Moneda y Crédito. Núm. 197, 1993

[Indicaciones de paginación en nota¹.]

• Presidente:
  • Luis A. Rojo, Universidad Complutense de Madrid²
• Director:
  • José Viñals, Banco de España³
• Consejeros:
  • Gonzalo Anes, Universidad Complutense de Madrid
  • Charles Bean, London School of Economics
  • Lucas Beltrán, Universidad Complutense de Madrid
  • Olivier Blanchard, Massachusetts Institute of Technology
  • Leopoldo Calvo-Sotelo, Banco Hispano-Americano
  • Carlos Cuervo-Arango, Banco Español de Crédito⁴
  • Benjamín Friedman, Universidad de Harvard
  • Jorge Hay, Banco Hispano-Americano
  • César Molinas, Ministerio de Economía y Hacienda⁵
  • José María Naharro, Universidad Complutense de Madrid
  • Vicente Salas, Universidad de Zaragoza⁶
  • Charles Wyplosz, INSEAD

El presente número de Moneda y Crédito contiene un conjunto de estudios sobre temas económicos de ámbito español e internacional. Cabe señalar que se trata del primer número de la revista constituido exclusivamente por originales no solicitados por la revista y evaluados de forma anónima. A continuación se presenta un resumen de los principales contenidos de los artículos que aparecen en este volumen.

El primer artículo se ocupa de un tema de gran actualidad. En las últimas décadas, la progresiva apertura internacional de los mercados, favorecida por las sucesivas rondas del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT), se ha visto complementada por la aparición de una tendencia a la constitución de grandes áreas regionales de libre comercio. Si la Comunidad Europea (hoy Unión Europea) constituye el ejemplo más notorio de esta tendencia, el caso más reciente es el del Acuerdo de Libre Comercio del Norte de América (NAFTA), que liberaliza los flujos comerciales entre Canadá, Estados Unidos y México.

A menudo surgen dificultades para llegar a acuerdos de libre comercio, debido a las resistencias manifestadas por los productores de los bienes que van a ser libremente comerciados. En el caso del acuerdo NAFTA, este problema se ha manifestado, desde el lado mexicano, en relación con el sector agrícola, de gran importancia en este país. Este es el tema que abordan Sweder van Wijnbergen y Santiago Levy, en su artículo titulado los problemas de la transición durante las reformas económicas: La agricultura en el Acuerdo de Libre Comercio entre México y Estados Unidos». Como indica el título, el artículo no sólo aborda la liberalización del comercio agrícola, sino también la cuestión de cúal es la secuencia temporal óptima para dicha liberalización, lo que otorga al artículo una aplicabilidad muy amplia.

La mayor parte del artículo se dedica al principal cultivo mexicano, el maíz. Tras analizar el impacto sobre el bienestar de las familias mexicanas de este aspecto del acuerdo NAFTA mediante un cuidadoso marco analítico, los autores cuantifican la relación existente entre la velocidad de la liberalización y el tamaño de las ganancias de eficiencia derivadas de ésta. Dichas ganancias resultan ser del orden del 0,6% del Producto Interior Bruto de México, una cifra muy importante. Sin embargo, como en todo proceso de liberalización, existen ganadores y perdedores. Los autores argumentan que éstos últimos, los productores de maíz, pueden verse compensados si el gobierno fomenta la realización   —8→   de inversiones que favorezcan el incremento de la productividad de los terrenos de secano mediante su conversión en regadíos. Este proceso aumenta el valor de los activos que poseen los agricultores, preservando además los incentivos para desplazarse hacia cultivos más productivos que el maíz. Finalmente, los autores defienden que este mecanismo serviría de compromiso creíble para llevar a cabo una liberalización gradual que reparta el impacto negativo a lo largo del tiempo. Los autores muestran que, por comparación con la liberalización acelerada que se suele defender en estos casos, el gradualismo apenas reduce los aumentos de eficiencia derivados de la liberalización.

El segundo artículo aborda un aspecto escasamente estudiado, la llamada economía sumergida. Desde los primeros años 80 se ha observado, tanto en la economía española como en la mayoría de las europeas, un aumento del dinero efectivo en circulación (monedas y billetes) que resulta excesivo, en relación tanto con la evolución de la actividad económica en estos países como con la creciente utilización de medios de pago alternativos al dinero en metálico (como las tarjetas de crédito y débito). En términos más técnicos, en las estimaciones de la demanda de efectivo que realizan los bancos centrales se ha observado que por cada peseta de aumento de la renta nacional la demanda de efectivo aumenta en más de una peseta. Este inusual resultado ha llevado a algunos economistas a pensar que en la raíz del mismo pueden estar razones de tipo fiscal. Más concretamente, el deseo de evadir el control fiscal ha inducido un aumento de la economía sumergida, en la que las transacciones se llevan a cabo normalmente en efectivo. El propósito del artículo titulado «Opacidad fiscal», renta y dinero: Una aproximación a la demanda de efectivo en España», de Javier Jareño y Juan Carlos Delrieu, es precisamente intentar evaluar la parte del efectivo en circulación que está siendo atesorada, presumiblemente por razones fiscales, para mejorar así la fiabilidad de las estimaciones actualmente existentes de los determinantes de la demanda de efectivo.

El estudio empírico del problema parece confirmar la presunción de los autores. Estos, utilizando la vida media de los billetes en circulación, encuentran que la demanda de efectivo está afectada por perturbaciones de carácter financiero-fiscal, entre las que destacan las expectativas fiscales generadas por la victoria del PSOE en 1982, la promulgación de la ley sobre determinados activos financieros en 1985, la implantación del impuesto sobre el valor añadido en 1986, la intensificación en 1989 del control fiscal sobre determiandos instrumentos financieros (seguros de prima única, pagarés forales y transferencias de   —9→   activos privados) y, por último, las expectativas generadas por el plan de sustitución de los pagarés del Tesoro por deuda especial a finales de 1990. Por último, la cantidad de dinero atesorada entre 1985 y 1990, presuntamente por este tipo de razones fiscales, se calcula entre 900 mil millones y 1,3 billones de pesetas, es decir, entre el 20% y el 44% del total del efectivo en circulación. Dada la dificultad obvia para medir el tamaño de la economía sumergida, esta es una estimación de gran interés.

El tercer artículo se ocupa del preocupante tema del paro. Desde mediados de los años 70 las economías europeas han tenido que convivir con una tasa de paro muy elevada, que además se resiste a caer. La teoría macroeconómica convencional se ha mostrado incapaz de explicar satisfactoriamente esta gran persistencia del paro y, por tanto, tampoco ha podido generar recomendaciones de política económica que contribuyeran a reducir el paro. Sin embargo, en los últimos años se han desarrollado varios enfoques nuevos que prometen una mejor comprensión de este fenómeno. En su artículo de panorámica titulado «La persistencia del desempleo agregado», Javier Andrés pasa revista, con una clara intención divulgadora, a los enfoques más recientes sobre este tema.

El autor pone de manifiesto que las teorías más recientes giran alrededor del concepto de la NAIRU, siglas inglesas que denotan a la tasa de paro compatible con una tasa de inflación constante. En principio, la economía debe tender a ese nivel de paro, de forma que el reto es conocer los determinantes de la NAIRU y evaluar cuáles de ellos son responsables del crecimiento tendencial de dicha tasa. Javier Andrés pasa revista a las teorías explicativas de los determinantes de la NAIRU. Entre éstas destacan dos. La primera, conocida como la teoría de los internos-externos (insiders-outsiders, en inglés). Los primeros son los empleados, que negocian los salarios con las empresas, y a tal efecto tienen en cuenta, según la teoría, exclusiva o al menos principalmente sus propias perspectivas de empleo. Los segundos son los parados, cuyos intereses se ven excluidos de la negociación colectiva. La segunda teoría pone de relieve los importantes efectos negativos que tiene la duración del paro sobre el grado de empleabilidad de los trabajadores que quedan en paro. El autor muestra los efectos que estos mecanismos económicos tienen sobre el nivel y la persistencia de la tasa de paro.

De este análisis se derivan varias lecciones para las políticas de reducción de la tasa de paro de equilibrio. En primer lugar, las políticas de demanda, y no sólo las de oferta, pueden afectar a la tasa de paro de equilibrio, si bien probablemente esta influencia es asimétrica,   —10→   de forma que las políticas contractivas sean más efectivas para aumentar el paro que las expansivas para reducirlo. En segundo lugar, la reducción del desempleo requiere la aplicación de políticas estructurales de oferta que faciliten el funcionamiento competitivo de todos los mercados. Entre estas políticas destacan las que promueven la competitividad de los parados y el aumento de su influencia en la negociación colectiva, mediante programas que eleven la intensidad y eficacia de la búsqueda de empleo -como la reforma del subsidio de desempleo-, la discriminación positiva en favor de los parados de larga duración mediante programas especiales de empleo para este colectivo, programas de formación profesional o la reducción de los costes de despido.

En completa sintonía con el artículo anterior, María Draper en su artículo titulado «Indiciación salarial y empleo: Un análisis desagregado para el caso español», se lleva a cabo una aplicación del enfoque de internos-externos a la industria española. Como resultado del planteamiento anterior, esta teoría predice que los salarios dependerán tanto de la situación general de la economía como de las condiciones particulares de la empresa o del sector para el que se negocian los salarios. Por otra parte, los salarios también serán mayores cuanto mayores sean el poder de monopolio de los trabajadores y el poder de los trabajadores en la negociación colectiva.

En el artículo de Draper se analizan los determinantes de los salarios en 2.183 empresas industriales y de servicios, agrupadas en 21 sectores, durante el período 1984-89. Como resultado del análisis se pone de manifiesto que el grado de indiciación de los salarios con respecto a la productividad del sector -que es un indicador del poder los trabajadores internos o insiders en la negociación salarial- varía grandemente de un sector a otro, oscilando en un rango que va desde cero hasta el 60%. Adicionalmente, las ganancias de productividad en las industrias más dinámicas -es decir, las de mayor crecimiento de la productividad- parecen trasladarse en mayor medida a los salarios, mientras que en las industrias menos avanzadas tienen mayor peso los salarios alternativos (los logrados en el resto de la economía). La autora destaca que en ese caso la formación de salarios juega en contra de la creación de empleo, pues la destrucción de empleo en estas últimas industrias no se verá acompañada por una creación paralela de empleo en las primeras. Así, la reasignación de empleo de las industrias menos productivas a las más productivas se verá interrumpida, lo que perjudicará al nivel de empleo agregado.

En el artículo que cierra el número, «Las ofertas de conversión de acciones ordinarias en acciones sin voto: Aplicación al caso del Banco Guipuzcoano», Rafel Crespí analiza un mecanismo que, pese a estar   —11→   contemplado en la legislación, no se ha utilizado apenas en nuestro país. La Ley de Sociedades Anónimas establece que la pérdida del derecho de voto de una acción se ha de retribuir mediante la percepción de un dividendo mínimo adicional. El autor señala que este mayor coste puede ser asumido a fin de cambiar la estructura de los derechos de voto, persiguiendo una concentración de poder dentro de la junta de accionistas, por ejemplo para hacer fracasar una oferta pública de adquisición de acciones (OPA). Tras analizar los factores que determinan el precio de las acciones sin derecho a voto, por oposición a las que sí lo tienen, el autor hace una aplicación de su análisis al caso de la única empresa española que ha convertido acciones del segundo tipo en acciones del primero, el Banco Guipuzcoano. Esta aplicación permite obtener una valoración de la probabilidad de una toma de control en la empresa, a partir de las características de la conversión de acciones, así como un mecanismo de valoración de la opción de acudir a la oferta de conversión.