francia. Personas dignísimas, con quienes habíamos compartido aquellos últimos dramáticos momentos, nos decían comentando el avance de los aliados hasta el fondo de Germania, la liberación de Roma, el aplastamiento del nazifascismo, «Ahora es la vez de ustedes, los españoles»...

No lo fue. Pasaron años, y desengaños; pasaron muchas cosas, muchas adversidades. Han ido coagulándose reservas, incomprensiones, desvíos. Han ido muriendo en el destierro (y algunas en el interior), personalidades republicanas de primera magnitud, de dificilísimo reemplazo en la dirección de los asuntos que hubieran podido conducirnos cívicamente al retorno de la última legítima legalidad española. Por otra parte -como se me ha hecho notar alguna vez, conversando o polemizando sobre estos temas-, a la altura en que estamos, después de treinta largos años desde la proclamación de la República, y de veintitantos de su bárbaro sacrificio, son muchas las generaciones de españoles que no han votado una sola vez, ni han podido formarse la menor idea de lo que significa cada régimen. Precisamente desde un punto de vista republicano, es decir: demo-liberal, ¿no sería una violación brutal de todas esas juventudes -y de tantos otros españoles maduros e incluso viejos, trabajados por veintitantos años de ignorancias, de problemas, de dudas, de mudanzas profundas en todo el planeta- imponerles sin más ni más (los escolásticos quizá dirían: sic et simpliciter), nuestro régimen, sin darles tiempo a que le examinen y, en su caso, le voten?...

Digo muy claro, como prometí, que sigo pensando esto: EN PRINCIPIO, EN ABSTRACTO, la restitución de la legalidad republicana al statu quo ante bellum sería lo justo, lo procedente. Sin embargo, yo os diría el tiempo y las congojas que me ha costado convencerme, por consideraciones como las recién expuestas y otras análogas, de que, no pudiendo quedarse «en principio y en abstracto» una política práctica, dirigida a realizaciones históricas ineludibles, política en la que estamos metidos (si no somos una tertulia de arbitristas inoperantes), y que ha de atenerse a un cúmulo de circunstancias, que podemos detestar, pero no remover, la conclusión válida es: NI ESPAÑA NI LA REPÚBLICA CONSIENTEN HOY QUE PONGAMOS -¡y perdamos!-,TODO NUESTRO ESFUERZO EN PROCURAR EXCLUSIVAMENTE LA INMEDIATA PURA Y SIMPLE RESTAURACIÓN DE LA REPÚBLICA. No podemos empezar por ahí, como sería nuestro deseo y hubiera sido el derecho de España, y por ella, de las Instituciones que libremente se dio. Pero por ahí, por la reinstalación de la República hemos de terminar. Es más, llegados a este punto, fluye de cuanto queda expuesto una observación que sometemos con particular interés a todos los que anhelan, como nosotros, la vuelta de la República. La observación es ésta: DIFÍCILMENTE PODRÍA DESEMBOCAR EN LA LEGALIDAD REPUBLICANA UN PERÍODO DE TRÁNSITO, SUBSIGUIENTE A LA DESAPARICIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL, SI DIÉRAMOS COMIENZO A ESE PERÍODO ESTRELLANDO A LA REPÚBLICA, POR CELO MAL REPRIMIDO Y PEOR ENTENDIDO, CONTRA EL MURO GRANÍTICO QUE LEVANTARÍAN ENTONCES CONTRA ELLA TODAS LAS DIFICULTADES POLÍTICAS Y TÉCNICAS, TODAS LAS ASTUCIAS, TODOS LOS ENCONOS, TODAS LAS DEJACIONES. LAS OPOSICIONES, más o menos cancillerescas, LAS RESERVAS, LAS TRAMPAS, LAS MENTIRAS, LOS TEMORES, ¡y hasta las más juiciosas precauciones! QUE EN ESE TRANCE SE CONJURARÍAN CONTRA ELLA...

Sin olvidar que, mientras esfuerzos ingentes y numerosas buenas voluntades quedarían absorbidos en esa inútil aventura inicial, la Monarquía, que por lo visto no se desacredita, ni fracasa, ni se estrella contra nada cuando pretende su inmediata restauración sin tener que esperar la venia, la consulta ni la pública, explícita, mayoritaria elección de nadie (ni siquiera de todo un pueblo en quien reside el poder constituyente), se podría colar y colocar por arte de birlibirlo que, en el poder, prometiendo, eso sí, futuras elecciones, y progresivo restablecimiento de las libertades, y hasta la clásica atadura de los perros con longaniza... ¡Y eso de ninguna manera!... Una Monarquía, rebosante de promesas halagüeñas, (que hasta podrían ser sinceras en algunos de sus secuaces), restaurada en cualquier neo-Sagunto, previamente a toda libre, clara, meditada respuesta del cuerpo electoral, es decir, de toda la población mayor de edad y de ambos sexos ¡de ninguna manera! Sería una befa que, después de todo lo que ha sufrido el español medio en su dignidad de hombre y de ciudadano, jamás podría tolerar. Para eso, mejor seguir en el atolladero que, con la evidencia de sus males, puede suscitar desasosiegos internos y democráticas asistencias externas, capaces de acelerar el remedio. Pero lo otro, manteniendo una situación política substancialmente idéntica, añadiría, dentro y fuera del país, el desconcierto paralizante de la engañifa. Sería el golpe de gracia a toda esperanza de auténtica normalidad democrática. Y bastante hacen ya los republicanos que, en aras de la paz, en ilimitado obsequio a la voluntad de la Nación, por escrupuloso respeto al juego democrático, renuncian a la prioridad absoluta que «en principio» les corresponde, y aceptan -y más de una vez han propuesto, porque como buenos pagadores, no les duelen prendas democráticas- la comparecencia, en condiciones de paridad con otro régimen, ante el tribunal constituyente de la Nación, para obtener del mismo, como esperan, la confirmación de su buen derecho.

Conclusión: Si hay que restablecer inmediatamente algo, es la República. Si, por motivos notorios, esto resulta más que inconveniente, imposible, entonces INMEDIATAMENTE Y ANTES QUE EL PAÍS CON CALMA Y LIBERTAD DECIDA, NO SE PUEDE RESTAURAR NADA... Pero, como por otra parte, tampoco se puede seguir así arrostrando la trágica alternativa entre la abyección y la desesperación del pueblo, hay que salir del atolladero cuanto antes. ¿Adónde?... A UNA SITUACIÓN, QUE NO PUDIENDO SER POR DE PRONTO NI MONARQUÍA NI REPÚBLICA, NO PUDIENDO TENER PRECISA FORMA INSTITUCIONAL, HA DE SER FORZOSAMENTE PROVISIONAL, INTERINA, TRANSITORIA, EXCLUSIVAMENTE DEDICADA A RESTABLECER UN ESENCIAL Y GENÉRICO ORDEN DEMOCRÁTICO, DURANTE UN PERÍODO -(que dure lo menos posible, pero todo lo necesario)-, AL FIN DEL CUAL EL PUEBLO PACÍFICAMENTE, CONSCIENTEMENTE, LIBREMENTE ELIJA, CON LA FORMA INSTITUCIONAL QUE PREFIERA, LOS PRIMEROS REPRESENTANTES QUE LA PERFILEN, LA ARTICULEN, Y LA INSTALEN SÓLIDAMENTE, SIEMPRE A LA VISTA Y EN DEFINITIVA CON EL CONSENSO DEL PAÍS.

Y conste que si pongo tanto empeño y tanto razonamiento en llegar por mis caminos a esa solución, es porque no fue originariamente mía, y me ha costado mucho aceptarla: una vez que lo he hecho, la lealtad me obliga a no regatear esfuerzo para apoyarla con mi modestísimo parecer.

IV

Y todo eso ¿CÓMO se hace?... ¿Cómo funcionarán los poderes durante ese período transitorio?... Sin perjuicio de que personas más peritas lo vayan estudiando y exponiendo, a mí personalmente me resulta prematuro entrar ya en ese orden de puntualizaciones. En cambio, como lo primero y más urgente es salir del atolladero y entrar, sin convulsiones ni sangrientas violencias, en esa fase transitoria de recuperación democrática, y como sobre esto he tenido hace mucho una ideíca, que no es exactamente lo de MUNICH, pero que lo de MUNICH me parece fortalecer, permitidme exponérosla ingenuamente y públicamente por primera vez, porque es quizá la única ocurrencia que puedo ofreceros.

Doscientas, trescientas personas españolas de cierta representación, de todas las tendencias, -excluyendo a quienes hasta ahora mismo siguen adheridos a cualquier totalitarismo de izquierda o de derecha-, posiblemente de todas las clases sociales, de todas las profesiones, y de todas las edades a partir de los 23 años; Presidentes, ex Presidentes, Ministros, ex Ministros, Diputados y ex Diputados, Secretarios sindicales, Jefes, Secretarios, Dirigentes de Partidos y Grupos, Directores de periódicos y revistas, Jefes y Oficiales (a título estrictamente personal, como meros ciudadanos), Académicos, Catedráticos, Figuras notoriamente destacadas del mundo de la cultura, personas que hayan desempeñado altos cargos administrativos y diplomáticos en régimen democrático, ex Magistrados, ex Presidentes y ex Consejeros del Tribunal de Garantías, Presidentes y ex Presidentes, Ministros y ex Ministros (o Consejeros) de los Gobiernos autónomos, etc. (la lista es puramente indicativa y no exhaustiva), firmarían un documento, cuyo esquema vendría a ser éste que todos se comprometían a unirse y concertarse para procurar, cívicamente (o sea: excluyendo el recurso a la violencia premeditada y sistemática) y cada cual en la medida de sus posibilidades, la implantación de un sistema institucionalmente neutro, provisional y transitorio, destinado a restablecer el orden democrático y el pacífico funcionamiento de las libertades reconocidas en las modernas constituciones de países como Inglaterra, Estados Unidos, Italia, Holanda, (a título de ejemplo);

que todos y cada uno se comprometían a posibilitar la formación de los órganos indispensables a la existencia y el funcionamiento del sistema indicado;

que, salvo excusa justificada de edad o enfermedad, cada cual se comprometía a aceptar el cargo o la función que se le asignase por el conjunto de los firmantes o, eventualmente, por los competentes órganos del susodicho sistema transitorio, una vez se le facilitasen al designado las posibilidades materiales imprescindibles;

que, -salvo casos comprobados de fuerza mayor-, todos se comprometían a permanecer unidos, en el apoyo común, y en el servicio más o menos directo al sistema transitorio, hasta que este hubiese desembocado en un régimen auténticamente democrático, de suyo estable, y elegido por la voluntad inequívoca del pueblo, mediante los procedimientos técnico-políticos de libre elección que garantizan en cualquier país civilizado la auténtica expresión de aquella.

ESTE DOCUMENTO, CON SUS FIRMAS, SE DISTRIBUIRÍA A LAS CANCILLERÍAS Y DEL MISMO SE HARÍA LA MÁXIMA DIFUSIÓN DENTRO Y FUERA DE ESPAÑA.

Lo demás... vendría por añadidura. No creo falten insignes personalidades democráticas, universalmente respetables, que podrían tomar la iniciativa, si la hallasen acertada; ni los indispensables cientos de españoles demócratas, dispuestos a secundarla, perfeccionarla, y llevarla a efecto. Y ahora son otros, más competentes, quienes tienen la palabra.

JOSÉ M.ª DE SEMPRÚN GURREA

Sobre tan firmes bases como las representadas por la liberalización y, el apoyo norteamericano, la economía española gozó a principios de los años cincuenta de una verdadera «explosión de desarrollo». Con una tasa moderada de crecimiento de la población de sólo el 1 por ciento por año, España consiguió en el último decenio un ritmo de crecimiento económico del 4 por ciento anual per capita, lo que la coloca entre los países de más rápido desarrollo del mundo.

¿Cómo pudo alcanzar el país un ritmo tal de crecimiento? El secreto fue, sin duda, la continua ruptura de los estrangulamientos que impedían el desarrollo. A medida que las importaciones de maquinaria, equipo y ciertas materias primas llegaban a España, las actividades e industrias principales incrementaban muy sustancialmente la producción. La disposición de una cantidad suficiente de energía eléctrica, por ejemplo, permitía a las fábricas utilizar plenamente su capacidad. Cuando el acero dejó de escasear, los resultados fueron notorios en varias industrias que lo utilizan como materia prima, como la construcción naval.

La utilización de capacidades ociosas permitió a la industria española un ritmo muy rápido de desarrollo, a medida que desaparecían los estrangulamientos. Ese ritmo tendía fácilmente a perpetuarse al cabo de algún tiempo, puesto que los hombres de negocios que observaban la continua expansión fundaban en ella sus expectativas. El efecto inicial perduraba por algún tiempo y al salir beneficiadas unas industrias después de otras, se mantenía la oleada de optimismo general.

Esa expansión no podía tener fin desde el lado de la demanda, pues lo impidió la fuerte inflación iniciada en 1954. Cuando el Gobierno advirtió que iba a disponer de maquinaria y equipos industriales, gracias a la ayuda norteamericana, se embarcó en un fuerte programa de gastos públicos y de ampliación de las empresas estatales; los déficit se repitieron año tras año y se resolvían por una financiación inflacionaria. Se obligaba a los Bancos privados a adquirir las emisiones estatales, lo que era posible autorizándoles a pignorar esos papeles en el Banco de España por el 85 ó 90 por ciento del valor de los títulos. El Banco de España emitía entonces el papel moneda que fuera necesario.

Este sistema permitía expandir el crédito por sumas mucho mayores que las emisiones públicas inicialmente realizadas, puesto que el gasto público apoyado por ellas era posterior en el tiempo a la emisión, permaneciendo entretanto buena parte de los fondos en manos de la Banca, que reforzaba al mismo tiempo sus encajes por el producto de la pignoración de los títulos. Las emisiones cuya adquisición forzosa se imponía a la Banca venían así a reforzar su liquidez y el proceso no tenía otros límites que la capacidad ofrecida por las reservas internacionales.

La expansión de la demanda fue siempre suficiente para mantener continuamente en marcha el proceso de rápido desarrollo de la economía española y la inflación originada en 1954 -tras dos años de equilibrio en los que se consiguió el desarrollo con estabilidad- pudo correr su curso sin complicaciones insalvables durante cinco años. Sin embargo, el alza de precios rebajó de tal modo los salarios reales que en la iniciación de 1956 el Gobierno empezó a recibir informes cada vez más alarmantes sobre la situación laboral. A pesar de los temores expresados por los expertos, el Gobierno cometió entonces el dislate de elevar por decreto todas las remuneraciones, en dos golpes, en la primavera y diciembre de 1956. El Ministro del Trabajo y otras autoridades utilizaron ampliamente el aparato de la propaganda para asegurar al país que los aumentos de sueldos y salarios no afectarían a los precios, pero los hechos desmintieron pronto esas afirmaciones tan contrarias al sentido común, puesto que el alza de las remuneraciones fue del orden del 45 por ciento.

Cuando se publicaron mucho más tarde las Cuentas Nacionales correspondientes a 1957 se observó con estupor que la participación del trabajo en la Renta Nacional había sido menor en ese año que en 1956, no obstante que el aumento principal de las remuneraciones había ocurrido en diciembre de este año. Los empresarios consiguieron ese milagro por el simple arbitrio de elevar continuamente los precios y mejorar en alto grado la productividad por obrero, ya que éstos estuvieron dispuestos a trabajar con mucha mayor intensidad a causa de los mayores salarios.

La inflación siguió su curso sin afectar demasiado desfavorablemente a la economía española. Si bien las alzas continuas de precios resultaban muy perturbadoras, la ruptura de los estrangulamientos ocasionaba efectos tan favorables, que se superaban todos los problemas. No obstante, hacia fines de 1958 se advirtió ya que el ritmo de crecimiento acusaba una fuerte caída. Mientras tanto, la inflación había ya ocasionado un tal desbarajuste en el balance de pagos que las reservas monetarias netas no excedían de 2 millones de dólares. La política seguida había llevado al país al borde de la quiebra internacional, no obstante la generosa ayuda americana.

«El no vivir de rentas no es trato de nobles»

El desarrollo tan rápido de esos años, que muy bien puede calificarse de «explosión», no hubiera sido posible sin un fuerte espíritu empresarial de grandes sectores de la población. Las mismas causas objetivas que autorizaron tan rápido crecimiento en los años cincuenta, no habrían arrojado apenas consecuencias favorables veinte años atrás, pues los españoles no prestaban entonces sino muy escasa atención a los negocios. Las clases adineradas consideraban contrario a los ideales religiosos y aristocráticos una excesiva preocupación por lo crematístico. Un patrimonio modesto bastaba para alejar a un hombre del trabajo y los negocios, que se suponían actividades indignas de un caballero español. Aún se decía en Castilla pocas generaciones atrás que «el no vivir de rentas no es trato de nobles». Los trabajadores, por su parte, coincidían con ese espíritu de la vida económica, puesto que su preferencia por el ocio era muy acusada.

No se han analizado apenas estos hechos en España, porque ese análisis lleva a conclusiones ciertamente adversas para el régimen. ¿Cómo adquirieron los españoles de la noche a la mañana un fuerte sentido de los negocios y esa pasión por hacer dinero? ¿Cómo resolvieron los obreros aumentar por su propia voluntad su jornada de trabajo hasta límites intolerables? Nadie se atreve en España a escribir sobre estos temas, que sin embargo están en el ánimo de todos, pues no es un misterio la causa de tan tremendo cambio de actitud de los españoles ante la vida económica. Se ha debido a la influencia del «estraperlo», es decir, de los mercados negros que, iniciados durante la guerra civil, perduraron hasta 1950 para los alimentos y hasta la estabilización para otros muchos productos.

Cuando la propia vida depende de la posibilidad de encontrar alimentos, la búsqueda de éstos supera a cualquier otro estímulo. ¡Qué más daba «no vivir de rentas» si la disyuntiva era «morir de rentas»! El mercado negro de los alimentos dio a los españoles una nueva sensibilidad por lo económico, sensibilidad que pronto se hizo patente en los mercados de otros productos y acabó por transformarse en un instinto especial para los negocios. Cuando los mercados negros desaparecieron, habían desaparecido también los «caballeros españoles».

El cambio en las jerarquías de valores que ha ocurrido en España a consecuencia de los mercados negros no es muy loable desde el punto de vista de la moral, pero sus efectos económicos han sido de extraordinaria importancia. Una vez desaparecidos los «estraperlos» la pillería ha visto disminuido su campo de acción, pero se ha mantenido un fuerte espíritu empresarial en grandes sectores de la población. Quizá proponga más de un sociólogo futuro la erección de un gran monumento al mercado negro para hacer «pendant» con el que celebra al diablo en un parque de la católica Madrid. ¡Cuántos años habrían sido necesarios con la sola acción del instrumento educativo para convertir al Quijote, que es el español medio, en el pícaro representativo de otras obras del genial Cervantes!

La férrea acción del mercado negro sobre el comportamiento de los españoles tuvo otros efectos económicos muy estimulantes. El trabajador aprendió que sólo podía subsistir ante aquellos precios continuamente en alza y sus salarios casi congelados por el terrorismo de la autoridad, si aumentaba su horario de trabajo. Apareció entonces el fenómeno generalizado del doble empleo y las horas extraordinarias. Son legión los españoles que se afanan hoy a la salida de su trabajo por dirigirse a otra ocupación, en la que invertirán de dos a cuatro horas adicionales. El fenómeno se ha convertido de tal modo en costumbre social que a nadie choca, que la reforma del horario de trabajo de los empleados de Banca en 1962 se ha fundado en la conveniencia de adelantar su salida, que ahora es a las 5 de la tarde en lugar de las 7 como regía anteriormente; en tal forma, esos trabajadores pueden aumentar sus horas de trabajo en el segundo empleo. La importancia de las horas extraordinarias es de tal naturaleza, por otra parte, que cuando se realizó la estabilización de la economía española en 1959, se calculó que la supresión de esas horas significó una caída de los ingresos de los trabajadores de un 20 por ciento.

Mientras el mundo occidental hace sentir su preferencia creciente por el ocio a medida que mejora su nivel de vida, el español destaca su preferencia en alza por el trabajo, para conseguir mejoras en su situación material. Forzado por el mercado negro a incrementar el horario de trabajo, para alcanzar así ingresos que permitieran adquirir una dieta suficiente, el obrero advirtió posteriormente que podía conseguir muchos otros bienes de consumo o de uso durable por el mismo sistema. ¡Hasta la entrada de los toros se financia hoy por ese procedimiento, en lugar del tradicional sistema de empeño del colchón de tiempos de nuestros abuelos!

La expansión del horario de trabajo motiva, como es lógico, la menor eficiencia del trabajador, pero el efecto neto ha sido, sin duda, un fuerte aumento de la capacidad de producción del país. Los nuevos y resueltos empresarios han usado de ese instrumento para impulsar el desarrollo, a pesar de los dislates económicos en que han incurrido los gobernantes.

La inversión privada y la inversión pública

A las condiciones tan favorables para el desarrollo originadas por el cambio de mentalidad económica de España se ha venido a sumar en los últimos años la creciente desigualdad en la distribución de los ingresos. Ese fenómeno nos ayuda a descubrir el broche final de la «explosión del desarrollo», que no se ha realizado, sin duda, salvaguardando la equidad.

A medida que progresaba la inflación de la postguerra civil en España, el alza de precios sin el aumento correspondiente de los salarios hacía crecientes los beneficios. Mientras los empresarios se vieron sujetos a fuertes trabas estatales, esos beneficios tendieron a invertirse en propiedad inmueble o en existencias, pero cuando se liberalizó la economía en 1951 se encauzaron también hacia la producción industrial. El consumo de las clases privilegiadas no podía crecer en España paralelamente a sus ingresos, pues no era fácil invertir fuertes sumas en viajes -que por otra parte no se autorizaban mediante la concesión de las necesarias divisas- ni adquirir automóviles, y se había impuesto cierta austeridad en los modos de vida como resultado de la guerra civil. Crecieron, pues, los ahorros con rápido ritmo y se encauzaron en buena parte hacia la naciente industria. Los grandes beneficios de las empresas hacían posibles fuertes emisiones y las ganancias de capital provenientes de la suscripción a la par o a cifras próximas, de acciones cuyo valor de mercado era de tres o más veces el nominal, resultaba muy estimulante para reforzar los ahorros de los accionistas.

España elevó así sus inversiones brutas hasta cifras próximas al 18 por ciento del producto nacional bruto en los años 1954-57 (años para los que se dispone de datos). En 1961 quizá haya llegado a un coeficiente del 20 por ciento. El valor de estas cifras se deduce de su comparación internacional. El coeficiente de inversión de España es hoy más elevado que el de los Estados Unidos o Inglaterra y no desentona del promedio del de los países del Occidente europeo. Esas inversiones tan fuertes rompieron los estrangulamientos de la economía española y por tanto gozaban de una muy baja relación capital-producto. Fueron, por consiguiente, de enorme eficiencia, y sólo así se pudo compensar el despilfarro de la inversión pública y el escaso rendimiento del gigantesco programa de construcción de viviendas -a todas luces excesivo- que se inició en 1956.

El despilfarro de la inversión pública se ha hecho patente en un sistema de empresas públicas que el Gobierno y los sectores oficiales del régimen han justificado en España con propaganda socializante, pero cuya verdadera finalidad ha sido el reparto del botín tras la guerra civil. Esas empresas dependen en su mayor parte del Instituto Nacional de Industria (I.N.I.), que ha afectado muy gravemente al buen funcionamiento de la economía española. El I.N.I. no ha publicado sino recientemente sus balances y éstos de poco sirven para averiguar su situación. Como el Ministerio de Industria al que está subordinado puede establecer legalmente precios para los productos y prohibir el acceso de los competidores a las ramas de actividad que explota el I.N.I., éste se ha convertido en un inmenso monopolio legal, que por fuerza debiera arrojar beneficios. Sin embargo, sus ganancias son muy exiguas.

El ejemplo más característico del estilo de las operaciones del I.N.I. es quizá el de su Empresa Nacional Siderúrgica de Avilés (Asturias). Se instaló en terrenos pantanosos próximos a la ría de Avilés, para los que anteriormente no se encontraba otro uso que el apacentamiento de algunas vacas. El calado y curso de la ría no admiten sino barcos de menos de 6000 toneladas y ha sido necesario habilitar ahora el puerto de Gijón para colmar esas deficiencias. Pero los terrenos pantanosos -que no aseguran ninguna ventaja de localización- obligaron a cimentar las instalaciones de la fábrica con tal cantidad de pilotes que su alineación los haría llegar hasta las Islas Canarias, según declaró el Presidente del Instituto, Sr. Suances, en el acto de la inauguración. El Presidente no advirtió, probablemente, que esa declaración publicada por todos los periódicos españoles señalaba un alarde de ingeniería que al mismo tiempo era un profundo dislate económico-nacional, aunque quizá no lo fuera tanto desde el punto de vista económico-privado. Los cálculos más conservadores suponen así que la inversión en Avilés por tonelada de capacidad de producción de acero es tres o más veces superior al módulo admitido internacionalmente.

El ejemplo de Avilés se ha repetido con mayor gravedad en Puertollano, empresa del I.N.I. montada para obtener petróleo de pizarras bituminosas, cuya inversión se pretende ahora justificar convirtiéndola en gran refinería de petróleo, mediante un oleoducto que sube desde el mar a la gran altitud de la meseta (superior a los 500 metros). Se podrían mencionar otros muchos ejemplos de la gestión del I.N.I., pero quizá haya sido más perjudicial el efecto que ha ejercido sobre la economía española impidiendo la entrada de otras empresas en sus industrias, lo que ha representado una fuerte rémora para el desarrollo.

GONZALO DE VILLAFRANCA

(Seguirá)

EL PLAN DE DESARROLLO: Oficina pública

ABC, 1 de diciembre, 1962

Hace más de un mes, José Bergamín dirigió una carta a Don Miguel Maura, a consecuencia de la publicación del libro Así cayó Alfonso XIII (que ha producido gran sensación en España). En esa carta amistosamente pedía al autor qué consecuencias podía sacar para el porvenir inmediato de España, del relato veraz que constituye dicho libro.

Don Miguel Maura, que fue primer ministro de la Gobernación de la Segunda República española, ha respondido con una extensa carta a su amigo Bergamín, de la cual entresacamos aquellos párrafos que nos parecen más importantes:

Estado de derecho y Mercado Común

De un tiempo a esta parte, los organismos y personajes del Gobierno español hacen gala de una sensibilidad a flor de piel en cuanto alguien intenta poner en tela de juicio que España es un «Estado de Derecho», donde todo el mundo acata y reverencia los preceptos legales.

Extraño comportamiento en verdad, por parte de quienes son menos escrupulosos en cuanto a los métodos de su policía, de sus jurisdicciones especiales, en quienes -como el mismo Caudillo- no se cansan de repetir que han ganado su legitimidad «con la punta de las bayonetas».

Sin duda alguna, el lector ha comprendido ya, que me estoy refiriendo al impacto producido por el Informe de la Comisión Internacional de juristas en los medios gubernamentales de Madrid. Nada menos que dos conferencias ministeriales (una del Sr. Fraga, otra del Sr. Iturmendi) en el Club de Prensa Internacional, decenas de editoriales «espontáneos» en los principales diarios, comentarios radiales, etc., etc., han sido lanzados como respuesta al alegato de los juristas internacionales. En anteriores ocasiones me he referido al contenido de estas réplicas en las que no vale la pena de ahondar. Si para muchos periodiqueros se trataba de un «incidente sin importancia» y hasta de «un petardo más», parafraseando así al Sr. Fraga, este mismo ministro tomó el asunto más en serio y se aplicó con su maestría de alumno «empollón» a descolgar textos legales de la panoplia del franquismo, con el propósito de demostrar que no hay margen a la arbitrariedad, amén de hacer unos cuantos comentarios gratuitos sobre la «mala información» y la «parcialidad» de la Comisión de juristas. Como de costumbre, el Sr. Iturmendi fue menos serio: los jueces son libres e independientes, los rojos violaron, profanaron y asesinaron, hay que defenderse de la infiltración monstruosa del comunismo internacional y otras lindezas por el estilo. Es más, el Sr. Iturmendi dijo textualmente, respondiendo a una pregunta sobre la situación de los deportados en Fuerteventura que, «el Fuero de los Españoles dice que en determinadas circunstancias, y por diversos motivos, los españoles pueden ser confinados a un determinado número de kilómetros de su residencia habitual». Por más que se lean y relean los 36 artículos del «Fuero» ninguno contiene esa prescripción y ello, en primer lugar, porque el Fuero pretende ser una declaración de derechos, pero no una ley penal. El Sr. Iturmendi tiene poca costumbre de consultar ese texto, pero... un ministro debería tener más cuidado de no ser sorprendido en flagrante inexactitud.

Dejando de lado estos aspectos anecdóticos, lo único cierto es que ni el Sr. Fraga, ni el Sr. Iturmendi ni la nube de plumíferos a sueldo han intentado siquiera rebatir las acusaciones de persecución por ideas políticas, las jurisdicciones de excepción, la ausencia de garantías procesales, las torturas en los establecimientos policíacos, etc., etc. Todo lo que digan sin tratar esto será siempre vano y, por añadidura, contradictorio con sus afirmaciones y con muchos textos legales suyos que se basan en «el derecho de Cruzada». Los españoles no son quienes deciden los destinos de España y las leyes profusamente promulgadas no han sido elaboradas con arreglo a los principios generales del Derecho y, lo que es peor, son constantemente infringidas por organismos del Estado y altos funcionarios.

No pretendemos tratar hoy y aquí todo el inmensa problema de la ajuricidad del régimen, sino simplemente interrogarnos por qué se indignan tanto estos señores cuando desde varios países occidentales se les recuerda lo que son y lo que hacen.

Esa extraña sensibilidad hay que buscarla en las mismas fuentes que el prurito de mostrarse «liberales» de puertas afuera; ambas radican en la necesidad que tiene el régimen de ser admitido como «honorable» por los países occidentales y, en primer lugar, de obtener su entrada en el Mercado Común. Pese a las balandronadas de estos últimos días, la verdad es que todo retraso en la incorporación al Mercado Común acarreará problemas graves al régimen. Sin ir más lejos, ya se sabe que los mercados de vinos de Alemania e Inglaterra están prácticamente perdidos si no se acelera la entrada en el Mercado Común. Y ¿qué pasará dentro de un año con la naranja, si además de Italia y Grecia, obtienen aranceles de asociados Argelia, Túnez y Marruecos? Un problema análogo puede plantearse con el aceite. Y con ser todo esto muy importante, aún es más el problema de prestigio político en que está empeñado el Gobierno al jugarse la «carta europea».

Para entrar en Europa hay que tener apariencia de personas honorables. Y de ahí la indignación que se produce en estos últimos tiempos cuando en el mundo occidental se recuerdan los orígenes, los métodos y los fines del régimen de Franco, en neta discordancia con los de los países dedicados a la construcción de Europa.

La precaria realidad política: represiones y procesos

Sin embargo, la realidad política de la dictadura es tan precaria, que diariamente tiene que recurrir a la arbitrariedad y a la persecución, desmintiendo así, por los hechos, las soflamas, a veces amables, a veces indignadas, de los ministros de servicio. Tras el horroroso caso del Sr. Grimau (¿Cómo es posible fracturarse la base del cráneo tirándose por la ventana de un primer piso sin estar esposado?), se ha producido en San Sebastián la detención del estudiante de Medicina don José Antonio Albisu y del abogado don Ramón Azurza, ambos acusados de pertenecer a la organización nacionalista ETA. En Eibar han sido detenidos los Srs. Arrieta y Goicoechea. De un momento a otro va a celebrarse en Madrid el Consejo de Guerra contra otros nacionalistas vascos (la mayoría de ellos católicos practicantes), entre ellos los Srs. Arzubialde y Narvaiza, pequeños patronos, el Sr. Beobide, director del Teatro Vasco Jarrai y once coacusados.

De Barcelona llegan noticias de nuevas detenciones: la del Doctor Gutiérrez Díaz y la de un comunista, el Sr. Ardiaca. Ambos han sido entregados -para no perder la costumbre- a la jurisdicción militar.

Por si esto fuera poco y cómo si hubiese empeño en desmentir la afirmación propagandística del «Estado de Derecho», han sido procesadas por «injurias a la policía» las siguientes personas: don José Luis de Urruela, marqués de San Román de Ayala, escritor católico, colaborador de Ciervo, que participó en la reunión de Munich; don Juan Sales, escritor de lengua catalana, cuyas novelas han sido recientemente traducidas en Francia; don Eduardo Bernades, farmacéutico, antiguo miembro de la Junta de Acción Católica; el padre José Dalmau, párroco de Gallifa, colaborador de Questions de vida cristiana (revista del monasterio de Montserrat) y de Ciervo.

Estos cuatro señores, con trescientos noventa y seis más, se dirigieron por escrito en 1960 al Presidente de la Audiencia de Barcelona, para protestar de las torturas infligidas por la policía al Dr. Pujol y a otros manifestantes católicos (torturas comprobadas por actas notariales y por los defensores militares del Sr. Pujol). Pues bien, el ejercicio de ese derecho se convierte en «injurias a la Policía» y es objeto de un proceso. ¡Magnífico Estado de Derecho, digno de los Srs. Iturmendi y Fraga!

Este Estado que además pretende ser católico, persigue cada día más a los católicos. El día 11 tuvo lugar en San Sebastián la vista de la causa contra el sacerdote don Nemesio Echániz, procesado por haber protestado, en 1961, de las torturas policíacas, y por haber dirigido cartas de protesta al Gobernador con motivo de varias arbitrariedades. Cuando iba a comenzar la vista se presentaron en el Palacio de justicia más de doscientos sacerdotes y otros tantos o más laicos. El Presidente del Tribunal ordenó desalojar los locales y la vista se celebró a puerta cerrada, ignorándose aún la sentencia. A la salida, el padre Echániz fue aclamado por la multitud estacionada en la calle.

Situación antijurídica de España y el descontento en ciertos organismos

Esta comedia del «Estado de Derecho» ha dado lugar a un fenómeno que en otro país sería paradójico, pero que en España es consecuencia lógica de tanta irregularidad: son los mismos profesionales del Derecho quienes alzan su voz frente a quienes invocan éste en vano. En Madrid, más de trescientos abogados se han dirigido al Decano del Colegio para que la junta pida al Ministro el cumplimiento estricto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, o dicho en otros términos, que no sea la Policía quien decida a su placer y arbitrio qué jurisdicción debe incoar proceso al presunto delincuente, sino el Juez de Guardia, como la ley prescribe⁵.

Coincidiendo con este vasto movimiento en defensa del verdadero Estado de Derecho, otro hecho, todavía más importante, ha tenido lugar en Barcelona: por primera vez, desde hace veinticinco años, la candidatura de oposición ha ganado las elecciones para la Junta del Colegio de Abogados. La candidatura triunfante estaba presidida por don Federico Roda Ventura, catalanista y demócrata-cristiano; en ella figuraban también don Manuel Abós, que perteneció antes de la guerra a Izquierda Republicana, don Juan José Artigas, don José Pinto, profesor auxiliar de la Universidad y Doña Montserrat Avilés, independiente de izquierdas, que además es la primera mujer que llega a una junta del Colegio. Esta candidatura fue votada unánimemente por todos los abogados de la oposición, desde los monárquicos hasta los de extrema izquierda, y derrotó a la oficial, que estaba presidida por el Sr. Torres Farriols, presidente de la Sección jurídica de la Cámara jurídico-política del Movimiento. El Sr. Roda Ventura no ha ocultado en su programa que él y sus compañeros lucharían por la juridicidad en los procesos, refiriéndose indirectamente a la necesidad de excluir a los Tribunales Militares Especiales, en tiempos de paz, de toda intervención en los procesos políticos.

Aunque situado en otro plano y en otros medios, cabe relacionar con lo antedicho el profundo sentimiento de descontento que se ha manifestado en la reunión del Consejo Nacional del SEU que acaba de celebrarse en Cuenca. Los estudiantes han rechazado la nueva estructura legal del Sindicato reclamando que cese toda intervención y derecho de veto de decanos directores de centros, etc., en los organismos estudiantiles, que el presidente del mismo sea nombrado por elección entre los delegados escolares, así como que el SEU tenga derecho a tres procuradores en Cortes. El criterio general que se desprende de la reunión de este Consejo es la necesidad de acabar la plena autonomía frente a la intervención estatal para la organización estudiantil. En los medios falangistas de la «Vieja Guardia» se acentúa también el descontento. El grupo Girón-Salas Pombo-González Vicent, etc., que seguía aspirando a dominar un día el Gobierno, ha acogido con hostilidad que uno de los suyos, Jesús Fueyo, haya aceptado la dirección del Instituto de Estudios Políticos. Este grupo intenta ahora que el Consejo Nacional de Falange sea «institucionalizado» como órgano consultivo de la Nación, pero por otro lado libra batalla contra las tendencias «Opus Dei» criticando abiertamente los proyectos económicos del Gobierno: en Arriba se ha publicado un artículo en el que acusa a los grandes bancos de ser los principales beneficiarios del futuro Plan de Desarrollo.

Sin embargo, estos medios juegan cada vez un papel menos importante en la vida política del régimen. Éste sigue esencialmente en manos de integristas y de militares, de barones de la industria y de aristócratas que hacen de correveidile entre El Pardo y Estoril. Entre estos últimos se ha desarrollado últimamente la tendencia a presionar sobre Don Juan para que abdique en su hijo a fin de facilitar la «Restauración»; de ese modo su hijo, don Juan Carlos, sería rey, según las leyes franquistas, al cumplir los treinta años, es decir, dentro de seis. Mientras tanto, todo seguiría igual, con una Regencia del Caudillo. El portavoz de esta tendencia ha sido el Sr. López Ibor. No sabemos si Martín Artajo, quien también ha hecho hace poco la peregrinación a la villa «Giralda», es del mismo criterio o no; por lo pronto, se dispone a reaparecer en el tablado de marionetas que tan hábilmente se dirige desde El Pardo. Posiblemente como Presidente de las Cortes, aunque también Iturmendi es candidato al sitial que, seguramente va a dejar el ya anciano Esteban Bilbao.

Intrigas, realidades y contratiempos

Cualquiera que vea de cerca este mundo de personajes valleinclanescos tiene que ser forzosamente escéptico ante cualquier intento «liberal» de un Fraga Iribarne o de cualquier otro «renovador» por el estilo. Se dice que los ministros integristas y militares le dieron más de cuatro voces a Fraga en uno de los últimos Consejos de Ministros, por considerarlo demasiado audaz. El joven ministro de la Información cedió a la embestida y una de las pruebas ha sido la desgraciada querella en que se ha enredado con la editorial italiana Feltrinelli -y desde entonces los chistosos de turno lo han apodado, «el señor Friega y Barre».

Pero tras la faramalla de intrigas, de apetitos desordenados y de historietas de antecámara, hay realidades estructurales y unos hombres eminentemente conservadores que manejan los resortes económicos del poder: son los Ullastres, Navarro Rubio, López Bravo, Rodó, etc., representantes de la oligarquía de siempre deseosa de aplicar las nuevas técnicas a su servicio particular.

Su política es la de conseguir una asociación al Mercado Común, sin cambio de estructuras, es decir, favorable únicamente a esa oligarquía, desinteresada del porvenir español, dispuesta a seguir exportando mano de obra, etc. Esa política ha sufrido un contratiempo en la última reunión de los «Seis» de la Comunidad Europea, por la oposición de Italia y de Bélgica a las pretensiones del Gobierno español. Aunque Portugal ha pasado delante de España, la cuestión sigue sobre el tapete, pero Don Francisco ha agarrado una cólera de las suyas y los citados ministros se han visto obligados a jugar los displicentes con respecto a la Comunidad Europea, primero en sendas conferencias de prensa, y luego en la reciente reunión de Cortes.

Como de costumbre, el número de fuerza corrió a cargo del Sr. Ullastres: «Deseamos integrarnos, porque lo hemos solicitado, pero no lo deseamos a cualquier precio». Y a continuación, para poner las cosas difíciles, dice que si se elevan los salarios «a un nivel europeo» y se rebajan las aduanas, subirán los costes. Afirmó que «en cinco años no se puede llegar a sueldos y producción europeos, sin tener aranceles», lo cual es buena manera de curarse en salud; y «tenemos que pedir plazos para la integración». Llegó, en su desparpajo, a calificar de «totalitarios» a la multitud de hombres liberales que defienden la integración -la verdadera- en la Comunidad Económica Europea. «Es paradójico en este país -dijo el inefable Ullastres- que haya que llamar totalitarios a todos aquellos que dicen que no lo son». Los comentarios sobran, pero es que difícilmente puede concebirse una ausencia mayor de honestidad intelectual que la reflejada en este discurso.

El plan de desarrollo y el nivel de vida

Navarro Rubio habló del famoso Plan de Desarrollo, del que todo «quisqui» habla, pero nadie sabe cómo es; y dijo que «de la marcha general del mismo serán responsables los empresarios». Cuando Navarro Rubio, en la España de 1962 dice los empresarios, ya se sabe que es la oligarquía. Por eso, aún los menos opuestos al régimen se muestran escépticos ante las medidas antimonopolistas anunciadas por el Gobierno. Figúrense que, según el propio Sr. Ullastres, «la primera fase de la política antimonopolio atendería a los efectos y no a las causas y aún dentro de éstas se perseguiría los acuerdos de grupos interesados en elevar los precios y no la formación de empresas de gran magnitud». Ya nos lo sospechábamos, pero ahora está claro. Se trata simplemente de política de precios, aunque también ésta se da de morradas con «la economía de mercado libre» que Navarro Rubio propugnó el otro día ante las Cortes. ¿En qué quedamos? En nada, probablemente. Y varios periódicos falangistas pueden echar cómodamente su cuarto a espadas diciendo que no creen en la política antimonopolio porque la Ley de Sociedades, el sistema fiscal, la ley de patentes, la regulación del transporte, etc., son otros tantos medios de ayudar a los monopolios de hecho. Dicha prensa los señala expresando el porcentaje que en cada ramo de la producción tienen las cinco principales empresas. Helo aquí: electricidad, 46,81%; siderurgia, 77,69%; cemento, 72,56%; banca comercial, 64%; vidrio, 71%; papel, 41%; algodón, 52%; azúcar, 71,65%, además del monopolio a 100% en la distribución e industrialización del lúpulo, petróleo, tabaco y trigo⁶.

La otra vertiente del problema es que mientras ministros y oligarquía enfocan las cuestiones con el prisma del beneficio, el coste de vida no para de subir. En Madrid el alza de precios alimenticios que en el mes de marzo era 19% sobre 1959, ha sido en noviembre de 24,60%. Según la Acción Social Patronal (organismo nada «rojo») un matrimonio con dos hijos necesita para vivir en Madrid 154,34 ptas. diarias. ¿Qué obrero o qué funcionario modesto gana esa suma? Casi ninguno, ni tan siquiera de los que han beneficiado de aumentos en los últimos contratos colectivos⁷.

La Iglesia que, por las razones que sean, sigue preocupada con este asunto del nivel de vida, ha insistido nuevamente a través de un artículo aparecido en Ecclesia: «... el actual desequilibrio de salarios y precios, reconocido recientemente por el propio ministro de Trabajo, viene a plantear crudamente en el quehacer político de los gobernantes una cuestión candente y delicadísima que está en la calle, en los hogares modestos, en la angustiosa preocupación de millones de familias a quienes, naturalmente, se escapan distingos y complicaciones de técnica económica... El clamor de las amas de casa es unánime y es el mejor termómetro de la realidad dominante en este problema nacional».

Que los «planificadores» no cuentan con el apoyo de los asalariados lo ha reconocido el economista del régimen Fuentes Quintana en una reciente conferencia. Y si queremos apoyar este aspecto de la situación con un detalle pintoresco, tomemos el turrón navideño: 35% más caro este año; está sobrando en todas las confiterías y se calcula en 25% el descenso de ventas.

Todo esto lo saben bien los artífices del «Plan de Desarrollo», y si acaso no lo supiesen... ¡el desengaño va a ser tremendo!

A rastras en el carro internacional

Vive, pues, el Gobierno, por las múltiples razones expuestas, más prendido que nunca al acaecer internacional y a sus relaciones exteriores. Y no es la menor de ellas la renovación de los acuerdos hispanoamericanos de «defensa». En los medios oficiales no se contentan con una simple «reconducción» de los Acuerdos. Quieren más, no para España sino para el régimen; en armamentos, en consideración estratégica para poder especular con ella tanto hacia el interior como en el mantenimiento de las colonias del Sahara y Guinea. Y ya se quejan; se quejan de que «los norteamericanos son lentos y reticentes en las conversaciones». Naturalmente, las fuerzas de la oposición lo único que verían con entera satisfacción es la no renovación de los Acuerdos, al considerar que se firman no con España sino con un hombre que usurpa el poder decisorio de todos los españoles. Sin embargo, se aprecia mucho la tendencia que se cree observar en el presidente Kennedy y sus inmediatos colaboradores, de no dejarse arrastrar por el aparato propagandístico del dictador y de la oligarquía reinante. Además, en estos momentos, la diplomacia española realiza el juego atrevido de presentarse ante Estados Unidos como gran amiga de los gobiernos de Francia y Alemania, con objeto de decirles: «¿Veis? Tenemos otros amigos e incluso cierta comunidad de ideas con ellos». Para llegar a unos y a otros necesita el Gobierno de Franco la fachada de «Estado de Derecho», así como para que desde el Mercado Común se le eche un áncora de salvación (que no de solución, imposible con las estructuras sostenidas por el régimen). Son, sin embargo, unas bambalinas harto frágiles con las que dará por tierra el menor soplo de viento.

TELMO LORENZO

Madrid, 28 de diciembre de 1962

Nota: Según las últimas noticias las nieves y heladas de estos días han causado la pérdida del 80 por 100 de la cosecha de naranja que estaba todavía en el árbol (la mayoría, entre ellas todas las «Navel» y las «sanguíneas»).

Es fácil ser víctimas de las frases hechas y no nos extraña que el hombre que anda por la calle o toma el metro o el autobús se deje llevar por ellas, pero que la prensa libre, consciente e inteligentemente dirigida caiga también en esos lugares comunes, en esos «slogans» lanzados por quienes tienen interés en que circule, es inexplicable y es de lamentar.

Con ligereza inexcusable la prensa -la europea y la americana- ha hecho suya una frase lanzada intencionadamente por la propaganda franquista: «El regalo de Navidad» del general Franco. El «regalo» consiste en un reducido aumento de ciertos salarios de los obreros no especializados. Estos obreros han venido ganando desde 1956 hasta 1962 en que se firmaron algunos contratos colectivos, la cantidad de 33 ptas. -en dólares 54 centavos-. A partir de 1956 hasta hoy el salario del obrero español, no especializado, no ha llegado a 60 ptas., oscilaba entre 40 y 50 ptas. El aumento, pues, anunciado en el discurso del general Franco con motivo de fin de año, consiste en elevar el salario de esos obreros no especializados a 60 ptas. Este aumento es el que le hace a la prensa calificar de «regalo» del general Franco, aumento que no llegará a los obreros especializados porque sus jornales son superiores a esa cifra.

Aún reconociendo que esa subida en algunos casos puede significar un aumento considerable en el jornal diario, por ejemplo, para aquellos obreros que continúan percibiendo 33 ptas. diarias, como los precios han aumentado, según unos cálculos a 60%, según otros en 100%, ese aumento, aún para los más beneficiados, no llega a cubrir las necesidades vitales.

Las perspectivas sociales anuncian una oleada de reivindicaciones, ya que los obreros calificados que cobran 60 ó 65 ptas. de salario de base (que son la gran mayoría) no se van a conformar con cobrar lo mismo que un peón, por lo que el aumento no satisface a todos. Recordemos que la propia Sección social de los Sindicatos reclamaba 80 ptas. y los grupos clandestinos habían lanzado en octavillas impresas la petición de 100 ptas.; es más, el órgano de Acción Social Patronal, Informaciones Sociales, fija como gasto mínimo diario para un matrimonio con dos hijos domiciliado en Madrid, la suma de 154.34 ptas.

Pues bien, el general Franco que, a no dudarlo, toma esas medidas con vistas a su petición de entrada en el Mercado Común, pretende salir al paso de esa inquietud social prometiendo tomar nuevas medidas, si las disposiciones adoptadas no son suficientes para elevar el nivel de vida de los trabajadores. En realidad son insuficientes -el Gobierno lo sabe- y han de provocar otras reclamaciones de importantes grupos de trabajadores, pues debemos señalar que los que se beneficiaron de los contratos colectivos (unos cuatro millones de obreros) no llegan a la mitad de la población obrera que se acerca a nueve millones.

Esta inquietante perspectiva social lleva del brazo otra de índole económica: la inflación, y llegará si los patronos no se resignan a ver disminuidos sus beneficios -caso muy posible- o si no obtienen los trabajadores un aumento considerable de productividad.

Pero el manantial de inquietudes del Gobierno español está en la petición de entrada en el Mercado Común. Pese a las manifestaciones de los ministros de Comercio, Hacienda y de Falange, en las que se minimiza el interés de España por su incorporación a la organización europea, lanzando a los cuatro vientos que «no es vital para el país» y que «las consecuencias de una negativa no serán graves», el problema capital de hoy para el Gobierno es su situación ante las dilaciones de su petición de entrada en dicho organismo.

Siguiendo los temas más importantes y perentorios que acucian al Gobierno español, llegamos al nuevo contrato que debe establecerse con los Estados Unidos al término del presente en septiembre de este año. Franco desea vivamente renovarlo, pero como ya anunció en 1961, el texto debe ser revisado y modificado en vista de la nueva situación. Ningún detalle sobre las nuevas bases del acuerdo se deja traslucir, pero en los círculos generalmente bien informados, se formulan ya estas consideraciones: ¿Qué significado puede tener la «nueva situación a la que alude Franco?». España ha recibido 500 millones de dólares para ayuda militar y la ayuda económica ha llegado a un millar 150 millones. Probablemente -apuntan esos medios- el Gobierno español desea nuevos equipos militares y hasta es posible que algún que otro «polaris»... Todo es posible.

Lo que parece que no ofrece dudas es que Franco desea obtener de los Estados Unidos más ventajas políticas y militares y que ese acuerdo se transforme en un verdadero pacto de alianza. ¿Accederá a esas pretensiones franquistas el Congreso americano? Creemos que no.

Franco quiere nuevo contrato

GINEBRA, 2 enero, Ibérica: -Le Journal de Genéve del 31 de diciembre, inserta una crónica de su corresponsal en Madrid de la que extraemos los siguientes párrafos:

El Gobierno monta en cólera

MADRID, 18 dic., Ibérica: -Los portavoces del general Franco muestran su indignación ante el documentado estudio de la Comisión Internacional de juristas, con sede en Ginebra, en el que se demuestra, con datos incontrovertibles, que el régimen del general Franco es todo menos un Estado de Derecho.

Hace unos días el Sr. Fraga llamó a los periodistas y les lanzó un discurso contra la «campaña antiespañola» aludiendo al citado informe. Dijo que los informes eran injustos, parciales, que los informados se habían aconsejado tan sólo de los exilados y se quejó amargamente de que no se hubiese citado su libro sobre las Cortes. Toda la argumentación del Sr. Fraga consistió en mostrar la «constitucionalidad» del régimen y la existencia de leyes institucionales, pero dejó de lado el meollo del problema. Los asuntos candentes tales como la persecución de los españoles por delitos de opinión o las torturas infligidas a los detenidos, quedaron silenciadas por el ministro. Igualmente han procedido todos los periódicos. Citamos otro alegato de importancia.

Manifestaciones del ministro de Justicia

En el Club de la Prensa Internacional pronunció un pequeño discurso -llamémoslo charla- el ministro de justicia ante los periodistas de distintas nacionalidades. En lugar de la «respuesta definitiva y extensa» que anunció la semana pasada, al informe de la Comisión de juristas, el ministro, Sr. Iturmendi, se limitó a lanzar unas cuantas vulgaridades como las que van a continuación:

Pero lo mejor del discurso fue esta afirmación: «Los confinados en las Islas Canarias lo han sido en virtud de preceptos del Fuero de los Españoles». No sabemos si el Sr. Iturmendi quiso decir que estaban confinados en virtud de la suspensión de dichos preceptos, pero de la interpretación de sus palabras se podía desprender que la letra del Fuero de los Españoles prescribe que se deporte a los españoles en estos o aquellos casos. El espectáculo fue lamentable y los periodistas extranjeros salieron de allí ironizando a costa del pobre ministro, que era lo menos malo que podían hacer.

Otra genialidad del Sr. Fraga

MADRID, 18 dic., Ibérica: -Las Ediciones Einaudi, de Italia, han publicado hace unos meses un librito recogiendo canciones políticas españolas desde tiempos de la República hasta las que han sido compuestas en las cárceles en los últimos años, entre ellas las jocosas y divertidas que, un poco a lo «Mingo Revulgo», compusieron los estudiantes detenidos en Carabanchel en 1956. El que las conozca recordará que en ellas se habla en términos bastante irrespetuosos de D.ª Carmen Polo de Franco.

El Sr. Fraga, creyendo obrar eficazmente para cortar la propaganda, ha escrito una carta a dicha casa editorial, concediéndole dos semanas de plazo para que retire de la venta ese libro en todos los países, y amenazándole, caso contrario, con prohibir la importación de cualquier libro editado por ella y también con tomar medidas contra los editores y distribuidores españoles que tengan relaciones con dicha empresa italiana.

Respuesta del Sr. Einaudi

El Señor Einaudi no ha tardado en enviar su respuesta, ella dice: «Si en el plazo de dos semanas el Sr. Fraga no pide excusas por su insolencia, esta Editorial y otras editoriales de distintos países, boicotearán el mercado oficial español, retirarán de España el premio internacional Formentor y tomarán medidas en distintos países para desenmascarar los métodos utilizados por el Gobierno español y concretamente por su ministro de Información».

El discurso de Franco

MADRID, 2 enero, Ibérica: -Como de costumbre el general Franco ha pronunciado su discurso con motivo de fin de año, que fue trasmitido por la radio nacional el domingo 30 y duró cincuenta minutos. Pocas novedades podemos señalar en el discurso; ha insistido en sus consabidos conceptos sobre su concepción personal en la evolución política del mundo, sobre política y economía interior y sobre la situación internacional. El punto fuerte de su discurso ha sido el anuncio del aumento de salarios interprofesionales.

Debemos señalar algunos párrafos del citado discurso: «Aunque no se quiera reconocer, el mundo sigue el camino que nosotros hemos abierto. España ha descubierto un sistema político y la O.T.A.N. nos ha dado razón».

Situación económica

Sobre la situación económica del país dijo que el país «vivía la hora más decisiva de su historia, pero también la hora de las decisiones trascendentales que marcarán el desenvolvimiento de nuestra economía». Después de estas consideraciones anunció la creación de un salario mínimo interprofesional de 60 ptas., lo que significa un salario de base por jornada de ocho horas para cualquier obrero. Este aumento es considerable si se compara con el salario mínimo de base de 1956 que era de 33 ptas. Los peones, que nunca llegaron a ganar un salario de 60 ptas., serán favorecidos, pero no aquellos que firmaron un contrato colectivo en el año 1960 y 1961, para éstos no supone ningún aumento del salario de base. Como el aumento de salario no llega a todos, va a surgir el descontento entre aquellos que esperaban una subida general de salarios.

Por eso, como el general Franco está en el secreto, añadió, después de anunciar el aumento que «si por falta de comprensión o por el egoísmo de algunos, las disposiciones dictadas no son suficientes para mejorar las condiciones presentes, el Gobierno está dispuesto a tomar nuevas disposiciones para elevar el nivel de vida de los trabajadores».

Situación internacional

Declaraciones del ministro del Trabajo

PARÍS, 3 enero, Ibérica: -El corresponsal en Madrid del periódico parisién Le Monde, en una crónica publicada hoy, dice lo siguiente: «El ministro del Trabajo, Sr. Romeo Gorria, ha declarado en la Radio Nacional que "el año 1963 abrirá una nueva etapa de la política social del Gobierno". Subrayó que la creación del salario mínimo interprofesional de 60 ptas. anunciada por el general Franco en su discurso de fin de año, no afectaba más que al 15% de los peones de la industria».

Añadió que la emigración de los trabajadores españoles, no solamente había representado una entrada de divisas de una importancia extraordinaria, sino que había favorecido automáticamente algunos reajustes de salarios de ciertos sectores. Precisó el ministro que ninguna nueva disposición tomará el Gobierno para hacer subir los salarios, «El Estado tiene una fe enorme en las decisiones voluntarias y libres de las empresas y en el mecanismo de los contratos colectivos».

Se teme que el aumento de los salarios arrastre una subida de los precios. El año pasado la subida fue de 8%, más sensible en los productos alimenticios que en los productos industriales. En relación con esta realidad el ministro ha hecho notar que «el Gobierno emprenderá una política enérgica para contener los precios en el cuadro de la estabilidad económica».

Las declaraciones y discurso vienen a calmar el malestar de la clase obrera. Según ciertos observadores el malestar podría traducirse en el curso del año 1963, en una nueva serie de huelgas.

Noticias del ministerio de Información

MADRID, 18 dic., Ibérica: -Se ha ordenado impedir la publicación de cualquier artículo del periodista monárquico Luis María Ansón, en «castigo» a una crítica favorable que publicó (sin firma) en ABC sobre el libro de Ansaldo, ¿Para qué...?

La censura ha prohibido tres artículos del periódico Pueblo.

Jiménez Quiles, director de Prensa, ha llamado a su despacho a varios periodistas para recordarles «paternalmente» que puede quitarles su carnet profesional y que, al fin y al cabo, tienen mujer e hijos. Situación que no afecta a él, empedernido solterón.

No hay censura: el Departamento del ministerio que antes se llamaba así, ha sido bautizado con el sugestivo, título de «Departamento de Consulta». El título es ingenioso.

La ley de Prensa va a consistir en una serie de artículos del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; los periodistas y escritores serán «libres» para escribir lo que quieran. Sólo tendrán que «consultar» o exponerse a ir a la cárcel en cuanto molesten a alguna autoridad.

Un millón de toneladas de naranjas heladas

MADRID, 2 enero, Ibérica: -Las pérdidas de la cosecha de naranjas en las provincias de Valencia, Castellón, Murcia, Alicante, Cádiz y otras provincias, son de una importancia capital. No habrá más exportaciones este año y se dé la circunstancia de que el 90% de la cosecha estaba ya vendido en muchos lugares, entre otros en la provincia de Alicante. Aunque las pérdidas no se pueden cifrar con precisión, se puede afirmar que alcanzan un millón de toneladas de naranjas.

Como consecuencia de esta verdadera catástrofe se puede calcular que unos 70000 trabajadores quedarán en paro forzoso en estas provincias de levante, entre ellos unos 47000 en la provincia de Valencia. Debemos señalar también las pérdidas de aceitunas en las provincias de Toledo, que se calculan en un 60% de la cosecha.

España reclama Gibraltar y Marruecos Melilla

NACIONES UNIDAS, 14 dic.: -En el debate sobre los territorios autónomos sostenidos por varios representantes de distintas naciones en la Comisión de Tutela, el Sr. Piniés, de la delegación española, afirmó la soberanía de su país sobre Gibraltar, precisando que en pleno derecho pertenece a España.

Por otro lado el representante de Marruecos en dicha Comisión, Sr. Mohamed El Khatib, al intervenir en el debate sobre los territorios no-autónomos «reservó el derecho» de su gobierno sobre los «territorios marroquíes ocupados por España». «Esos territorios -añadió el Sr. Khatib- comprenden la ciudad de Melilla, Ifni, las islas a lo largo del litoral norte de Marruecos y el Sahara llamado español». «En ningún momento -continuó- Marruecos ha dejado de reclamar el derecho de establecer en esos territorios su soberanía. Pero deseoso de mantener relaciones de armonía con España, Marruecos desea establecer negociaciones para resolver estos problemas».

Los dirigentes españoles y el Mercado Común

PARÍS, 14 dic., Ibérica: -El periódico Le Monde de ayer publica una crónica de su corresponsal en Madrid de la que damos los siguientes párrafos: El ministro español de Comercio, Sr. Ullastres, ha declarado en una conferencia de prensa celebrada el martes en el Club de la Prensa Extranjera: «Si la petición de asociación de España al Mercado Común no fuera aceptada, las consecuencias no serían tan graves para nuestra economía».

El jueves, en el mismo local, el ministro de Hacienda, Sr. Navarro Rubio, afirmó: «La entrada en la Comunidad Europea no es de importancia vital para España».

El Sr. Solís, ministro de Falange, no tuvo otro lenguaje cuando el martes, dirigiéndose a los subsecretarios sindicales de las comisiones de planificación económica dijo: «No debemos fundarlo todo sobre la posible entrada de España en el Mercado Común. Por el contrario, lo que es necesario es trabajar con entusiasmo y pasión por una prosperidad fundada sobre nuestros propios esfuerzos y nuestros propios recursos».

Condena de un sacerdote

SAN SEBASTIÁN, 2 enero, (OPE): -El sacerdote vasco don Nemesio Echániz ha sido procesado por la Audiencia de San Sebastián a la pena de seis meses y un día de prisión, multa de 2500 ptas. y a las accesorias de suspensión de todo cargo público, profesión, oficio y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena, más el pago de las costas procesales.

Se recordará que el Sr. Echániz estaba acusado de desacato a la autoridad por haber cruzado unas cartas con el gobernador civil de Guipúzcoa, en las que el citado sacerdote se quejaba de las torturas empleadas por la policía contra jóvenes detenidos, de la retirada de pasaportes a sacerdotes y de otros abusos de autoridad. Estas cartas fueron publicadas por un periódico vasco de Caracas, pero el procesado ha negado haber tomado parte en esa publicación.

La prensa, a pesar de la «liberalización», ha silenciado totalmente este asunto desde su comienzo hasta su desenlace judicial.

El periódico The Catholic Observer, de Springfield, Mass., ha reproducido la noticia.

El acuerdo sobre las Azores

PARÍS, 29 dic., Ibérica: -El periódico Le Figaro de ayer inserta el siguiente telegrama de Lisboa: Un acuerdo provisional reemplazará el acuerdo americano-portugués sobre las bases de las Azores a la expiración de éste el 31 de diciembre. Han surgido dificultades que retrasan la negociación encaminada a la renovación del contrato.

STATEMENT REQUIRED BY THE ACT OF AUGUST 24, 1912, AS AMENDED BY THE ACTS OF MARCH 3, 1933, AND JULY 2, 1946 AND JUNE 11, 1960 (74 STAT. 208) SHOWING THE OWNERSHIP, MANAGEMENT, AND CIRCULATION OF

Ibérica, published Monthly, except July-August when bimonthly, at New York 1, N. Y. for October 1, 1962.

1. The names and addresses of the publisher, editor, managing editor, and business managers are:

Publisher: Miss LCrane, 112 East 19th Street, New York 3, N. Y.; Editor: Miss Victoria Kent, 112 East 19th Street, New York 3, N. Y.; Managing editor: None; Business manager. None.

2. The owner is: (If owned by a corporation, its name and address must be stated and also immediately thereunder the names and addresses of stockholders owning or holding 1 percent or more of total amount of stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the individual owners, must be given. If owned by a partnership or other unincorporated firm, its name and address, as well as that of each individual member, must be given).

Miss Louise Crane, 112 East 19th Street, New York 3, N. Y.

3. The known bondholders, mortagagees, and other security holders owning or holding 1 percent or more of total amount of bonds, mortgages, or securities are: None.

4. Paragraphs 2 and 3 include, in cases where the stockholder or security holder appears upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, the name of the person or corporation for whom such trustee is acting; also the statements in the two paragraphs show the affiant's full knowledge and belief as to the circumstances and conditions under which stockholders and security holders who do not appear upon the books of the company as trustees, hold stock and securities in a capacity other than that of a bona fide owner.

5. The average number of copies of each issue of this publication sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers during the 12 months preceding the date shown above was: (This information is required by the act of June 11, 1960 to be included in all statements regardless of frequency of issue). 5000.

Louise Crane, Publisher.

Sworn to and subscribed before me this 21 day of September, 1962. ANDREW J. ELLIOTT, Notary Public, State of New York, N.º 24-6173625-Qual. in Kings Co. Certificate filed in New York County. Commission Expires March 30, 1964.