Visor de obras.

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University of Amsterdam y CEPR

Boston University

La agricultura supone menos del 8% del Producto Interior Bruto (PIB) de México. Sin embargo, ha supuesto un obstáculo importante en las negociaciones para el Acuerdo de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (el acuerdo NAFTA) recientemente finalizadas⁸. En este acuerdo hay algo más en juego que las meras ganancias de eficiencia. La protección al maíz es de facto el auténtico programa de empleo rural y contra la pobreza existente en México, de modo que el proceso de liberalización se verá complicado por consideraciones de tipo distributivo. En consecuencia, nuestro trabajo se centrará en los efectos distributivos de la liberalización del maíz en México, en las políticas que pueden ponerse en práctica para aliviar esos efectos y en los problemas de incentivos a que conducen tales políticas. Sin embargo, los resultados que obtenemos son de un interés bastante más amplio que el meramente referido a las negociaciones del acuerdo NAFTA. A   —14→   menudo la agricultura ha sido un obstáculo fundamental en las negociaciones comerciales y los recientes problemas acaecidos en la Ronda Uruguay del GATT son sólo un ejemplo de ello. Además, muchas otras reformas darán lugar a problemas distributivos similares a los que se originarán con el acuerdo NAFTA.

El maíz es el principal cultivo de México y el que más mano de obra rural emplea. Ocupa la mayor superficie de cultivo, es el más costoso en términos de subvenciones presupuestarias y el más protegido⁹. Es un cultivo de subsistencia para pequeños agricultores, fundamentalmente en zonas de secano. También se cultiva por grandes y medianos agricultores en zonas tanto de secano como de regadío. Como el regadío proporciona rendimientos superiores, estos grandes y medianos agricultores se benefician de una manera desproporcionada de las políticas de sostenimiento del precio. Sólo el 32% de cada peso de subvención llega a los pequeños agricultores de subsistencia (Levy y van Wijnbergen, 1991).

Las tortas de maíz son el principal alimento de los mexicanos. El gobierno las subvenciona, pero estas subvenciones no son suficientes para contrarrestar por completo los efectos de la protección a la producción de maíz. En consecuencia, el principal consumo de la población rural pobre se encuentra gravado en México. Para los trabajadores por cuenta ajena y para el 65% de los productores -que son propietarios de una tierra tan marginal que produce menos maíz del que consumen-, ese gravamen excede la subvención que reciben como productores¹⁰.

Las negociaciones del acuerdo NAFTA han dado origen a una amplia literatura que trata de evaluar los efectos sobre el bienestar que provocará tal acuerdo. La mayor parte de esta literatura utiliza modelos de equilibrio general computable estático (veáse por ejemplo Robinson et al. 1992, Bachrach y Mizrahi, 1992; Roland-Holst et al., 1992) sin prestar atención a la dinámica de transición. Solamente uno o dos trabajos se centran, al igual que nosotros, en aspectos dinámicos (McClery, 1992; Young y Romero, 1992). De estos, McClery (1992) presenta tal nivel de agregación (bienes comerciables versus no comerciables)   —15→   que no es posible realizar una modelización creíble de las distorsiones que se supone serán eliminadas por el acuerdo NAFTA. Romero y Young (1992) utilizan una mayor desagregación pero centran todo su análisis en el impacto del NAFTA sobre el coste del capital en México y a partir de ahí en el stock de capital mexicano de estado estacionario. No discuten el bienestar de los consumidores, la distribución de la renta o los problemas de incentivos dinámicos especiales que forman el núcleo de nuestro trabajo.

Nuestro análisis se centra explícitamente en los problemas de transición generados como consecuencia de la entrada en vigor del acuerdo NAFTA. Hallamos las sendas de transición asociadas a distintas velocidades del proceso liberalizador y prestamos atención a: las implicaciones que tiene la ausencia de mercados de capital eficientes para el diseño de políticas, los costes en términos de bienestar de reformas graduales, los problemas de incentivos creados por las políticas comerciales de ajuste y los aspectos redistributivos de las reformas en presencia de límites reales a la gama de instrumentos de intervención disponibles por parte del gobierno.

En la sección 2 presentamos un modelo intertemporal para calcular el impacto sobre el bienestar de las familias mexicanas del acuerdo de libre comercio agrícola entre Estados Unidos y México y de diferentes políticas de ajuste. En la sección 3 se cuantifican las relaciones que existen entre la velocidad de liberalización y el tamaño de las ganancias de eficiencia. También estudiamos el impacto sobre los mercados de trabajo y de tierra cultivable. La sección 4 diseña un programa para facilitar el ajuste hacia la liberalización comercial del maíz a la vez que protege a la población rural pobre durante la transición. En la sección 5 se discuten las consideraciones de economía política asociadas al diseño de ese programa, mientras que la sección 6 contiene las conclusiones.

La economía se divide en dos sectores: urbano y rural. El sector urbano solamente produce un bien industrial comerciable y un servicio no comerciable. Cada uno de esos bienes se produce con factores de producción intermedios utilizados en proporciones fijas y una tecnología   —16→   Cobb-Douglas que usa dos factores, mano de obra urbana y capital (específico de la industria o de los servicios).

En el sector rural (que utiliza tierra y mano de obra rural) se producen cinco bienes comerciables: maíz, otros cereales, frutas y hortalizas, otros productos agrícolas y ganadería. Distinguiremos entre terreno de secano (T1) y de regadío (T2) porque, para una misma producción, los rendimientos y los ratios tierra/trabajo difieren entre tipos de terreno¹¹. Las tortas de maíz son un bien de consumo puro. Las tortas no se comercializan sino que se suponen en oferta perfectamente elástica a un precio que, incluyendo gravamen y subvención origine un beneficio nulo. Su precio sólo depende del precio del maíz para el productor y de todos los gravámenes y las subvenciones existentes.

Distinguimos seis tipos de hogares, clasificados según la propiedad de los factores de producción. En las áreas rurales encontramos cuatro tipos: jornaleros sin tierras, cuyo único activo es su trabajo; agricultores de subsistencia, que poseen en promedio dos hectáreas de secano, trabajan su propia tierra y participan en el mercado de trabajo rural; agricultores de secano, que poseen el resto del terreno de secano y la mitad del terreno dedicado a la ganadería; finalmente, propietarios de terrenos de regadío, que poseen todo el regadío y la otra mitad del terreno para la ganadería. Ninguno de estos dos últimos tipos de hogares ofrece trabajo en el mercado. Por otra parte, los trabajadores urbanos ofrecen todo el trabajo urbano y los capitalistas urbanos poseen el stock de capital urbano.

Los trabajadores urbanos, los jornaleros rurales y los agricultores de subsistencia tienen las mismas preferencias. También ocurre lo mismo entre los propietarios de secano, de regadío y los capitalistas urbanos. Los trabajadores rurales y urbanos y los agricultores de subsistencia asignan una proporción mucho mayor de su gasto a los bienes rurales que los propietarios de la tierra y los capitalistas, de forma que las variaciones en los precios de los alimentos tienen un mayor impacto sobre los trabajadores y los agricultores de subsistencia¹².

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La incidencia de la protección a la agricultura depende de la movilidad de los factores de producción, en particular de la emigración. Aunque la emigración desde México a Estados Unidos ha atraído la atención internacional, la realidad es que los movimientos migratorios desde e l campo a la ciudad dentro de México son cuantitativamente más importantes. De hecho, han sido estos movimientos los que más han impulsado el rápido crecimiento urbano de México, siendo sus cifras superiores a cualquier estimación disponible del número de emigrantes mexicanos residentes actualmente en Estados Unidos (García y Griego, 1989).

En consecuencia, centraremos nuestra atención en las migraciones internas y supondremos que los flujos migratorios mantienen constante el ratio de los diferenciales de utilidad per capita entre los jornaleros rurales (el grupo que emigra con mayor probabilidad) y los trabajadores urbanos (el grupo al que con mayor probabilidad se incorporan los emigrantes).

Utilizamos diferenciales de utilidad en vez de diferenciales de salario porque las transferencias existentes en las áreas urbanas como el programa «tortivale» también afectan a las decisiones de emigración. Este enfoque también nos permite incorporar una característica bastante sorprendente de los flujos migratorios, como es el hecho de que las diferencias de salarios entre las zonas rurales y urbanas no tiendan a reducirse, aunque no existan barreras obvias que impidan tal reducción.

El tamaño de las diferencias existentes de salarios hace poco plausible la idea de que los costes efectivos en términos de recursos empleados en la emigración sean suficientes para explicar esta característica del mercado de trabajo mexicano. Las diferencias existentes en la cualificación de los individuos son parte de la historia, pero no la historia completa, ya que incluso el trabajo no cualificado está mejor remunerado en las áreas urbanas. En Estados Unidos la presencia de barreras implícitas a la entrada debidas a diferencias existentes entre individuos ya empleados en el mercado de trabajo e individuos a la búsqueda de un empleo (Katz y Summers, 1989) ha sido identificada como una fuente importante de diferencias similares. También los aspectos no materiales de la vida rural o incluso aspectos ambientales pueden tener un papel que desempeñar. Aquí captamos tales efectos tomando como referencias la asignación actual del trabajo entre áreas rurales y urbanas y las diferencias de utilidad existentes en la actualidad. Tras una perturbación, habrá flujos de trabajadores, los cuales desaparecerán   —18→   cuando el ratio entre las utilidades urbana y rural vuelvan a su valor actual de referencia.

En cuanto al factor tierra, distinguiremos entre superficie efectiva (la cantidad de tierra susceptible de ser cultivada) y superficie física (las hectáreas de tierra efectivamente dedicadas a un cultivo agrícola concreto). Esta diferencia se utiliza para tomar en consideración prácticas agrícolas como dejar la tierra de barbecho durante algunos períodos o como la rotación de cultivos, prácticas que generan importantes incentivos a no asignar toda la superficie disponible a una única producción agrícola. También supondremos que los rendimientos decrecientes aparecen más tardíamente en terrenos de regadío; esto parece desprenderse de la evidencia empírica señalada más arriba. En consecuencia, para una misma variación en el precio, la respuesta de la oferta es mayor en terrenos de regadío.

Las funciones de producción agrícolas presentan rendimientos constantes a escala en trabajo y superficie efectiva; pero como el ratio entre superficie efectiva y física desciende a medida que el uso de la tierra aumenta, existen rendimientos decrecientes en superficie física para una intensidad dada del factor trabajo. En consecuencia, no es preciso que exista en la agricultura una especialización absoluta en alguna producción concreta.

Las intervenciones gubernamentales en los mercados se modelizan como combinaciones de impuestos/subvenciones sobre el consumo y la producción. Las entregas gratis de tortas de maíz a los trabajadores urbanos mediante el programa «tortivale» son inframarginales, de modo que las modelizamos como transferencias de suma fija. Dados los impuestos y las subvenciones, los precios internos de los bienes comerciables se adecúan a los precios mundiales (exógenos): los bienes producidos internamente se consideran sustitutos perfectos de los bienes mundiales correspondientes. Sin embargo, los servicios no se comercializan, de forma que este mercado se equilibra mediante precios que son endógenos (del mismo modo que los mercados de trabajo rural y urbano y los mercados de tierra de secano y de regadío). En total tenemos cuatro precios de factores y el tipo de cambio real.

La economía se describe en cada período mediante las funciones de exceso de demanda que determinan los precios de la tierra, el salario, el rendimiento del capital y el tipo de interés real. Pero de un período   —19→   al siguiente, la economía evoluciona como resultado de cambios exógenos y de cambios inducidos por las políticas practicadas, tales como un progreso técnico neutral en el sentido de Hicks, un crecimiento de la población global y de la población trabajadora¹³, un crecimiento del stock de capital humano o un cambio en los precios mundiales. Haremos el supuesto de que la tasa de crecimiento de la productividad en la agricultura de secano es menor que en la agricultura de regadío. Este supuesto refleja el hecho de que en regadío es más fácil utilizar variedades de alto rendimiento, pesticidas y fertilizantes.

No obstante, el análisis se centra en los cambios en la política comercial y en las inversiones agrícolas¹⁴. Supondremos que las inversiones en infraestructura para regadío cambian las dotaciones de terreno de secano y de regadío con un período de retardo. Se supone que los propietarios de terreno de secano (agricultores de subsistencia y de secano) se benefician de las inversiones en nuevos regadíos en proporción a la proporción inicial de terreno de secano poseída por cada grupo. El gobierno financia esas inversiones. Los costes reales del regadío son función creciente del stock de terreno de regadío, lo cual refleja el hecho de que a medida que esas inversiones aumentan, se destinan a regar tierras de peor calidad (debido, por ejemplo, a que se encuentran a mayor distancia de los recursos hidrológicos), Finalmente, la emigración -que responde a diferenciales de utilidad determinados endógenamente- influye sobre la mano de obra rural y urbana.

Dividiremos el futuro en una senda de transición y un estado estacionario. La senda de transición dura T-1 años. El estado estacionario va desde el período T hasta el infinito. Las políticas que se pongan en práctica pueden inducir cambios que tendrán lugar durante el período de transición. En el estado estacionario el tamaño de todos los hogares crece a una misma tasa y la tasa de crecimiento de la producción agregada, que a su vez es igual a la tasa de crecimiento del stock de capital,   —20→   viene dada por la suma de las tasas de crecimiento del factor trabajo y de la productividad.

Por lo tanto, los precios relativos intraperíodo e intertemporales no varían en el intervalo [T,∞), lo que permite una agregación en el sentido de Hicks del estado estacionario para toda la economía. Será suficiente calcular los valores para el período T ya que todos los períodos futuros serán similares (las cantidades de dos períodos consecutivos sólo diferirán en un factor de escala uniforme). Por tanto, el proceso de agregación sólo afecta a los factores de descuento entre T-1 y T. Estos son mayores que los existentes entre períodos anteriores porque ese «período» concreto se replica un número infinito de veces mediante un factor de escala uniforme (veánse en el anexo los detalles de cómo calcular esos factores de descuento especiales).

Aparte del gobierno, solamente ahorran e invierten los capitalistas urbanos. La inversión privada procede del crecimiento exógeno del stock de capital¹⁵. El ahorro privado es una proporción constante de la renta de los capitalistas urbanos. Esta proporción es exógena durante el período de transición, pero se endogeneiza en el estado estacionario para satisfacer la restricción presupuestaria intertemporal de estos capitalistas. Así, la tasa de ahorro de estado estacionario aumenta (se reduce) de modo que el valor descontado de la diferencia entre los ahorros futuros y la inversión futura se iguala al valor de la deuda (de los activos) acumulado hasta el período T-1 (véase el anexo).

El bienestar de un hogar es el valor actual descontado de la utilidad en cada período. Suponemos una tasa de preferencia temporal   —21→   constante, r, y utilizamos una función de utilidad con aversión relativa al riesgo constante (CRRA).

Como todos los hogares privados satisfacen su restricción presupuestaria intertemporal, el valor actual descontado (VAD) del déficit (superávit) público es igual al VAD del déficit (superávit) comercial, B.

No impondremos la condición de que B=O. En su lugar, mediremos la diferencia entre el VAD del déficit público en la senda que tomamos como referencia, denotado por B°, y cualquier otro B generado en una senda alternativa, e interpretaremos la diferencia como la variación en los recursos que origina el cambio en las políticas. Para cada senda calculamos las transferencias (impuestos) de suma fija que se requieren para que cada hogar en cada período mantenga la misma utilidad actual que en la senda de referencia. Cuando el valor de esas compensaciones de renta se incluyen como parte de los gastos públicos, como si esas compensaciones se hubieran realizado de hecho, la diferencia entre B° y B es la ganancia agregada de eficiencia correspondiente a cualquier cambio de políticas.

La mayor parte de los valores de los parámetros se obtuvieron de estudios empíricos (véase el Apéndice). El resto de ellos, en particular los de la ecuación de la curvatura de las fronteras de transformación en la agricultura, se calibraron para reproducir los datos en un año concreto. El modelo replica con precisión los agregados macroeconómicos y la composición sectorial de la producción agrícola (así como su división en agricultura de secano y de regadío), los rendimientos y la balanza comercial por sectores para un conjunto de datos del año 1989 que se toma como referencia.

Como comprobación (que admitimos muy poco formal ), a continuación simulamos el modelo para 1991 y lo comparamos con los resultados reales. Como entre 1989 y 1991 la protección al maíz aumentó en México significativamente (del 47% al 70%), esta modificación se incorporó al modelo para hacer la simulación. La comparación entre la predicción del modelo simulado y los datos reales de 1991 indica que el modelo proporciona una descripción razonable de esta (importante) modificación: la diferencia entre producción de maíz predicha y real es menor del 4,8%. Así, el modelo parece proporcionar una descripción razonable de la economía mexicana y del modo cómo la agricultura responde a modificaciones exógenas importantes.

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Estudiaremos el impacto de la liberalización del maíz mediante la comparación de una senda de referencia que mantiene inalteradas las políticas actuales respecto al maíz y a las tortas de maíz con varias alternativas en las cuales los precios del maíz y de las tortas se liberalizan. En la senda de referencia no hay inversión en regadíos¹⁶ y la protección al sector de frutas y hortalizas (FH) de Estados Unidos se mantiene al nivel actual¹⁷.

El Cuadro 1 muestra las ganancias de eficiencia y el impacto distributivo de eliminar todos los impuestos y subvenciones existentes sobre el maíz y las tortas.

Cuadro 1. Efectos sobre el bienestar y la eficiencia*

*En las seis primeras filas los efectos están medidos como porcentaje del caso de referencia. En la penúltima fila los efectos están en miles de millones de dólares de 1989. El PIB mexicano de 1989 ascendió a 207.000 millones de dólares. CNA indica el programa de la Comisión Nacional de Aguas, FH el sector Frutas y Hortalizas.

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Consideremos las primeras dos columnas, que nos presentan los efectos de la liberalización sin ninguna política de ajuste. La primera de ellas muestra el impacto de una eliminación inmediata de todos los impuestos y subvenciones que recaen sobre el maíz y las tortas; la segunda presenta los efectos de un cambio gradual mediante el que el precio del maíz tiende hacia los precios mundiales en un período de 5 años (de modo que al sexto año los precios interno y mundial son iguales).

Una liberalización instantánea supone importantes ganancias de eficiencia. El VAD de esas ganancias es de 42.400 millones de dólares. Con una tasa de descuento ajustada por el crecimiento de alrededor del 3%¹⁸, esas ganancias de eficiencia se traducen en 1.220 millones de consumo adicional anual, o el 0,6% del PIB de 1989. Esta es una cifra de ganancias muy importante si tenemos en cuenta que la eliminación de impuestos y subvenciones sólo afecta a dos bienes: maíz y tortas. Las ganancias de eficiencia de una liberalización gradual son menores -de unos 40.100 millones de dólares- pero no mucho. La prolongación del ajuste durante un período de cinco años reduce el valor actual descontado de las ganancias de eficiencia en sólo un 5,5%, de manera que los costes de eficiencia de un enfoque más gradual no parecen ser muy grandes.

Sin embargo, las ganancias de eficiencia esconden efectos distributivos importantes. Los salarios rurales en términos de producto se ven afectados de manera adversa por la reducción en los precios del maíz. Aunque el maíz es un cultivo menos intensivo en trabajo que las frutas y hortalizas, también es más intensivo en trabajo que todas las demás actividades agrícolas, de ahí que los salarios rurales en términos de producto caigan una vez que los precios del maíz descienden.

El Cuadro 2 muestra los valores de la tierra (el valor descontado de todos los ingresos futuros obtenidos de su arriendo) para ambos tipos de tierra. El valor de la tierra de secano cae casi un 25% tras una liberalización inmediata, lo cual supone una pérdida de capital significativa. La razón estriba en que la mayor parte del maíz se cultiva en terrenos de secano, en los cuales las posibilidades de sustitución por otros cultivos son menores que en terrenos de regadío; el valor de los terrenos de regadío aumenta en la práctica. Al ser mayores tanto las posibilidades   —24→   de sustitución como la intensidad del factor trabajo en los terrenos de regadío, el efecto positivo de los menores salarios rurales en términos de producto contrarresta el impacto negativo de los menores precios del maíz.

La caída en los valores de la tierra excede sustancialmente el descenso en los salarios rurales en términos de producto. Por tanto, la parte más importante del ajuste recae sobre la tierra. La razón es que el trabajo es un factor más móvil que la tierra. El trabajo puede reasignarse dentro de la agricultura hacia otro tipo de cultivos con mucha mayor facilidad que el terreno de secano y además parte del impacto sobre el trabajo se traslada a los trabajadores urbanos mediante la emigración desde el campo a la ciudad.

El Gráfico 1 muestra la respuesta de la emigración. Nótese que en el caso de referencia la emigración es importante. Las tendencias a largo plazo de la productividad no favorecen a la agricultura, especialmente a la de secano. Esto, unido al agotamiento de los terrenos marginales, explica porqué la emigración será sustancial incluso con las políticas actuales sobre el maíz: el modelo predice una emigración acumulada de casi 1,2 millones de trabajadores durante la próxima década. Esto sugiere que la protección del maíz como política de empleo rural es probable que fracase o, alternativamente, que resulte mucho más cara de lo que ya resulta.

Cuadro 2. Valores de la tierra y de las propiedades*

*Millones de pesos de 1989 por hectárea.

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Gráfico 1. Emigración acumulada

Una liberalización inmediata tiene un impacto fuerte sobre la emigración, añadiendo 700.000 trabajadores en un solo año (Gráfico 1). La liberalización gradual también aumenta la emigración por encima de la del caso de referencia, pero a una tasa inferior. Sin embargo, cuando el ajuste haya acabado, la cantidad acumulada de emigración será la misma.

El Cuadro 1 muestra lo que todo esto implica para el bienestar de los hogares. Los jornaleros rurales pierden, ya que los salarios rurales caen. Pero su bienestar desciende porcentualmente menos de lo que lo hacen los salarios rurales en términos de producto porque ellos también consumen maíz y se benefician de su menor precio.

Los agricultores de subsistencia poseen el terreno de secano y a la vez trabajan como jornaleros para otros agricultores. En consecuencia, se ven afectados por partida doble, ya que el valor de sus tierras cae un 25% y su renta laboral desciende (aunque también se benefician de los menores precios de consumo). La situación es más compleja para los agricultores de secano y de regadío. Ambos grupos pierden por los menores precios del maíz, pero también ganan por los menores salarios rurales (ya que utilizan trabajo asalariado en términos netos). Estos dos factores se capitalizan en los precios de la tierra y a este respecto   —26→   el equilibrio resultante del Cuadro 2 es claro: los agricultores de secano pierden sustancialmente, mientras que los de regadío experimentan una pequeña ganancia. Nótese que con una liberalización gradual el valor de la tierra de secano cae menos que con un ajuste inmediato, ya que las rentas inducidas por la protección pueden obtenerse durante cinco años más.

Gráfico 2. Ajuste inmediato frente a gradualismo

El Gráfico 2 ilustra cómo afecta esto a los agricultores de secano. El área sombreada mide las diferencias de utilidad entre liberalización inmediata y gradual. La senda gradual les proporciona rentas adicionales durante la transición, pero no genera beneficios adicionales una vez que la transición haya finalizado.

La emigración ralentiza la caída de los salarios rurales al coste de aumentar la presión a la baja en los salarios urbanos. A pesar de los menores precios de consumo para el maíz, los salarios reales en términos de consumo para los trabajadores urbanos caen en relación al caso base. Por otra parte, los capitalistas mejoran, puesto que el producto marginal del capital aumenta como resultado de un mayor empleo urbano.

Resumiendo: las ganancias de eficiencia de la liberalización en ausencia de políticas de ajuste son sustanciales, pero se distribuyen   —27→   desigualmente. La liberalización inmediata produce mayores ganancias, pero el gradualismo no es muy costoso; las ganancias agregadas de eficiencia que se pierden durante los cinco años de transición son pequeñas. Sin embargo, el gradualismo apenas mitiga las pérdidas de bienestar de los grupos afectados. Por supuesto, prolongar la liberalización más de cinco años ayuda a los grupos que ven reducido su bienestar, pero también reduce las ganancias agregadas de eficiencia. Por tanto, la discusión no está sólo en la velocidad de liberalización, sino también en qué medidas han de tomarse durante la transición para transferir parte de las ganancias de eficiencia a los grupos más afectados por la liberalización.

La inclusión de la agricultura mexicana en el acuerdo NAFTA implica un cambio permanente en las condiciones en las que aquélla se desarrolla. Un programa de ajuste debería transferir renta a aquellos individuos pobres que se verán afectados adversamente por el acuerdo. Al mismo tiempo debería mantener los incentivos al ajuste en la producción de maíz. Un programa dirigido directamente a los productores de maíz no cumple estos dos requisitos: proporcionaría incentivos a aumentar la producción de maíz en vez de reducirla para acceder a las transferencias. En su lugar, la sección 3 indica que un programa exitoso debería centrarse en el aumento de los valores de la tierra y en estimular una demanda permanente de trabajo rural.

El Cuadro 2 sugiere una manera de hacer esto. El cuadro indica que a los precios de comercio liberalizado, el regadío rinde en media cuatro veces más que el secano. Entonces, un programa de «mejoras en los terrenos de cultivo»¹⁹ cuenta con un potencial importante para aumentar la productividad de la tierra. Tal programa es particularmente prometedor porque la existencia de regulaciones y de problemas en la propiedad de la tierra han desanimado las inversiones privadas en irrigación, mientras que problemas presupuestarios han frenado las inversiones públicas (véase Sánchez Ugarte, 1991). Como consecuencia, es probable que el rendimiento de tal programa sea elevado.

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Además, un programa de inversión pública destinado a mejoras de los terrenos de cultivo genera una demanda transitoria de trabajo rural. Por otro lado, como el regadío es aproximadamente 2,4 veces más intensivo en trabajo que el secano (con la composición de cultivos resultante de unos precios liberalizados), el programa estimulará una demanda permanente de trabajo rural al expandir la superficie de regadío.

Las simulaciones 3 y 4 exploran los efectos de tal programa. En ambas simulaciones se transforman un total de 1,1 millones de hectáreas de secano en regadío, comenzando las inversiones el segundo año y con una duración total de cinco años²⁰; en la simulación 3 los precios del maíz y de las tortas se liberalizan inmediatamente, mientras que la simulación 4 supone una senda de ajuste para la liberalización de los precios y para las inversiones en irrigación que dura cinco años.

El Cuadro 1 muestra que las ganancias de eficiencia de una liberalización del maíz acompañada de las inversiones en irrigación superan en más de un 20% a las obtenidas sin el programa de irrigación (con ganancias ligeramente superiores si la liberalización es inmediata). Además, las ganancias de eficiencia cuando la liberalización gradual se acompaña del programa de irrigación excede en casi un 17% las ganancias de la liberalización inmediata sin programa de ajuste. Claramente, las ganancias potenciales de las inversiones en irrigación son importantes. Esta mayor eficiencia tiene dos orígenes: por un lado, la diferencia de cuatro a uno en el nivel de productividad del regadío frente al secano; y, por otro lado, un incremento en la tasa media de progreso técnico en la agricultura: el cambio técnico es más rápido en el regadío y el programa aumenta la proporción de éste sobre la totalidad de la tierra cultivable.

Respecto a los efectos distributivos, la columna 4 del Cuadro 1 indica que los dos grupos de hogares dependientes directamente del valor de la tierra de secano mejoran cuando la liberalización gradual se acompaña del programa de regadíos. El Cuadro 2 muestra la razón de este resultado: aunque los precios para ambos tipos de tierra son casi iguales en las simulaciones 1 y 2, el valor de las propiedades de estos   —29→   dos grupos casi vuelve a sus niveles de pre-liberalización, puesto que ahora las propiedades de estos grupos contendrán tanto secano como regadío.

No es sorprendente, por tanto, que los salarios rurales sean también más altos con un programa de irrigación. Este programa beneficia a los jornaleros rurales y a los agricultores de subsistencia y, al ralentizar la emigración a la ciudad, también a los trabajadores urbanos. Como consecuencia, el bienestar de todos los trabajadores casi llega de nuevo a los niveles que alcanzaba con las políticas de protección al maíz (Cuadro 1).

El Gráfico 3 presenta la senda temporal que sigue la utilidad de los agricultores de secano para el caso de la liberalización en cinco años con y sin el programa CNA. Con el programa CNA, los agricultores de secano inicialmente empeoran. Para ellos, el impacto inicial del programa CNA supone un estrechamiento de los mercados de trabajo rural (debido a la emigración), lo cual reduce su utilidad en el período dos. Solamente después del tercer año, cuando los proyectos de irrigación comienzan a funcionar, superan los beneficios de las mejoras en los terrenos de cultivo a los costes de los mayores salarios rurales. Y aunque su bienestar es mayor que el de la senda de referencia, se tardan cinco años hasta que la utilidad en ese período esté por encima de la obtenida en el caso base. Por tanto, la interacción entre las sendas de caída de los precios y de las inversiones en irrigación determina cuándo recibe cada grupo los beneficios del programa de ajuste. Estos aspectos temporales son cruciales para un enfoque de la reforma desde el punto de vista de la economía política.

La quinta simulación considera un escenario donde la liberalización gradual del mercado mexicano del maíz se acompaña de una liberalización gradual (durante el mismo período de cinco años) del mercado de frutas y hortalizas de los Estados Unidos (el sector agrícola que cuenta con las mayores barreras proteccionistas en ese país)²¹. Supondremos que esta liberalización comercial simultánea se acompaña del mismo programa CNA de cinco años contemplado anteriormente.

Esta combinación de políticas genera una mejora en el sentido de Pareto respecto al caso de referencia: el bienestar de todos los hogares   —30→   es al menos igual al de la situación de protección y para algunos existe una ganancia. Como FH es el cultivo más intensivo en trabajo, un aumento de su precio eleva la demanda de trabajo rural, lo cual se traslada a mayores salarios rurales, menor emigración (Gráfico 4) y mayores salarios urbanos. En consecuencia, la apertura del mercado estadounidense tiene efectos distributivos positivos vía unos mayores salarios. Como a la vez reduce la expulsión de trabajadores rurales, facilita la transición hacia un comercio libre del maíz.

Gráfico 3. Utilidad de los agricultores de secano

El impacto presupuestario del programa de ajuste depende de la relación que existe entre el ahorro público de la reducción en las subvenciones al maíz y a las tortas frente a los costes públicos del programa de regadíos CNA. El Cuadro 1 muestra el impacto fiscal neto de las simulaciones 3 y 4: el valor actual descontado neto del excedente presupuestario en la simulación 3 (4) es un 3,5% (3,2%) superior al de la senda de referencia. De ahí que las políticas de protección al maíz sean más costosas que los programas de ajuste propuestos para facilitar la transición a un comercio agrícola libre.

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Gráfico 4. Emigración acumulada

Gran parte de la literatura económica, y de hecho la propia experiencia mexicana, aboga por reformas rápidas. Pero en este caso existen varios elementos que apoyan un enfoque más gradual. En primer lugar, el impacto de la velocidad de la reforma sobre los mercados de trabajo y la emigración. Como muestra el Gráfico 2, si los precios del maíz se liberalizan instantáneamente, el modelo predice que alrededor de 700.000 trabajadores rurales se verán desplazados de manera inmediata. Esto implica una emigración de entre 1 y 5 millones de personas (el tamaño medio de una familia rural es de 7 personas). Un flujo migratorio de esa envergadura induciría una presión en la demanda de infraestructuras urbanas y en el mercado de trabajo urbano que sería casi imposible contener. Una reforma más gradual supone la misma emigración, pero diseminada durante la mayor parte de la próxima década, de modo que se cuenta con más tiempo para crear las infraestructuras físicas y educativas necesarias para acomodar tal flujo migratorio.

El segundo problema surge de las dimensiones políticas de un esfuerzo reformista tan importante. Una reforma que inflija pérdidas sustanciales a grupos sociales concretos puede ser más difícil de poner   —32→   en práctica, incluso si la mayoría se beneficia. En la sección 4 hemos argumentado que un programa dedicado a mejorar los secanos actuales es una intervención en el sentido adecuado; mejora la situación de los agricultores de subsistencia y de secano ya que el valor de sus propiedades se recupera, y también beneficia a los jornaleros rurales mediante su impacto en el mercado de trabajo. Pero recuperar los valores de la tierra hasta llevarlos a sus niveles de pre-liberalización requiere como mínimo cinco años, debido a restricciones técnicas existentes en la construcción de infraestructuras de regadío. Una liberalización inmediata del maíz, aunque se acompañe de un programa de irrigación, generaría pérdidas transitorias sustanciales: véase el gráfico 5 para el caso de los agricultores de secano.

Una eliminación progresiva de las políticas de apoyo al precio del maíz mitiga este problema, aunque para este grupo es difícil evitar una pérdida relativa (en relación al caso base). Nótese, sin embargo, que una caída absoluta en la utilidad se evita si el programa CNA se acompaña de esa eliminación gradual de los apoyos al precio del maíz.

Gráfico 5. Utilidad de los agricultores de secano

Un argumento final se refiere a las pérdidas período a período. La población rural pobre tiene un acceso limitado a los mercados de capital   —33→   para tratar de suavizar su consumo. Muchos viven en extrema pobreza y pueden tener tasas de descuento más altas de las que aquí hemos supuesto, puesto que está en juego la propia supervivencia. Esto implica que las pérdidas iniciales, incluso si la variación neta descontada en el bienestar es positiva a la tasa de descuento aquí utilizada, pueden ser particularmente costosas. Pero si el programa de ajuste es tal que en ningún punto de la senda de transición la utilidad fuese inferior a la de la senda de referencia, las reformas no dañarían a la población rural pobre (siendo cualesquiera las tasas de descuento que supongamos). El gobierno puede entonces argumentar que las reformas van a mejorar su bienestar -o al menos que éste no va a reducirse- sin tener que pedirles que esperen cinco años a que los beneficios se materialicen. Como es imposible desde un punto de vista administrativo que el gobierno llegue directamente hasta la población rural pobre y como el gradualismo puede evitar las pérdidas iniciales, sería preferible el gradualismo como una solución de segundo óptimo. La simulación 6 explora estos aspectos. Consideramos la misma liberalización del mercado estadounidense de frutas y hortalizas y el mismo programa de irrigación, pero suponemos que la liberalización de los precios del maíz y de las tortas se extiende durante seis años. Además, suponemos que los cambios en los precios del maíz y de las tortas comienzan un año después de comenzar el programa de irrigación. Este escenario de «lo primero, irrigación» podría ser interpretado como una señal de las intenciones del gobierno de ayudar a los agricultores durante el ajuste al comercio libre del maíz: el gobierno invierte en mejoras de la productividad antes de pedir ningún sacrificio. Esta política asegura que todos los hogares ven cómo su bienestar se incrementa frente a la senda de referencia aunque esto suceda con algún coste de eficiencia. Pero este coste no es muy grande: las ganancias totales de eficiencia son solamente un 4% inferiores a las obtenidas en el caso en que los horizontes temporales de la liberalización de precios del maíz y del programa de regadíos coinciden.

La contrapartida de este coste de eficiencia se muestra en los Gráficos 6 y 7: los jornaleros rurales y los agricultores de subsistencia están mejor en cualquier momento del tiempo que bajo la política actual de protección al maíz. Asimismo, si se alarga el proceso de liberalización de precios durante un horizonte temporal más largo, la emigración se ralentiza, por lo que los trabajadores urbanos también tienen una mayor utilidad en cualquier momento del tiempo. De ese modo, si las   —34→   reformas en los precios del maíz y los programas de ajuste en regadíos se ejecutan con un calendario cuidadosamente elaborado, la incorporación del maíz en el acuerdo NAFTA puede ser un elemento adicional en los esfuerzos para erradicar la pobreza en México.

Gráfico 6. Utilidad de los agricultores de subsistencia

Consideremos ahora la situación de los agricultores de secano. A pesar de que se introduzcan cambios en el calendario de los programas de irrigación y de liberalización de precios, su utilidad sigue siendo menor que la del caso de referencia durante los tres primeros años. Como se comentó anteriormente, el programa CNA influye sobre el mercado de trabajo rural. En consecuencia, el aumento de los salarios rurales -que mejoran la utilidad inicial de los jornaleros y de los agricultores de subsistencia- también eleva los costes salariales de las explotaciones de secano. Así, como el gobierno sólo puede ayudar vía mayores salarios rurales a los dos primeros grupos, simultáneamente los agricultores de secano se ven perjudicados durante la fase inicial de las reformas. Esta situación puede apoyar la utilización de otros instrumentos de política para proporcionar una ayuda transitoria a este grupo de individuos.

  —35→  

Gráfico 7. Utilidad de los jornaleros rurales

Gráfico 8. Utilidad de los agricultores de secano

  —36→  

El Gráfico 9 muestra el impacto presupuestario de estos cambios en el calendario de reformas. Los gastos aumentan sustancialmente al inicio porque aún no existen ahorros procedentes de las menores subvenciones al maíz, mientras que se comienzan a hacer desembolsos correspondientes al programa de regadíos. Aunque se tardan cinco años para que los costes presupuestarios de las nuevas intervenciones sean menores que los producidos por la protección al maíz, en el Cuadro 1 se muestra que la nueva política presenta menores costes presupuestarios en términos de valor actual que continuar protegiendo al maíz. Por lo tanto, la clave del programa de reformas desde un punto de vista presupuestario no radica en sus costes totales sino en su financiación transitoria.

Gráfico 9. Costes presupuestarios de las políticas del maíz y de las infraestructuras de regadío

Sin embargo, como «transitorio» no significa «irrelevante», la hacienda pública querrá asegurarse de que si se comprometen recursos en los programas de regadíos, los precios del maíz también se liberalizarán. Si esto no es así, la suma de los costes de las inversiones en regadíos y de las políticas de protección al maíz podrían generar una carga insostenible para los presupuestos públicos. Al mismo tiempo, los políticos   —37→   responsables de la agricultura querrán asegurarse de que si los precios del maíz se liberalizan, también se acometerán las inversiones en regadíos. Liberalizar la agricultura en ausencia de recursos para acometer los programas de ajuste agrícola perjudicaría el bienestar de una buena parte de la población rural. En consecuencia, el proceso de reforma necesita una «tecnología de compromiso vinculante», para asegurar que sus dos componentes -liberalización del maíz y programa de irrigaciones- se llevan a cabo. La firma del acuerdo NAFTA -que incluye la liberalización del precio del maíz- resuelve la primera parte del problema del compromiso vinculante. Sin embargo, es necesario prestar atención a la segunda parte del problema, puesto que el presupuesto público mexicano presenta impedimentos legales a la existencia de compromisos plurianuales en los gastos. ¿Qué garantiza a los grupos de población rural potencialmente afectados por la liberalización del maíz que el programa de regadíos se llevará a cabo por completo una vez que las negociaciones del acuerdo NAFTA hayan acabado, incluso si el gobierno mueve en primer lugar con sus inversiones en regadíos? Una política óptima para el gobierno en el momento actual puede muy bien dejar de serlo -y, por tanto, no llevarse a cabo- una vez que el acuerdo NAFTA se haya firmado.

La necesidad de una financiación transitoria del programa de ajuste proporciona parte de la solución. En particular, una organización multilateral podría financiar ese programa durante el proceso de ajuste al acuerdo NAFTA. Como existe un superávit presupuestario en términos de valor actual descontado, esos préstamos pueden devolverse una vez que se genere el ahorro presupuestario previsto. Si esa financiación se otorga condicionada a la ejecución de los programas anunciados de regadíos y no a las reformas en los precios del maíz, una renuncia a llevar a cabo los programas de irrigación sería políticamente costoso para el gobierno. En consecuencia, la credibilidad del programa aumenta mediante la elevación de los costes de no llevarlo a efecto.

Este trabajo muestra que las ganancias de eficiencia procedentes de liberalizar el comercio agrícola entre Estados Unidos y México son elevadas. Pero si estas ganancias son tan importantes, ¿por qué es tan difícil liberalizar el comercio agrícola? Posiblemente nuestro análisis   —38→   proporcione respuestas satisfactorias a esta cuestión. Mediante un análisis realista de las consecuencias de la inclusión de la agricultura en el acuerdo NAFTA entre Estados Unidos y México, mostramos cómo esas ganancias de eficiencia puede que no lleguen a importantes grupos sociales. En particular, se muestra que en ausencia de medidas de ajuste, todos los beneficios van a parar a los grupos de individuos más ricos, tanto de las áreas rurales como de las urbanas. Los efectos de la liberalización se hacen sentir muy rápidamente debido a que se capitalizan en los precios de la tierra. Seguramente este hecho es un factor a tener en cuenta en la resistencia de los agricultores a ver reducida la protección a la agricultura.

La teoría convencional del comercio contraargumenta que la existencia de ganancias agregadas de eficiencia implica que los beneficiados pueden compensar a los perjudicados y aún seguir mejor que en la situación inicial. Este artículo parte de la premisa de que no hay disponibilidad de instrumentos que realicen esas transferencias de suma fija. Podrían darse, aunque de una manera imperfecta, compensaciones mediante impuestos indirectos y subvenciones (Dixit y Norman, 1980), pero esto requeriría un grado de diferenciación en la estructura impositiva que en sí mismo crearía problemas administrativos y de incentivos sustanciales. En circunstancias más realistas han de diseñarse programas de ajuste específicos para acompañar una reforma comercial de importancia.

La liberalización del maíz en México en el contexto de un cambio permanente como el acuerdo NAFTA crea dos problemas de incentivos. Primero, perjudica claramente a los productores de maíz. Sin embargo, compensar a los productores según su producción de maíz crearía un incentivo para continuar cultivándolo, justo lo contrario de lo que la reforma desea conseguir. Segundo, liberalizar el maíz tiene un impacto sustancial sobre el mercado de trabajo rural y la emigración del campo a la ciudad. Los programas de empleo rural podrían usarse para mitigar las importantes reasignaciones de empleo que se producen y para transferir renta a los trabajadores. Pero tales programas suscitan la cuestión clave de cómo ir eliminándolos a medida que el tiempo pasa. Si en las circunstancias actuales el gobierno se cree en la obligación de asistir a los perjudicados por las políticas liberalizadoras, estos afectados tienen incentivos a no ajustarse. El motivo es que al ajustarse cambian la estructura de incentivos a la que se enfrenta el gobierno, con el resultado de que las transferencias que reciben serían, eliminadas (Tornell, 1991).   —39→   Entonces, los programas de ajuste temporal necesitan ir acompañados de incentivos a cambiar por parte de los beneficiarios de esos programas.

Para evitar esos problemas de incentivos, los programas de ajuste no deberían centrarse en la compensación de las pérdidas de renta asociadas a las actividades productivas realizadas con anterioridad, ya que ello proporciona incentivos a continuarlas; por el contrario, deberían centrarse en la mejora de la productividad de los activos poseídos por los grupos perjudicados por las reformas. Una vez que los activos de los afectados son más productivos, les será más fácil encontrar otras oportunidades, reduciéndose así la presión sobre el gobierno para que les proporcione asistencia.

En las circunstancias específicas de la agricultura mexicana, esta necesidad se traduce en inversiones que incrementen la productividad de los terrenos de secano vía regadíos y otras mejoras en los cultivos. Nuestros resultados sugieren que un programa que transforme en regadío alrededor de un 8% de la superficie total de secano restaurará el valor de las propiedades de los afectados por la liberalización. Como un beneficio añadido, esta política restaura el valor colateral de la tierra y, en consecuencia, facilita el acceso al crédito por parte de los agricultores en los momentos en que ese acceso es más necesario. Además, el programa ayuda a los propietarios del factor trabajo mediante la generación de empleo rural transitorio durante el período de construcción de las nuevas infraestructuras. Incluso más importante es el aumento de la demanda de trabajo rural a largo plazo debido a que el regadío es sustancialmente más intensivo en trabajo que el secano. De este modo, y una vez finalizado, el programa proporciona alternativas a los trabajadores, haciendo creíble su naturaleza transitoria.

Mejorar el valor de los activos que posee la gente es similar a un programa de inversión y como tal lleva su tiempo. En contextos donde los mercados de capital son imperfectos, es posible que los afectados no pueden tomar prestado contra el valor de sus activos futuros para suavizar su consumo en el tiempo. Esto es particularmente importante si los afectados son, como en México, los grupos sociales más pobres. De ahí que aboguemos por una reforma gradual. En primer lugar, hemos calculado las ganancias de eficiencia procedentes de las reformas comerciales con diferentes velocidades de liberalización y hemos encontrado que el gradualismo no es muy costoso: extender la liberalización durante un período de cinco años sólo reduce entre un 5 y un 6% el   —40→   valor actual descontado de las ganancias de eficiencia. A continuación hemos mostrado que un calendario de ejecución cuidadoso para los programas de ajuste y liberalización puede hacer que los grupos de población rural más pobres tengan siempre una utilidad superior durante la senda de ajuste que en un escenario de protección continuada al maíz.

Conseguir que la liberalización comercial forme parte de un acuerdo de libre comercio es una forma de lograr un compromiso vinculante con el proceso de reforma. En estas condiciones tienen menor validez los argumentos a favor de reformas inmediatas basados en que la inmediatez es el mejor método para mostrar un compromiso vinculante con la ejecución de las reformas. Pero existe un problema diferente de compromiso vinculante, creado por los retrasos en la aplicación de las reformas inherentes a todo programa de ajuste. ¿Cómo pueden estar seguros los beneficiarios potenciales de los programas de ajuste de que esos programas se pondrán en práctica cuando el acuerdo NAFTA se haya negociado? También el gradualismo puede contribuir a la solución de este problema de inconsistencia temporal. Como el gradualismo proporciona tiempo para llevar a cabo los programas de mejora de la productividad, los beneficiarios no han de sacrificar su utilidad antes de que los beneficios comiencen a llegarles. El apoyo de organizaciones externas condicionado a la puesta en práctica de los programas de ajuste también puede ayudar a resolver esos problemas de compromiso vinculante.

Esperamos que los principios utilizados en este trabajo para el diseño de programas de ajuste puedan ayudar a encontrar soluciones eficientes a problemas de transición similares. Sin embargo, el análisis también sugiere que la aplicación de esos principios requiere un análisis cuidadoso de los aspectos específicos de cada caso y de los mecanismos mediante los cuales los diferentes grupos se ven afectados por las políticas. Aunque puedan existir principios generales, no es probable que haya reglas rígidas aplicables a todo programa de reforma.

Comenzamos por las relaciones estáticas del modelo antes de pasar a los aspectos intertemporales. Para facilitar la notación omitiremos   —41→   el subíndice temporal para todas las variables (excepto cuando sea estrictamente necesario).

Bienes, dotaciones de los factores y propiedad de los factores: La economía produce siete bienes: maíz, m; otros cereales, g; frutas y hortalizas, v; otros productos agrícolas, o; ganadería, l; industria, i; y servicios, s. Los primeros cinco bienes se producen en áreas rurales y los dos últimos en áreas urbanas. Los bienes se producen mediante el uso de siete factores de producción: trabajo rural, LR, trabajo urbano, LU, tierra de secano, T1, tierra de regadío, T2, tierra para la ganadería, T3, capital en el sector industrial, KI, y capital en el sector de servicios, KS²².

Distinguimos entre maíz y tortas de maíz, pero modelizamos la producción de tortas de una manera muy estilizada. Las tortas se obtienen del maíz mediante una transformación de Leontief, la cual por simplicidad no requiere el uso de factores primarios. Se supone que las tortas no se comercializan y su precio solamente es función del precio del productor de maíz incluyendo impuestos y subvenciones y de cualesquiera otros impuestos o subvenciones directos sobre las tortas.

Los factores de producción son propiedad de seis tipos de hogares: (i) jornaleros rurales, (ii) agricultores de subsistencia, que poseen dos hectáreas de secano y asignan su trabajo entre cultivar su propia tierra y participar en el mercado de trabajo rural²³, (iii) agricultores de secano, que poseen el resto del terreno de secano y la mitad del terreno dedicado a la ganadería; y (iv) agricultores de regadío, que poseen todo el regadío y la otra mitad del terreno para la ganadería. Para los agricultores de secano y de regadío la propiedad de la tierra es su única fuente de renta.

Existen dos tipos de hogares urbanos: los trabajadores, que poseen todo el trabajo urbano y los capitalistas, que poseen el stock de capital de la industria y los servicios. Existen Hh , hogares de cada uno de los seis tipos señalados (h=1,2,..,6). Las participaciones en la propiedad   —42→   vienen dadas por la matriz M={mhj}, donde mhj es la participación del hogar h en la propiedad del factor de producción j.

Precios: Los precios mundiales de los bienes comerciables, pw²⁴, son exógenos. El precio del bien no comerciable, los servicios, es ps. El vector de precios de los bienes es p = [pw | ps]. Al modelizar las intervenciones del gobierno en el comercio libre de bienes como combinaciones de impuestos y subvenciones sobre la producción y sobre el consumo, podemos escribir los precios del productor como:

pp = p.*(1 + s)

(A1.1)

donde s es el vector de subvenciones (+)/impuestos(–) sobre el productor y .* denota la multiplicación elemento por elemento.

Los precios al consumidor difieren entre hogares rurales y urbanos, de modo que introducimos vectores separados de impuestos(+) o subvenciones(–) sobre el consumidor, ctr y ctu, para áreas rurales y urbanas, respectivamente:

cpr = p.*(1 + ctr)

(A1.2)

cpu = p.*(1 + ctu)

(A1 .3)

Los precios urbanos y rurales de las tortas de maíz también pueden ser diferentes²⁵. Como las tortas se producen solamente con maíz, su precio es

ptr = amt *ppm*(1 – tsr) = amt *pwm *(1 + sm)*(1 + tsr)

(A1.4)

ptu = amt *ppm*(1 – tsu) = amt *pwm *(1 + sm)*(1 + tsu)

(A1 .5)

donde amt es el uso de maíz por unidad de torta y tsr/tsu son las subvenciones rurales/urbanas a las tortas. Nótese que siempre que tsr (tsu) sea menor que sm, los consumidores rurales (urbanos) de tortas pagan un impuesto en términos netos, a pesar de que las tortas estén «subvencionadas».

  —43→  

Los precios de los factores intermedios dependen de la localización de la producción (por ejemplo el maíz vendido como factor intermedio a la ganadería en las áreas rurales frente al maíz vendido como factor intermedio a la industria en las áreas urbanas). Los vectores itr y itu contienen los impuestos/subvenciones ad valorem sobre los factores intermedios en las áreas rurales y urbanas, respectivamente. Así, en general, los vectores ipr y ipu de los precios de los bienes intermedios a los productores en las áreas rurales y urbanas respectivamente, son diferentes. Finalmente, denotamos por wr y wu los salarios rurales y urbanos, y por r1 y r2 los costes de arrendamiento de terrenos de secano y de regadío, respectivamente²⁶.

Tecnología: Los factores intermedios se utilizan en proporciones fijas; los factores primarios generan valor añadido. La tecnología es constante en el tiempo, excepto por el progreso técnico neutral en el sentido de Hicks. La matriz A contiene los coeficientes factores intermedios/producto, donde la mayor parte de los elementos vienen exógenamente dados. Sin embargo, permitimos la sustitución entre el maíz y otros cereales (principalmente sorgo) como factores para la ganadería. Con una estructura CES, los coeficientes minimizadores del cost e I/O del maíz y de otros cereales en la ganadería, aml, y agl, son²⁷:

(A1.6)

(A1.7)

Uso de la tierra: La tierra asignada a cualquier cultivo presenta rendimientos decrecientes. Para tener en cuenta esto, diferenciamos entre superficie efectiva, T, y superficie física, T. La primera se refiere a las hectáreas efectivamente dedicadas a un cultivo; la segunda hace referencia a la cantidad de tierra que puede utilizarse para ese cultivo. La relación entre ellas viene dada por:

(A1.8)

  —44→  

de modo que cuanto mayor superficie física (de secano o regadío) se asigne a un cultivo, la cantidad de superficie efectiva crece menos que proporcionalmente. Este hecho tiene en cuenta la existencia de incentivos para la rotación de cultivos y para otras prácticas agrícolas que dan como resultado la diversificación de cultivos. Se supone que el terreno de regadío es mejor que el de secano de la manera siguiente: , es decir, cuanto mayor es la superficie de regadío asignada a una cultivo concreto, los rendimientos decrecientes se observan más lentamente que en el terreno de secano. Por tanto, para la misma variación en el precio, la respuesta de la oferta es mayor en terrenos de regadío. Como resultado de las diferencias en los rendimientos, existen rentas inframarginales en el sentido convencional de Ricardo que van a parar a los propietarios de regadíos.

Valor añadido: Las funciones de producción son Cobb-Douglas con rendimientos constantes a escala en capital y trabajo para los bienes urbanos, y en trabajo y superficie efectiva para los bienes rurales. Por ejemplo, el valor añadido del maíz cultivado en terrenos de secano es:

(A1.9)

donde LR1m, T1m son trabajo rural y terreno de secano asignados a la producción de maíz, . Nótese que , implicando que (A1.9) presenta rendimientos decrecientes a escala en trabajo rural y superficie física. Como resultado, aunque el número de bienes agrícolas supera el número de factores de producción rurales, no es necesario que exista una especialización total.

Progreso técnico: Se supone que el progreso técnico es neutral en el sentido de Hicks para todos los sectores. Una constante dependiente del tiempo premultiplica la función de valor añadido Cobb-Douglas para todos los sectores. La tasa de progreso técnico en el terreno de secano (igual a la tasa de progreso técnico en la ganadería) es inferior a la del regadío. Las tasas de progreso técnico en la industria y los servicios se supone que son iguales.

  —45→  

Oferta de bienes: Los vectores de producción en los terrenos de secano y regadío son q1 y q2, respectivamente. La producción ganadera se denota como q3, mientras que el vector de producción urbana es qu. En consecuencia, el vector de ofertas brutas es: qs = [(q1+q2) | q3 | qu]. Todos los sectores son perfectamente competitivos. Sea pn el vector de precios del valor añadido o precios «netos», obtenidos restando los costes de los factores intermedios de los precios del productor. Las demandas derivadas de trabajo y tierra en la producción agrícola son (usando de nuevo el maíz y las tierras de secano como ejemplo):

(A1.10)

Existen ecuaciones similares para otros cultivos. En la industria y los servicios el capital es específico del sector, al igual que ocurre con la tierra dedicada a la ganadería, de modo que solamente son demandas derivadas las de trabajo rural en la ganadería, LR3, y de trabajo urbano en la industria, LUi , y los servicios, LUs. Las ofertas de bienes se obtienen sustituyendo las demandas óptimas de los factores en las funciones de producción Cobb-Douglas.

Renta, consumo y ahorro de los hogares: La producción genera rentas de los factores: salarios rurales y urbanos, rentas de los terrenos de secano, regadío y ganaderos, y cuasi-rentas del capital en la industria y los servicios. M, la matriz de participaciones en la propiedad transforma las rentas de los factores -denotadas por facinc- en rentas de los hogares.

Además, los hogares reciben transferencias del gobierno mediante el programa «tortivales», con un valor de mercado de vt. Pero como los precios urbanos y rurales de las tortas de maíz difieren, el valor de mercado de una cantidad dada de tortas distribuídas libremente a los hogares de tipo h, QTh depende de la localización del hogar. Así, por ejemplo, para el quinto grupo de hogares (los trabajadores urbanos) tenemos

vt5 = ptu *QT5

(A1.11)

  —46→  

El coste presupuestario del programa ««tortivale», CT, viene dado por:

(A1.12)

ya que el gobierno tiene que comprar maíz a los productores a los precios ppm para elaborar las tortas de maíz de los tortivales. Pero como las tortas están subvencionadas, el valor para los hogares de la transferencia es menor que el coste presupuestario de esa transferencia. La diferencia es una subvención «implícita» a los productores de maíz.

Agrupando términos (e ignorando los impuestos sobre la renta que pagan los hogares), obtenemos la renta disponible de los hogares, Y:

Y = M*facinc + vt

(A1.13)

Los hogares ahorran una proporción constante de su renta disponible, fh , de forma que el ahorro de cada hogar es:

Sh = fh · Yh

(A1.14)

La diferencia (Yh - Sh ) denota el gasto en consumo de los hogares de tipo h. Suponemos una función de utilidad anidada Cobb-Douglas/CES/CES. El anidamiento exterior Cobb-Douglas asigna el gasto entre tres bienes: industria, servicios y un bien rural compuesto. El siguiente anidamiento CES agrega los cinco bienes rurales en un único bien rural compuesto. Finalmente, el último anidamiento CES distribuye el consumo de maíz entre maíz crudo y tortas de maíz²⁸. Resolviendo el problema de maximización de la utilidad para cada hogar se obtienen las demandas de consumo de tortas, maíz, los restantes bienes agrícolas, así como de productos ganaderos, industriales y servicios. La demanda de tortas se traduce posteriormente en demanda de maíz, dado el coeficiente input/output amt. Esto nos proporciona el vector de consumo total del hogar, c.

  —47→  

Dada la homoteticidad de las preferencias, podemos construir un índice de precio exacto para cada hogar, IPCh, que depende de la localización del hogar (dadas las diferencias existentes en los precios al consumo rurales, cpr, y urbanos, cpu) y de los parámetros concretos de la función de utilidad. Dados estos índices, calculamos un índice del salario real en términos de consumo de los trabajadores rurales y urbanos, Wr y Wu, respectivamente, como:

Wr = wr/IPC2

(A1-15a)

Wu = wu/IPC5

(A1-15b)

donde utilizamos las preferencias de los jornaleros y los trabajadores urbanos (grupos 2 y 5, respectivamente) para calcular los IPC relevantes.

Inversión y demanda total: La inversión privada sólo tiene lugar en la industria y en los servicios. Consideraremos que la tasa de crecimiento del stock de capital en la industria y en los servicios en el período t, gkt , es exógena. Sea invprop el vector de bienes necesario para producir una unidad de capital y supongamos que el capital producido para ser usado en la industria y los servicios tiene la misma composición. El vector de demanda privada de inversión, z, viene dado entonces por:

zt = (gkt + gdt) · (KIt + KSt) · invprop

(A1.16)

donde gdt es la tasa de depreciación. Por tanto, el valor total de la inversión privada es:

It = pt · zt

(A1.17)

Sólo vamos a considerar inversión pública en infraestructuras de regadío. Sea RIt el número de hectáreas de terreno de secano que se transforma en regadío en el período t. Se supone que la construcción de esas infraestructuras requiere trabajo rural e factores intermedios, siendo el vector inputirr la cantidad de bienes intermedios necesarios para construir una unidad de infraestructura y el escalar lrirr lo mismo pero para el trabajo rural. Los costes de la construcción de regadíos en términos de recursos reales se suponen una función creciente del stock de tierra de regadío, reflejando el hecho de que se riegan tierras de peor calidad (mayores distancias a los recursos hidráulicos, mayores   —48→   inclinaciones, etc.) a medida que aumentan las inversiones en infraestructuras de regadío. Escribimos:

(A1. 18)

donde Qt es un índice de los costes marginales aplicados a inputirr y lrirr, y T20 es la superficie inicial de terreno de regadío. Por tanto, la demanda total de bienes y trabajo requerida por las inversiones en regadíos es:

gt = Qt · RIt · inputirr;

(Al.19a)

LRIRRt = Qt · RIt · lrirr

(A1.19b)

Ignorando otros componentes del gasto público, el vector de demandas totales de los bienes es:

qd = A*qs + c + z +g

(A 1.20)

Emigración: Sea Hh el número total de hogares de tipo h. Para obtener el consumo per capita dividimos el consumo global de cada tipo de hogar entre el número total de hogares de cada tipo. La utilidad per capita para cada tipo de hogar, Uh, se obtiene sustituyendo los consumos per capita en la función de utilidad.

Las funciones de utilidad son idénticas, pero los parámetros difieren entre, por un lado, trabajadores urbanos, jornaleros rurales y agricultores de subsistencia y, por otro lado, propietarios de secanos y regadíos y capitalistas urbanos. El primer grupo asigna una mayor proporción de su gasto a los bienes rurales en relación al segundo grupo. De aquí que los cambios en los precios del maíz y de las tortas tienen un mayor impacto sobre el primer grupo. Todos los miembros de la población potencialmente emigrante tienen la misma función de utilidad, de modo que podemos comparar las utilidades per capita de los trabajadores en distintas localizaciones (campo o ciudad).

Los incentivos a la emigración proceden de las diferencias en los salarios reales en términos de consumo, Wr y Wu, entre el campo y la ciudad, y de las diferencias en los beneficios derivados de vivir en un área concreta (como el programa urbano tortivale). Siendo Lru la población que emigra del campo a la ciudad y Ur y Uu la utilidad (per capita) de un trabajador en áreas rurales y urbanas, respectivamente, y denotando el superíndice 0 un equilibrio inicial, podemos escribir:

(Al.21)

  —49→  

donde k es una constante y ŋ es la elasticidad de la emigración a los diferenciales de utilidad entre el campo y la ciudad. Nótese que ŋ = 0 segmenta por completo los mercados de trabajo rural y urbano.

Excesos de Demanda: En cada período de tiempo las demandas totales de tierra y trabajo son:

T1D (r1) = S T1j; para j = m, g, v, o;

(A1.22a)

T2D (r2) = S T2j

(A1.22b)

LRD (wr) = S LR1j + S LR2j + LR3 + LRIRR;

(A1.22c)

LU (wu) = LUi + LUs

(A1.22d)

Nótese en (A1. 22c) que la demanda de trabajo rural incluye los trabajadores empleados en la construcción de infraestructuras de irrigación. Las exportaciones netas de bienes comerciables equilibran la oferta y la demanda de estos bienes. Sus precios internos se obtienen a partir de los precios mundiales y tomando en consideración los impuestos y las subvenciones que los afectan. Sin embargo, esto no es así para los servicios. Este mercado, al igual que los mercados de trabajo rural y urbano y los mercados de tierra de secano y de regadío, se equilibra vía precios. Así pues, nuestro modelo determina los precios de los factores y el tipo de cambio real²⁹. Sea P el vector que contiene esos precios, es decir, P = [wr | wu | r1 | r2 | ps]. Las funciones de exceso de demanda que determinan P son:

LRD (P) + Lru (P) — LR0 = 0;

(A1.23a)

LUD (P) — Lru (P) — LU0 = 0;

(Al.23b)

T1D (P) — T1 = 0;

(A1.23c)

qss (P) — qds (P) = 0

(Al.23d)

Por construcción, a los valores iniciales de las variables exógenas tenemos que Lru = 0. Dado el valor de los impuestos y las subvenciones   —50→   sobre la producción y el consumo en el momento t, una solución del sistema (A1.23) proporciona asignaciones de superficies de secano y regadío para cada cultivo, una división de la fuerza de trabajo total entre áreas urbanas y rurales, así como su asignación entre bienes, los precios de los factores y el tipo de cambio real, y el nivel de utilidad de cada hogar.

Ecuaciones de acumulación: En cada período de tiempo la economía viene descrita por la solución de (Al.23). Pero de un período a otro, la economía cambia como resultado de modificaciones exógenas e inducidas por las políticas implementadas. Los cambios exógenos son: (i) crecimiento de la población global y de la población trabajadora³⁰, (ii) progreso técnico neutral en el sentido de Hicks en los sectores urbano y rural, (iii) crecimiento del stock de capital en la industria y los servicios³¹ , (iv) gasto público en bienes no agrícolas, y (v) el comportamiento de los precios mundiales. Las modificaciones inducidas por las políticas se centran en la senda de impuestos y subvenciones, las inversiones en regadíos y las políticas de transferencias del gobierno.

Las dotaciones de tierra evolucionan si hay programas de irrigación que transformen secanos en regadíos:

T1t = T1t – 1 — RIt – 1;

(A1.24a)

T2t = T2t – 1 + RIt – 1;

(A1.24b)

Nótese que estamos suponiendo un retardo de un período en ese proceso de transformación. Se supone que todos los propietarios de terrenos de secano (agricultores de subsistencia y de secano) se benefician   —51→   de las inversiones en regadíos en relación directa a la proporción inicial de secano poseída por cada grupo. La matriz de participaciones en la propiedad, Mt , se actualiza por tanto cada período para reflejar el hecho de que cuando se efectúan las inversiones en regadíos, el aumento en las dotaciones de superficie irrigada corresponde a los agricultores de subsistencia y de secano.

El número de hogares de cada tipo también varía en el tiempo. Los jornaleros rurales, los agricultores de subsistencia y los trabajadores urbanos crecen a la tasa de crecimiento de la fuerza laboral, gl, de modo que la asignación de trabajo entre el campo y la ciudad evoluciona de acuerdo con:

LRt = (LRt – 1 — Lrut – 1) (1 + glt – 1);

(A1.25a)

LUt = (LUt – 1 + Lrut – 1) (1 + glt – 1);

(A1.25b)

Por otro lado, el número de agricultores de secano, de regadío y de capitalistas urbanos crece según:

Ht = Ht – 1 (1 + gpt – 1)

(A1.26)

donde gpt es la tasa de crecimiento de la población en el período t. Finalmente, el stock de capital en la industria y en los servicios evoluciona de acuerdo a:

KIt = Kt – 1 (1 + gkt – 1)

(Al.27a)

KSt = KSt – 1 (1 + gkt – 1)

(A1.27b)

La senda de transición y el estado estacionario: Tomaremos como punto de partida de nuestro análisis una fecha concreta (t0 = 1 por conveniencia) y dividiremos el futuro en una senda de transición y un estado estacionario. La senda de transición dura (como máximo) T – 1 > t0 años; el estado estacionario se da en todos los períodos después de T. Todos los cambios en las políticas ocurren durante la transición. Por construcción, supondremos que los precios relativos intraperíodo e intertemporales no varían en el intervalo [T,∞). Esto nos permite realizar una agregación en el sentido de Hicks del estado estacionario para toda la economía. Será suficiente calcular los valores para   —52→   el período T ya que todos los períodos futuros serán similares (las cantidades en dos períodos consecutivos sólo diferirán en un factor de escala uniforme -una tasa de crecimiento-). Por lo tanto, el proceso de agregación sólo afecta al factor de descuento, que es mucho mayor para el período T para tener en cuenta el hecho de que ese «período» concreto se replica (de nuevo mediante un factor de escala uniforme para todas las cantidades) un número infinito de años.

Si llamamos g a la tasa de crecimiento constante y posterior al período T y rw al tipo de interés real, este proceso funciona como sigue. Definamos d = 1/(1 + rw) y da = (1 + g)/(l + rw), donde da es el factor de descuento ajustado por crecimiento período a período. Entonces se obtienen las siguientes expresiones para los factores de descuento d(i) desde el período 1:

(A1.28)

Consideremos ahora el Valor Actual Descontado, VADy , de {yt}, donde yt = yt -1 ( 1 + g) para todo t > T:

(A1.29)

De esta manera, mediante un único cálculo para el período T podemos captar el horizonte infinito que estamos modelizando (esto es, todos los períodos comprendidos en el intervalo [T,∞)). Esto hemos de hacerlo ajustando el factor de descuento para ese período T hasta igualarlo a

(A1.30)

  —53→  

Restricciones presupuestarias intertemporales: Supondremos que los hogares privados no ahorran o invierten, con la excepción de los capitalistas urbanos. Entonces, su consumo y su renta se igualan en cada período de tiempo. De ahí que al satisfacer su restricción presupuestaria período a período, automáticamente se satisfaga también su restricción presupuestaria intertemporal.

La inversión privada de los capitalistas urbanos viene expresada por (A1.27) y el ahorro privado, también generado en su totalidad por los capitalistas urbanos, por (A1. 14). Su tasa de ahorro, ft, se supone exógenamente dada durante el período de transición. Por tanto, se supone que los capitalistas urbanos tienen acceso al mercado mundial de capitales, donde pueden prestar o tomar prestado al tipo de interés real mundial rw. Sin embargo, esta convención no podemos mantenerla para el estado estacionario. Si esa tasa de ahorro se extendiese automáticamente al estado estacionario, no habría garantía de que los capitalistas urbanos permaneciesen dentro de su restricción presupuestaria o, alternativamente, agotarían todos los recursos que estuviesen a su disposición. En ambos casos, las comparaciones de bienestar entre diferentes experimentos de simulación serían ilegítimas, ya que su conjunto de oportunidades variaría arbitrariamente.

Para resolver este problema endogeneizamos la tasa de ahorro del período T de manera que si se mantuviese esa misma tasa durante todo el intervalo [T,∞), los capitalistas urbanos satisfarían exactamente su restricción presupuestaria intertemporal. Esto significa que durante el intervalo [1,∞) el valor descontado de su gasto en consumo es igual al valor descontado de su renta después de impuestos y neta de gastos de inversión. En particular, si durante el período de transición los capitalistas urbanos acumulasen deuda, la tasa de ahorro de estado estacionario aumentaría de modo que el valor descontado en el momento T del ahorro futuro se igualase al valor presente de la deuda acumulada hasta el momento T-1. Lo contrario también es cierto si durante el período transitorio los capitalistas urbanos acumulasen activos. Esto puede representarse formalmente de la siguiente manera. Llamemos xi al ahorro después de impuestos y neto de inversión privada (todo ello efectuado en el período i) e yi a la renta después de impuestos y neta de inversión privada. Entonces, PDVx (T) es igual a:

(A1.31)

  —54→  

Definamos la deuda acumulada hasta el período T-1 como D T _ 1. Para satisfacer la restricción presupuestaria intertemporal, xT necesita satisfacer:

(A1.32)

Medidas del bienestar: Para efectuar comparaciones de bienestar entre distintos experimentos no es suficiente asegurarse de que todos los grupos satisfacen sus restricciones presupuestarias intertemporales.

En muchos casos, las sendas temporales de la utilidad período a período de un hogar concreto para dos simulaciones se cruzarán, de modo que será difícil hacer comparaciones período a período. La solución estriba en calcular la utilidad (o el bienestar) descontada neta utilizando la tasa de preferencia temporal para actualizar el bienestar futuro. Este procedimiento no presenta problemas en el intervalo [1,T -1]. Sin embargo, el procedimiento seguido en las ecuaciones (9) y (13) para medir el VAD no puede ser trasladado sin más al intervalo [T,∞). La razón es que aunque el consumo per capita crece a la tasa gc³², la utilidad per capita Uh crecerá a una tasa menor que gc debido a la utilidad marginal decreciente. Como estamos utilizando una función de utilidad con aversión relativa al riesgo constante (CRRA) para agregar la utilidad en el tiempo, se da la siguiente relación entre las dos tasas de crecimiento:

Û = (1 - s) ĉ

(A1.33)

donde s es la elasticidad de sustitución intertemporal y un sombrero sobre una variable denota una tasa de crecimiento. Esto nos lleva a la siguiente expresión para el bienestar, Wh , la utilidad descontada del hogar h:

  —55→  

(A1.34)

donde y .

Construimos una Matriz de Contabilidad Social (SAM) para 1989, el último año para el que contábamos con información disponible de todas las variables del modelo. Nuestro punto de partida fueron los datos proporcionados por el Ministerio de Agricultura (SARH) sobre valor de la producción bruta, producción física y superficie cultivada (y, por tanto, rendimientos) en terrenos de secano y regadío para 26 productos agrícolas individuales en 1989. Estos productos supusieron el 68,3% del valor de la producción agrícola de ese año; desafortunadamente, no había información individualizada disponible para los otros productos que suponían el restante 31,7% de la producción, aunque contamos con los totales para todas las variables de interés. La tabla A2.1 presenta los productos para los cuales disponíamos de información y los asigna a los cuatro grupos de sectores agrícolas incluídos en nuestro modelo. Interpretamos las superficies físicas totales (en hectáreas) de terrenos cultivados de secano y regadío en 1989 como las dotaciones de esos dos factores de producción. SARH también nos proporcionó el valor de la producción ganadera, así como datos de costes que nos permitieron dividir el valor añadido bruto, para cada uno de los cinco sectores rurales, en: salarios, rentas agregadas (aunque no su división entre secano y regadío) y una desagregación (con siete niveles) de los costes en factores intermedios³³.

  —56→  

Del Sistema de Cuentas Nacionales de México obtuvimos para 1989 los totales de todos los agregados macroeconómicos: renta nacional, inversión privada, consumo privado, impuestos directos (sobre los hogares y los factores), impuestos indirectos, gasto público total, ahorro privado, balanza comercial, así como el valor de la demanda total y el valor añadido en la industria y los servicios. Posteriormente, combinamos los datos de las Cuentas Nacionales con otros del Banco de México, lo cual nos permitió desagregar la balanza comercial (a precios mundiales) en los siete sectores utilizados en nuestro modelo. Restando las exportaciones netas por sector de las demandas totales por sector, obtenemos la demanda nacional por sector, variable que posteriormente utilizamos para dividir entre consumo privado, inversión privada y gasto público usando información de la tabla input/output de 1985, pero asegurándonos de que los totales coincidían con los de las Cuentas Nacionales de 1989. Con toda esta información pudimos reconstruir para 1989 una Matriz de Contabilidad Social consistente.

El Sistema de Cuentas Nacionales también proporciona cifras totales de empleo en agricultura (incluyendo la ganadería), industria y servicios. Aquí interpretamos el empleo agrícola total como la mano de obra rural inicial y el empleo total en servicios e industria como la mano de obra urbana total. Las cifras de empleo se miden en número de trabajadores. No se dispone de datos acerca de la asignación del empleo entre distintos cultivos (para cada tipo de terreno). Para remediar esta situación procedimos en tres etapas. Primero, utilizamos la información tecnológica contenida en Norton y Solis (1983) para construir ratios aproximados trabajo/tierra en secano y regadío para la agregación por cultivos de nuestro modelo. Segundo, usamos los datos SARH 1989 de superficie de secano y de regadío asignada a cada cultivo para calcular el empleo implicado por la asignación observada de la tierra. Tercero, como el empleo agrícola total implicado por esos cálculos era inferior al empleo total obtenido en las Cuentas Nacionales (en un 27%), aumentamos todos los ratios trabajo/tierra de modo que el empleo calculado de nuevo coincidiese con el total observado para 1989. Nótese que como todos los ratios tierra/trabajo se elevaron en la misma proporción, las intensidades relativas de trabajo son iguales a las obtenidas por Norton y Solis (1983).

Nuestro modelo requiere información sobre los parámetros de las funciones de transformación de la tierra, [t1, 1 ] y [t2, 2]. Dada nuestra tecnología de producción, la elasticidad-precio de la oferta para cada cultivo (en cada tipo concreto de tierra) es:

es = 1/(a — a)

(A.2.1)

  —57→  

Dadas las participaciones de la tierra en el valor añadido³⁴, a, seleccionamos valores de en cada tipo de tierra de modo que la elasticidad de la oferta agregada (una media ponderada por la producción de la elasticidad de la oferta en secanos y regadíos) coincidiese para el maíz con las elasticidades estimadas (ver Levy y van Wijnbergen, 1991a). La ausencia de elasticidades estimadas previamente hizo inoperante este procedimiento para otros cultivos. En estos casos, dados los valores de a, simplemente escogimos los valores de tales que: (i) 1≤ 2 y (ii) la división asociada de la producción entre secano y regadío coincidiese con los datos SARH.

Para obtener los parámetros de las funciones de utilidad utilizamos la Encuesta de Rentas y Gastos de 1984 (IES) para calcular las proporciones de gasto de los hogares urbanos y rurales para cada decila de renta. Desgraciadamente, fue difícil cuadrar la agregación de nuestro modelo con la clasificación de gastos de la IES. En particular, los gastos en alimentación no coincidían con los gastos en nuestro bien rural compuesto, ya que parte de la producción rural se vende como factor de producción para la industria, la cual a su vez produce alimentos (por ejemplo, utiliza trigo para hacer pan). Para remediar esta situación sería necesario desagregar el sector industrial en un subsector alimentario y en un subsector resto de actividades industriales. Sin embargo, no existían en 1989 datos suficientes como para hacer esta subdivisión. De ahí que decidieramos reasignar arbitrariamente las proporciones de gasto de la IEF entre el bien rural compuesto, la industria y los servicios. Tal reasignación aseguraba: en primer lugar, que todos los hogares potencialmente emigrantes (agricultores de subsistencia, jornaleros y trabajadores urbanos) tuviesen las mismas proporciones de gasto y elasticidades de sustitución; en segundo lugar, que todos los hogares no emigrantes tuvieran las mismas proporciones y elasticidades; y en tercer lugar, que el consumo agregado de cada bien resultante de las distintas preferencias y rentas de los hogares coincidiese con el consumo sectorial total registrado en la SAM.

A continuación se presenta la información sobre impuestos y subvenciones. En otro lugar (Levy y van Winjbergen, 1991a) hemos calculado los precios rurales y urbanos del maíz que resultaban de la política   —58→   proteccionista del año 1989. Además, con los datos SARH y del Banco de México, hemos calculado el nivel de protección (ponderado por la producción) del otro sector agrícola que gozaba de un alto nivel de protección en 1989, otros cereales. Por otro lado, supusimos un nivel de protección medio del 5% para la industria. Además derivamos de la matriz SAM construída los tipos del IVA para la industria y los servicios, así como los tipos impositivos directos sobre los factores y los hogares. Por simplicidad, hemos supuesto que sólo los capitalistas pagan impuestos directos sobre la renta.

Seguidamente, discutimos las fuentes de datos para el programa de regadíos. La Comisión Nacional del Agua nos facilitó la cartera completa de proyectos de inversión existentes en la actualidad, tanto para desarrollo de nuevos regadíos como para rehabilitación de los existentes. Los datos incluyen para cada proyecto costes medios, tasa interna de rendimiento y necesidades de mano de obra por hectárea renovada y/o regada. Todos los proyectos cuya tasa interna de rendimiento superaba el 8% se clasificaron en order creciente según su coste por hectárea renovada/regada. Para este subconjunto de proyectos, se calcularon las necesidades medias de trabajo para acometerlos y se obtuvo una estimación para lrirr en la ecuación (Al.19b). También efectuamos una sencilla regresión por mínimos cuadrados ordinarios de la relación (A1.18) para obtener unas estimaciones de g. La regresión tenía la forma siguiente:

(A.2.2)

donde Ci es el coste medio de renovar y/o irrigar RIi hectáreas del proyecto i, y n es el número total de proyectos (ordenados según crece su Ci). La regresión presentaba un buen ajuste, con un R2 ajustado de 0,86 y un valor estimado para g de 2,21 (con un estadístico t de 36,89).

Finalmente, hemos supuesto los siguientes valores para otros parámetros importantes: (i) tasa de preferencia temporal, 7%; (ii) elasticidad intertemporal de sustitución, 2; (iii) tipo de interés real mundial, 7%; (iv) tasa de crecimiento de la población, 2%. Además, hemos supuesto que la tasa de crecimiento inicial de la población trabajadora es el 3% y que converge linealmente a la tasa de crecimiento de la población, 2%, en un período de 10 años. En último lugar, hemos supuesto que tanto el stock de capital en la industria y los servicios como el gasto público real (al margen de la inversión en regadíos) crecen al 4%.

  —59→  

Calibración para 1989: Hemos combinado las distintas fuentes de información disponibles y descritas arriba para calcular una solución inicial del sistema de ecuaciones de exceso de demanda. La solución inicial sólo calcula el equilibrio en un período. Por conveniencia hemos hecho iguales a la unidad los precios mundiales, pw, y hemos escogido las unidades de modo que en la solución inicial p = [pw | ps] sea el vector unidad. El numerario es una cesta de bienes nacionales con la composición observada de 1989. En la solución básica, el tipo de cambio real es la unidad por construcción.

El Cuadro A3.2 muestra la diferencia entre valores efectivos y simulados de los principales agregados macroeconómicos. El Cuadro A3.3 muestra esa misma diferencia pero para la agricultura. Aquí es preciso hacer tres comentarios. Primero, el comportamiento del modelo es bastante satisfactorio a un nivel macroeconómico: la diferencia entre valores estimados y efectivos es menor del 1% en la mayoría de los casos. Segundo, el modelo casi es capaz de reproducir exactamente la composición de la producción agrícola, así como la de la balanza comercial. Nótese que para el maíz y las frutas y hortalizas las diferencias entre valores simulados y reales son despreciables.

Un tercer aspecto significativo de la solución básica es que la división de la producción total de cada producto agrícola entre regadío y secano es igual a la división habida en la práctica. Además, nótese que las asignaciones estimadas de tierra casi coinciden con las efectivas, implicando que los rendimientos estimados son muy parecidos a los reales. Desafortunadamente, como se mencionó antes, no existen datos originales para constrastar las asignaciones de trabajo a cada cultivo, aunque las intensidades relativas del factor trabajo son similares a los datos de Norton y Solis (1983).

Calibración para 1991: Entre 1989 y 1991 han ocurrido cambios significativos en las políticas agrícolas: (i) la protección al maíz aumentó desde un 47% a un 70%, (ii) las subvenciones a las tortas se redujeron de manera notable, particularmente en la ciudad, y (iii) la protección a otros cereales aumentó en media desde el 10 al 15%.

En consecuencia, hemos calibrado de nuevo el mode lo para reflejar esos cambios. Partiendo de la base 1989 los mencionados cambios se incorporaron al modelo y el equilibrio resultante se consideró como un equilibrio de referencia para 1991. Este procedimiento tiene importantes inconvenientes puesto que el equilibrio calculado para 1991 no puede contrastarse en este momento con los valores efectivos. De todos modos, hemos seguido esta línea de actuación porque los cambios   —60→   son significativos y porque creemos que proporciona una estimación más fiable de los efectos del acuerdo NAFTA.

Hemos calculado una senda de referencia para la economía durante 10 años, con 9 años de período de ajuste y el décimo como estado estacionario. La senda de referencia supone que los precios mundiales son constantes, pero incorpora progreso técnico neutral en el sentido de Hicks y crecimiento del capital, trabajo, población y gasto público real a las tasas arriba mencionadas. Para centrarnos en los efectos de incluir/excluir el maíz en el acuerdo NAFTA, la senda de referencia incorpora una liberalización durante cinco años del sector de otros cereales que comienza en el segundo período. Por otro lado, hemos supuesto que no tienen lugar inversiones en regadíos.

Cuadro A3.1. Producción agrícola 1989

*Producción bruta en millones de pesos de 1989; los totales pueden no coincidir debido a errores de redondeo. Fuente: Dirección General de Estadística, SARH.

  —61→  

Cuadro A3.2. Comportamiento macroeconómico del modelo

* Billones de pesos de 1989;

** Millones de trabajadores.

Cuadro A3.3. Comportamiento sectorial del modelo*

Producción y exportaciones en miles de millones de pesos de 1989; Superficie en miles de hectáreas; y rendimientos en toneladas por hectárea.

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This paper addresses the issue of how fast should agricultural trade between Mexico and the U.S. be liberalized. It is shown that potential gains from liberalization could be up to 0.6% of Mexico’s GDP and that gradualism need not reduce these gains significantly.